domingo, 15 de octubre de 2017

ESPAÑA ¿QUÉ ES Y DESDE CUANDO?

Sobre el origen del nombre de España
El PP se apropia y falsea la historia de España
Comúnmente se admite que España viene del latino Hispania y que el nombre se impuso entre los romanos después de un periodo dubitativo entre el “Hispania”, de raíz supuestamente fenicia, y el “Iberia” de los griegos. Profundizando en el origen fenicio del nombre de Hispania encontramos la raíz SPN, (leído saphan, conejo), que da la significación de “Tierra de conejos”, amparándose en un texto de Catulo, que había calificado la península de cuniculosa, es decir, “tierra de abundantes conejos”. Sin embargo, el historiador y hebraísta Cándido María Trigueros, leyó en 1767, en la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, un artículo con el nombre “Memoria sobre el nombre de España”, preguntándose después de citar al menos a trece historiadores antiguos, y con textos en cinco alfabetos diferentes (latín, castellano, celtibero, griego, hebreo y siríaco), como era posible que ninguno de ellos reflejara o supiera que “Span” significara en las lengua orientales conejo. Deduciendo que ni unos ni otros relacionaron el animal con la tierra en que se criaba porque esta voz oriental no era el nombre de ningún animal. Y es que mal podían los fenicios tener en su idioma el nombre de un animal que no conocían. La explicación etimológica de Trigueros se basa en que, como el alfabeto fenicio-hebreo carece de vocales, se pueden hacer múltiples combinaciones. Además, tanto en caldeo como en hebreo bíblico, la palabra “sphan” significa “el aquilón” o “Tierra del Norte” y sería ese el nombre que dieron a España los primeros en desembarcar en nuestras costas pues eran gentes que venían del sur.
Los griegos de los siglos IX y VIII a C, que tenían asentamientos en la costa de Huelva, bautizaron aquellas tierras como “Iberia-Hiberia”, y el río Hiberus se identificaba con uno de los ríos onubenses. Eso es lo que se deduce de la Ora Marítima de Avieno y del Pseudo-Escimno de Chio, fechado en el siglo V a C. Para los asentados al Norte de las tierras levantinas, Iberia procedería de Iber-Ebro, y significaría “la Tierra del rio”. A su vez, el nombre histórico de una república del Cáucaso es Ivernia, la otra Iberia de la que hablara Herodoto. Pero también Siberia proviene del vocablo Tártaro “tierra del sueño”, siendo sus primeros pobladores míticos el linaje de Tubal, no en vano uno de sus principales ríos se denomina “Tobol” y su capital histórica Tobolsk.
El obispo Isidoro de Sevilla recogió una leyenda de Flavio Josefo en la que Tubal fue antecesor de los íberos y de Iberia. Según una leyenda vasca, Aitor, el primer rey vasco, es hijo de Tubal, reafirmándose el origen ibero del pueblo vasco. Según la mitología antigua, Tubal, tras haber fundado distintos reinos en la Iberia caucásica, pobló y creó el primer reino en la Península Ibérica, también llamada Iberia, donde engendró un gran número de reyes para la dinastía tubalita. El primero de sus hijos se llamaría Íbero, quien daría nombre a la Península y al río Ebro. Los cuatro reyes tubalitas que sucedieron a Íbero fueron Ibideba, Brigo, Tago –que dio nombre al rio Tajo- y Beto, al que debe su nombre el rio Betis, actual Guadalquivir, y Bética a las tierras colindantes.
Otras fuentes helenas se refieren a la península ibérica como Hesperia, termino relacionado con las “hesperales” o “vesperales”, esto es, “las vísperas”. Los griegos daban este nombre a la fabulosa región semidesconocida de poniente, que para ellos era lugar de inmensas riquezas. Algo así como la versión helénica del Edén. Algunos autores consideran Hispania como una deformación de Hesperia. Otros defienden una derivación del topónimo “Spal”, el más antiguo atribuido a Hispalis, Isbilya o Sevilla: Spal-Hispalis-Hispania-España. Teoría esta que defiende un origen más autóctono para el nombre de España.
Recientemente, el profesor Jozko Savli ha aportado topónimos de la zona de Eslovenia y el Véneto italiano para intentar demostrar que el nombre de España proviene de la raíz “Spane”, que define superficies llanas entre montañas. Según Savli, pueblos Vénetos habrían llegado a la península antes que los celtas, por lo que habrían legado este nombre a los sucesivos invasores. Por último, señalar la explicación Balto-eslava del origen de España como “unión”, así tenemos que en checo “spojeny” significa “unidos”, precisamente España nace como “unión” de reinos peninsulares.
Desde cuando somos Nación o Estado
Si difícil es ponerse de acuerdo en el origen del nombre más lo es en aceptar desde cuando es España una nación o el Estado que conocemos.
Rajoy y el PP sitúan el nacimiento del Estado español en la época de los Reyes Católicos, a finales del siglo XV y principios del XVI, aunque el matrimonio de Isabel y Fernando no logró la unidad de España. El historiador y escritor de novela histórica José Luis Corral afirma “Los Reyes Católicos no fundan ninguna nación ni tan siquiera un Estado”, de hecho, “cuando muere Isabel, el 26 de noviembre de 1504, Fernando deja de ser rey de Castilla, ya que solo fue rey de Castilla como consorte de Isabel”. Con el reinado de Carlos I, la corona de Aragón, la de Castilla, la de Nápoles y Sicilia y el imperio alemán, incorporado con su llegada al trono, siguen teniendo sus propias normas y derechos, su propia fiscalidad y su propia moneda. Y debemos recordar que hasta el siglo XIX las coronas de Aragón y Castilla tienen monedas diferentes.
Según José Álvarez Junco, catedrático emérito de Historia del Pensamiento de la Universidad Complutense, Rajoy confunde estos conceptos y proyecta sus propios deseos en el pasado. Olvida que lo que define a una nación es un elemento subjetivo, esto es “grupos de individuos que creen compartir ciertos rasgos culturales y viven sobre un territorio al que consideran propio”, mientras que los Estados modernos son “estructuras político-administrativas que controlan un territorio y la población que lo habita”. Así, si por nación entendemos un ente etéreo que se lleva en el alma, Rajoy puede decir que la nación más antigua es la que él adora. Pero la idea de España como nación nace en el siglo XIX. Y si por nación entendemos un Estado-nación, con unas fronteras, que responden a un nombre y ese nombre es España, tampoco entonces sería la nación más antigua de Europa, insiste Álvarez Junco.
Al igual que Corral, Álvarez Junco tampoco cree que la España de los Reyes Católicos fuera un Estado-nación y la define como una monarquía confederal, un conjunto de señoríos, como prueba el “complejísimo escudo” que tenía. Una nación se ve representada por un animal, dos colores, tres colores, en definitiva, un símbolo sencillo, dice el historiador, pero el escudo de los Reyes Católicos es “un aglomerado de territorios y señoríos”.
Para Álvarez Junco, si hablamos de nación moderna, de un conjunto humano compacto que se declara soberano sobre ese territorio habría que remontarse a las Cortes de Cádiz, constituidas en 1810. José Luis Corral cree, en cambio, que el Estado español, tal y como hoy lo conocemos, nace en 1978, ya que en 1972 el Sáhara Occidental era tan español como la provincia de Albacete.
No somos la Nación o el Estado más antiguo de Europa
Para Rajoy y el PP, la fecha origen de la nación-estado española es el reinado de los Reyes Católicos, que se remonta al siglo XV, pero que es difícil definir propiamente como “Reino de España” cuando los reinos que lo integraban seguían manteniendo sus costumbres y fronteras a pesar de contar con unos únicos gobernantes. Si damos por cierto que se casaron en 1469, subieron al trono de Castilla en 1474, al de Aragón en 1479, conquistaron el Reino de Granada en 1492, y Fernando, una vez muerta Isabel, incorporó el Reino de Navarra a la Corona de Castilla en 1512, cuesta también poner una fecha exacta para la creación de un único Reino. Durante el reinado de los Austrias, desde Carlos I, que fue el primero que utilizó el título de rey de España, hasta Carlos II, los distintos reinos españoles siguieron existiendo de forma separada pero compartiendo soberano, ejército y política exterior común. Fue el primer rey Borbón, Felipe V, que reinó entre 1700-1746, el que unificó los usos y costumbres de todos los reinos de España en uno solo.
Pero aceptando como buena la fecha propuesta por Rajoy y el PP, Europa ya contaba en el siglo XV con varios Estados como Francia, Dinamarca, Suecia, Noruega, Inglaterra, Hungría o Portugal. Nuestros vecinos lusitanos se habían independizado de la Corona de León en 1139, creando en esa fecha el reino de Portugal, la historia de Francia como Estado se retrotrae al siglo X, mientras que el principado de Andorra se constituyó en 1278, lo que hace de España el Estado más joven de sus vecinos, dejando en bastante mal lugar la afirmación de Rajoy, sus ministros y dirigentes del PP.
En ocasiones, el exceso de patrioterismo roza el paroxismo y se llega a afirmar, como hizo el exministro Margallo en una visita a EEUU, que somos la nación más vieja de la Tierra, porque nacimos en 1469. El exministro de Exteriores olvida un pequeño detalle, que cuando se celebró la boda entre Isabel y Fernando había en España otros reinos distintos: Enrique IV de Castilla, Juan II de Aragón, que también hacia de rey consorte de Navarra, y Mulay Hasan en Granada. Por entonces, Dinamarca ya tenía su bandera actual, algo que en España no llegaría hasta finales del XVIII, cuando Carlos III instauró una insignia que identificara fácilmente a los barcos españoles y que fue finalmente adoptada como bandera.


