lunes, 18 de septiembre de 2017

LA QUIMERA DEL AGUA. TRASVASES VERSUS DESALADORAS

Canal del Trasvase  Tajo-Segura
Corría el año 1991 cuando José Manuel Díaz-Salazar, alcalde de Daimiel, busco la ayuda de Juan Serna y Mario Gaviria, dos especialistas en investigación agraria y movilización social, para la elaboración de un plan de desarrollo sostenible que diera soluciones a Daimiel y su comarca ante la grave sobreexplotación del Acuífero 23. El resultado de aquel trabajo quedó plasmado en el libro La Quimera del Agua: Presente y futuro de Daimiel y la Mancha occidental.
Aquel plan fue origen de distintas iniciativas europeas que, complementadas por los gobiernos socialistas de Castilla La Mancha, terminaron por convencer a los agricultores de la comarca sobre los beneficios del uso eficiente y sostenible del agua. Amén de los beneficios socioeconómicos para la comarca (fijación de población, impulso a la actividad económica y creación de empleo…), los medioambientales permitieron la recuperación del acuífero y la pervivencia del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. Todo aquello fue posible porque ciudadanía, gobiernos locales y gobierno regional entendieron que solo había un camino posible: pensar en el agua como un recurso escaso e imprescindible para las generaciones futuras.
Muy al contrario, en el debate sobre el Trasvase Tajo-Segura, las comunidades de regantes levantinas y murcianas aspiran a consumir el último litro de agua que corra por el canal del trasvase. Esto es así porque cuando se habla de agua, el PP no tiene pudor en recurrir al maniqueísmo, los argumentos de trazo grueso o, sencillamente, la demagogia para calmar la inagotable sed de las comunidades de regantes levantinas y murcianas. Por ello, siempre alimentaron la solución de los trasvases, incluido el Ebro como futura alternativa al Tajo, y rechazaron las desaladoras.
Estas formas de atizar las pasiones, de simplificar los conflictos hasta convertirlos en un enfrentamiento entre buenos y malos y de arrogarse la razón en nombre del pueblo, convertido en un colectivo homogéneo que no admite matices, no son nuevas en el PP. Sus máximos dirigentes han practicado ese populismo contundente y desacomplejado en muchas ocasiones, con resultados casi siempre lamentables, véase cómo está actualmente Cataluña después de la nefasta campaña del PP contra el Referéndum.
Valencia fue escenario de una de esas manifestaciones de populismo demagógico, fue en marzo de 2003. Allí se cocinaron 400 paellas gigantes y se repartieron 120.000 raciones de arroz entre los asistentes a un acto convocado al grito de ¡Agua para todos! La gigantesca campaña mediática pidiendo trasvases desde el Ebro fue regada con abundante dinero público por las instituciones valencianas, controladas por el PP, mientras las comarcas del sur de Cataluña protestaban masivamente contra el posible trasvase del Ebro.
La victoria inesperada de Zapatero en las elecciones generales de 2004 trastocó el negro panorama que se había diseñado ya que una de sus primeras medidas fue derogar el proyectado Plan Hidrológico Nacional, pero no aflojó el insulto fácil de la derecha española. Al contrario, todo aquel que estuviera en contra del Plan Hidrológico o pusiera objeciones a los trasvases pasó a ser un ‘mal español’ o un ‘enemigo acérrimo del progreso’. Una de las víctimas de aquella violenta campaña fue la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, que puso en marcha, como alternativa a la conflictiva y superada política de trasvases entre cuencas, un ambicioso programa de construcción de desaladoras para hacer frente a la sequía. Fue denostada hasta extremos delirantes por los dirigentes del PP y el lobby hídrico levantino y murciano, al que financiaron generosamente con subvenciones sus campañas propagandísticas.
Planta desaladora de Torrevieja (Alicante)
¡Si el PP gana las elecciones, no habrá desaladoras!, profetizó el ínclito González Pons, en un acto en el que destacaron voces como las de Francisco Camps o Miguel Arias Cañete. Una década después, como las palabras se las lleva el viento, el Gobierno del PP destinaba 11,5 millones de euros a obras urgentes para poder ampliar el uso de seis plantas desalinizadoras en Alicante y Murcia, que suministran agua a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Entre ellas, la desaladora de Torrevieja, la más grande de Europa, cuya construcción boicoteó el PP desde la Generalitat Valenciana hasta extremos grotescos. Claro que, como hemos sabido después gracias a las investigaciones policiales, el PP encontró en tramas como las de EMARSA y ACUAMED fuentes de financiación en ‘B’ y para enriquecimiento de algunos dirigentes.
Ciertamente no hay soluciones inocuas a problemas como el de la escasez de agua y las plantas desalinizadoras no son una solución milagrosa porque consumen mucha energía y producen un agua más cara que la que están acostumbrados a pagar los regantes levantinos y murcianos. No olvidemos que los sobrecostes originados por la corrupción en la empresa ACUAMED, especialmente mientras fue ministro Arias Cañete, han lastrado innecesariamente las cuentas públicas. En el lado positivo, el impacto de la salmuera excedente sobre las praderas de posidonia que llevó a los populares a calificarlas como “las nucleares del mar” (otra vez González Pons), se ha resuelto en buena medida gracias al uso de difusores.
Pero lo que ya nadie discute es que si se puede hacer frente a la sequía, especialmente para dar de beber a las ciudades de un litoral superpoblado, es gracias a que en su momento se hizo una política racional, es decir, se actuó sin dejarse amedrentar por la descalificación permanente. También, porque los que esgrimieron aquella demagogia, como suele ocurrir, acabaron actuando al volver al Gobierno como habían jurado y perjurado que no lo harían: invirtiendo en desaladoras.
Hubo un ejemplo muy claro de esta mezcla de violencia argumental, gestión corrupta de los recursos públicos y manipulación: la Fundación Agua y Progreso, creada por el gobierno de Camps nada más entrar Zapatero en la Moncloa y disuelta cuando Mariano Rajoy fue elegido presidente en 2011. Bastó que volviera el PP a mandar en Madrid para que se desactivara un engranaje de propaganda trasvasista en el que solo la Generalitat Valenciana gastó 7,2 millones de euros.
Ahora, la ideología trasvasista se desgasta aceleradamente. La Comunidad Valenciana y Murcia intentan defender sus derechos sobre el Tajo-Segura frente a Castilla-La Mancha, pero el trasvase se hace cada dia más insostenible. Ante la falta de agua en los embalses de cabecera, los regantes del sur valenciano proponen una transferencia entre cuencas internas, la del Júcar-Vinalopó, intentando reabrir las heridas de una guerra entre levantinos que se saldó con el envío de agua desde una toma cercana a la desembocadura del Júcar, que no amenaza a la comarca de la Ribera ni al parque natural de L’Albufera pero que los regantes se empeñan en trasladar río arriba, donde sí lo haría. Son los últimos coletazos de una polémica del pasado ya que las desaladoras, al final, están ahí para resolver el problema del agua.
Un documento que firma, entre otras plataformas ecologistas, la Fundación Nueva Cultura del Agua sostiene: “Las sequías no se resuelven con medidas urgentes sino con prevención y planificación”. Y en esa línea se hace imprescindible poner fin a la herida ambiental y socioeconómica que supone el Trasvase Tajo-Segura y planificar el desarrollo en base a los recursos naturales disponibles en cada territorio. Medidas como la eficiencia, la depuración y la reutilización, apoyadas en la desalación del agua de mar deben ser la alternativa a cuatro décadas de abuso sobre el rio Tajo. Eso sí, entendiendo que el agua es un bien escaso del que depende la vida en todo el planeta y sobre el que ningún grupo puede tener privilegios.

