domingo, 29 de octubre de 2017

PACTO NACIONAL DEL AGUA DEL PP. MÁS TRASVASES

Canal del Trasvase Tajo-Segura
¿Falta alguna infraestructura en el ámbito del Plan de cuenca? ¿Faltan interconexiones en la cuenca para garantizar las demandas, para dar una mayor garantía? ¿Se necesita agua de otra cuenca, por tanto, es necesaria una transferencia desde otra cuenca?
Estas son, según el documento de trabajo del Ministerio de Medio Ambiente las cuestiones más importantes que se plantean en el Pacto Nacional del Agua que el Gobierno central quiere tener cerrado antes del próximo verano, y cuya negociación política va a coincidir con eventuales factores de tensión: unos de carácter territorial, como el conflicto catalán y el debate sobre el futuro del sistema autonómico tras la aplicación del art 155 en Catalunya, y otro hidrológico, con una sequía que, además de causar una situación crítica en el arco mediterráneo, ha llevado a aplicar restricciones en el Duero y el Ebro, las cuencas más caudalosa del país, y a hacer que numerosos municipios y capitales de provincia de la mitad norte cierren sus fuentes.
El documento, -que sirve de base para un presunto proceso de participación pública de un mes en el que las confederaciones hidrográficas, a las que el Ministerio de Medio Ambiente ordenó cerrar las consultas en octubre, se reúnen, sin contacto ni envío de documentación previos, con agentes del ciclo del agua como regantes, industriales, empresas hidroeléctricas, administraciones y organizaciones ecologistas para sondear sus posturas-, revela cómo el Gobierno pretende dejar en un segundo plano los efectos del cambio climático para poner el acento, de nuevo, en las obras públicas y los trasvases.
El primer objetivo
En este sentido, el documento señala que la ejecución de nuevas infraestructuras, las interconexiones dentro de la misma cuenca y el aporte de recursos de otras cuencas puede ser una necesidad si se quieren mantener las demandas de agua y la estructura socio-económica de algunos territorios. Propone hacerlo dentro de una gestión integrada de todos los recursos hídricos que posibilite un uso sostenible del agua, aunque dejando en un segundo plano medidas como la reutilización de caudales, la desalación y la optimización y la modernización de los regadíos, que consumen más del 85% del agua del país, y relegando el cambio climático a la categoría de variable a tener en cuenta, ya que podría hacer más vulnerables algunos sistemas, dice el documento. La atención del déficit hídrico, que plantea solucionar con una visión amplia a escala nacional, donde se llegue a un entendimiento común, abre el listado de cuatro grandes bloques de ese Pacto Nacional del Agua.
Trasvases e impuestos al agua
Le siguen, como objetivos ambientales y junto con la implementación de los planes de sequía y de riesgos de inundación, el impulso al saneamiento y depuración en todos los ámbitos competenciales y la conservación de los humedales; especialmente el Delta del Ebro, Doñana y el Mar Menor, tal y como exige la UE, que tramita un expediente sancionador por su deterioro. Por último, la propuesta incluye una serie de modificaciones en cuestiones de gobernanza entre las que prioriza la puesta en marcha de nuevas medidas de tributación ambiental que permitan una mayor recuperación de los costes asociados a los servicios del agua.
Además, el Gobierno desliza en el documento que espera tener cerrado el catálogo de trasvases e impuestos, para el que el MAPAMA comenzó a sondear a las comunidades autónomas en julio, el próximo verano, tras iniciar a principios de 2018 las negociaciones con los distintos grupos parlamentarios, a la vez que se sigue trabajando a nivel técnico.
La política hidráulica de hace un siglo
Esos contactos para el Pacto Nacional del Agua, al que ya han mostrado su rechazo 36 organizaciones ecologistas, irían en paralelo a la tramitación de los nuevos planes hidrológicos. Los primeros documentos de cada cuenca saldrán a información pública a principios de 2018, mientras que la revisión del Plan Hidrológico Nacional quedó activada el pasado enero con el decreto que, al aprobar los de demarcación, ya advertía de la existencia de una serie de situaciones de necesidad de recursos hídricos que, a decir de algunos planes, no pueden ser atendidas en el ámbito territorial del propio plan; y que por consiguiente deben ser elevadas para una futura revisión del Plan Hidrológico Nacional.