Plumaroja

jueves, 5 de octubre de 2017

PARLEM, HABLEMOS... EL ESTADO Y EL MONOPOLIO DE LA FUERZA

En estos días escucho con desasosiego a viejos dinosaurios defendiendo torpemente el régimen del 78. En su apasionada defensa son tibios o llegan a justificar el uso de la violencia para que nada cambie. Y lo hacen en tiempos en que lo conveniente es rebajar la tensión y situar al Estado ante su principal responsabilidad: garantizar las libertades y los derechos ciudadanos.
Una de las características del estado moderno es la idea, ampliamente asumida por la mayoría de los partidos políticos, de que el estado, como afirmaba Max Weber, es el depositario del monopolio de la violencia, es decir, del uso de la fuerza. Un monopolio sustentado, según afirman los defensores de tal idea, por el mandato recibido del contrato entre ciudadanía y estado al ejercer esta el derecho al voto en la elección de sus gobernantes.
Este principio es asumido mayoritariamente por los defensores del actual estado liberal, aunque afortunadamente crecen las voces críticas. Hannah Arendt, en su obra “Sobre la violencia”, es quién con mayor rigor argumenta que “nunca la violencia del estado puede justificarse violando derechos fundamentales de personas que ampara la propia ley”.
Si estamos de acuerdo con Arendt, y considerando que los estados y la comunidad internacional se han dotado de derechos refrendados en las constituciones y, a nivel global, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, cualquier violación de esos derechos contra grupos humanos por parte de un estado, sean minorías o una sola persona es condenable, pues se está violando el Estado de Derecho, que en todos los casos es garantista de los derechos individuales de las personas. Por lo tanto, si hay personas que se oponen mediante declaración o actuación a un ordenamiento, y esa protesta se efectúa de forma pacífica, nunca el uso de la fuerza del estado puede vulnerar derechos amparados por la propia ley.
Esto viene a cuento por lo sucedido el pasado 1 de octubre en Cataluña, cuando las unidades antidisturbios de Policía y Guardia Civil emplearon una violencia, a todas luces desproporcionada, sobre una ciudadanía que de manera pacífica había sido convocada a votar en un referéndum sobre la relación entre España y Catalunya. Se puede argumentar que la consulta no estaba autorizada y era ilegal pero ello no justifica el empleo de la violencia sobre personas que ejercían derechos amparados por la constitución española. Un empleo de violencia desmesurado que violaba derechos fundamentales como los de expresión, reunión y manifestación.
Cualquier intervención policial en un conflicto de orden público debe tener en cuenta dos importantes aspectos: que mida la necesidad de actuar y que se aplique siempre la proporcionalidad. La necesidad de actuar de la policía ante un conflicto que altere el orden público lo decide la autoridad pública y se ordena dependiendo de la gravedad de la transgresión. En el caso del pasado 1 de octubre, la necesidad existía pues la policía había recibido la orden judicial de impedir la votación y requisar las urnas. Pero policía y guardia civil debían haber guardado proporcionalidad frente a quienes querían ejercer un derecho de manera pacífica. Las imágenes sobre la actuación policial, que hemos visto en distintos medios, muestran que no se aplicó esa proporcionalidad al emplear una fuerza desmesurada que provocó decenas de heridos.
Releyendo “Sobre la Violencia” de Hannah Arendt, podemos concluir que de la violencia nunca surge el poder democrático porque este solo nace de la acción política, por lo que la violencia surge cuando hay ausencia de poder o cuando el poder está en peligro y se recurre a la violencia para implementarlo por la fuerza... Espiral que conduce finalmente a la ausencia de democracia. El análisis de Arendt es compartido por quienes defendemos la vía de la paz y la solución negociada de los conflictos, negamos al estado el monopolio de la violencia y que ésta se use contra nuestros derechos.
El grave conflicto que enfrenta al Gobierno de Cataluña, con el apoyo de una parte importante de la población catalana, frente al Gobierno central, también apoyado por una parte importante de la sociedad española, no se puede resolver mediante el uso de la fuerza. Demasiadas experiencias cercanas advierten que ese camino termina por enconar más el conflicto en lugar de resolverlo. Aprendamos de esas experiencias y hagamos saber a ambos gobiernos que la política es diálogo y negociación y la violencia el fracaso de la política y el poder. Hay distintas propuestas de intermediación en este conflicto que deben ser tenidas en cuenta y si Rajoy y Puigdemont no lo hacen deberían apartarse y no obstaculizarlas. Parlem, Hablemos…

Plumaroja

lunes, 2 de octubre de 2017

GLIFOSATO: EL POLÉMICO HERBICIDA DE MONSANTO

Campaña informativa sobre los riesgos del Glifosato para la salud
Hace décadas que se viene permitiendo el uso de glifosato, un peligroso herbicida de la multinacional Monsanto (la de los PCBs, el agente naranja o los transgénicos…, que está diseñando su futuro junto al gigante químico Bayer), para eliminar “malas hierbas” en los campos donde se cultivan nuestros alimentos, en las cunetas de nuestras carreteras, en las vías férreas, en las calles y en los parques de nuestras ciudades. Millones de personas se ven expuestos todos los años a esta sustancia tóxica: casi la mitad de la ciudadanía examinada presentaba este veneno tóxico en la orina.
En marzo de 2015 la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo clasificó como “probablemente cancerígeno” tras la publicación por parte de la Agencia de Investigación sobre el Cáncer (IACR) de un amplio estudio que demostraba que esta sustancia favorece la aparición de Linfoma No-Hodgkin en humanos y causa daños en el ADN, además de provocar cáncer en animales de laboratorio. En concreto, los estudios publicados por 17 expertos señalaban la relación de esta sustancia con 4 tipos de cáncer: hepático, riñón, páncreas y linfoma.
Además, este veneno está vinculado con otros efectos, tanto por su uso directo por parte de agricultores/as y operarios/as como por la exposición indirecta de la población: reproductivos (mayor frecuencia de abortos y defectos de nacimiento), neurológicos (mayor frecuencia de Parkinson) u hormonales (alteraciones endocrinas), entre otros. Por otra parte, los daños ambientales de esta sustancia, muy frecuentemente vinculada a los cultivos transgénicos, llevan siendo documentados desde hace dos décadas en aquellos países que han optado por su uso masivo.
En verano de 2016, después de una larga campaña impulsada por la ciudadanía, la Comisión Europea no consiguió renovar por diez años la licencia al glifosato…, lo hizo “solamente” por 18 meses, es decir hasta finales del presente año. Todo un gran logro para la sociedad civil y el medio ambiente, teniendo en cuenta la intensa actividad “política” de los grupos de presión de la industria química.
En junio de 2017, una coalición de más de 100 organizaciones presentó a la Comisión Europea más de un millón de firmas correspondientes a la Iniciativa Ciudadana Europea “StopGlifosato”, solicitando la no renovación de la autorización del glifosato (y de paso, la reforma del procedimiento de aprobación de plaguicidas y el establecimiento de objetivos de reducción del empleo de plaguicidas en toda la UE). Hay que reseñar que esto se obtuvo en menos de cinco meses, convirtiéndola en la Iniciativa de más rápido crecimiento desde que la UE introdujo esta herramienta en 2012. Esto demuestra que, si le dejan elegir, la ciudadanía europea no se deja engañar ni por los esfuerzos de la industria de los plaguicidas ni por la ciencia defectuosa que ésta está vendiendo.
Los próximos 5 y 6 de octubre se reúne un Comité de Expertos de los Estados miembros (Comité Permanente de Plantas, Animales, Alimentos y Piensos), en el seno del cual los estados miembros debatirán y votarán sobre esta re-autorización. Es una de las últimas oportunidades que tienen los estados de la UE para retirar este peligro del mercado. Desde Europa nos llegan muchas noticias sobre la intensificación del debate previo a esta reunión:
Austria con toda probabilidad se opondrá a la re-autorización, según ha afirmado el canciller Christian Kern, aunque la decisión final del Parlamento tendrá lugar el 3 de octubre.
En Francia, Nicolas Hulot, el ministro de la Transición Ecológica, se ha comprometido a votar en contra del glifosato. Además, Christophe Castagnet, portavoz del gobierno, anunciaba el pasado 25 de septiembre que el glifosato “y todos los productos similares que amenazan la salud de los franceses” se prohibirían en Francia antes de que termine el actual mandato del presidente Emmanuel Macron, en 2022. El Gobierno ha pedido a los Ministerios de Agricultura y de Ecología la elaboración de un plan para dejar de utilizar ese herbicida en beneficio de las “alternativas disponibles”.
En Alemania, país que se abstuvo en la última reunión del Comité Permanente (el pasado mes de julio), a priori la canciller Merkel está a favor de la renovación de la autorización, pero la situación es compleja debido al reciente resultado electoral y el hecho de que el nuevo gobierno no se formará antes de final de año.
Desde Italia, uno de los estados donde la industria agroalimentaria es poderosa, nos llega la noticia de una muy probable oposición al glifosato. A finales de abril, el ministro de Agricultura de Bélgica anunció que prohibiría la venta de glifosato para uso privado, convirtiendo a Bélgica en último país en establecer restricciones a nivel nacional.
La Red Alemana de acción contra los Pesticidas (Pesticide Action Network, PAN) emitió hace unas semanas un comunicado acerca de las graves preocupaciones planteadas por el proceso de re-autorización del glifosato. Piden la divulgación del conjunto de los datos disponibles y la re-evaluación de los informes. Un análisis de los informes originales de la industria demuestra que el Instituto Federal de Evaluación de Riesgos (BfR) alemán consideró sólo el 20% de todos los efectos de generación de tumor en su evaluación original. Incluso en la evaluación final, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA) obviaron ocho incidencias tumorales estadísticamente significativas. La conclusión más importante es que la EFSA claramente no ha examinado los datos en bruto, como ha afirmado. Si lo hubiera hecho, y hubiera aplicado un test estadístico no propuesto por la industria (pero utilizado por el IARC), habría encontrado mucho más aumento en los tumores tras exposición a glifosato.
Hay que recordar el reciente caso de los “Los Papeles de Monsanto”: la desclasificación hace unos meses de determinados documentos internos de Monsanto (relativos al caso de las personas con cáncer de sangre atribuido a su exposición al glifosato) demostró las manipulaciones llevadas a cabo por la firma agro-química y su participación directa en el trabajo de agencias que se suponían independientes. Esto ha desacreditado el trabajo y la credibilidad de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, organismo que ha dado el visto bueno a la re-autorización del glifosato.
Pese a todo, en España, mucho nos tememos que el gobierno apoyará la continuidad del uso de este tóxico en la UE. Nuestro país lleva décadas defendiendo los transgénicos y los intereses económicos de la agricultura tóxica e industrial. Sin embargo la ciudadanía no se queda con los brazos cruzados y existen iniciativas políticas interesantes. Por ejemplo, el pasado 28 de septiembre el coportavoz y portavoz adjunto de la comisión de Medioambiente del Congreso por Unidos Podemos, Juantxo López de Uralde, registró una pregunta para saber cuál sería la posición de España en la comisión de expertos y para preguntar qué medidas adoptará el gobierno para prevenir los daños derivados del uso de esta sustancia.
Debemos recordar una vez más que los transgénicos y los pesticidas no pueden mejorar la alimentación en el mundo sino todo lo contrario. Por una parte porque nadie ha demostrado que las cosechas modificadas genéticamente y tratadas con potentes herbicidas sean más productivas. Por otra, porque el empleo de sustancias tóxicas de síntesis no hace sino poner en peligro la salud de las personas y la biodiversidad, resultando en una menor resiliencia de los ecosistemas.
Además, la concentración de la riqueza, de los medios de producción y de la capacidad de comercialización deja cada vez en una situación de mayor vulnerabilidad a los más pobres del planeta, empezando por los pequeños agricultores y los campesinos, que nos alimentan desde hace miles de años y que son ahora además las primeras víctimas de los procesos de concentración y fusión.
La solución pasa por el desarrollo de la agricultura ecológica y de pequeña escala, por el libre intercambio de semillas campesinas (seleccionadas y mejoradas desde hace siglos), por la salida de la agricultura de los tratados de “libre” comercio y de la OMC, por los circuitos cortos de comercialización, por la evolución hacia unas dietas menos carnívoras y lácteas, por el cese inmediato de la deforestación, por la soberanía alimentaria de los pueblos, por el control estatal de las actividades de las grandes corporaciones, por la reducción de la dependencia del petróleo, etc.
Considero que gran parte de los usos de los herbicidas tienen que ver con el modelo agro-ganadero al que nos lleva el actual modelo económico (y que nos lleva al desastre) en que prima la rentabilidad de los intermediarios y de las grandes centrales de compra y distribución, abocando al sector agrario a una forma de producción a menudo irracional y agresiva para la naturaleza.
Existen muchas alternativas a los herbicidas tóxicos. Las rotaciones de cultivo, los cultivos con mulching vivo, los policultivos, los barbechos semillados, la combinación planta-animal y la correcta gestión del pastoreo y de la materia orgánica. Además, muchas de las plantas adventicias o acompañantes que pretendemos eliminar con herbicidas son útiles e importantes en el ecosistema. Sobre todo con una buena gestión.
El glifosato no “se descompone”, eso es lo que quiere Monsanto que usted crea. Y lo que ha “comprado” el gobierno de España. La clase política española debe proteger a la ciudadanía y al medio ambiente, prohibiendo este peligroso herbicida y abriendo el camino hacia un futuro sin venenos.
Juan-Felipe Carrasco. Ingeniero Agrónomo.