Plumaroja

jueves, 14 de septiembre de 2017

EL CÁRTEL DEL FUEGO (I)

Los incendios que arrasan cada año la Península Ibérica se alimentan no sólo de oxígeno y madera, sino sobre todo de corrupción
Hotel El Cruce, lugar de reunión del Cartel del Fuego
Parece complicado relacionar los 64 muertos, 200 heridos y 53.000 hectáreas que sucumbieron a causa del incendio de Pedrógão Grande, en junio 2017, con una serie de reuniones informales convocadas cada año, desde 2001, por un grupo de empresarios españoles en el hotel de carretera El Cruce, en una salida de la Autovía de Andalucía, en Manzanares (Ciudad Real). En realidad parece complicado relacionar las muertes de Pedrógão, y la superficie calcinada por incendios en Portugal y España en lo que va de año —118.000 hectáreas sólo en Portugal—, con otra causa que no sea la ineptitud política, los intereses de empresas locales o pequeños propietarios de tierras, la plantación descontrolada de eucalipto o los pirómanos. Sin embargo, todo apunta a que los fuegos que arrasan cada año la Península Ibérica se alimentan no sólo de oxígeno y madera, sino sobre todo de corrupción.
Esta es la conclusión a que se llega si se estudian las investigaciones por corrupción en la adjudicación de contratos públicos de extinción de incendios realizadas en Valencia, Andalucía, Baleares, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Canarias, Cataluña y Aragón. En Portugal comienza a haber denuncias de casos similares, incluso con los mismos protagonistas que en España, interpuestas por particulares, por trabajadores de empresas públicas y privadas anti incendios. Incluso hay un proceso abierto desde 2015 que mantiene como imputado al exministro de Administración Interna portugués Miguel Macedo. Es un modus operandi que se ha extendido a otros países como Italia, Francia e incluso Chile, pero en todas existe un denominador común: todas llevan la marca España.
En 2001 comenzaron una serie de reuniones periódicas entre los administradores de cuatro grandes empresas españolas de extinción de incendios: Avialsa, Faasa, Trabajos Aéreos Espejo y Trabajos Aéreos Martínez Ridao. Con el tiempo, a estas se les unirían otras dos, Compañía de Extinción General de Incendios, S.A. —CEGISA—, que incluía el conglomerado de Inaer y ambas, hoy, como filiales del gigante Grupo Habock, y Transportes Aéreos Extremeños, S.L. Estas seis empresas forman lo que la Policía Judicial denomina el “Grupo 6”, de cuyas primeras reuniones saldría un sistema delictivo que atraería a un total de 14 empresas, agrupadas en la Asociación Española de Compañías Aéreas —AECA—, según el sumario que llegó, desde el juzgado de Instrucción Nº2 de Sagunto, en Valencia, a la Audiencia Nacional en enero de 2017.
En el auto de las diligencias previas elaborado por el juzgado de Sagunto, al que CTXT ha tenido acceso gracias a Armando Cáceres, de Ecologistas en Acción — organización personada como acusación en la causa abierta en Andalucía—, queda “suficientemente acreditada la existencia de una organización, englobada en el conjunto de catorce empresas asociadas en AECA, que (…) alteraban el precio de los concursos públicos tanto en relación a aviones de ala fija como de helicópteros, tanto a nivel nacional como autonómico, para o bien dejar desiertos los concursos, a los efectos de incrementar el precio de licitación, o acudiendo en la mayor parte de los concursos tan solo una empresa, por el precio máximo de licitación y por ende, adjudicándoselo por dicho importe, o presentando varias ofertas, de las que previamente eran conocedoras cuál iba a ser la adjudicataria, (…) y causando por ello un importante perjuicio económico para el erario público”.
Las catorce aeronáuticas llevan, presuntamente, casi veinte años vertebrando un sistema de manipulación fulminante de un mercado del que no sólo depende la supervivencia de bosques, parques naturales o reservas, sino también de casas, fincas, propiedades y vidas humanas. El auto del juez Héctor Ignacio Santamaría habla de un desembolso de más de 250 millones de euros en concursos manipulados en menos de 15 años, pagados por las administraciones públicas. Voces dentro del sector hablan de sobrecostes que a veces han incrementados los costes en un 30%, gracias a la colusión de varias empresas que han logrado poner al Estado contra las cuerdas, obligándole a retirar fondos de un lado para pagar los precios abultados de otro.
El Grupo 6 llegó a redactar y firmar un pacto de asociación en el que se acordaba “respetar las zonas en las que cada compañía tiene su área de influencia, así como los nuevos contratos que cada empresa consiga que salgan a concurso público”. Así reza en el documento redactado por la “Asociación”, firmado en una primera reunión en Palma del Río, localidad cordobesa donde se encuentra la sede de la mercantil Faasa, por Miguel A. Tamarit Campuzano —Faasa—, Vicente Huerta Domínguez —Avialsa—, Fernando Espejo Delgado —Trabajos Aéreos Espejo—, y Ángel Martínez Ridao —Trabajos Aéreos Martínez Ridao—, todos ellos imputados.
Los firmantes especificaron las áreas de influencia de cada empresa que el resto debía respetar: Avialsa en Valencia y Cataluña; Martínez Ridao en Mallorca, Castilla la Mancha, Andalucía y Galicia; Espejo en Canarias y Andalucía; Faasa en Castilla y León, y Cegisa —por medio de Inaer— en Portugal. El acuerdo firmado entre los gerentes de las empresas, cuyo acto fue filmado para asegurar su cumplimiento en un futuro, estipulaban el pago de una cuota para adquirir nuevas naves anti incendios, o para compensar a una empresa que hubiera perdido un contrato en una de sus áreas de influencia, ya fuera a manos de otra empresa fuera del cártel o de una perteneciente a éste. Los representantes de las 14 empresas investigadas en la causa iniciada en Valencia se enfrentan a acusaciones de pertenencia a organización criminal, alteración de precios en concursos públicos y delito continuado de falsedad en documento mercantil.
Diversos cargos públicos se enfrentan a su vez a penas por cohecho, delito de malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad en documento público y negociación prohibida a funcionario público. Entre ellos se encuentran: el exalcalde de Quartell (Valencia), Francisco Huguet, del Partido Popular —al que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal le achaca un enriquecimiento ilícito de alrededor de 800.000€ como alcalde de un municipio de 1500 habitantes—; su mujer, María del Carmen Peiró; el exconcejal del Partido Popular Emilio Máñez; el exsecretario del Partido Popular Valenciano, exconsejero y ex delegado del Gobierno, Serafín Castellano; el ex director general de Interior de Valencia, Pedro Hidalgo; un ex alto cargo de la consejería de Interior de la Generalitat Catalana, Ramón Dinarés Bosque; el ex jefe de contratación del Departamento de Interior de Cataluña, Xavier Palmés Cosido, y el ex jefe de la Sala Central de Bomberos de la Generalitat, Manel Bosch Serch.
Andalucía: el funcionario que tiró de la manta
Los casos investigados en casi todas las autonomías españolas se están unificando en una macrocausa en la Audiencia Nacional, pero para entender el fondo del problema hay que conocer las diferentes fuentes de las que se alimentaba, y se alimenta, el cártel del fuego. El primer caso que vio la luz en los medios de comunicación fue el denunciado en Valencia, en 2014, por un exgerente de Avialsa, Francisco Alandí. La trama se remontaba a 2012. Ese año, 9 meses antes de que Alandí dejara la empresa, éste contrató los servicios de un técnico informático para introducirse en el ordenador de otro gerente de Avialsa, el hoy investigado Vicente Huerta Domínguez. Sabía lo que buscaba, y dos años más tarde Alandí acudiría a la policía con los documentos privados que demostraban que Vicente Huerta había conseguido contratos por valor de 33 millones con el gobierno valenciano y la consejería de Sanidad de forma fraudulenta.
Y si bien en Valencia la primera denuncia surgió del ámbito privado —probablemente fruto de una venganza o de un intento de extorsión a Huerta por parte de Francisco Alandí—, en Andalucía lo hizo desde el ámbito público. El 9 de noviembre de 2015, Jaime González Díaz, funcionario del servicio de contratación de la consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, denunció una serie de irregularidades en los contratos firmados para el Plan Infoca 2015-2018 —plan de la Junta andaluza para la lucha contra los incendios en parajes naturales—, y ponía así la primera piedra para entender que el cártel del fuego no se había atrincherado únicamente, ni mucho menos, en territorio valenciano.
Después de 12 años trabajando para la Administración y de escuchar decenas de historias sobre corruptelas, “lo más grosero y descarado que la gente se pueda imaginar”, el funcionario público se decidió a acusar a algunos compañeros y, sobre todo, jefes de su departamento. Jaime González accedió a hablar con CTXT de su situación, de lo que significa enfrentarse a un gigante como la Junta de Andalucía, y sus palabras, su historia, suenan escalofriantes.
