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| Campaña informativa sobre los riesgos del Glifosato para la salud |
Hace
décadas que se viene permitiendo el uso de glifosato, un peligroso herbicida de
la multinacional Monsanto (la de los PCBs, el agente naranja o los transgénicos…,
que está diseñando su futuro junto al gigante químico Bayer), para eliminar
“malas hierbas” en los campos donde se cultivan nuestros alimentos, en las
cunetas de nuestras carreteras, en las vías férreas, en las calles y en los
parques de nuestras ciudades. Millones de personas se ven expuestos todos los
años a esta sustancia tóxica: casi la mitad de la ciudadanía examinada
presentaba este veneno tóxico en la orina.
En marzo de 2015 la
Organización Mundial de la Salud (OMS) lo clasificó como “probablemente
cancerígeno” tras la publicación por parte de la Agencia de Investigación sobre
el Cáncer (IACR) de un amplio estudio que demostraba que esta sustancia
favorece la aparición de Linfoma No-Hodgkin en humanos y causa daños en el ADN,
además de provocar cáncer en animales de laboratorio. En concreto, los estudios
publicados por 17 expertos señalaban la relación de esta sustancia con 4 tipos
de cáncer: hepático, riñón, páncreas y linfoma.
Además, este veneno está
vinculado con otros efectos, tanto por su uso directo por parte de
agricultores/as y operarios/as como por la exposición indirecta de la
población: reproductivos (mayor frecuencia de abortos y defectos de nacimiento),
neurológicos (mayor frecuencia de Parkinson) u hormonales (alteraciones
endocrinas), entre otros. Por otra parte, los daños ambientales de esta
sustancia, muy frecuentemente vinculada a los cultivos transgénicos, llevan
siendo documentados desde hace dos décadas en aquellos países que han optado
por su uso masivo.
En verano de 2016, después
de una larga campaña impulsada por la ciudadanía, la Comisión Europea no
consiguió renovar por diez años la licencia al glifosato…, lo hizo “solamente”
por 18 meses, es decir hasta finales del presente año. Todo un gran logro para
la sociedad civil y el medio ambiente, teniendo en cuenta la intensa actividad
“política” de los grupos de presión de la industria química.
En
junio de 2017, una coalición de más de 100 organizaciones presentó a la
Comisión Europea más de un millón de firmas correspondientes a la Iniciativa
Ciudadana Europea “StopGlifosato”, solicitando la no renovación de la
autorización del glifosato (y de paso, la reforma del procedimiento de
aprobación de plaguicidas y el establecimiento de objetivos de reducción del
empleo de plaguicidas en toda la UE). Hay que reseñar que esto se obtuvo en
menos de cinco meses, convirtiéndola en la Iniciativa de más rápido crecimiento
desde que la UE introdujo esta herramienta en 2012. Esto demuestra que, si le
dejan elegir, la ciudadanía europea no se deja engañar ni por los esfuerzos de
la industria de los plaguicidas ni por la ciencia defectuosa que ésta está
vendiendo.
Los
próximos 5 y 6 de octubre se reúne un Comité de Expertos de los Estados
miembros (Comité Permanente de Plantas, Animales, Alimentos y Piensos), en el
seno del cual los estados miembros debatirán y votarán sobre esta
re-autorización. Es una de las últimas oportunidades que tienen los estados de
la UE para retirar este peligro del mercado. Desde Europa nos llegan muchas
noticias sobre la intensificación del debate previo a esta reunión:
Austria
con toda probabilidad se opondrá a la re-autorización, según ha afirmado el
canciller Christian Kern, aunque la decisión final del Parlamento tendrá lugar
el 3 de octubre.
En
Francia, Nicolas Hulot, el ministro de la Transición Ecológica, se ha
comprometido a votar en contra del glifosato. Además, Christophe Castagnet,
portavoz del gobierno, anunciaba el pasado 25 de septiembre que el glifosato “y
todos los productos similares que amenazan la salud de los franceses” se
prohibirían en Francia antes de que termine el actual mandato del presidente
Emmanuel Macron, en 2022. El Gobierno ha pedido a los Ministerios de Agricultura
y de Ecología la elaboración de un plan para dejar de utilizar ese herbicida en
beneficio de las “alternativas disponibles”.
En
Alemania, país que se abstuvo en la última reunión del Comité Permanente (el
pasado mes de julio), a priori la canciller Merkel está a favor de la
renovación de la autorización, pero la situación es compleja debido al reciente
resultado electoral y el hecho de que el nuevo gobierno no se formará antes de
final de año.
Desde
Italia, uno de los estados donde la industria agroalimentaria es poderosa, nos
llega la noticia de una muy probable oposición al glifosato. A finales de
abril, el ministro de Agricultura de Bélgica anunció que prohibiría la venta de
glifosato para uso privado, convirtiendo a Bélgica en último país en establecer
restricciones a nivel nacional.