Coordinador de la Iniciativa Ciudadana Europea “StopGlifosato” en España

miércoles, 27 de septiembre de 2017

CARTA ABIERTA A LA IZQUIERDA ESPAÑOLA

El 82% de la población catalana apoya la celebración del referéndum
Compañeros y compañeras de la izquierda española, comparto con vosotros todo o casi todo: la confianza en que una sociedad mejor es posible, la justicia social como brújula de todo proyecto político, la convicción de que la libertad de cada uno solo es compatible con la igualdad y la libertad de todos. Estos valores universales, que dibujan el hilo rojo de la Historia --y de historias de compromisos y luchas, de razones y dignidades-- no entienden, por definición, de límites territoriales o de jaulas nacionales que pongan coto a su voluntad internacional(ista).
Es más, creo --como vosotros-- que el nacionalismo es una ideología absurda. Nosotros, los catalanes, nos llamamos así por un accidente cuasi geográfico que alguna vez fue politizado. Somos, como todas las naciones, una contingencia histórica. Si el fluir de los siglos nos hubiese llevado por otros cauces, ahora seríamos quizá árabes, o franceses --hipótesis las dos nada desatinadas si echamos la vista atrás--. Lo mismo, por supuesto, para España, la unidad de la cual se forjó mediante guerras, matrimonios aristocráticos y pactos oligárquicos. Si la combinación de aliados y enemigos hubiese sido otra, la España de hoy sería, también, radicalmente diferente. ¡Quizá --nunca lo sabremos-- España no existiría!
Los no-nacionalistas como nosotros, pues, entendemos que las naciones modernas no se basan en etnoculturalismos sacralizados, sino en voluntades agregadas de convivencia que se renuevan de tanto en cuando. Aquí, Antoni Puigverd se refirió a esta idea de forma magistral: “Cataluña como ágora y no como templo”. Genuinamente, el célebre pensador Ernest Renan lo teorizó a partir de la expresión “plebiscito cotidiano”. Bajo estas ideas, los catalanes de inspiración socialista o socialdemócrata creemos en una Cataluña plural que, a su vez, quería engarzarse en un proyecto compartido con el resto de españoles, y de hecho fuimos los que intentamos romper con la hegemonía nacionalista en Cataluña.
Los socialistas creíamos que Cataluña era una sociedad mayormente progresista, pero que la instrumentalización de la identidad catalana por parte de Convergencia y del nacionalismo conservador dificultaba la llegada de las izquierdas al gobierno de la Generalitat. Entonces llegó Pasqual Maragall con una propuesta de nuevo Estatuto --una propuesta, por cierto, a la que había renunciado Jordi Pujol a cambio del apoyo del Partido Popular a su investidura--. Se creía que el eterno victimismo del nacionalismo conservador, excusa para no ejercer las competencias propias de forma socialmente avanzada, podía acabarse si Cataluña conseguía un nivel de autogobierno indiscutible, libre de las injerencias arbitrarias y centralizantes del gobierno español.
En el memorable discurso de investidura que pronunció Maragall en 2003, el exalcalde olímpico expuso que no quería “presidir el gobierno de la protesta, sino el de la propuesta”, y que de hecho esta actitud inquietaba mucho más al entonces presidente Aznar que no las previsibles lamentaciones pujolistas, que cesaban cuando otro peix terminaba dentro del cove. El Estatut era una propuesta para Cataluña pero también para España. No se daban las condiciones políticas para cambiar la Constitución en un sentido federal, pero en la práctica podían conseguirse estos objetivos mediante la renovación del Estatuto, que a su vez era Ley Orgánica del Estado.
Pascual Maragall, expresidente de la Generalitat
Releer hoy aquel discurso de Maragall es obligado. El expresident, lúcidamente, avisó que “en caso de dilación indebida en su tramitación [del Estatut], en caso de no-tomada en consideración, en caso de impugnación o inadecuación substantiva del resultado final en la propuesta aprobada en Cataluña […], la ciudadanía catalana será llamada [nuevamente] a pronunciarse […] mediante el procedimiento de consulta general que se estime más adecuado”. Cuando el Tribunal Constitucional rompió unilateralmente el pacto constitucional en Cataluña y laminó el Estatuto que había sido aprobado previamente por los catalanes en referéndum, Maragall ya estaba muy lejos de la primera línea política. Pero hoy sus palabras suenan proféticas: la ciudadanía de Cataluña tiene derecho a volver a pronunciarse sobre su relación con el Estado.
Esto fue en 2010. Han pasado ya siete años --casi ocho-- en los cuales nos rige en Cataluña un Estatuto que no hemos votado, sufriendo la abierta hostilidad del Partido Popular y un silencio inaceptable por parte del Partido Socialista. La sentencia contra el Estatuto cerró cualquier posibilidad de avanzar hacia el federalismo en el actual marco constitucional, y la respuesta política de la izquierda española fue redondear y homogeneizar un Estado de las autonomías --más café para todos-- que ya había quedado obsoleto en Cataluña. Fue entonces cuando muchos catalanes de izquierdas y profundamente no-nacionalistas empezamos a simpatizar con el soberanismo.
Entendimos también que esto no era tan sólo una cuestión puramente nacional, sino que la primera oleada a favor del derecho a decidir se mezcló con la experiencia del 15M y con la indignación social en medio de los peores años de la crisis. La combinación de estos elementos dejaron en cueros al régimen del 78 y comprendimos, entonces, que las instituciones de las cuales nos dotamos durante la transición ya no eran útiles para encarar los principales retos de nuestra sociedad. La apertura de un proceso constituyente que pasara necesariamente por el reconocimiento de la autodeterminación de las nacionalidades y por una profunda renovación de las estructuras sociales, políticas y económicas del Estado era el único modo de reenganchar a una mayoría ciudadana en Cataluña.
En este sentido, desde 2012 el Congreso de los Diputados ha rechazado casi 20 veces un referéndum pactado. Se hizo un proceso participativo en 2014 donde fueron a votar 2,3 millones de personas, y desde hace seis años salen a la calle más de un millón de gentes cada 11 de septiembre en Cataluña. Jurídicamente el pacto constitucional saltó por los aires con la sentencia del Estatuto, y políticamente no ha habido ningún interés por rehacerlo, o en su defecto, por ratificar el consentimiento de los catalanes y catalanas ante la situación actual mediante una consulta. El consentimiento es la base de la legitimidad, y por su ausencia la legalidad española en Cataluña se encuentra hoy en una situación tan precaria.
¿Dónde está, pues, la legitimidad? En el 80% de catalanes y catalanas que quieren decidir el futuro de su país en referéndum --esta cifra sube ya al 82% según El País, poco sospechoso de soberanista- y en el 60% que está de acuerdo en iniciar un “proceso constituyente catalán propio y no subordinado” --cito resultados electorales y la declaración política de Catalunya Sí Que Es Pot, a la que hay que sumar el independentismo explícito de Junts pel Sí y la CUP--. La convocatoria del 1 de octubre es la única herramienta política que se ha puesto sobre la mesa para solucionar el embrollo, y se ha avanzado por la vía del unilateralismo a causa de la incomparecencia de la otra parte. Con todas sus insuficiencias y contradicciones.
Creo, honestamente, que lo que deseáis para España ha empezado en Cataluña. El candado del régimen del 78 se puede romper aquí, con la apertura de un proceso constituyente de base ciudadana. Esto lo queríamos hacer conjuntamente con el resto de España --y como nuestros valores no tienen fronteras, también lo queríamos y queremos hacer para construir otra Europa--, pero resulta que la ventana de oportunidad política se ha abierto aquí. La maldita polarización, además, nos lleva a escoger entre la República catalana y un Reino de España que nos envía jueces, fiscales, guardias civiles y discursos que nos retrotraen al blanco y negro.
No nos hagáis esperar décadas hasta que ganéis las elecciones por mayoría absoluta, ni nos señaléis repetidamente la contradicción --real, por otra parte-- de que haremos todo esto de la mano de la derecha catalana, cuando para cambiar la Constitución hacen falta 2/3 de ambas cámaras, y para hacer eso se hará siempre imprescindible la concurrencia del Partido Popular. Además, compañeros, no todo es conseguir el poder electo. Estos días hemos podido comprobar una vez más la existencia de una oligarquía --o casta-- pegada a las instituciones del Estado, cuya cultura política no terminó de hacer la transición.
Durante décadas, y como mínimo en los últimos 150 años en que las izquierdas españolas y catalanas se han dado la mano para la transformación del Estado, las preguntas se las ha hecho la periferia, y así también ha ocurrido con todas las respuestas. El foralismo, el regionalismo, el federalismo y muchos otros movimientos surgen lejos de Castilla. “Envuelta en sus andrajos desprecia cuanto ignora”, cantaba Machado. Sepharad no ha querido cruzar los puentes del diálogo y, parafraseando a Maragall --el poeta--, no ha querido escoltar. Quizá España necesite una buena sacudida para empezar a hacerse preguntas. Y nosotros, luego, estaremos dispuestos --libremente y de igual a igual-- a ayudaros humildemente con todas nuestras respuestas.
Fraternalmente, un no-nacionalista catalán y de izquierdas que va a votar “sí”
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Carles Ferreira, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Girona y asesor del Ayuntamiento de Girona.