González afirma que en Andalucía la corrupción llega hasta las entrañas mismas del funcionariado, y en relación al llamado cártel del fuego asegura que “es la Administración de la Junta de Andalucía la que hace los trucos para que no se detecte el cártel. No es que no hagan nada en contra del cártel o le favorezcan incluso, sino que realiza una serie de actuaciones y omisiones ilegales para ocultar que la colusión se produce, como valorar criterios de solvencia como criterios de adjudicación para que las empresas se lleven algún punto, o no publicar en el perfil del contratante qué empresas se han presentado. En Andalucía no hace falta que se haga un cártel porque ya la Junta les da un cheque en blanco que va contra la más elemental normativa de contratación”.
Cuando acudió al Juzgado de Instrucción Nº8 de Sevilla, González denunció “irregularidades e indicios de posibles actuaciones delictivas”, lo que llevó a la Policía Judicial a confirmar, en el atestado de noviembre de 2015, que: “Se vislumbra cómo efectivamente las empresas que licitan en los distintos concursos del Plan Infoca —a la sazón Inaer, Sociedad Aeronáutica Peninsular, Trabajos Espejo, Saeta y Faasa Aviación— parecen responder a un patrón fijo de adjudicación, observándose por tanto indicios de colusión ilícita de empresas, o el equivalente en Derecho Penal: acuerdos para la alteración de concursos públicos”. La Policía Nacional pidió a la Junta la relación de subvenciones e incentivos recibidos por Faasa entre 2003 y 2015, ya que las sospechas apuntaban a que era esta empresa, con sede en Córdoba y al parecer anfitriona de las reuniones celebradas por el Grupo 6, la que encabezaba la trama en Andalucía.
“Yo he intentado buscar”, declara Jaime González a CTXT, “en qué puede beneficiarse la Administración dando 300 millones de euros a precios corrientes desde 2003 a Faasa y al resto de empresas solo por los medios aéreos del Plan Infoca. Son redes institucionales y formas de actuar, son modus operandi, ellos juegan con el grado de tolerancia de la gente, ven hasta dónde pueden llegar sin que salte el negocio, y luego tiran por ahí”. En efecto, el presupuesto de licitación de los cinco lotes del Infoca era de casi 70 millones de euros, y Faasa acabó por llevarse el premio gordo, el lote número 5, por valor de 43 millones.
González amplía el grado de corrupción a otros ramos de la administración, a todo lo relacionado con los contratos públicos, las subvenciones e incluso los famosos cursos de formación de la Junta. “Desde los sindicatos de bomberos al parecer no ha habido una buena acogida —para presentarse en la causa—, y eso que denuncian habitualmente que la Junta les escatima y les recorta en equipos, en material, en medios materiales y personales. Creo que todo viene motivado porque Juan Espadas, el actual alcalde de Sevilla (PSOE), cuando ejercía como alto cargo de la consejería de Medio Ambiente facilitó a la cúpula de estos sindicatos unas prejubilaciones muy generosas, financiadas por el fondo de reptiles que incumplían la legalidad, y que están siendo investigadas por la Justicia”.
Medios aéreos repostando 
María de los Reyes Flores Canales, la juez de la Audiencia Nacional que aceptó el caso por la “propia complejidad de la causa”, asegura en el auto que “se ha producido un daño patrimonial contra una multiplicidad de sujetos pasivos de las acciones imputadas, pues no sólo se daña el interés económico de cualesquiera otros competidores del sector, sino el funcionamiento de diversas administraciones e instituciones”. Muchas veces, el cártel llegaba a maniobrar para dejar los concursos desiertos, obligando así a las administraciones a elaborar nuevos concursos con mejores condiciones para las empresas. Esto implicaba dejar a los entes públicos sin medios para combatir los fuegos hasta que se redactaban, aprobaban y sacaban a concursos los nuevos contratos.
En diciembre de 2015, declaraba como imputado el jefe de la Mesa de Contratación del Plan Infoca, Antonio Martínez López. En enero de 2016 se enviaba copia de las diligencias al Juzgado de Instrucción de Sagunto, informando de que se estaban realizando investigaciones en Sevilla por un caso similar al investigado en Valencia, y se iniciaba la cadena de imputaciones, detenciones, registros y declaraciones judiciales en relación a la trama andaluza: Miguel Ángel Martínez Ridao y Miguel Ángel Martínez Bonilla, por Saeta; Antonio Miguel Román Guillén, por Sap Aviación; Manuel González Gabaldón, Héctor Tamarit Almagro, Miguel Ángel Tamarit Campuzano y Javier Ortiz Marín, por Faasa, y Fernando Espejo Delgado por Trabajos Aéreos Espejo. Más adelante las investigaciones se extenderían a las 14 empresas incluidas en la trama por la Audiencia Nacional.
Jaime González se enfrenta cada día al acoso de jefes y compañeros en una batalla judicial que se ha extendido a su vida laboral y personal. “Con el sistema que tenemos, establecido, no por los gobiernos autonómicos como te quieren hacer ver, sino por el Congreso de los Diputados y a pesar de la Constitución de 1978, la situación actual es que es mucho más fácil echarme a mí la calle con cualquier falsa excusa, por vana que sea, que echar a un corrupto, haga lo que haga”.
Como afirma Jaime González, a veces su peor enemigo es el pesimismo. “Cuando les acusan a ellos de llevarse, imaginemos, 90 millones de euros que es el importe del contrato de medios aéreos del plan Infoca para 2015-2018, el que está vigente y yo denuncié…, primero, en el juzgado no hay medios para impulsar una clase de acusación de ese tipo en el que hay involucrados tales cantidades y tales volúmenes de documentación; segundo, un abogado de la Junta experto en esos temas les defenderá a tiempo completo y de forma gratuita; tercero, los que se supone que están de tu parte son el juez y el fiscal, Y si el que va a estar de mi parte es el fiscal Moix —Manuel Moix— o De Llera —Emilio De Llera—, mejor que no te ayuden; cuarto, hay un límite temporal a las causas de corrupción que lo puso hace poco el Partido Popular; quinto, muchos están aforados y serán juzgados por jueces que ellos mismos han nombrado; sexto, los delitos del título XIX del código penal, delitos contra la Administración Pública, imponen unos tipos penales altamente inoperantes y poco sistemáticos. La prevaricación es el único delito del código penal que no tiene cárcel, solo inhabilitación, y séptimo, los pueden incluso indultar si todo lo de atrás no ha surtido efecto; de hecho es lo más corriente, me remito al BOE, de donde se extrae que la mayor parte de los indultos se producen por condenas de corrupción”.
Incluso existe otra causa paralela por las presiones y amenazas recibidas por González, admitida por la juez Flores Canales por acoso laboral. “En cuanto a la gente que está de mi lado”, asegura, “en mi causa se han personado tres entes: Ecologistas en Acción, CGT y Podemos. Los que no me van a apoyar son los que hayan pillado algo de los 300 millones de euros desde 2003 —yo tengo pruebas de que el contrato del INFOCA se realizaba desde 1994 al menos— a precios corrientes —sin actualizar— que estas empresas consiguieron solo por los amaños de los medios aéreos del Plan Infoca —sin añadir otro tipo de contratos ni otro tipo de ayudas como fondos de formación—. En Sevilla los contratos siguientes —2018 en adelante— los están planificando para que sigan igual”.
Investigados por la Audiencia Nacional
1.- AVIALSA, T-35, siendo el beneficiario el socio único, VICENTE HUERTA DOMÍNGUEZ, si bien, siendo partícipe en el mismo, FRANCISCO ANTONIO ALANDI ESCRG; 
2.- FUMIGACIÓN AÉREA ANDALUZA, S.A., (FAASA), representando a la misma, MANUEL GONZÁLEZ GABALDÓN, HECTOR TAMARIT ALMAGRO, MIGUEL ÁNGEL TAMARIT CAMPUZANO y, JAVIER ORTIZ MARTÍN; 
3.- COMPAÑÍA DE EXTINCIÓN GENERAL DE INCENDIOS, S.A., (CEGISA), que del mismo modo incluía a las siguientes; INAER AVIONES ANFIBIOS, S.A., INAER HELICOPTEROS, S.A., HELICSA HELICOPTEROS, S.A. y TRANSPORTES AÉREOS DEL SUR, S.A., representando a la misma, RUBEN MARIANO GARCÍA PASCUAL y JAIME ARQUE GINERNAU; 
4.- MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ RIDAO, no solo como empresario individual, sino del mismo modo respecto de MARTÍNEZ RIDAO AVIACIÓN, S.L., y SERVICIOS AÉREOS EUROPEO Y TRATAMIENTOS AGRÍCOLAS, S.L., en adelante (SAETA), representadas por aquél, y por MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ BONILLA; 
5.- TRABAJOS AÉREOS ESPEJO, S.L., representada por FERNANDO ESPEJO DELGADO; 
6.- TRABAJOS AÉREOS EXTREMEÑOS, S.L., compareciendo en representación de la misma, SANTIAGO EDUARDO GARCIA CID, en lo que se refiere a la llamada “Asociación” o “Grupo 6”, si bien, también gira en torno de las siguientes empresas, en cuanto a servicios de que le son accesorios; 
7.- ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE COMPAÑÍAS AÉREAS, (AECA), representada por Dámaso Castejón Amenedo; 
8.- HELICÓPTEROS SANITARIOS, S.A. representada por María José Cañete Sánchez; 
9.- COYOTAIR, S.A. representada por Francisco Lucas Muelas;
10.- SKY HELICÓPTEROS, representada por Josep Teno Pujol;
11.- HELICÓPTEROS DEL MARE NOSTRUM, S.A., representada por José María Montalt Saurí;
12.- TAF HELICOPTERS, S.L., representada por Josep Carol Quintán;
13.- HISPÁNICA DE AVIACIÓN, S.A. representada por Francisco Julián Ríos Campuzano;
14.- SOCIEDAD AERONÁUTICA PENINSULAR, (SAP AVIACIÓN SA), representada por Antonio Miguel Román Guillén