Como denuncia Laura Sánchez, de la Fundación Nueva Cultura del Agua, una de las entidades que ha participado en las reuniones previas, “el gobierno pretende abrir la puerta a la interconexión de cuencas y a los mercados de derechos de agua, vamos encaminados a la mercantilización del agua, a que las comunidades y los usuarios puedan vender parte de sus concesiones a los de otras cuencas”. Javier Celma, de Ecodes (Fundación Ecología y Desarrollo), añade que “están justificando que hay un proceso de participación sobre algo que no sabemos lo que es y sobre los que no tenemos unos indicadores de gestión mínimos para estudiar y debatir ya que solo hay cuatro puntos genéricos”, y anota que “echa en falta la escasa atención a factores como el cambio climático en los planteamientos del Gobierno” (...) “Hablar de trasvases en estos momentos sin más ni más parece una locura porque es necesario cambiar la gobernanza del agua. No tiene sentido mantener la misma política hidráulica que hace cien años y como si no hubiera pasado nada” (…) “Lo que estamos haciendo ahora no se va a sostener en treinta años”, asegura Celma.
Bruselas, Tarragona y Toledo
Mapa del Trasvase Tajo-Segura
Sin embargo, los planes trasvasistas de Rajoy y el MAPAMA encuentran obstáculos diversos en su aplicación. Entre otros los de tipo institucional.
Por una parte, el rechazo de la UE a las grandes transferencias de agua entre cuencas hidrográficas y al quebrantamiento del principio de unidad de cuenca. Y, por otra, la tirantez con dos comunidades autónomas cuyo apoyo resultaría clave para este tipo de proyectos como son Catalunya, en cuya zona sur la oposición a las captaciones del Ebro roza la unanimidad, y Castilla-La Mancha, que ve cómo el Tajo es esquilmado por los trasvases a la cuenca del Segura.
Además, los datos de la propia Administración ponen en tela de juicio la viabilidad de los objetivos políticos del Gobierno, ya que el mismo decreto de aprobación de los planes de cuenca recoge como el Ebro, la cuenca que en el último siglo ha sido señalada como principal donante en todos los proyectos trasvasistas (soporta ocho que suman 250 millones de metros cúbicos al año), no tiene agua suficiente para cubrir las demandas de su territorio. Según datos del Ministerio, una vez realizados los ajustes con el modelo de simulación general, los recursos totales asignados para regadío y ganadería se cifran en 7.681 hectómetros cúbicos al año, con un déficit de 875 hectómetros cúbicos. Eso, a expensas de que puedan cumplirse las previsiones científicas que apuntan a una merma de los recursos de hasta el 20% como consecuencia del cambio climático.
Paralelamente, la aplicación de la Directiva Marco del Agua comunitaria, que prima la resolución de los déficit hídricos con medidas de ahorro y reutilización de caudales, ha reducido de manera considerable la magnitud de lo que hasta finales del siglo pasado se consideraban carencias estructurales. En este sentido, el plan hidrológico de la cuenca mediterránea andaluza contempla actuaciones para reducir el actual déficit de 300 a apenas 100 hectómetros cúbicos anuales, mientras el del Guadalquivir prevé medidas para disminuir el suyo en más de 260 -de 560 a menos de 450- con un aumento de la demanda de 140, y el de las cuencas internas catalanas, que siguen registrando un desajuste de 104, pretender ahorrar 98 en una década. Eso, a pesar de que las plantas de desalación del litoral previstas para cubrir el consumo urbano, apenas producen cada año 130 de los 400 hectómetros para los que tienen capacidad.
Mientras tanto, los planes del Segura y el Júcar cifran la necesidad de transferencias hacia esos territorios, respectivamente y a falta de las medidas de ahorro, en 400 y 265 hectómetros cúbicos anuales. Cifras que son desmentidas por un informe de Greenpeace, según el cual la cuenca del Segura no tiene déficit pues dispone de entre 500 y 800 hectómetros cúbicos de recursos renovables más al año de los que la Administración reconoce.