Este artículo se publicó en el blog del autor.

sábado, 23 de septiembre de 2017

LA QUINTA COLUMNA DEL PSOE

Javier Lambán y Susana Díaz
El azar ha querido que el nombre de la portavoz socialista en el Congreso de los Diputados describa la política oscilante del PSOE sobre Cataluña. Efectivamente, una margarita de la que se desprenden pétalos gubernamentales unas veces, y otras, pétalos oposición. Quizás sí, quizás no; tal vez sí, tal vez no; no pero sí, sí pero no, vaya usted a saber cuál es hoy la posición de Pedro Sánchez. Lo que sí es rotundamente cierto es que este es un septiembre aciago para el secretario general del PSOE. En esta quincena ha despilfarrado una buena parte del amplio capital político que había acumulado durante el primer semestre del presente año. De aquel no es no a Rajoy, a este no de los lunes, miércoles y viernes y sí de los martes, jueves y sábados. Pedro Sánchez aparece como un dirigente demediado, desinflado y paralizado justo cuando podría tener la Moncloa muy al alcance de la mano.
El Gobierno de Rajoy ha perdido la mayoría parlamentaria. La perdió cuando toda la oposición rechazó la respuesta penal como única política catalana, la ha vuelto a perder cuando Cristóbal Montoro ha tenido que aplazar la presentación de los Presupuestos por la negativa del PNV a secundar la represión preconstitucional contra los catalanes. Ningún grupo parlamentario, salvo Ciudadanos, cuña de la propia madera, apoya el estado de excepción de facto que mal aplica en Cataluña un gobierno torpe e incompetente además de corrupto y neofranquista. Urge, pues, echarlo y sustituirlo por una mayoría que ya existe, pero que aún no se ha podido formalizar como tal. Que estaría formada por PNV, PSOE, Unidos Podemos, Esquerra y PdCap y que haría viable una moción de censura. Encuentros políticos, como la asamblea de parlamentarios y concejales del domingo en Sabadell, bien podrían desembocar en la reedición de aquel pacto de San Sebastián de 1931, previo a la formación de un gobierno provisional democrático.
Sin embargo, es el PSOE de Aragón el que intenta obstruir esta cita, tal como el PSOE de Andalucía, mediante la indisciplina de cuatro diputados andaluces que rompieron el acuerdo socialista en la votación sobre el apoyo a Rajoy en la cuestión catalana, separa al PSOE de todo el resto de la oposición. El inquietante problema de Pedro Sánchez es esta Quinta Columna del PP en el mismo seno de su partido. Evidentemente, quienes ayer votaron a favor de que gobernara Rajoy, no están dispuestos a dejarle caer. Susana Díaz y Javier Lambán perdieron la batalla de las primarias, pero no la guerra como muy bien empieza a verse en Sevilla y Zaragoza. No es sólo un ajuste de cuentas personal, que lo es, sino de una línea política que apuesta por el PPSOE. Han vuelto a marcarle una raya roja que, de ser traspasada por Pedro Sánchez, previsiblemente generaría la aparición de un grupo parlamentario nacionalsocialista andaluz.
Se equivoca Sánchez si cree, como parece calcular, que después del 1 de octubre todo va a ser distinto de antes del 1 de octubre. El referéndum no es más que un mero pretexto. La cuestión de las cuestiones, como lo fuera a lo largo de 2106, es que hoy como ayer se encuentra con que son sus compañeros de partido los que se oponen a que vuelva hoy a intentar alcanzar la Moncloa en compañía de lo que siempre denominan como indeseables nacionalistas o chusma morada. Los quintacolumnistas le señalan que no hay más compañeros de viaje que Rajoy, Rivera, ni mejor vehículo que el PP y Ciudadanos. La crisis catalana acentúa el permanente drástico veto a Podemos y a Pablo Iglesias por cuanto defienden el derecho a decidir. No es, pues, ni Esquerra, el PNV o el PdCat, ni mucho menos la formación morada, el obstáculo para llegar a la Moncloa, sino que quien lo impide es la Quinta Columna del PSOE.
O Sánchez la descabeza o volverá a ser descabezado. Una mínima estrategia progresista, únicamente viable desde la unidad de las fuerzas democráticas, es inviable si continúa soportando la espada de la Quinta Columna sobre su cabeza. Es, desde luego, su última oportunidad política para hacer frente al chantaje quintacolumnista sumándose al resto de la oposición, casi todo el Congreso de los Diputados, en la denuncia de la involución autoritaria de un gobierno minoritario que se sostiene gracias a la palpable y siniestra labor de zapa del PP en el seno del grupo parlamentario socialista. O recupera la energía con la que venció en las primarias socialistas, con el apoyo de las bases, o el PSOE volverá a ser uncido al yugo del carro parlamentario del PPSOE. Continuar deshojando los pétalos de la margarita supondrá su muerte política.
Acostumbraba decir Bertold Brecht que hay gente que se masturba, gente que folla con condón y gente que se masturba con condón, que son los que siempre dudan para eludir la decisión. Lo peor que puede hacerse siempre en política es masturbarse con condón; esa es la tentación que siente hoy Pedro Sánchez. Y tiene que elegir. O lo uno o lo otro. O con la Quinta Columna o contra la Quinta Columna. O desata la cuerda de presos políticos que acaba de iniciar Rajoy o la anuda todavía más. Ahí tiene el buen ejemplo del Lehendakari Iñigo Urkullu dispuesto a arrojarle a la cara a Rajoy los treinta denarios– nada menos que unos cinco mil millones de euros– si persiste en darle otra vuelta más a la tuerca judicial sobre el cuello de toda la sociedad catalana a la vez que la priva de su inalienable derecho a decidir sobre su futuro. Si cae Cataluña, cae el resto del Estado español.