Daniel Toledo (Ctxt)

lunes, 11 de septiembre de 2017

OPINIONES SOBRE EL 1O: CERRILES CONTRA DEMAGOGOS: SIÉNTENSE A NEGOCIAR UN REFERÉNDUM DE VERDAD

Rajoy, Junqueras, Sáenz de Santamaría y Puigdemont
En contra de lo que dice la vicepresidenta del Gobierno, la democracia no ha muerto, ni en Cataluña ni el resto de España. Ahora bien, sí ha mostrado sus limitaciones y su baja calidad. Ante una propuesta tan importante como la que plantean hace meses las instituciones catalanas, la reacción del Gobierno ha consistido en puro cerrilismo, entendiendo la Constitución y el Estado de Derecho como si fuera la cachiporra que utiliza la policía para disolver una concentración. Se podrá discutir su conveniencia, se podrá discutir su encaje constitucional, se podrán discutir sus condiciones, pero no tiene sentido considerar la posibilidad de realización de un referéndum territorial como una aberración democrática, sobre todo cuando tanto la mayoría de los representantes políticos catalanes como un abrumador porcentaje de la sociedad catalana quieren que se celebre.
Llegados a este punto, el referéndum que el Govern intenta realizar el 1 de octubre es evidentemente ilegal. Pero lo es también porque el Gobierno de Rajoy y Sáenz de Santamaría se han empeñado en ello, no porque un referéndum sea en sí una monstruosidad política. Que el referéndum, o lo que finalmente sea, se vaya a celebrar en unas condiciones tan precarias desde el punto de vista institucional y democrático es responsabilidad del Gobierno catalán. Legislativamente y tácticamente es una chapuza. La propuesta carece del 100% de las directrices de la Comisión de Venecia. No hay planificación alguna. Era una amenaza al Estado. Sigue siéndolo. Todo eso puede pasar porque el gobierno no negocia, sino que penaliza la política. El 80% de los catalanes quiere un referéndum: el Estado no ofrece nada, y la Generalitat se conforma con poner sobre la mesa un eterno proceso electoral. 
El Govern, más autoritario, chapucero y arbitrario que nunca, debería haber organizado el 6 de septiembre un debate parlamentario en toda regla y haber buscado otras condiciones con las fuerzas políticas catalanas. Iceta, Coscubiela, Arrimadas o el portavoz de CSQP son tan catalanes como Puigdemont. Y son sus derechos los que han vulnerado Junts Pel Si y la CUP durante la sesión en la que se aprobó, con medio hemiciclo vacío, la Ley del Referéndum con los votos de los 72 diputados del bloque independentista / catalanista.
Pero es evidente también que las fuerzas políticas mayoritarias del Estado deberían haberse puesto de acuerdo hace mucho tiempo para que Cataluña celebrara un referéndum de verdad, pactado y civilizado, con condiciones aceptables y negociadas. Sin embargo, han dejado claro que no están dispuestos a ceder un metro: durante largos meses, han rechazado toda forma de diálogo y han preferido jugar a la “firmeza del Estado de derecho”, usando la deriva del Govern para convertirse en garante de una unidad de España que no está en absoluto amenazada. 
Dicho esto, no cabe duda tampoco de que las fuerzas independentistas han sacado provecho de esa cerrilidad del Estado al plantear los términos del referéndum en las condiciones más ventajosas para sus intereses, y también es cierto que en su huida hacia adelante han utilizado los sentimientos de una parte de la sociedad catalana para perpetuarse en el poder manteniendo contra todo atisbo de razón una promesa imposible de cumplir sin hacer el ridículo.
El mero intento de que el resultado del referéndum unilateral se considere vinculante al margen del tamaño de la mayoría que se registre resulta enteramente absurdo: si los resultados fueran los mismos que los de la consulta del 9-N, esto significaría que el 34 por ciento del censo catalán decidiría la ruptura con España. ¿Puede alguien justificar algo así? El problema último del movimiento independentista / catalanista es que no tiene detrás una mayoría social suficientemente grande como para provocar una crisis constitucional que lleve a la ruptura. Si hubiera, digamos, al menos un 60 por ciento de catalanes o más favorables a la independencia, nada ni nadie podría parar la secesión. 
Por eso parece mentira que hayamos llegado a este punto. Por un lado, tenemos unas élites y unos medios exaltados, que califican de “golpe de Estado” la iniciativa de las instituciones catalanas y llaman a la “unidad de los demócratas” frente al “totalitarismo nacionalista”. Y, por otro, un movimiento independentista que intenta disimular sus carencias con un proceso de desconexión que pasa por encima no sólo de la legalidad, sino de las exigencias democráticas mínimas que cabe exigir ante una decisión tan traumática como es la secesión de un territorio.
No queremos parecer equidistantes. Por muchas torpezas y errores que estén cometiendo las instituciones catalanas y el movimiento independentista, creemos que, ante todo, corresponde al Estado establecer el marco político que permita procesar y resolver democráticamente la demanda, ampliamente mayoritaria en Cataluña, de un referéndum. Y esto debe hacerse a la mayor brevedad, porque avanzar en este esperpento solo sirve para convertir una reivindicación popular completamente legítima en una farsa manejada por unos políticos que, en el fondo, no desean convocar un referéndum y prefieren invocarlo.