 Plumaroja

lunes, 23 de octubre de 2017

¿INCUMPLE RAJOY LA CONSTITUCIÓN CON SU APLICACIÓN DEL 155?

Rajoy podría vulnerar la Constitución Española
con la aplicación del art 155 en Catalunya
La Constitución reconoce en su artículo segundo el derecho al autogobierno de las nacionalidades que integran España. También establece una estructura básica de división de poderes para las comunidades autónomas, que tendrán un Gobierno, un Presidente, un Parlamento y un Tribunal Superior de Justicia.
Ése es el régimen constitucional de distribución territorial del poder. La manera en que normalmente debe funcionar el Estado español. Junto a ello, y sólo para el caso de circunstancias muy anómalas, el artículo 155 CE prevé una posibilidad tremendamente excepcional: la suspensión temporal y extraordinaria del derecho al autogobierno y del régimen constitucional autonómico. No es éste el único ejemplo de suspensión temporal de los principios y derechos constitucionales. La Constitución también prevé en otros artículos la posibilidad de suspender la vigencia de sus normas. Así sucede en tiempo de guerra o catástrofe, cuando el art. 116 CE permite que se suspendan determinadas garantías y derechos. Otras suspensiones tienen menor entidad: por ejemplo, el secreto de las comunicaciones pierde eficacia cuando de manera temporal y motivada un juez autoriza su interceptación para la investigación de un delito.
Todas estas suspensiones tienen en común su temporalidad, y el hecho de que la Constitución establece la única finalidad legítima con que se pueden adoptar. Si no fueran provisionales perderían su carácter excepcional y serían, en verdad, una derogación de la propia Constitución. Por la misma razón, todas deben ser interpretadas de manera restrictiva: los casos en que se apliquen estas excepciones tienen que limitarse al mínimo. En todos estos casos, además, es imperativo controlar de manera estricta que las suspensiones constitucionales se usen nada más que para las finalidades previstas en la Constitución.
Todo esto es aplicable también a las medidas coercitivas hacia las comunidades autónomas previstas en el artículo 155 CE. Y debe ser el criterio para juzgar la constitucionalidad de las medidas de ejecución de este artículo que acaba de desvelar el Gobierno.
Desde el punto de vista constitucional esta propuesta tiene un primer límite. El requerimiento previo al Gobierno autonómico para que cese en su desobediencia que exige el art. 155 sirve para delimitar cuál es la desobediencia concreta que se está produciendo. En este caso, la Carta del Presidente del Gobierno español a su homólogo de la Generalitat se refería al cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional que suspendieron, y luego anularon las leyes de referéndum y, a través suya, de transitoriedad. El artículo 155 CE faculta, pues, al Gobierno de la nación para tomar las medidas provisionales necesarias para que se cumplan estas leyes. Nada menos, y nada más.
El artículo 155 CE no puede utilizarse para que el Gobierno central sustituya, con fines partidistas, al catalán en su potestad de convocar elecciones. Si el Gobierno de Madrid discrepa políticamente del catalán, no puede quitarle sin más esa competencia y asumirla para sí mismo. Sería una violación evidente de la Constitución.
Con esta perspectiva, resulta evidente que las medidas anunciadas tras el Consejo de Ministros extraordinario y que se van a someter a la aprobación del Senado incurren en un claro exceso respecto a lo que prevé la Constitución. El cese de todos los miembros del Govern, aunque políticamente pudiera calificarse de excesivo, resulta conforme con la Constitución en la medida en que sea temporal. Lo justificaría el hecho de que todas las consejerías catalanas colaboran de un modo u otro en la aplicación de la ley de referéndum… si es que aceptamos que esa ley ha sido efectivamente aplicada pese a su suspensión por el Tribunal Constitucional. Lo mismo puede decirse, desde el punto de vista estrictamente técnico, del veto gubernamental impuesto a la potestad legislativa del Parlament. Sin embargo, la manera en que aparece formulada esta medida suscita dos grandes dudas de constitucionalidad.
De una parte, el Gobierno pide autorización al Senado para una serie de medidas que aparecen redactadas de forma abierta y sin concretar. Se quiere que el Senado le dé una carta blanca al Gobierno para decidir de qué manera asume el control de la administración catalana. Esta falta de concreción es, en realidad, una manera de diluir el control que realiza el Senado. Un auténtico fraude de Constitución, puesto que el Senado no tiene claro qué es lo que está autorizando. Lo que debe ser auténtico control sobre el gobierno, se convierte en dejación de poderes a favor suya. El texto actual permite que el Gobierno, sin control del Senado, decida si le conviene cesar al mayor de los Mossos o al Director de la radiotelevisión catalana, entre otros. Toda una serie de medidas que la Constitución exige que se hagan con permiso del Senado, pero que ahora se posponen a lo que decida libremente el Gobierno.
La segunda causa de inconstitucionalidad es la asunción por el Presidente del Gobierno español de las facultades de disolución del Parlament y para convocar elecciones autonómicas. Es algo que sólo puede calificarse de disparate constitucional. De una parte, convierte las medidas del artículo 155 en una suspensión definitiva. Cesa al Govern de una vez y para siempre, sin atisbo de temporalidad. Ya no se trata de que el Estado asuma temporalmente las competencias del Gobierno catalán, sino de disolver de manera definitiva este Gobierno que ya no es provisional, sino definitiva.
De otra parte, y eso es lo más importante, el Gobierno central asume competencias políticas del Presidente de la Generalitat que no tienen ninguna relación con la finalidad perseguida por el art. 155 CE. Decidir el momento en que políticamente conviene a o no disolver el Parlament y convocar elecciones anticipadas es una cuestión de oportunidad. La Constitución exige que eso lo decida libremente el Presidente de la Generalitat, mandatado para ello por la ciudadanía de Cataluña. Políticamente puede ser que la convocatoria anticipada de elecciones en Cataluña sea la solución más adecuada para la crisis actual. Sin embargo, no hay manera lógica de conectar la decisión acerca del momento de estas elecciones con razones de interés general ni con la obediencia a las Sentencias del Tribunal Constitucional que suspendieron y anularon la ley de referéndum.
El artículo 155 CE no define cuáles son las medidas que puede adoptar el Gobierno central. Se remite a lo que sea necesario. Sin embargo, sí exige que se haga con control del Senado y que se demuestre que las medidas adoptadas son necesarias para el fin legítimo que se quiera perseguir.
Nada de eso pasa ahora. Constitucionalmente, da la impresión de que el Presidente Rajoy ha tomado la posibilidad excepcional del art. 155 CE por lo que no es: una carta blanca para usurpar las competencias de cualquier comunidad autónoma con la que discrepe. Eso es un riesgo terrible para todo el sistema constitucional de distribución del poder.