Fernando López Agudín

viernes, 22 de septiembre de 2017

PUERTOLLANO: LA MOCIÓN DE CENSURA DE LOS INCOMPATIBLES INCOMPETENTES

Ediles de IU, Ciudadanos y PP en el ayuntamiento de Puertollano
¿Qué objetivos pudieron llevar inicialmente a derecha e izquierda a ponerse de acuerdo para presentar una moción de censura que descabalgara al equipo de gobierno socialista en el ayuntamiento de Puertollano?
Objetivos políticos o de eficiencia en la gestión resultan difíciles de creer cuando en el otro lado de la mesa tienes al partido político que ha desmantelado la sanidad, la educación y los servicios básicos esenciales, que ha dejado sin cobertura a millones de desempleados y ha sido responsable directo de la crisis económica de Puertollano con su restrictiva política hacia las energías renovables. Por otra parte, la izquierda no debe compartir gobierno con un partido que tiene las manos manchadas por la corrupción, ha aprobado las leyes laborales más restrictivas y es firme partidario de las privatizaciones.
Es obvio que el objetivo de PP y Ciudadanos estaba más que claro: quitar la alcaldía a los socialistas y ganar entre bastidores lo que nunca fueron capaces de ganar en las urnas. Recordemos que Puertollano es la única gran ciudad castellanomanchega en la que nunca ha gobernado el PP.
En el caso de los concejales de IU, el objetivo parece haber sido más prosaico: conseguir la liberación para sus ediles desempleados. ¡Vamos, un sueldecito a costa de los presupuestos municipales que pagamos con nuestros impuestos! Y eso que uno de ellos podría sacarse sus buenos euritos con la caseta de ferias que el ayuntamiento autoriza al PCE pero que realmente es gestionada por su familia desde hace años.
No es la primera vez que el PP tienta a los concejales de IU para quitar la alcaldía a los socialistas de Puertollano. Ciudad Zariquiegui, defenestrada de la lista en las pasadas elecciones municipales, propuso en varias ocasiones a López Montero y Pérez Motilla presentar una moción de censura contra el entonces alcalde Hermoso Murillo. La portavoz del PP ofreció insistentemente la alcaldía a IU y siempre encontró el NO firme de los concejales de IU. Y no es que no hubiera actitudes prepotentes y suficientes vicios en el equipo municipal de Hermoso Murillo para censurarlos, pero los ediles de IU tenían muy claro que el PP no iba a mejorar la gestión socialista y que los programas municipales de PP e IU estaban en las antípodas.
Ahora, el PP ha querido ver una oportunidad en la debilidad ideológica e intelectual del grupo municipal de IU y ha estado muy cerca de conseguir lo que no consiguió Ciudad Zariquiegui. Les ha faltado ofrecer a IU la alcaldía, como hizo entonces Zariquiegui, para quitarle al PSOE una de sus plazas históricas. Y así, en la disputa de cómo se repartían los concejales liberados y quien ocupaba la alcaldía se han pasado todo el verano, hasta llegar al desencuentro final porque ninguno se bajaba de la burra de presidir las procesiones de la próxima semana santa y cortar la cinta en las ferias. Incluso se planteó repartirse la alcaldía en lo que queda de legislatura o hacer alcaldesa a la edil de Ciudadanos que no reside en la ciudad, pero ni aun así alcanzaron el acuerdo. Lo que resulta normal cuando no te cabe el ego en el cuerpo, más por estulticia que por cualificación.
Berlanga y Manchón han debido pensar que en el programa de gobierno iban a tener pocas o escasas diferencias y por eso no le han dedicado ni un minuto de su tiempo. Ellos estaban a lo que estaban, a ver quién se hacía con el bastón de mando y quién se quedaba con los puestos de consuelo. De la grave crisis social y económica que atraviesan las gentes de Puertollano ni una palabra, porque para eso ni están ni se les espera.
Ciertamente, lo de IU Puertollano es tragicómico. Los actuales responsables locales se hicieron con el control de la organización gracias al apoyo sectario de la envejecida y familiar agrupación del PCE. Para ello no dudaron en vulnerar los acuerdos de la ejecutiva local impulsando primarias fuera de plazo y viciando el resultado de una decisiva asamblea con votos de personas que no estaban presentes, y volvieron a viciar las primarias con más de 200 votos de personas ajenas a IU, muchas de ellas con vínculos estrechos a PP y PSOE (interventores y apoderados electorales, excandidatos, y militantes de ambos partidos participaron en las primarias de Puertollano). Todo ello gracias a que históricos dirigentes locales se pusieron de perfil y el PCE se volcó en controlar una asamblea de IU que siempre había defendido su autonomía política.
El resultado de aquello es el esperpento que acabamos de ver con la fracasada moción de censura (que ha sido bendecida por la dirección provincial y regional del PCE, espero que la dirección nacional les llame al orden y les abra el correspondiente expediente según lo establecidos en los estatutos federales: 4.- Se considerarán infracciones muy graves: a.) La reiteración en la comisión de faltas graves previamente sancionadas en firme. b) La suscripción o apoyo de moción de censura con otro partido o coalición o a iniciativa propia, Contraviniendo acuerdos establecidos por los órganos competentes de IU). Llama especialmente la atención que los ediles de IU han actuado de facto como socios de gobierno del PSOE apoyando la privatización del alumbrado y otras medidas contradictorias con el programa de IU, han aprobado los presupuestos municipales al actual equipo de gobierno, incluidos los de 2017, y semanas después les han querido presentar una moción de censura.
Todo sea por un sueldecito público. Si no podemos hacernos ricos con la política como proclamaba Zaplana, al menos que cobremos de ella. Lo cómico es que la incompetencia de los negociadores ha impedido el acuerdo, pero les ha permitido hacer el mayor de los ridículos y ser titular en la prensa nacional.

Plumaroja

miércoles, 20 de septiembre de 2017

1O. LO QUE FALTA Y LO QUE SOBRA

A quince días del pretendido referéndum en Cataluña las espadas siguen en alto. Ni Gobierno central ni Gobierno autonómico han sido capaces de iniciar un diálogo sólido y fructífero sobre las discrepancias que mantienen en torno al supuesto derecho a decidir de los catalanes sobre su futuro con el resto de los españoles. De un lado y otro se escuchan reproches sobre la dejadez mutua a la que han conducido ambas partes el conflicto y de un lado y otro observamos la misma cerrazón que nos ha traído hasta la incertidumbre final sobre lo que ocurrirá en la calle el próximo 1-O. Son las mejores excusas para enquistar los conflictos políticos.
Guardia Civil y Mossos en la sede de Economía de la Generalitat 
Cuando el soberanismo catalán dio un paso al frente e inició el procés yo me preguntaba por qué se iniciaba justo en el momento en que residía en La Moncloa el presidente de un Gobierno conservador y autoritario que, además, disponía entonces de mayoría absoluta. Pensé que la causa independentista había perdido el juicio. Pero, andando el tiempo, me di cuenta de que el reto no debía ser la independencia en sí misma sino la tensión máxima del conflicto para doblegar al Gobierno central y obligarle a negociar una mejor posición para Cataluña en el escenario autonómico o, incluso, una nueva modalidad de asociación territorial no prevista todavía en la Constitución. Pero creo que el bloque soberanista subestimó el neofranquismo que invade al PP en cuestiones "patrias". Y una vez tensionada la cuerda, a pesar del inmovilismo de Rajoy, la causa soberanista ya no podía dar marcha atrás, ya no podía defraudar a millones de catalanes que, Diada sí, Diada también, salían a manifestarse pidiendo votar en un referéndum.
Creo que ambos bandos han jugado mal sus cartas. Excluido el derecho de autodeterminación (que aquí no cabe por no ser Cataluña un territorio sometido a colonización ni a violación sistemática de derechos humanos ni a limitación de la participación política) sólo cabía invocar el derecho a la secesión. Pero resulta que éste no es un derecho reconocido en nuestra Constitución, por lo tanto sólo una voluntad popular muy mayoritaria puede ejercer presión para conseguir dicho derecho o, al menos, un cauce para la expresión de dicha voluntad, es decir, un referéndum. Y esta fuerza es la que, a día de hoy, falta en Cataluña pues, como dije en un artículo anterior (http://www.nuevatribuna.es/opinion/franci-xavier-munoz/de-la-autonomia-a-la-autodeterminacion/20120913074957080958.html), sin una mayoría cualificada de voto popular (60-65% como mínimo) no se debe iniciar ningún proceso de separación territorial, ya que no hablamos de una mera elección parlamentaria que a los cuatro años se puede modificar sino de una decisión que compromete el futuro de millones de personas para varias generaciones. Si las leyes más importantes se aprueban con ese porcentaje de mayoría cualificada en los parlamentos, ¿cómo no exigir el mismo tipo de mayoría para la independencia de un territorio? Es cierto que el bloque soberanista tiene esa mayoría cualificada en el Parlament -por las correcciones a la proporcionalidad directa que introducen todos los sistemas electorales- pero no la tiene en voto popular, del que en las últimas elecciones autonómicas se cosechó un 48% para la opción independentista de Junts pel Sí y la CUP.
Ahora bien, dado que dicho porcentaje de voto popular se traduce en una mayoría absoluta de escaños parlamentarios (72 frente a 63) a favor de la causa soberanista, no es inteligente por parte de ningún Gobierno central refugiarse en la mera legalidad para desconocer o despreciar la voluntad popular abrumadora a favor de un cauce de expresión que dirima la cuestión de la independencia catalana para siempre (o, por lo menos, para unas cuantas generaciones). Ni inteligente ni democrático pues la libertad se defiende, precisamente, dando la palabra al pueblo y no reprimiéndola con legalismos o coacciones. ¿De qué sirve una ley democrática cuando una mayoría social le da la espalda? Esto es lo que está pasando en Cataluña, que una porción considerable de sus habitantes considera ya obsoleta la relación de su territorio con España y, ante la inacción de un Gobierno insensible y autoritario, sólo encuentra en la independencia la mejor opción de futuro para su destino. Y, al menos, quieren tener la opción de contrastar dicha opción con la contraria en un referéndum que dirima la correlación de fuerzas a favor y en contra de la secesión. Por tanto, lo inteligente y democrático sería lo que hizo David Cameron en Gran Bretaña, negociar un referéndum y hacer campaña por una de sus opciones. Y ganarlo, como lo ganó.
Ése es el coraje que le falta al Gobierno de Rajoy, un coraje que la derecha española sólo está acostumbrada a demostrar con la fuerza de la ley o con la ley de la fuerza, como nos enseña nuestra Historia contemporánea. El PP ha perdido una ocasión de oro para demostrar su compromiso con la democracia y para desprenderse de ese pasado franquista que lo persigue allá donde vaya. Nuestra Constitución, en su artículo 92, reconoce el derecho del Gobierno central a convocar referendos consultivos (es decir, no vinculantes) sobre decisiones políticas de especial trascendencia (y la cuestión catalana lo es) en los que todos los ciudadanos (sin concretar de qué ámbito territorial) puedan expresar su opinión a la pregunta o preguntas realizadas. Es decir, el redactado literal de dicho artículo permite la interpretación adecuada para pactar en el Congreso de los Diputados un referéndum para Cataluña que incluyera, además de la independencia, otras opciones de encaje en España. Cualquier gobernante lúcido y osado aprovecharía una ocasión como esa para demostrar su convicción democrática y, sobre todo, su compromiso por la solución de los problemas. Estoy seguro de que haber pactado la convocatoria del referéndum hubiera sido la mejor opción para éste y para cualquier otro Gobierno español. Todos los partidos habrían hecho su campaña, explicando los pros y los contras; el Gobierno de Rajoy, a través del PP catalán, podría haber ofertado mejoras a los catalanes y, en cualquier caso, si hubiera ganado la opción de la independencia, que lo dudo, el referéndum no sería vinculante, lo que habría puesto a trabajar inmediatamente a ambas partes para encontrar un encaje satisfactorio a Cataluña en el marco de la actual Constitución o en el de una nueva o reformada o, incluso, como Estado asociado. En cualquier caso, repito, creo que en una campaña organizada y bien explicada, y con los recursos con los que cuenta el Gobierno central -incluyendo a casi todos los medios y líderes europeos- el referéndum lo habría ganado la opción autonomista o federal y no la independentista, como ocurrió en Escocia. Pero ya nunca lo sabremos porque a Rajoy le sobra lo peor de la derecha española y le falta lo mejor de la derecha europea. 
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FRANCÍ XAVIER MUÑOZ