Para avanzar hacia una consulta real, y no ficticia, es necesario que cale en la sociedad que esto no es un asunto de unos delincuentes que actúan al margen de la ley, sino un conflicto de legitimidades muy profundo en el que el principio democrático y el principio constitucional entran en colisión. De lo que se trata es de conseguir una solución política, consensuada y democrática que atienda los anhelos y el derecho de la sociedad catalana a expresar su opinión en una urna. Pero cada día que pasa, por culpa de los cerriles y los incapaces de uno y otro lado, nos alejamos más de esa solución.
Publicado en Ctxt

domingo, 10 de septiembre de 2017

OPINIONES SOBRE EL 1-O: NACIÓN, PALABRA MALDITA

Banderas españolas e independentistas catalanas
En 2004, el entonces President socialista de la Generalitat, Pasqual Maragall, lideró el debate sobre la conveniencia de que en el nuevo Estatut de Autonomía catalán se incluyera la palabra “nación” para describir a Cataluña. Maldita sea la hora. No recuerdo una palabra que haya suscitado un debate político tan absurdo y tan visceral.
Absurdo porque, efectivamente, “nación”, como “país”, es un término polisémico, sobre el que es literalmente imposible por ahora ponerse de acuerdo. Todos sabemos qué es un “Estado”: una unidad política con un territorio, una comunidad, un gobierno y una soberanía específica, que el resto del mundo, o el resto de los estados federados con él, reconoce como tal. Palestina no es aún un estado reconocido universalmente, pero sí hay acuerdo universal en qué sería necesario para que lo fuera: el mero reconocimiento del resto de los estados.
Sin embargo, ¿qué es una nación, o un país? Hay un Teatro Nacional de Cataluña, y un Archivo Nacional de Cataluña, y una Nación Árabe, y un País Vasco y un País Valenciano…
Maragall y una minoría importante del Partido de los Socialistas de Cataluña de entonces (un 20 %, aproximadamente, por lo que se fue viendo después con las deserciones internas), pusieron la palabra en circulación acompañados por quienes eran sus socios de Gobierno: Esquerra Republicana de Catalunya. Zapatero tuvo que aguantar el debate, mediando entre la presión de sus hermanos del PSC catalán y de un PP echado al monte tras perder sorpresivamente las elecciones de 2004. El día que, en noviembre de ese año, siendo ya presidente, Zapatero dijo en el Senado que el concepto “nación” es “discutido y discutible”, el abucheo impostado del Partido Popular fue brutal. El propio expresidente reconoció luego que fue un error haber dicho aquello, lo que vale decir, supongo, que también fue un error permitir que la discusión sobre el concepto se mantuviera en la negociación del nuevo Estatut.
Como se recordará, la propuesta de Estatut que trajo Maragall a Madrid fue “peinada” por los grupos parlamentarios, incluido el PSOE, y el concepto “nación” quedó relegado al Preámbulo del nuevo texto: “El Parlamento de Cataluña, recogiendo el sentimiento y la voluntad de la ciudadanía de Cataluña, ha definido de forma ampliamente mayoritaria a Cataluña como nación. La Constitución Española, en su artículo segundo, reconoce la realidad nacional de Cataluña como nacionalidad.” El PP recurrió al Constitucional, que con una división ideológica contundente entre magistrados progresistas y conservadores, sentenció en 2010 diciendo que "la nación que aquí importa es única y exclusivamente la nación en sentido jurídico-constitucional. Y en ese específico sentido la Constitución no conoce otra que la Nación española, con cuya mención arranca su preámbulo, en la que la Constitución se fundamenta (art. 2 CE) y con la que se cualifica expresamente la soberanía que, ejercida por el pueblo español como su único titular reconocido (art. 1.2), se ha manifestado como voluntad constituyente en los preceptos positivos de la Constitución Española".
En definitiva, viene a decir el Constitucional, como diría cualquier estudiante de Derecho, como diría hoy Pedro Sánchez y cualquiera con un poquito de buena voluntad: llámate nación si quieres –como unidad cultural o social o histórica– pero si quieres hacer coincidir Nación con Estado, eso son palabras mayores. Entonces, más allá de los símbolos, ¿dónde está el problema? Evidentemente, en que, conociendo la fuerza enorme de los símbolos, los independentistas catalanes empezaron por “nación” para avanzar hacia “Estado”. Ya no lo ocultan, por supuesto. Quieren ser un Estado; lo de la “nación” era el aperitivo (que, para alimentar aún más su victimismo, incluso les fue negado). Y los unionistas tienen bien claro que, en caso de aceptar el concepto “nación”, éste no trataría de homologarse al de “Estado”.
Por eso, en mi opinión, se equivoca el PSOE y se equivoca particularmente Pedro Sánchez –y también Podemos, de paso– agitando el debate sobre la “nación” catalana y la “plurinacionalidad” de España. Se equivocan porque lo único que hacen es generar ambigüedad e inseguridad, si no cabreo, entre sus propios compañeros, porque los nacionalistas están ya mil pasos más allá planteando sin ambages la secesión y el debate por tanto les parece ridículo. Se equivocan también los socialistas porque, de algún modo, dejan a la derecha la capitalización de un valor político fundamental que es el muy poderoso sentido de pertenencia a una unidad hasta hoy indiscutible que llamamos España, con la que la inmensa mayoría de los españoles– y al menos la mitad de los catalanes– se encuentra cómoda.
He estado quince años acompañando al PSOE, de una manera u otra, y asistiendo de manera privilegiada a algunos de sus debates. No recuerdo ni una sola conversación pacífica sobre la idea de “nación”, por mucho que se quisiera matizar y por mucha vaselina en que se la bañara. Sencillamente, produce sarpullidos en cuanto se la toca. Cuando tenemos ahí enfrente a un Gobierno autónomo que, con un apoyo como máximo del 50% de su pueblo, quiere abiertamente la secesión, volver a entretenerse en del debate sobre esa palabra ambigua, polisémica y maldita, solo va a general en el PSOE más ruido. Hay maldiciones de las que es preferible huir sin más.