Joaquín Urías

domingo, 15 de octubre de 2017

ESPAÑA ¿QUÉ ES Y DESDE CUANDO?

Sobre el origen del nombre de España
El PP se apropia y falsea la historia de España
Comúnmente se admite que España viene del latino Hispania y que el nombre se impuso entre los romanos después de un periodo dubitativo entre el “Hispania”, de raíz supuestamente fenicia, y el “Iberia” de los griegos. Profundizando en el origen fenicio del nombre de Hispania encontramos la raíz SPN, (leído saphan, conejo), que da la significación de “Tierra de conejos”, amparándose en un texto de Catulo, que había calificado la península de cuniculosa, es decir, “tierra de abundantes conejos”. Sin embargo, el historiador y hebraísta Cándido María Trigueros, leyó en 1767, en la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, un artículo con el nombre “Memoria sobre el nombre de España”, preguntándose después de citar al menos a trece historiadores antiguos, y con textos en cinco alfabetos diferentes (latín, castellano, celtibero, griego, hebreo y siríaco), como era posible que ninguno de ellos reflejara o supiera que “Span” significara en las lengua orientales conejo. Deduciendo que ni unos ni otros relacionaron el animal con la tierra en que se criaba porque esta voz oriental no era el nombre de ningún animal. Y es que mal podían los fenicios tener en su idioma el nombre de un animal que no conocían. La explicación etimológica de Trigueros se basa en que, como el alfabeto fenicio-hebreo carece de vocales, se pueden hacer múltiples combinaciones. Además, tanto en caldeo como en hebreo bíblico, la palabra “sphan” significa “el aquilón” o “Tierra del Norte” y sería ese el nombre que dieron a España los primeros en desembarcar en nuestras costas pues eran gentes que venían del sur.
Los griegos de los siglos IX y VIII a C, que tenían asentamientos en la costa de Huelva, bautizaron aquellas tierras como “Iberia-Hiberia”, y el río Hiberus se identificaba con uno de los ríos onubenses. Eso es lo que se deduce de la Ora Marítima de Avieno y del Pseudo-Escimno de Chio, fechado en el siglo V a C. Para los asentados al Norte de las tierras levantinas, Iberia procedería de Iber-Ebro, y significaría “la Tierra del rio”. A su vez, el nombre histórico de una república del Cáucaso es Ivernia, la otra Iberia de la que hablara Herodoto. Pero también Siberia proviene del vocablo Tártaro “tierra del sueño”, siendo sus primeros pobladores míticos el linaje de Tubal, no en vano uno de sus principales ríos se denomina “Tobol” y su capital histórica Tobolsk.
El obispo Isidoro de Sevilla recogió una leyenda de Flavio Josefo en la que Tubal fue antecesor de los íberos y de Iberia. Según una leyenda vasca, Aitor, el primer rey vasco, es hijo de Tubal, reafirmándose el origen ibero del pueblo vasco. Según la mitología antigua, Tubal, tras haber fundado distintos reinos en la Iberia caucásica, pobló y creó el primer reino en la Península Ibérica, también llamada Iberia, donde engendró un gran número de reyes para la dinastía tubalita. El primero de sus hijos se llamaría Íbero, quien daría nombre a la Península y al río Ebro. Los cuatro reyes tubalitas que sucedieron a Íbero fueron Ibideba, Brigo, Tago –que dio nombre al rio Tajo- y Beto, al que debe su nombre el rio Betis, actual Guadalquivir, y Bética a las tierras colindantes.
Otras fuentes helenas se refieren a la península ibérica como Hesperia, termino relacionado con las “hesperales” o “vesperales”, esto es, “las vísperas”. Los griegos daban este nombre a la fabulosa región semidesconocida de poniente, que para ellos era lugar de inmensas riquezas. Algo así como la versión helénica del Edén. Algunos autores consideran Hispania como una deformación de Hesperia. Otros defienden una derivación del topónimo “Spal”, el más antiguo atribuido a Hispalis, Isbilya o Sevilla: Spal-Hispalis-Hispania-España. Teoría esta que defiende un origen más autóctono para el nombre de España.
Recientemente, el profesor Jozko Savli ha aportado topónimos de la zona de Eslovenia y el Véneto italiano para intentar demostrar que el nombre de España proviene de la raíz “Spane”, que define superficies llanas entre montañas. Según Savli, pueblos Vénetos habrían llegado a la península antes que los celtas, por lo que habrían legado este nombre a los sucesivos invasores. Por último, señalar la explicación Balto-eslava del origen de España como “unión”, así tenemos que en checo “spojeny” significa “unidos”, precisamente España nace como “unión” de reinos peninsulares.
Desde cuando somos Nación o Estado
Si difícil es ponerse de acuerdo en el origen del nombre más lo es en aceptar desde cuando es España una nación o el Estado que conocemos.
