ARGUMENTOS PARA UNA BANCA PÚBLICA

La crisis financiera internacional ha recuperado el debate sobre la propiedad privada o pública de la banca. Los millonarios rescates bancarios acometidos por diferentes gobiernos (con Estados Unidos y Reino Unido a la cabeza), los extraordinarios beneficios que han tenido los directivos antes, durante y después de la crisis, la distorsión generalizada que han provocado con sus actividades especulativas… y la sin duda sangrante consecuencia final de la crisis: el pago de la misma por las clases populares que nada han tenido que ver en la gestación de la misma. Todo ello está ahora mismo encima de la mesa.

El debate no es sólo moral, como podría parecer en primera instancia, sino que va mucho más allá. Se trata, también, de una cuestión económica de cuya resolución dependerá el futuro de la actividad económica mundial. No en vano, hablamos del funcionamiento de un sector crucial para el capitalismo.

Costas Lapavitsas, profesor de la School of Oriental and African Studies (SOAS) de la University of London, y miembro del Research on Money and Finance (RMF), escribió recientemente un artículo en el que argumentaba las razones por las que, según él, era necesario abogar por una Banca Pública. Recupero aquí las principales aportaciones de aquel documento, que en todo caso recomiendo leer al completo, de cara a fortalecer nuestros propios argumentos.

Para Lapavitsas la actual es una crisis sistémica, y no accidental. Estaríamos ante los efectos más drásticos de la transformación que el capitalismo contemporáneo acometió en torno a la década de los setenta y ochenta. Dicha transformación, resultado de las reformas políticas de los gobiernos de inspiración neoliberal, habría llevado a la banca a perder la cuota de mercado que tenía con las grandes empresas productivas. Éstas, aprovechando el nuevo contexto financiero (bautizado por muchos autores con el término de “financiarización“) habrían reducido su dependencia de los bancos gracias a una mayor facilidad para financiarse a través de operaciones de mercado abierto (fundamentalmente a través de la emisión de acciones y títulos). Los bancos, en respuesta a ello y para mantener los niveles de rentabilidad previos, habrían desplazado su actividad en dos sentidos: involucrándose de forma creciente en operaciones de mercado abierto e intensificando sus relaciones con los trabajadores individuales.

La crisis habría puesto de manifiesto la debilitad de dicho esquema. Las operaciones de mercado abierto habrían sido fundamentalmente especulativas, derivando en una fuerte inestabilidad financiera, y la intensificación de la actividad sobre los trabajadores individuales habría llevado a lo que se define como “expropiación financiera” de los bancos sobre los trabajadores, agudizando la desigualdad y la transferencia de rentas desde las clases sociales más desfavorecidas hacia los directivos bancarios y los accionistas de los bancos. El estallido final de la crisis habría supuesto, también, una fuerte transferencia desde el sector público hacia el sector privado; las inyecciones de capital y la compra de activos tóxicos habrían sido, además, ineficaces al no conseguir recuperar los flujos de crédito hacia las empresas.

La necesidad de una Banca Pública tendría dos pilares fundamentales. El primero, superar la crisis actual de forma justa y verdaderamente eficiente. El segundo, recuperar el sentido del sistema financiero y promover que el mismo sea un canal efectivo de transferencia de capital hacia la inversión productiva. Además, se plantea, serviría también como parte de una estrategia más amplia de recuperación del poder económico y democrático de la ciudadanía.

Efectivamente, las inyecciones de liquidez, los tipos de interés cero, la compra por parte del Estado de activos tóxicos (títulos financieros que ya no valen nada y que permanecen a precios ficticios en los balances bancarios disimulando así las pérdidas reales), y otras medidas del mismo sentido, no han tenido el éxito esperado. Han servido para recuperar la rentabilidad de los bancos, y de ahí que publiciten tantos beneficios en años de crisis, pero no se ha reactivado el flujo crediticio. ¿Cómo es posible? Fundamentalmente porque todas esas inyecciones de dinero público se han destinado a nuevos procesos de inversión financiera especulativa y no de financiación de la inversión productiva. Es decir, los bancos que recibían dinero barato de los bancos centrales lo destinaban a prestárselo a otras unidades económicas a precios mucho más caros (incluyendo al propio Estado a través de la deuda pública).

Los bancos no se atreven a reconocer las pérdidas porque tendrían que enfrentar una posible quiebra y una caída espectacular en la cotización de sus acciones. Por eso los estados están ayudando en todo el mundo a los bancos de una forma muy poco transparente. Y, como salvaguarda de los principios del sacrosanto mercado, tampoco pueden controlar a qué destinan los bancos el dinero. De ahí que durante la crisis escucháramos a presidentes como Zapatero casi pedir por favor a los bancos que movieran el dinero a la economía.

La Banca Pública sería una alternativa mucho mejor para enfrentar todos estos problemas. En primer lugar, restauraría al completo la confianza en los mercados. Al estar su actividad respaldada por el Estado, no habría razones para dudar de sus solvencias, y reduciría las tensiones en los mercados interbancarios (reduciendo los tipos LIBOR y EURIBOR). En segundo lugar, se solucionarían también los problemas de falta de transparencia, falta de democracia y, claro está, de solvencia. No habría razones para ocultar pérdidas, y la liquidez se recuperaría. En tercer lugar, se podría establecer un criterio justo y solidario para pagar el coste de dichas pérdidas, diversificando el mismo entre clases sociales.

En lo que respecta al comportamiento de largo plazo, los bancos privados se han comportado -como es lógico- como empresas capitalistas maximizadoras de rentabilidad y, como es propio del contexto actual, basando su actividad en un cortoplacismo que ha obviado las estrategias a medio y largo plazo. En su labor original los bancos privados se han mostrado muy poco eficientes. Así, han destinado los recursos a actividades especulativas, dejando de lado la financiación de la economía real y llevando a menores tasas de crecimiento económico en todo el mundo desarrollado. El sistema financiero, en definitiva, se ha distorsionado y no está cumpliendo su función.

La banca pública sí puede cumplir esas exigencias de forma satisfactoria. Las grandes empresas no se financian a través de los bancos, pero sí las medianas y pequeñas empresas así como también los hogares. Un sistema financiero eficiente propulsa la demanda agregada a través del incremento de la inversión y del consumo, llevando a mayores tasas de crecimiento económico. Además, el funcionamiento “ético” de la Banca Pública tendría prohibidas las actividades especulativas y las prácticas depredatorias (altos tipos de interés, estafas, etc.) con los trabajadores individuales. La Banca Pública se convertiría así en el instrumento más eficaz para hacer política económica, pudiendo dirigir las decisiones de inversión de las empresas y, por ejemplo, ayudar en la configuración de un nuevo modelo productivo (fomentando a través de líneas de crédito barato, por ejemplo, la inversión en sectores estratégicos como las energías renovables).

Lapavitsas precisa algunas puntualizaciones finales. No se trataría de una simple sustitución de gestores privados por burócratas estatales, sino de un cambio profundo y radical en la naturaleza de la misma institución. Una banca pública que estuviera organizada democráticamente, con unos criterios sociales bien diferenciados y con total transparencia y representación social. Y dentro de un marco de cambio económico en el que se revertiera la tendencia regresiva de las políticas económicas, llevando fundamentalmente a una recuperación en la provisión de servicios públicos por parte del Estado.

Para llevar a cabo todo esto y poder reiniciar un ciclo económico expansivo, Lapavitsas insiste en que no hacen falta técnicos cualificados (que los hay, y muchos en paro) sino simple voluntad política. He ahí la cuestión.