Luis Arroyo

jueves, 7 de septiembre de 2017

SER DE IZQUIERDAS EN TIEMPOS DE MILLENIALS

Supongo que solo soy un patético coletazo de lo que Labordeta definió como la izquierda depresiva española. Parafraseando a Cánovas, soy de izquierdas (y manchego) porque no puedo ser otra cosa. Para mí no se trata de la adhesión a un partido político o a una doctrina ideológica concreta. Ser de izquierdas es una actitud ante la vida, que nace intuitivamente y, si se riega, se desarrolla con el tiempo. Una necesidad moral de contribuir, en la medida de lo posible, a que todo ser humano tenga derecho a un planeta habitable, un trabajo digno, una sanidad pública y de calidad, una educación pública y de calidad, una vivienda…, y, por supuesto, a la paz y a la libertad. ¿Les parece esto raro o pervertido?
Nací en tiempos en los que uno se definía de izquierdas con aplomo, sin rastro de sonrojo. Como una cosa lleva a la otra, con los años y el conocimiento me fui enredando con movimientos que enriquecían mi enfoque marxista de la sociedad: ecologistas, pacifistas, feministas o en defensa de la diversidad sexual. Todos ellos son valores que cualquier persona civilizada, excepto la derecha más recalcitrante o los cuñados, puede compartir de manera transversal al margen de su filiación política. Personalmente no necesitaba una etiqueta que me definiera como pacifista, ecologista o feminista. Era más una cuestión de tripas, o quizás de cerebro. Pero parecía que todo el mundo, a diestra y siniestra, tenía la necesidad de etiquetarme. Ya saben: Dime niño de quién eres…
Los de derechas, incluida buena parte de mi familia, me llamaron rojo y bolchevique desde la más tierna infancia. Me costó entender que lo de rojo no tenía relación con el color, que dejó de existir en tiempos de Franco y fue sustituido por el encarnado o morado…, y que lo de bolchevique no era un epíteto cariñoso como luego entendí. Y cuando los años me llevaron a militar en distintas formaciones de izquierdas también despertaba recelos por mi escaso seguidismo a los líderes, o que no me adscribiera a alguna de las múltiples facciones judeo-palestinas. ¡Qué muermazo! ¡Y qué pérdida de energía que podría condensarse en transformar las necesidades más perentorias de la sociedad!
Pese a que ya pinto canas y los achaques me visitan con más frecuencia de la deseada, me sigue ocurriendo lo mismo de siempre. Cuando me da por juntar letras sacando lo que llevo dentro, como ahora, recibo toda clase de insultos e improperios, muchos de ellos proceden de presuntos izquierdistas.
Los asumo como gajes del oficio. Pero hay ideas locas y obsesivas, precisamente, por esa necesidad de etiquetarlo todo. Para los de derechas sigo siendo un filoetarra comunista amigo de Kim-Jong-Un y de Maduro. Les importa un pepino lo que yo opine al respecto. Y muchos comunistas de salón me acusan de tener un enfoque demasiado liberal de la vida, o de ser demasiado proclive al pacto y muy dado al hedonismo.
Puede ser. Pero soy consciente de que habito en el siglo XXI y considero absurdo caer en los estereotipos de que para ser de izquierdas hay que hacer voto de pobreza, renunciar a la propiedad privada y vestirse con uniforme maoísta. Si alguien gana dinero trabajando honradamente, paga sus impuestos y no explota al prójimo me parece lícito que se compre una casa y que se vaya de vacaciones a Nueva Zelanda. Eso sí, sin que el planeta donde habitamos todos corra riesgos por agotamiento de recursos. En eso soy bastante tajante.
Ser de izquierdas no es tarea fácil. Sobre todo cuando no cumples con los requisitos, casi de ascética santidad, que te exigen a uno y a otro lado. En Castilla La Mancha, la izquierda pura y tradicionalista anda ocupada en autoproclamarse oposición a la izquierda emergente que ha empezado a cogobernar con el PSOE para que las políticas de choque en favor de los colectivos olvidados por la recuperación económica se hagan realidad en lo que queda de legislatura. Oposición con un 2% de intención de voto, pero oposición… ¿A qué? A todo lo que no proceda de sus privilegiadas mentes. Lo peor es que ni siquiera se dan cuenta de que huelen a ‘naftalina’.
Son la contradicción personificada y lo son más por incapacidad intelectual que por intención. Dinamitaron toda opción de convergencia local y regional con torpes maniobras y comunicados filtrados. Condenaron a los ganemos locales y terminaron comprando la marca electoral para después concurrir electoralmente con ella. Ellos, la santa oposición al acuerdo PSOE-Podemos, cogobiernan con el PSOE en distintos ayuntamientos, han facilitado mayorías en diputaciones provinciales y, en el mayor de los esperpentos, andan negociando con PP y Ciudadanos presentar una moción de censura contra el PSOE en el Ayuntamiento de Puertollano. ¿Oposición?
Si queremos evolucionar debemos dejar de atrincherarnos en absurdos purismos. Vivimos el mundo que vivimos y nos urge afrontar, desnudos de atávicos prejuicios, algunos temas urgentes. De momento, lo veo un poco crudo, pero sé que finalmente llegará y que las rémoras que representan los egoísmos personales serán superadas por la cordura.

Plumaroja

domingo, 3 de septiembre de 2017

HACER POLÍTICA CON LOS MUERTOS

En medio de la polémica sobre si la CIA avisó o no en mayo a los Mossos de un atentado en las Ramblas y el feroz desmentido de la Generalitat y de su responsable policial, Josep Lluís Trapero, el Gobierno ha optado por mantener un clamoroso silencio con el que pretende que las autoridades catalanas se cuezan en su propio jugo y que, de paso, le mantiene a salvo de cualquier responsabilidad en los supuestos fallos de seguridad que se habrían cometido.
Como se advertía aquí pocos días después de los atentados, cuando aún parecía corpórea esa fingida unidad entre administraciones, unos y otros habían empezado a jugar irresponsablemente con la tragedia, bien para demostrar que estábamos en presencia de un incipiente Estado, el catalán, que había demostrado su mayoría de edad con la rápida eliminación de la amenaza por parte de su policía, bien para hacer ver que el separatismo es una rémora ante fenómenos globales como el terrorismo yihadista. La unidad era tan mentirosa que se rompió en añicos el día de la manifestación de Barcelona.
Para destacar la eficacia de los Mossos no era necesario extender ante ellos una alfombra blanca porque lo inmaculado no existe y una limpieza obsesiva de los cristales hace más visible cualquier mota de polvo. Con la vista puesta en el 1-O, que era en lo que ambas partes estaban pensando desde el primer momento, a la Generalitat se le fue la mano en la glorificación policial y en su empeño de construir un icono en torno a la figura de Trapero. De ahí que se interpretara como un ataque todo lo que pudiera poner en cuestión su labor en los atentados.
Se ignoró algo tan básico como que cualquier atentado es en sí mismo un fallo de seguridad, sobre todo si sus autores son una docena de individuos que han dedicado un año a su preparación. Y desde el primer momento existió el empeño de descalificar las informaciones sobre la alerta no oficial facilitada por la policía belga sobre el imán de Ripoll y la del aviso de la inteligencia de EEUU sobre una posible acción terrorista en la principal arteria de Barcelona.
Lo lógico hubiera sido asumir que ambas comunicaciones se habían producido y que se investigaron sin resultado o se consideraron tan vagas como obvias, pese a lo cual se reforzó el dispositivo policial en las Ramblas. Nadie en su sano juicio podría atribuir la culpa de los atentados a otros que no fueran los asesinos ni ver responsabilidad alguna en los Mossos, que, como todo el mundo entiende, carecen de infalibilidad, algo que no les resta mérito alguno a los ojos de la ciudadanía.
En lugar de ello, se prefirió jugar una baza más arriesgada e interpretar que cualquier detalle que viniera a empañar mínimamente la actuación policial formaba parte de una orquestada campaña de desprestigio. Ello fue lo que llevó a negar por tres veces la existencia del aviso de la CIA o del conglomerado de inteligencia USA que, como se ha demostrado ahora, tuvo a los Mossos como destinatarios.
Así, pese a que resulta obvio que dicha advertencia nada tenía que ver con los atentados por la simple razón de que el objetivo inicial de los terroristas no era atentar en las Ramblas sino atacar con explosivos distintos edificios de Barcelona, la Generalitat se ha visto obligada a mantener su versión y a contemplar cómo se desmoronaba buena parte de su propaganda.
El Gobierno, por su parte, ha optado por una estrategia más inteligente pero carente de la más mínima inocencia. Deslizó primero, escondiendo la mano con la que otros lanzaban las piedras, que los atentados hubieran podido evitarse si se hubiera permitido a la Guardia Civil inspeccionar la explosión de Alcanar, que fue la que precipitó posteriormente la acción de las Ramblas. Asumió después el ‘martirio’ de la manifestación y los abucheos a Rajoy y al jefe del Estado. Finalmente, ha apretado el nudo corredizo que la Generalitat se colocó alrededor del cuello a modo de collar.
Para explicar esto último tan sólo hay que detenerse en la revelación de una nueva notificación de la inteligencia norteamericana fechada el 21 de agosto, cuatro días después de los atentados, en la que se reitera el aviso de mayo. La comunicación, dirigida al organismo de Interior encargado de coordinar la lucha antiterrorista de los distintos cuerpos de seguridad, parece solicitada expresamente para desnudar a la Generalitat y a los Mossos y contar con el as de una partida en la que se ha querido hacer política con los muertos.
Entre tanto, se echa en falta una mesa de trabajo en la que los distintos responsables antiterroristas valoren privadamente los posibles errores cometidos para intentar prevenirlos en el futuro. Errores que son tan globales como el fenómeno que se trata de combatir. Si fallaron los Mossos, también lo hicieron el resto de cuerpos policiales y el CNI, misteriosamente desaparecido, como si no estuviese llamado a esa cena. No tendremos miedo pero es por pura inconsciencia.
Juan Carlos Escudier