Rajoy y el PP sitúan el nacimiento del Estado español en la época de los Reyes Católicos, a finales del siglo XV y principios del XVI, aunque el matrimonio de Isabel y Fernando no logró la unidad de España. El historiador y escritor de novela histórica José Luis Corral afirma “Los Reyes Católicos no fundan ninguna nación ni tan siquiera un Estado”, de hecho, “cuando muere Isabel, el 26 de noviembre de 1504, Fernando deja de ser rey de Castilla, ya que solo fue rey de Castilla como consorte de Isabel”. Con el reinado de Carlos I, la corona de Aragón, la de Castilla, la de Nápoles y Sicilia y el imperio alemán, incorporado con su llegada al trono, siguen teniendo sus propias normas y derechos, su propia fiscalidad y su propia moneda. Y debemos recordar que hasta el siglo XIX las coronas de Aragón y Castilla tienen monedas diferentes.
Según José Álvarez Junco, catedrático emérito de Historia del Pensamiento de la Universidad Complutense, Rajoy confunde estos conceptos y proyecta sus propios deseos en el pasado. Olvida que lo que define a una nación es un elemento subjetivo, esto es “grupos de individuos que creen compartir ciertos rasgos culturales y viven sobre un territorio al que consideran propio”, mientras que los Estados modernos son “estructuras político-administrativas que controlan un territorio y la población que lo habita”. Así, si por nación entendemos un ente etéreo que se lleva en el alma, Rajoy puede decir que la nación más antigua es la que él adora. Pero la idea de España como nación nace en el siglo XIX. Y si por nación entendemos un Estado-nación, con unas fronteras, que responden a un nombre y ese nombre es España, tampoco entonces sería la nación más antigua de Europa, insiste Álvarez Junco.
Al igual que Corral, Álvarez Junco tampoco cree que la España de los Reyes Católicos fuera un Estado-nación y la define como una monarquía confederal, un conjunto de señoríos, como prueba el “complejísimo escudo” que tenía. Una nación se ve representada por un animal, dos colores, tres colores, en definitiva, un símbolo sencillo, dice el historiador, pero el escudo de los Reyes Católicos es “un aglomerado de territorios y señoríos”.
Para Álvarez Junco, si hablamos de nación moderna, de un conjunto humano compacto que se declara soberano sobre ese territorio habría que remontarse a las Cortes de Cádiz, constituidas en 1810. José Luis Corral cree, en cambio, que el Estado español, tal y como hoy lo conocemos, nace en 1978, ya que en 1972 el Sáhara Occidental era tan español como la provincia de Albacete.
No somos la Nación o el Estado más antiguo de Europa
Para Rajoy y el PP, la fecha origen de la nación-estado española es el reinado de los Reyes Católicos, que se remonta al siglo XV, pero que es difícil definir propiamente como “Reino de España” cuando los reinos que lo integraban seguían manteniendo sus costumbres y fronteras a pesar de contar con unos únicos gobernantes. Si damos por cierto que se casaron en 1469, subieron al trono de Castilla en 1474, al de Aragón en 1479, conquistaron el Reino de Granada en 1492, y Fernando, una vez muerta Isabel, incorporó el Reino de Navarra a la Corona de Castilla en 1512, cuesta también poner una fecha exacta para la creación de un único Reino. Durante el reinado de los Austrias, desde Carlos I, que fue el primero que utilizó el título de rey de España, hasta Carlos II, los distintos reinos españoles siguieron existiendo de forma separada pero compartiendo soberano, ejército y política exterior común. Fue el primer rey Borbón, Felipe V, que reinó entre 1700-1746, el que unificó los usos y costumbres de todos los reinos de España en uno solo.
Pero aceptando como buena la fecha propuesta por Rajoy y el PP, Europa ya contaba en el siglo XV con varios Estados como Francia, Dinamarca, Suecia, Noruega, Inglaterra, Hungría o Portugal. Nuestros vecinos lusitanos se habían independizado de la Corona de León en 1139, creando en esa fecha el reino de Portugal, la historia de Francia como Estado se retrotrae al siglo X, mientras que el principado de Andorra se constituyó en 1278, lo que hace de España el Estado más joven de sus vecinos, dejando en bastante mal lugar la afirmación de Rajoy, sus ministros y dirigentes del PP.
En ocasiones, el exceso de patrioterismo roza el paroxismo y se llega a afirmar, como hizo el exministro Margallo en una visita a EEUU, que somos la nación más vieja de la Tierra, porque nacimos en 1469. El exministro de Exteriores olvida un pequeño detalle, que cuando se celebró la boda entre Isabel y Fernando había en España otros reinos distintos: Enrique IV de Castilla, Juan II de Aragón, que también hacia de rey consorte de Navarra, y Mulay Hasan en Granada. Por entonces, Dinamarca ya tenía su bandera actual, algo que en España no llegaría hasta finales del XVIII, cuando Carlos III instauró una insignia que identificara fácilmente a los barcos españoles y que fue finalmente adoptada como bandera.