lunes, 18 de septiembre de 2017

LA QUIMERA DEL AGUA. TRASVASES VERSUS DESALADORAS

Canal del Trasvase  Tajo-Segura
Corría el año 1991 cuando José Manuel Díaz-Salazar, alcalde de Daimiel, busco la ayuda de Juan Serna y Mario Gaviria, dos especialistas en investigación agraria y movilización social, para la elaboración de un plan de desarrollo sostenible que diera soluciones a Daimiel y su comarca ante la grave sobreexplotación del Acuífero 23. El resultado de aquel trabajo quedó plasmado en el libro La Quimera del Agua: Presente y futuro de Daimiel y la Mancha occidental.
Aquel plan fue origen de distintas iniciativas europeas que, complementadas por los gobiernos socialistas de Castilla La Mancha, terminaron por convencer a los agricultores de la comarca sobre los beneficios del uso eficiente y sostenible del agua. Amén de los beneficios socioeconómicos para la comarca (fijación de población, impulso a la actividad económica y creación de empleo…), los medioambientales permitieron la recuperación del acuífero y la pervivencia del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. Todo aquello fue posible porque ciudadanía, gobiernos locales y gobierno regional entendieron que solo había un camino posible: pensar en el agua como un recurso escaso e imprescindible para las generaciones futuras.
Muy al contrario, en el debate sobre el Trasvase Tajo-Segura, las comunidades de regantes levantinas y murcianas aspiran a consumir el último litro de agua que corra por el canal del trasvase. Esto es así porque cuando se habla de agua, el PP no tiene pudor en recurrir al maniqueísmo, los argumentos de trazo grueso o, sencillamente, la demagogia para calmar la inagotable sed de las comunidades de regantes levantinas y murcianas. Por ello, siempre alimentaron la solución de los trasvases, incluido el Ebro como futura alternativa al Tajo, y rechazaron las desaladoras.
Estas formas de atizar las pasiones, de simplificar los conflictos hasta convertirlos en un enfrentamiento entre buenos y malos y de arrogarse la razón en nombre del pueblo, convertido en un colectivo homogéneo que no admite matices, no son nuevas en el PP. Sus máximos dirigentes han practicado ese populismo contundente y desacomplejado en muchas ocasiones, con resultados casi siempre lamentables, véase cómo está actualmente Cataluña después de la nefasta campaña del PP contra el Referéndum.
Valencia fue escenario de una de esas manifestaciones de populismo demagógico, fue en marzo de 2003. Allí se cocinaron 400 paellas gigantes y se repartieron 120.000 raciones de arroz entre los asistentes a un acto convocado al grito de ¡Agua para todos! La gigantesca campaña mediática pidiendo trasvases desde el Ebro fue regada con abundante dinero público por las instituciones valencianas, controladas por el PP, mientras las comarcas del sur de Cataluña protestaban masivamente contra el posible trasvase del Ebro.
La victoria inesperada de Zapatero en las elecciones generales de 2004 trastocó el negro panorama que se había diseñado ya que una de sus primeras medidas fue derogar el proyectado Plan Hidrológico Nacional, pero no aflojó el insulto fácil de la derecha española. Al contrario, todo aquel que estuviera en contra del Plan Hidrológico o pusiera objeciones a los trasvases pasó a ser un ‘mal español’ o un ‘enemigo acérrimo del progreso’. Una de las víctimas de aquella violenta campaña fue la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, que puso en marcha, como alternativa a la conflictiva y superada política de trasvases entre cuencas, un ambicioso programa de construcción de desaladoras para hacer frente a la sequía. Fue denostada hasta extremos delirantes por los dirigentes del PP y el lobby hídrico levantino y murciano, al que financiaron generosamente con subvenciones sus campañas propagandísticas.
Planta desaladora de Torrevieja (Alicante)
¡Si el PP gana las elecciones, no habrá desaladoras!, profetizó el ínclito González Pons, en un acto en el que destacaron voces como las de Francisco Camps o Miguel Arias Cañete. Una década después, como las palabras se las lleva el viento, el Gobierno del PP destinaba 11,5 millones de euros a obras urgentes para poder ampliar el uso de seis plantas desalinizadoras en Alicante y Murcia, que suministran agua a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Entre ellas, la desaladora de Torrevieja, la más grande de Europa, cuya construcción boicoteó el PP desde la Generalitat Valenciana hasta extremos grotescos. Claro que, como hemos sabido después gracias a las investigaciones policiales, el PP encontró en tramas como las de EMARSA y ACUAMED fuentes de financiación en ‘B’ y para enriquecimiento de algunos dirigentes.
Ciertamente no hay soluciones inocuas a problemas como el de la escasez de agua y las plantas desalinizadoras no son una solución milagrosa porque consumen mucha energía y producen un agua más cara que la que están acostumbrados a pagar los regantes levantinos y murcianos. No olvidemos que los sobrecostes originados por la corrupción en la empresa ACUAMED, especialmente mientras fue ministro Arias Cañete, han lastrado innecesariamente las cuentas públicas. En el lado positivo, el impacto de la salmuera excedente sobre las praderas de posidonia que llevó a los populares a calificarlas como “las nucleares del mar” (otra vez González Pons), se ha resuelto en buena medida gracias al uso de difusores.
Pero lo que ya nadie discute es que si se puede hacer frente a la sequía, especialmente para dar de beber a las ciudades de un litoral superpoblado, es gracias a que en su momento se hizo una política racional, es decir, se actuó sin dejarse amedrentar por la descalificación permanente. También, porque los que esgrimieron aquella demagogia, como suele ocurrir, acabaron actuando al volver al Gobierno como habían jurado y perjurado que no lo harían: invirtiendo en desaladoras.
Hubo un ejemplo muy claro de esta mezcla de violencia argumental, gestión corrupta de los recursos públicos y manipulación: la Fundación Agua y Progreso, creada por el gobierno de Camps nada más entrar Zapatero en la Moncloa y disuelta cuando Mariano Rajoy fue elegido presidente en 2011. Bastó que volviera el PP a mandar en Madrid para que se desactivara un engranaje de propaganda trasvasista en el que solo la Generalitat Valenciana gastó 7,2 millones de euros.
Ahora, la ideología trasvasista se desgasta aceleradamente. La Comunidad Valenciana y Murcia intentan defender sus derechos sobre el Tajo-Segura frente a Castilla-La Mancha, pero el trasvase se hace cada dia más insostenible. Ante la falta de agua en los embalses de cabecera, los regantes del sur valenciano proponen una transferencia entre cuencas internas, la del Júcar-Vinalopó, intentando reabrir las heridas de una guerra entre levantinos que se saldó con el envío de agua desde una toma cercana a la desembocadura del Júcar, que no amenaza a la comarca de la Ribera ni al parque natural de L’Albufera pero que los regantes se empeñan en trasladar río arriba, donde sí lo haría. Son los últimos coletazos de una polémica del pasado ya que las desaladoras, al final, están ahí para resolver el problema del agua.
Un documento que firma, entre otras plataformas ecologistas, la Fundación Nueva Cultura del Agua sostiene: “Las sequías no se resuelven con medidas urgentes sino con prevención y planificación”. Y en esa línea se hace imprescindible poner fin a la herida ambiental y socioeconómica que supone el Trasvase Tajo-Segura y planificar el desarrollo en base a los recursos naturales disponibles en cada territorio. Medidas como la eficiencia, la depuración y la reutilización, apoyadas en la desalación del agua de mar deben ser la alternativa a cuatro décadas de abuso sobre el rio Tajo. Eso sí, entendiendo que el agua es un bien escaso del que depende la vida en todo el planeta y sobre el que ningún grupo puede tener privilegios.