jueves, 31 de agosto de 2017

EL OCASO DE LOS INTELECTUALES

Fernando Savater
Ejercer la crítica. Incitar a la reflexión. Invitar a la acción. La tríada históricamente asociada al quehacer de los intelectuales ha dado paso, en España, a la sumisión, la inacción y el olvido preconizados por quienes hoy, tan jactanciosa como impropiamente, se atribuyen tal condición. Su abandono de aquella tríada de compromisos ha sido tan evidente que hoy cabe hablar, con fundamento, del ocaso de los intelectuales.
La función histórica del intelectual ha consistido en estudiar la realidad, interpretarla y dar pautas críticas a la sociedad para su transformación y mejora. El requisito que se demandaba al pensador consistía en el ejercicio de un esclarecimiento asentado en una responsabilidad social de la que nunca debía desertar, en tanto que desplegara su decisiva tarea crítica sobre la realidad.
Empero, hoy y aquí, la irresponsabilidad se ha adueñado de la mayor parte de los intelectuales que, además, arrastran como letal legado la exclusión de sus rangos de la mitad de la sociedad, las mujeres, a las que se discrimina del acceso a tales funciones. El mundo de las grandes generalizaciones deductivas, el Pensamiento, la Ciencia, la Política, la Religión, queda aún en manos del hombre, mientras que se intenta dejar a la mujer sometida al particularismo inductivo de lo inmediato. El resultado de aquella deserción y de esta discriminación ha consistido en una deriva incontrolada de los intelectuales que ha oscurecido sus otrora luminosos cometidos en un cegador ocaso.
¿Dónde reside la gravedad de este declinar? Sustancialmente, en la impunidad del poder. Sin los cortafuegos de la crítica, la reflexión y la invitación a la movilización, el poder campa a sus anchas dejando una estela de corrupción y desconcierto para toda la sociedad española, salvo para el capital financiero, que recrece a diario su beneficio a costa de inmiserar a casi todo el cuerpo social, al que yugula sometiéndolo a la desigualdad, precarizando su existencia e infundiéndole miedo. Para consumar esa impostura, el mundo del dinero necesita apropiarse primero, hegemonizar después y degradar luego la cultura hasta convertirla en una subcultura inocua. Para ello le resulta imprescindible arrebatar a los intelectuales su función crítica para impedir cualquier atisbo de transformación socialmente inducida.
¿Qué ha sucedido para que sobrevenga esta hecatombe? Han acaecido muchas cosas, espoleadas por razones subjetivas y razones objetivas.
El impacto tecnológico
Entre las razones objetivas que explican el ocaso de los intelectuales en España, no muy lejos de las que dan noticia de los retrocesos a escala mundial, figura, principalmente, el profundo cambio operado en la producción social de la existencia y de la vida de las gentes, cuya teorización crítica, es decir, el descubrimiento de las nuevas formas ideológicas e institucionales asociadas a ese nuevo cambio, ha quedado prácticamente abandonada desde la irrupción de la informática en la vida cotidiana y, destacadamente, en el mundo del trabajo.
Tal mutación es consecuencia de la generalización descontrolada de la tecnología y de su aplicación irresponsable y sin miramientos a todos los procesos de trabajo. Con la añagaza de acabar con el trabajo manual mediante los ordenadores, se ha generado una sacralización tecnológica, imparable y acrítica que, hasta el momento, deja una estela inaudita de precarización y de sumisión laborales. Pero esa sacralización, consciente o inconsciente, ha cegado cualquier aproximación crítica a la informatización y telematización (informática más telefonía) de nuestras vidas. Nadie las pone en cuestión. Los intelectuales permanecen mudos al respecto.
Los entonces llamados intelectuales recibieron en los años 70 las innovaciones tecnológicas adjetivándolas de “revolucionarias”, sin percatarse de que detrás de las pantallas, los teclados y el plasma se agazapaba el sempiterno problema del poder, señaladamente el poder contrarrevolucionario del capital, dueño del proceso informático en su conjunto, consistente en la introducción de plusvalía científico-técnica en cada fase de su despliegue, coincidente con aumentos de productividad ínsitos en la tecnologización y con una paulatina devaluación del trabajador con decrecimientos desaforados de la mano de obra. Muchas organizaciones sindicales, partidos de izquierda y también trabajador@s desconocieron, involuntaria o voluntariamente, que se descualifica a sí mismo quien asume trabajo descualificado, tras aceptar el discurso del capital desmantelador de los procesos productivos mediante reducciones de personal laboral inducidas por las nuevas tecnologías, que deshacían ramas enteras de producción y evaporaban oficios por doquier sin prever alternativas a la población laboral así discriminada.
Los intelectuales hegemónicos de entonces asumieron sin crítica alguna la tarea que los convertía a ellos mismos en heraldos del gran capital, que exigía de ellos, no solo asumir que “el capitalismo es la única forma posible de organización (¿) de la Economía”, sino, además, el dictado de crear un clima de opinión favorable a la desregulación de los mercados financieros con el mantra de que “la mejor legislación es la que no existe”: esto es, la plena impunidad del capital. Ello abrió paso a la hegemonía ideológica y política del ultraliberalismo, que desde entonces flagela a la mayor parte del país en su versión de derecha o de izquierda.
¡Cuánto aplauso desde España y de nuestros intelectuales hacia el mensaje ultra-capitalista ínsito en el discurso de los llamados nuevos filósofos! ¡Cuánto seguidismo hacia la más pura frivolidad anti-ilustrada llegada de Estados Unidos, de Inglaterra o de la Francia más banal!
Tres paradigmas evaporados
Arturo Pérez-Reverte
Otras causas objetivas del desfondamiento de la figura y la función de los intelectuales se refieren a la profunda mutación de los paradigmas que vertebraron el papel de los medios intelectuales europeos en Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y, en España, desde la víspera de la Transición hasta el ulterior despliegue de la democracia. Al menos tres cánones, lingüístico, ético y geopolítico han presidido la trayectoria mediática –Prensa, mundo editorial, vida académica- a lo largo de estas etapas. El paradigma lingüístico se asentaba en el crédito de la palabra gracias a la acreditación, precisamente, de la Lingüística como Ciencia referente en el panorama científico continental; el canon moral situaba entre el Holocausto y en el anti-nazismo la horquilla ética que separaba el Mal y el Bien; y la bipolaridad Este-Oeste, socialismo-capitalismo, señalaba el principio geopolítico por excelencia, donde tal alteridad garantizaba una pugna por la hegemonía intelectual y moral, parcialmente compensada o equilibrada entre ambos universos.