Plumaroja

jueves, 5 de octubre de 2017

PARLEM, HABLEMOS... EL ESTADO Y EL MONOPOLIO DE LA FUERZA

En estos días escucho con desasosiego a viejos dinosaurios defendiendo torpemente el régimen del 78. En su apasionada defensa son tibios o llegan a justificar el uso de la violencia para que nada cambie. Y lo hacen en tiempos en que lo conveniente es rebajar la tensión y situar al Estado ante su principal responsabilidad: garantizar las libertades y los derechos ciudadanos.
Una de las características del estado moderno es la idea, ampliamente asumida por la mayoría de los partidos políticos, de que el estado, como afirmaba Max Weber, es el depositario del monopolio de la violencia, es decir, del uso de la fuerza. Un monopolio sustentado, según afirman los defensores de tal idea, por el mandato recibido del contrato entre ciudadanía y estado al ejercer esta el derecho al voto en la elección de sus gobernantes.
Este principio es asumido mayoritariamente por los defensores del actual estado liberal, aunque afortunadamente crecen las voces críticas. Hannah Arendt, en su obra “Sobre la violencia”, es quién con mayor rigor argumenta que “nunca la violencia del estado puede justificarse violando derechos fundamentales de personas que ampara la propia ley”.
Si estamos de acuerdo con Arendt, y considerando que los estados y la comunidad internacional se han dotado de derechos refrendados en las constituciones y, a nivel global, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, cualquier violación de esos derechos contra grupos humanos por parte de un estado, sean minorías o una sola persona es condenable, pues se está violando el Estado de Derecho, que en todos los casos es garantista de los derechos individuales de las personas. Por lo tanto, si hay personas que se oponen mediante declaración o actuación a un ordenamiento, y esa protesta se efectúa de forma pacífica, nunca el uso de la fuerza del estado puede vulnerar derechos amparados por la propia ley.
Esto viene a cuento por lo sucedido el pasado 1 de octubre en Cataluña, cuando las unidades antidisturbios de Policía y Guardia Civil emplearon una violencia, a todas luces desproporcionada, sobre una ciudadanía que de manera pacífica había sido convocada a votar en un referéndum sobre la relación entre España y Catalunya. Se puede argumentar que la consulta no estaba autorizada y era ilegal pero ello no justifica el empleo de la violencia sobre personas que ejercían derechos amparados por la constitución española. Un empleo de violencia desmesurado que violaba derechos fundamentales como los de expresión, reunión y manifestación.
Cualquier intervención policial en un conflicto de orden público debe tener en cuenta dos importantes aspectos: que mida la necesidad de actuar y que se aplique siempre la proporcionalidad. La necesidad de actuar de la policía ante un conflicto que altere el orden público lo decide la autoridad pública y se ordena dependiendo de la gravedad de la transgresión. En el caso del pasado 1 de octubre, la necesidad existía pues la policía había recibido la orden judicial de impedir la votación y requisar las urnas. Pero policía y guardia civil debían haber guardado proporcionalidad frente a quienes querían ejercer un derecho de manera pacífica. Las imágenes sobre la actuación policial, que hemos visto en distintos medios, muestran que no se aplicó esa proporcionalidad al emplear una fuerza desmesurada que provocó decenas de heridos.
Releyendo “Sobre la Violencia” de Hannah Arendt, podemos concluir que de la violencia nunca surge el poder democrático porque este solo nace de la acción política, por lo que la violencia surge cuando hay ausencia de poder o cuando el poder está en peligro y se recurre a la violencia para implementarlo por la fuerza... Espiral que conduce finalmente a la ausencia de democracia. El análisis de Arendt es compartido por quienes defendemos la vía de la paz y la solución negociada de los conflictos, negamos al estado el monopolio de la violencia y que ésta se use contra nuestros derechos.
El grave conflicto que enfrenta al Gobierno de Cataluña, con el apoyo de una parte importante de la población catalana, frente al Gobierno central, también apoyado por una parte importante de la sociedad española, no se puede resolver mediante el uso de la fuerza. Demasiadas experiencias cercanas advierten que ese camino termina por enconar más el conflicto en lugar de resolverlo. Aprendamos de esas experiencias y hagamos saber a ambos gobiernos que la política es diálogo y negociación y la violencia el fracaso de la política y el poder. Hay distintas propuestas de intermediación en este conflicto que deben ser tenidas en cuenta y si Rajoy y Puigdemont no lo hacen deberían apartarse y no obstaculizarlas. Parlem, Hablemos…