Plumaroja

jueves, 14 de septiembre de 2017

EL CÁRTEL DEL FUEGO (I)

Los incendios que arrasan cada año la Península Ibérica se alimentan no sólo de oxígeno y madera, sino sobre todo de corrupción
Hotel El Cruce, lugar de reunión del Cartel del Fuego
Parece complicado relacionar los 64 muertos, 200 heridos y 53.000 hectáreas que sucumbieron a causa del incendio de Pedrógão Grande, en junio 2017, con una serie de reuniones informales convocadas cada año, desde 2001, por un grupo de empresarios españoles en el hotel de carretera El Cruce, en una salida de la Autovía de Andalucía, en Manzanares (Ciudad Real). En realidad parece complicado relacionar las muertes de Pedrógão, y la superficie calcinada por incendios en Portugal y España en lo que va de año —118.000 hectáreas sólo en Portugal—, con otra causa que no sea la ineptitud política, los intereses de empresas locales o pequeños propietarios de tierras, la plantación descontrolada de eucalipto o los pirómanos. Sin embargo, todo apunta a que los fuegos que arrasan cada año la Península Ibérica se alimentan no sólo de oxígeno y madera, sino sobre todo de corrupción.
Esta es la conclusión a que se llega si se estudian las investigaciones por corrupción en la adjudicación de contratos públicos de extinción de incendios realizadas en Valencia, Andalucía, Baleares, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Canarias, Cataluña y Aragón. En Portugal comienza a haber denuncias de casos similares, incluso con los mismos protagonistas que en España, interpuestas por particulares, por trabajadores de empresas públicas y privadas anti incendios. Incluso hay un proceso abierto desde 2015 que mantiene como imputado al exministro de Administración Interna portugués Miguel Macedo. Es un modus operandi que se ha extendido a otros países como Italia, Francia e incluso Chile, pero en todas existe un denominador común: todas llevan la marca España.
En 2001 comenzaron una serie de reuniones periódicas entre los administradores de cuatro grandes empresas españolas de extinción de incendios: Avialsa, Faasa, Trabajos Aéreos Espejo y Trabajos Aéreos Martínez Ridao. Con el tiempo, a estas se les unirían otras dos, Compañía de Extinción General de Incendios, S.A. —CEGISA—, que incluía el conglomerado de Inaer y ambas, hoy, como filiales del gigante Grupo Habock, y Transportes Aéreos Extremeños, S.L. Estas seis empresas forman lo que la Policía Judicial denomina el “Grupo 6”, de cuyas primeras reuniones saldría un sistema delictivo que atraería a un total de 14 empresas, agrupadas en la Asociación Española de Compañías Aéreas —AECA—, según el sumario que llegó, desde el juzgado de Instrucción Nº2 de Sagunto, en Valencia, a la Audiencia Nacional en enero de 2017.
En el auto de las diligencias previas elaborado por el juzgado de Sagunto, al que CTXT ha tenido acceso gracias a Armando Cáceres, de Ecologistas en Acción — organización personada como acusación en la causa abierta en Andalucía—, queda “suficientemente acreditada la existencia de una organización, englobada en el conjunto de catorce empresas asociadas en AECA, que (…) alteraban el precio de los concursos públicos tanto en relación a aviones de ala fija como de helicópteros, tanto a nivel nacional como autonómico, para o bien dejar desiertos los concursos, a los efectos de incrementar el precio de licitación, o acudiendo en la mayor parte de los concursos tan solo una empresa, por el precio máximo de licitación y por ende, adjudicándoselo por dicho importe, o presentando varias ofertas, de las que previamente eran conocedoras cuál iba a ser la adjudicataria, (…) y causando por ello un importante perjuicio económico para el erario público”.
Las catorce aeronáuticas llevan, presuntamente, casi veinte años vertebrando un sistema de manipulación fulminante de un mercado del que no sólo depende la supervivencia de bosques, parques naturales o reservas, sino también de casas, fincas, propiedades y vidas humanas. El auto del juez Héctor Ignacio Santamaría habla de un desembolso de más de 250 millones de euros en concursos manipulados en menos de 15 años, pagados por las administraciones públicas. Voces dentro del sector hablan de sobrecostes que a veces han incrementados los costes en un 30%, gracias a la colusión de varias empresas que han logrado poner al Estado contra las cuerdas, obligándole a retirar fondos de un lado para pagar los precios abultados de otro.
El Grupo 6 llegó a redactar y firmar un pacto de asociación en el que se acordaba “respetar las zonas en las que cada compañía tiene su área de influencia, así como los nuevos contratos que cada empresa consiga que salgan a concurso público”. Así reza en el documento redactado por la “Asociación”, firmado en una primera reunión en Palma del Río, localidad cordobesa donde se encuentra la sede de la mercantil Faasa, por Miguel A. Tamarit Campuzano —Faasa—, Vicente Huerta Domínguez —Avialsa—, Fernando Espejo Delgado —Trabajos Aéreos Espejo—, y Ángel Martínez Ridao —Trabajos Aéreos Martínez Ridao—, todos ellos imputados.
Los firmantes especificaron las áreas de influencia de cada empresa que el resto debía respetar: Avialsa en Valencia y Cataluña; Martínez Ridao en Mallorca, Castilla la Mancha, Andalucía y Galicia; Espejo en Canarias y Andalucía; Faasa en Castilla y León, y Cegisa —por medio de Inaer— en Portugal. El acuerdo firmado entre los gerentes de las empresas, cuyo acto fue filmado para asegurar su cumplimiento en un futuro, estipulaban el pago de una cuota para adquirir nuevas naves anti incendios, o para compensar a una empresa que hubiera perdido un contrato en una de sus áreas de influencia, ya fuera a manos de otra empresa fuera del cártel o de una perteneciente a éste. Los representantes de las 14 empresas investigadas en la causa iniciada en Valencia se enfrentan a acusaciones de pertenencia a organización criminal, alteración de precios en concursos públicos y delito continuado de falsedad en documento mercantil.
Diversos cargos públicos se enfrentan a su vez a penas por cohecho, delito de malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad en documento público y negociación prohibida a funcionario público. Entre ellos se encuentran: el exalcalde de Quartell (Valencia), Francisco Huguet, del Partido Popular —al que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal le achaca un enriquecimiento ilícito de alrededor de 800.000€ como alcalde de un municipio de 1500 habitantes—; su mujer, María del Carmen Peiró; el exconcejal del Partido Popular Emilio Máñez; el exsecretario del Partido Popular Valenciano, exconsejero y ex delegado del Gobierno, Serafín Castellano; el ex director general de Interior de Valencia, Pedro Hidalgo; un ex alto cargo de la consejería de Interior de la Generalitat Catalana, Ramón Dinarés Bosque; el ex jefe de contratación del Departamento de Interior de Cataluña, Xavier Palmés Cosido, y el ex jefe de la Sala Central de Bomberos de la Generalitat, Manel Bosch Serch.
Andalucía: el funcionario que tiró de la manta
Los casos investigados en casi todas las autonomías españolas se están unificando en una macrocausa en la Audiencia Nacional, pero para entender el fondo del problema hay que conocer las diferentes fuentes de las que se alimentaba, y se alimenta, el cártel del fuego. El primer caso que vio la luz en los medios de comunicación fue el denunciado en Valencia, en 2014, por un exgerente de Avialsa, Francisco Alandí. La trama se remontaba a 2012. Ese año, 9 meses antes de que Alandí dejara la empresa, éste contrató los servicios de un técnico informático para introducirse en el ordenador de otro gerente de Avialsa, el hoy investigado Vicente Huerta Domínguez. Sabía lo que buscaba, y dos años más tarde Alandí acudiría a la policía con los documentos privados que demostraban que Vicente Huerta había conseguido contratos por valor de 33 millones con el gobierno valenciano y la consejería de Sanidad de forma fraudulenta.
Y si bien en Valencia la primera denuncia surgió del ámbito privado —probablemente fruto de una venganza o de un intento de extorsión a Huerta por parte de Francisco Alandí—, en Andalucía lo hizo desde el ámbito público. El 9 de noviembre de 2015, Jaime González Díaz, funcionario del servicio de contratación de la consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, denunció una serie de irregularidades en los contratos firmados para el Plan Infoca 2015-2018 —plan de la Junta andaluza para la lucha contra los incendios en parajes naturales—, y ponía así la primera piedra para entender que el cártel del fuego no se había atrincherado únicamente, ni mucho menos, en territorio valenciano.
Después de 12 años trabajando para la Administración y de escuchar decenas de historias sobre corruptelas, “lo más grosero y descarado que la gente se pueda imaginar”, el funcionario público se decidió a acusar a algunos compañeros y, sobre todo, jefes de su departamento. Jaime González accedió a hablar con CTXT de su situación, de lo que significa enfrentarse a un gigante como la Junta de Andalucía, y sus palabras, su historia, suenan escalofriantes.