Empero, tras la consunción de la Unión Soviética, los nuevos tiempos sobrevenidos por la desregulación de los mercados financieros por Ronald Reagan; más la inhumana conducta de sucesivos Gobiernos de Israel, reproduciendo técnicas semejantes a las genocidas aplicadas en su día por el nazismo contra su castigado pueblo; así como la degradación y el descrédito del valor de la palabra, herida por el constreñimiento expresivo impuesto por los formatos de la telemática a las impropiamente denominadas, por su implícito narcisismo, redes sociales -reducido a centenar y medio de caracteres- así como por la denominada corrección política y la posverdad -formas sofisticadas de la mentira- generó la sustitución del homo/fémina linguïsticus por el homo/fémina informaticus… acompañada de toda esta liquidación paradigmática, que ha sumido en el desconcierto a buena parte de los medios donde comparecen los intelectuales europeos, con los consabidos efectos sobre los escenarios intelectuales españoles.
Un olvido fatal
Entre los motivos subjetivos de la degradante hecatombe que ha desmedulado la labor histórica de los intelectuales y fruto de la presión de aquellas condiciones objetivas arriba descritas, cabe destacar la alteración, por parte de numerosos, entre sus exponentes, de la condición de intelectual para transformarla en un mero trampolín de medro social. Trepar individualmente en la escala social desplazó y desplaza, como meta, cualquier otro objetivo para muchos de cuantos hoy, sin serlo, se reclaman intelectuales.
En el mundo profesional, señaladamente en los del Periodismo, el espacio editorial y el académico, también en el científico-técnico, tan vinculados a la sustancia o a la difusión del quehacer intelectual, esto fue y es un síntoma incesante: el olvido de la extracción social de origen, no burguesa, una vez que se adquieren puestos preeminentes de responsabilidad sobre contenidos informativos, de opinión, editoriales y científicos. Esto se convierte para muchos en la garantía del afincamiento individual en una nueva y superior posición social. Desde luego, la promoción social y económica es un derecho plenamente legítimo por el cual es, además, urgente y necesario pugnar; pero su precio no puede fijarse nunca a costa de implicar la renuncia a la defensa de los intereses de las clases mayoritarias de las cuales el periodista, el científico, el funcionario, el profesional, suelen proceder. Por consiguiente, la función de crítica social hacia el poder -que preside el comportamiento profesional en numerosas ramas de la vida activa- desaparece generalmente de las prácticas de los responsables profesionales así cooptados, y promocionados, que no solo abdicaban y abdican a escala personal del compromiso con la fiscalización crítica de los poderosos, sino que, además, impiden que otros intelectuales, sin contaminar, accedan a las publicaciones, al éter, a la imagen o a las cátedras con sus bagajes críticos, reflexivos y movilizantes. Igual sucede con los responsables de grandes editoriales o en los principales centros de enseñanza. Por su parte, los profesionales de extracción alto-burguesa no desclasados, no necesitaron renunciar a nada pues, para conservar su estatus y sus posiciones de poder, les basta con perpetuar el discurso dominante propio de sus intereses.
Chantajes
Todo esto admite matices, desde luego, así como excepciones individuales, pero la corriente general, la que ha devaluado los contenidos periodísticos y científico-académicos hasta extremos insólitos, desconocidos, muestra muchos de los elementos descritos. El capital financiero ha conseguido desvirtuar casi al completo la función social de los intelectuales y de la Prensa, principal difusora de sus mensajes, para imponer su discurso mediante el chantaje publicitario, entre otros sistemas coercitivos, olvidando, de manera suicida, que la publicidad debe buscar soportes informativos veraces, como los que la Prensa procura o debiera procurar, para acreditarla, ya que la Publicidad no puede acreditar sus mensajes por sí misma. De esta manera, quien no transige con tal discurso, es expulsado del circuito mediático, profesional o académico, sellado así a toda manifestación del pensamiento crítico.
Qué decir del mundo editorial o el del Cine, que sepulta en el subdesarrollo a l@s escritor@s de más valía y prestigia a l@s más triviales, hundiendo la creatividad literaria y cinematográfica, transformada en mero negocio a beneficio de distribuidores amorales y/o analfabetos: a la postre, solo producen textos o filmes trufados de violencia, de armas, machos-alfa, de mensajes machistas, imperialistas y racistas, de policías que se toman la justicia por su mano y que desprecian la democracia y las leyes…
El mundo académico languidece refugiado en algunas, cada vez menos, cátedras o blindado al saber desde las propias Academias, concebidas también, en muchas ocasiones, como meros negocios, que sientan en sus sillones a celebridades mediáticas sin más mérito que las cifras de ventas de libros banales o trayectorias curriculares caracterizadas por la sumisión al poder.
La perniciosa conjunción de razones objetivas y subjetivas generó un discurso, hoy hegemónico, consistente en proclamar como consumado el término de los discursos de raigambre histórica: el fin de la Historia enunciado por el colaborador de la compañía tecno-armamentista Rand Corporation, Francis Fukuyama, trenzado con la teoría del “choque de civilizaciones”, de Samuel Huntington, otra patraña reaccionaria- fue proyectado contra todo esfuerzo encaminado a interpretar, para transformar, el mundo y las condiciones adversas en las que se desarrolla la vida de la mayor parte de la Humanidad precisamente ahora, cuando las condiciones transformadoras podrían estar más al alcance de la mano si se recuperan la Ciencia y la Tecnología al servicio del progreso.
“La era de los meta-discursos ha terminado”, proclamaron de consuno los supuestos intelectuales cooptados al efecto, enemigos de la racionalidad, la equidad y del avance, para dar paso a un mundo donde se proponen que quede asegurada la prevalencia del capricho capitalista y ultra-individualista de los mismos, pocos, de siempre. Meta-discurso era, para ellos, el marxismo, claro, pero no el que pregonan, el neoliberalismo y el neoconservadurismo que se han adueñado de la geopolítica de la superpotencia estadounidense.
A la postre queda una sociedad civil casi indefensa, sin referencias, expuesta al impacto idiotizante de una televisión desinformadora y de una Prensa desarbolada como contrapoder y convertida en sierva de sus anunciantes, institucionales o privados. La mayor parte de los partidos políticos de nuestros lares, presidencializados, ultrajerarquizados y ensimismados en polémicas internas, descuidan el compromiso adquirido con sus representados por facilitar, junto con los intelectuales, la tarea de definir, aleccionar y dar expresión a las soluciones políticas a las necesidades y anhelos mayoritarios. Y entre tanto, los intelectuales (¿quiénes son, dónde están, quién recuerda sus nombres?) languidecen a la sombra del poder que ha laminado casi todo aquello que acreditaba su necesidad y su responsabilidad social.

Rafael Fraguas || Periodista y sociólogo 

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