Plumaroja

lunes, 2 de octubre de 2017

GLIFOSATO: EL POLÉMICO HERBICIDA DE MONSANTO

Campaña informativa sobre los riesgos del Glifosato para la salud
Hace décadas que se viene permitiendo el uso de glifosato, un peligroso herbicida de la multinacional Monsanto (la de los PCBs, el agente naranja o los transgénicos…, que está diseñando su futuro junto al gigante químico Bayer), para eliminar “malas hierbas” en los campos donde se cultivan nuestros alimentos, en las cunetas de nuestras carreteras, en las vías férreas, en las calles y en los parques de nuestras ciudades. Millones de personas se ven expuestos todos los años a esta sustancia tóxica: casi la mitad de la ciudadanía examinada presentaba este veneno tóxico en la orina.
En marzo de 2015 la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo clasificó como “probablemente cancerígeno” tras la publicación por parte de la Agencia de Investigación sobre el Cáncer (IACR) de un amplio estudio que demostraba que esta sustancia favorece la aparición de Linfoma No-Hodgkin en humanos y causa daños en el ADN, además de provocar cáncer en animales de laboratorio. En concreto, los estudios publicados por 17 expertos señalaban la relación de esta sustancia con 4 tipos de cáncer: hepático, riñón, páncreas y linfoma.
Además, este veneno está vinculado con otros efectos, tanto por su uso directo por parte de agricultores/as y operarios/as como por la exposición indirecta de la población: reproductivos (mayor frecuencia de abortos y defectos de nacimiento), neurológicos (mayor frecuencia de Parkinson) u hormonales (alteraciones endocrinas), entre otros. Por otra parte, los daños ambientales de esta sustancia, muy frecuentemente vinculada a los cultivos transgénicos, llevan siendo documentados desde hace dos décadas en aquellos países que han optado por su uso masivo.
En verano de 2016, después de una larga campaña impulsada por la ciudadanía, la Comisión Europea no consiguió renovar por diez años la licencia al glifosato…, lo hizo “solamente” por 18 meses, es decir hasta finales del presente año. Todo un gran logro para la sociedad civil y el medio ambiente, teniendo en cuenta la intensa actividad “política” de los grupos de presión de la industria química.
En junio de 2017, una coalición de más de 100 organizaciones presentó a la Comisión Europea más de un millón de firmas correspondientes a la Iniciativa Ciudadana Europea “StopGlifosato”, solicitando la no renovación de la autorización del glifosato (y de paso, la reforma del procedimiento de aprobación de plaguicidas y el establecimiento de objetivos de reducción del empleo de plaguicidas en toda la UE). Hay que reseñar que esto se obtuvo en menos de cinco meses, convirtiéndola en la Iniciativa de más rápido crecimiento desde que la UE introdujo esta herramienta en 2012. Esto demuestra que, si le dejan elegir, la ciudadanía europea no se deja engañar ni por los esfuerzos de la industria de los plaguicidas ni por la ciencia defectuosa que ésta está vendiendo.
Los próximos 5 y 6 de octubre se reúne un Comité de Expertos de los Estados miembros (Comité Permanente de Plantas, Animales, Alimentos y Piensos), en el seno del cual los estados miembros debatirán y votarán sobre esta re-autorización. Es una de las últimas oportunidades que tienen los estados de la UE para retirar este peligro del mercado. Desde Europa nos llegan muchas noticias sobre la intensificación del debate previo a esta reunión:
Austria con toda probabilidad se opondrá a la re-autorización, según ha afirmado el canciller Christian Kern, aunque la decisión final del Parlamento tendrá lugar el 3 de octubre.
En Francia, Nicolas Hulot, el ministro de la Transición Ecológica, se ha comprometido a votar en contra del glifosato. Además, Christophe Castagnet, portavoz del gobierno, anunciaba el pasado 25 de septiembre que el glifosato “y todos los productos similares que amenazan la salud de los franceses” se prohibirían en Francia antes de que termine el actual mandato del presidente Emmanuel Macron, en 2022. El Gobierno ha pedido a los Ministerios de Agricultura y de Ecología la elaboración de un plan para dejar de utilizar ese herbicida en beneficio de las “alternativas disponibles”.
En Alemania, país que se abstuvo en la última reunión del Comité Permanente (el pasado mes de julio), a priori la canciller Merkel está a favor de la renovación de la autorización, pero la situación es compleja debido al reciente resultado electoral y el hecho de que el nuevo gobierno no se formará antes de final de año.
Desde Italia, uno de los estados donde la industria agroalimentaria es poderosa, nos llega la noticia de una muy probable oposición al glifosato. A finales de abril, el ministro de Agricultura de Bélgica anunció que prohibiría la venta de glifosato para uso privado, convirtiendo a Bélgica en último país en establecer restricciones a nivel nacional.