La Red Alemana de acción
contra los Pesticidas (Pesticide Action Network, PAN) emitió hace unas semanas
un comunicado acerca de las graves preocupaciones planteadas por el proceso de
re-autorización del glifosato. Piden la divulgación del conjunto de los datos
disponibles y la re-evaluación de los informes. Un análisis de los informes
originales de la industria demuestra que el Instituto Federal de Evaluación de
Riesgos (BfR) alemán consideró sólo el 20% de todos los efectos de generación
de tumor en su evaluación original. Incluso en la evaluación final, la
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y la Agencia Europea de
Sustancias y Preparados Químicos (ECHA) obviaron ocho incidencias tumorales estadísticamente
significativas. La conclusión más importante es que la EFSA claramente no ha
examinado los datos en bruto, como ha afirmado. Si lo hubiera hecho, y hubiera
aplicado un test estadístico no propuesto por la industria (pero utilizado por
el IARC), habría encontrado mucho más aumento en los tumores tras exposición a
glifosato.
Hay que recordar el
reciente caso de los “Los Papeles de Monsanto”: la desclasificación hace unos
meses de determinados documentos internos de Monsanto (relativos al caso de las
personas con cáncer de sangre atribuido a su exposición al glifosato) demostró
las manipulaciones llevadas a cabo por la firma agro-química y su participación
directa en el trabajo de agencias que se suponían independientes. Esto ha
desacreditado el trabajo y la credibilidad de la Agencia Europea de Seguridad
Alimentaria, organismo que ha dado el visto bueno a la re-autorización del
glifosato.
Pese a todo, en España,
mucho nos tememos que el gobierno apoyará la continuidad del uso de este tóxico
en la UE. Nuestro país lleva décadas defendiendo los transgénicos y los
intereses económicos de la agricultura tóxica e industrial. Sin embargo la
ciudadanía no se queda con los brazos cruzados y existen iniciativas políticas
interesantes. Por ejemplo, el pasado 28 de septiembre el coportavoz y portavoz
adjunto de la comisión de Medioambiente del Congreso por Unidos Podemos,
Juantxo López de Uralde, registró una pregunta para saber cuál sería la
posición de España en la comisión de expertos y para preguntar qué medidas
adoptará el gobierno para prevenir los daños derivados del uso de esta
sustancia.
Debemos recordar una vez
más que los transgénicos y los pesticidas no pueden mejorar la alimentación en
el mundo sino todo lo contrario. Por una parte porque nadie ha demostrado que
las cosechas modificadas genéticamente y tratadas con potentes herbicidas sean
más productivas. Por otra, porque el empleo de sustancias tóxicas de síntesis
no hace sino poner en peligro la salud de las personas y la biodiversidad,
resultando en una menor resiliencia de los ecosistemas.
Además, la concentración de
la riqueza, de los medios de producción y de la capacidad de comercialización
deja cada vez en una situación de mayor vulnerabilidad a los más pobres del
planeta, empezando por los pequeños agricultores y los campesinos, que nos
alimentan desde hace miles de años y que son ahora además las primeras víctimas
de los procesos de concentración y fusión.
La solución pasa por el
desarrollo de la agricultura ecológica y de pequeña escala, por el libre
intercambio de semillas campesinas (seleccionadas y mejoradas desde hace
siglos), por la salida de la agricultura de los tratados de “libre” comercio y
de la OMC, por los circuitos cortos de comercialización, por la evolución hacia
unas dietas menos carnívoras y lácteas, por el cese inmediato de la
deforestación, por la soberanía alimentaria de los pueblos, por el control
estatal de las actividades de las grandes corporaciones, por la reducción de la
dependencia del petróleo, etc.
Considero que gran parte de
los usos de los herbicidas tienen que ver con el modelo agro-ganadero al que
nos lleva el actual modelo económico (y que nos lleva al desastre) en que prima
la rentabilidad de los intermediarios y de las grandes centrales de compra y
distribución, abocando al sector agrario a una forma de producción a menudo
irracional y agresiva para la naturaleza.
Existen muchas alternativas
a los herbicidas tóxicos. Las rotaciones de cultivo, los cultivos con mulching
vivo, los policultivos, los barbechos semillados, la combinación planta-animal
y la correcta gestión del pastoreo y de la materia orgánica. Además, muchas de
las plantas adventicias o acompañantes que pretendemos eliminar con herbicidas
son útiles e importantes en el ecosistema. Sobre todo con una buena gestión.
El glifosato no “se
descompone”, eso es lo que quiere Monsanto que usted crea. Y lo que ha
“comprado” el gobierno de España. La clase política española debe proteger a la
ciudadanía y al medio ambiente, prohibiendo este peligroso herbicida y abriendo
el camino hacia un futuro sin venenos.
Juan-Felipe Carrasco. Ingeniero
Agrónomo.
Coordinador
de la Iniciativa Ciudadana Europea “StopGlifosato” en España
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