González afirma que en Andalucía la corrupción llega hasta las entrañas mismas del funcionariado, y en relación al llamado cártel del fuego asegura que “es la Administración de la Junta de Andalucía la que hace los trucos para que no se detecte el cártel. No es que no hagan nada en contra del cártel o le favorezcan incluso, sino que realiza una serie de actuaciones y omisiones ilegales para ocultar que la colusión se produce, como valorar criterios de solvencia como criterios de adjudicación para que las empresas se lleven algún punto, o no publicar en el perfil del contratante qué empresas se han presentado. En Andalucía no hace falta que se haga un cártel porque ya la Junta les da un cheque en blanco que va contra la más elemental normativa de contratación”.
Cuando acudió al Juzgado de Instrucción Nº8 de Sevilla, González denunció “irregularidades e indicios de posibles actuaciones delictivas”, lo que llevó a la Policía Judicial a confirmar, en el atestado de noviembre de 2015, que: “Se vislumbra cómo efectivamente las empresas que licitan en los distintos concursos del Plan Infoca —a la sazón Inaer, Sociedad Aeronáutica Peninsular, Trabajos Espejo, Saeta y Faasa Aviación— parecen responder a un patrón fijo de adjudicación, observándose por tanto indicios de colusión ilícita de empresas, o el equivalente en Derecho Penal: acuerdos para la alteración de concursos públicos”. La Policía Nacional pidió a la Junta la relación de subvenciones e incentivos recibidos por Faasa entre 2003 y 2015, ya que las sospechas apuntaban a que era esta empresa, con sede en Córdoba y al parecer anfitriona de las reuniones celebradas por el Grupo 6, la que encabezaba la trama en Andalucía.
“Yo he intentado buscar”, declara Jaime González a CTXT, “en qué puede beneficiarse la Administración dando 300 millones de euros a precios corrientes desde 2003 a Faasa y al resto de empresas solo por los medios aéreos del Plan Infoca. Son redes institucionales y formas de actuar, son modus operandi, ellos juegan con el grado de tolerancia de la gente, ven hasta dónde pueden llegar sin que salte el negocio, y luego tiran por ahí”. En efecto, el presupuesto de licitación de los cinco lotes del Infoca era de casi 70 millones de euros, y Faasa acabó por llevarse el premio gordo, el lote número 5, por valor de 43 millones.
González amplía el grado de corrupción a otros ramos de la administración, a todo lo relacionado con los contratos públicos, las subvenciones e incluso los famosos cursos de formación de la Junta. “Desde los sindicatos de bomberos al parecer no ha habido una buena acogida —para presentarse en la causa—, y eso que denuncian habitualmente que la Junta les escatima y les recorta en equipos, en material, en medios materiales y personales. Creo que todo viene motivado porque Juan Espadas, el actual alcalde de Sevilla (PSOE), cuando ejercía como alto cargo de la consejería de Medio Ambiente facilitó a la cúpula de estos sindicatos unas prejubilaciones muy generosas, financiadas por el fondo de reptiles que incumplían la legalidad, y que están siendo investigadas por la Justicia”.
Medios aéreos repostando 
María de los Reyes Flores Canales, la juez de la Audiencia Nacional que aceptó el caso por la “propia complejidad de la causa”, asegura en el auto que “se ha producido un daño patrimonial contra una multiplicidad de sujetos pasivos de las acciones imputadas, pues no sólo se daña el interés económico de cualesquiera otros competidores del sector, sino el funcionamiento de diversas administraciones e instituciones”. Muchas veces, el cártel llegaba a maniobrar para dejar los concursos desiertos, obligando así a las administraciones a elaborar nuevos concursos con mejores condiciones para las empresas. Esto implicaba dejar a los entes públicos sin medios para combatir los fuegos hasta que se redactaban, aprobaban y sacaban a concursos los nuevos contratos.
En diciembre de 2015, declaraba como imputado el jefe de la Mesa de Contratación del Plan Infoca, Antonio Martínez López. En enero de 2016 se enviaba copia de las diligencias al Juzgado de Instrucción de Sagunto, informando de que se estaban realizando investigaciones en Sevilla por un caso similar al investigado en Valencia, y se iniciaba la cadena de imputaciones, detenciones, registros y declaraciones judiciales en relación a la trama andaluza: Miguel Ángel Martínez Ridao y Miguel Ángel Martínez Bonilla, por Saeta; Antonio Miguel Román Guillén, por Sap Aviación; Manuel González Gabaldón, Héctor Tamarit Almagro, Miguel Ángel Tamarit Campuzano y Javier Ortiz Marín, por Faasa, y Fernando Espejo Delgado por Trabajos Aéreos Espejo. Más adelante las investigaciones se extenderían a las 14 empresas incluidas en la trama por la Audiencia Nacional.
Jaime González se enfrenta cada día al acoso de jefes y compañeros en una batalla judicial que se ha extendido a su vida laboral y personal. “Con el sistema que tenemos, establecido, no por los gobiernos autonómicos como te quieren hacer ver, sino por el Congreso de los Diputados y a pesar de la Constitución de 1978, la situación actual es que es mucho más fácil echarme a mí la calle con cualquier falsa excusa, por vana que sea, que echar a un corrupto, haga lo que haga”.
Como afirma Jaime González, a veces su peor enemigo es el pesimismo. “Cuando les acusan a ellos de llevarse, imaginemos, 90 millones de euros que es el importe del contrato de medios aéreos del plan Infoca para 2015-2018, el que está vigente y yo denuncié…, primero, en el juzgado no hay medios para impulsar una clase de acusación de ese tipo en el que hay involucrados tales cantidades y tales volúmenes de documentación; segundo, un abogado de la Junta experto en esos temas les defenderá a tiempo completo y de forma gratuita; tercero, los que se supone que están de tu parte son el juez y el fiscal, Y si el que va a estar de mi parte es el fiscal Moix —Manuel Moix— o De Llera —Emilio De Llera—, mejor que no te ayuden; cuarto, hay un límite temporal a las causas de corrupción que lo puso hace poco el Partido Popular; quinto, muchos están aforados y serán juzgados por jueces que ellos mismos han nombrado; sexto, los delitos del título XIX del código penal, delitos contra la Administración Pública, imponen unos tipos penales altamente inoperantes y poco sistemáticos. La prevaricación es el único delito del código penal que no tiene cárcel, solo inhabilitación, y séptimo, los pueden incluso indultar si todo lo de atrás no ha surtido efecto; de hecho es lo más corriente, me remito al BOE, de donde se extrae que la mayor parte de los indultos se producen por condenas de corrupción”.
Incluso existe otra causa paralela por las presiones y amenazas recibidas por González, admitida por la juez Flores Canales por acoso laboral. “En cuanto a la gente que está de mi lado”, asegura, “en mi causa se han personado tres entes: Ecologistas en Acción, CGT y Podemos. Los que no me van a apoyar son los que hayan pillado algo de los 300 millones de euros desde 2003 —yo tengo pruebas de que el contrato del INFOCA se realizaba desde 1994 al menos— a precios corrientes —sin actualizar— que estas empresas consiguieron solo por los amaños de los medios aéreos del Plan Infoca —sin añadir otro tipo de contratos ni otro tipo de ayudas como fondos de formación—. En Sevilla los contratos siguientes —2018 en adelante— los están planificando para que sigan igual”.
Investigados por la Audiencia Nacional
1.- AVIALSA, T-35, siendo el beneficiario el socio único, VICENTE HUERTA DOMÍNGUEZ, si bien, siendo partícipe en el mismo, FRANCISCO ANTONIO ALANDI ESCRG; 
2.- FUMIGACIÓN AÉREA ANDALUZA, S.A., (FAASA), representando a la misma, MANUEL GONZÁLEZ GABALDÓN, HECTOR TAMARIT ALMAGRO, MIGUEL ÁNGEL TAMARIT CAMPUZANO y, JAVIER ORTIZ MARTÍN; 
3.- COMPAÑÍA DE EXTINCIÓN GENERAL DE INCENDIOS, S.A., (CEGISA), que del mismo modo incluía a las siguientes; INAER AVIONES ANFIBIOS, S.A., INAER HELICOPTEROS, S.A., HELICSA HELICOPTEROS, S.A. y TRANSPORTES AÉREOS DEL SUR, S.A., representando a la misma, RUBEN MARIANO GARCÍA PASCUAL y JAIME ARQUE GINERNAU; 
4.- MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ RIDAO, no solo como empresario individual, sino del mismo modo respecto de MARTÍNEZ RIDAO AVIACIÓN, S.L., y SERVICIOS AÉREOS EUROPEO Y TRATAMIENTOS AGRÍCOLAS, S.L., en adelante (SAETA), representadas por aquél, y por MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ BONILLA; 
5.- TRABAJOS AÉREOS ESPEJO, S.L., representada por FERNANDO ESPEJO DELGADO; 
6.- TRABAJOS AÉREOS EXTREMEÑOS, S.L., compareciendo en representación de la misma, SANTIAGO EDUARDO GARCIA CID, en lo que se refiere a la llamada “Asociación” o “Grupo 6”, si bien, también gira en torno de las siguientes empresas, en cuanto a servicios de que le son accesorios; 
7.- ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE COMPAÑÍAS AÉREAS, (AECA), representada por Dámaso Castejón Amenedo; 
8.- HELICÓPTEROS SANITARIOS, S.A. representada por María José Cañete Sánchez; 
9.- COYOTAIR, S.A. representada por Francisco Lucas Muelas;
10.- SKY HELICÓPTEROS, representada por Josep Teno Pujol;
11.- HELICÓPTEROS DEL MARE NOSTRUM, S.A., representada por José María Montalt Saurí;
12.- TAF HELICOPTERS, S.L., representada por Josep Carol Quintán;
13.- HISPÁNICA DE AVIACIÓN, S.A. representada por Francisco Julián Ríos Campuzano;
14.- SOCIEDAD AERONÁUTICA PENINSULAR, (SAP AVIACIÓN SA), representada por Antonio Miguel Román Guillén

Daniel Toledo (Ctxt)

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