La Red Alemana de acción contra los Pesticidas (Pesticide Action Network, PAN) emitió hace unas semanas un comunicado acerca de las graves preocupaciones planteadas por el proceso de re-autorización del glifosato. Piden la divulgación del conjunto de los datos disponibles y la re-evaluación de los informes. Un análisis de los informes originales de la industria demuestra que el Instituto Federal de Evaluación de Riesgos (BfR) alemán consideró sólo el 20% de todos los efectos de generación de tumor en su evaluación original. Incluso en la evaluación final, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA) obviaron ocho incidencias tumorales estadísticamente significativas. La conclusión más importante es que la EFSA claramente no ha examinado los datos en bruto, como ha afirmado. Si lo hubiera hecho, y hubiera aplicado un test estadístico no propuesto por la industria (pero utilizado por el IARC), habría encontrado mucho más aumento en los tumores tras exposición a glifosato.
Hay que recordar el reciente caso de los “Los Papeles de Monsanto”: la desclasificación hace unos meses de determinados documentos internos de Monsanto (relativos al caso de las personas con cáncer de sangre atribuido a su exposición al glifosato) demostró las manipulaciones llevadas a cabo por la firma agro-química y su participación directa en el trabajo de agencias que se suponían independientes. Esto ha desacreditado el trabajo y la credibilidad de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, organismo que ha dado el visto bueno a la re-autorización del glifosato.
Pese a todo, en España, mucho nos tememos que el gobierno apoyará la continuidad del uso de este tóxico en la UE. Nuestro país lleva décadas defendiendo los transgénicos y los intereses económicos de la agricultura tóxica e industrial. Sin embargo la ciudadanía no se queda con los brazos cruzados y existen iniciativas políticas interesantes. Por ejemplo, el pasado 28 de septiembre el coportavoz y portavoz adjunto de la comisión de Medioambiente del Congreso por Unidos Podemos, Juantxo López de Uralde, registró una pregunta para saber cuál sería la posición de España en la comisión de expertos y para preguntar qué medidas adoptará el gobierno para prevenir los daños derivados del uso de esta sustancia.
Debemos recordar una vez más que los transgénicos y los pesticidas no pueden mejorar la alimentación en el mundo sino todo lo contrario. Por una parte porque nadie ha demostrado que las cosechas modificadas genéticamente y tratadas con potentes herbicidas sean más productivas. Por otra, porque el empleo de sustancias tóxicas de síntesis no hace sino poner en peligro la salud de las personas y la biodiversidad, resultando en una menor resiliencia de los ecosistemas.
Además, la concentración de la riqueza, de los medios de producción y de la capacidad de comercialización deja cada vez en una situación de mayor vulnerabilidad a los más pobres del planeta, empezando por los pequeños agricultores y los campesinos, que nos alimentan desde hace miles de años y que son ahora además las primeras víctimas de los procesos de concentración y fusión.
La solución pasa por el desarrollo de la agricultura ecológica y de pequeña escala, por el libre intercambio de semillas campesinas (seleccionadas y mejoradas desde hace siglos), por la salida de la agricultura de los tratados de “libre” comercio y de la OMC, por los circuitos cortos de comercialización, por la evolución hacia unas dietas menos carnívoras y lácteas, por el cese inmediato de la deforestación, por la soberanía alimentaria de los pueblos, por el control estatal de las actividades de las grandes corporaciones, por la reducción de la dependencia del petróleo, etc.
Considero que gran parte de los usos de los herbicidas tienen que ver con el modelo agro-ganadero al que nos lleva el actual modelo económico (y que nos lleva al desastre) en que prima la rentabilidad de los intermediarios y de las grandes centrales de compra y distribución, abocando al sector agrario a una forma de producción a menudo irracional y agresiva para la naturaleza.
Existen muchas alternativas a los herbicidas tóxicos. Las rotaciones de cultivo, los cultivos con mulching vivo, los policultivos, los barbechos semillados, la combinación planta-animal y la correcta gestión del pastoreo y de la materia orgánica. Además, muchas de las plantas adventicias o acompañantes que pretendemos eliminar con herbicidas son útiles e importantes en el ecosistema. Sobre todo con una buena gestión.
El glifosato no “se descompone”, eso es lo que quiere Monsanto que usted crea. Y lo que ha “comprado” el gobierno de España. La clase política española debe proteger a la ciudadanía y al medio ambiente, prohibiendo este peligroso herbicida y abriendo el camino hacia un futuro sin venenos.
Juan-Felipe Carrasco. Ingeniero Agrónomo.

Coordinador de la Iniciativa Ciudadana Europea “StopGlifosato” en España

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