jueves, 5 de octubre de 2017

PARLEM, HABLEMOS... EL ESTADO Y EL MONOPOLIO DE LA FUERZA

En estos días escucho con desasosiego a viejos dinosaurios defendiendo torpemente el régimen del 78. En su apasionada defensa son tibios o llegan a justificar el uso de la violencia para que nada cambie. Y lo hacen en tiempos en que lo conveniente es rebajar la tensión y situar al Estado ante su principal responsabilidad: garantizar las libertades y los derechos ciudadanos.
Una de las características del estado moderno es la idea, ampliamente asumida por la mayoría de los partidos políticos, de que el estado, como afirmaba Max Weber, es el depositario del monopolio de la violencia, es decir, del uso de la fuerza. Un monopolio sustentado, según afirman los defensores de tal idea, por el mandato recibido del contrato entre ciudadanía y estado al ejercer esta el derecho al voto en la elección de sus gobernantes.
Este principio es asumido mayoritariamente por los defensores del actual estado liberal, aunque afortunadamente crecen las voces críticas. Hannah Arendt, en su obra “Sobre la violencia”, es quién con mayor rigor argumenta que “nunca la violencia del estado puede justificarse violando derechos fundamentales de personas que ampara la propia ley”.
Si estamos de acuerdo con Arendt, y considerando que los estados y la comunidad internacional se han dotado de derechos refrendados en las constituciones y, a nivel global, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, cualquier violación de esos derechos contra grupos humanos por parte de un estado, sean minorías o una sola persona es condenable, pues se está violando el Estado de Derecho, que en todos los casos es garantista de los derechos individuales de las personas. Por lo tanto, si hay personas que se oponen mediante declaración o actuación a un ordenamiento, y esa protesta se efectúa de forma pacífica, nunca el uso de la fuerza del estado puede vulnerar derechos amparados por la propia ley.
Esto viene a cuento por lo sucedido el pasado 1 de octubre en Cataluña, cuando las unidades antidisturbios de Policía y Guardia Civil emplearon una violencia, a todas luces desproporcionada, sobre una ciudadanía que de manera pacífica había sido convocada a votar en un referéndum sobre la relación entre España y Catalunya. Se puede argumentar que la consulta no estaba autorizada y era ilegal pero ello no justifica el empleo de la violencia sobre personas que ejercían derechos amparados por la constitución española. Un empleo de violencia desmesurado que violaba derechos fundamentales como los de expresión, reunión y manifestación.
Cualquier intervención policial en un conflicto de orden público debe tener en cuenta dos importantes aspectos: que mida la necesidad de actuar y que se aplique siempre la proporcionalidad. La necesidad de actuar de la policía ante un conflicto que altere el orden público lo decide la autoridad pública y se ordena dependiendo de la gravedad de la transgresión. En el caso del pasado 1 de octubre, la necesidad existía pues la policía había recibido la orden judicial de impedir la votación y requisar las urnas. Pero policía y guardia civil debían haber guardado proporcionalidad frente a quienes querían ejercer un derecho de manera pacífica. Las imágenes sobre la actuación policial, que hemos visto en distintos medios, muestran que no se aplicó esa proporcionalidad al emplear una fuerza desmesurada que provocó decenas de heridos.
Releyendo “Sobre la Violencia” de Hannah Arendt, podemos concluir que de la violencia nunca surge el poder democrático porque este solo nace de la acción política, por lo que la violencia surge cuando hay ausencia de poder o cuando el poder está en peligro y se recurre a la violencia para implementarlo por la fuerza... Espiral que conduce finalmente a la ausencia de democracia. El análisis de Arendt es compartido por quienes defendemos la vía de la paz y la solución negociada de los conflictos, negamos al estado el monopolio de la violencia y que ésta se use contra nuestros derechos.
El grave conflicto que enfrenta al Gobierno de Cataluña, con el apoyo de una parte importante de la población catalana, frente al Gobierno central, también apoyado por una parte importante de la sociedad española, no se puede resolver mediante el uso de la fuerza. Demasiadas experiencias cercanas advierten que ese camino termina por enconar más el conflicto en lugar de resolverlo. Aprendamos de esas experiencias y hagamos saber a ambos gobiernos que la política es diálogo y negociación y la violencia el fracaso de la política y el poder. Hay distintas propuestas de intermediación en este conflicto que deben ser tenidas en cuenta y si Rajoy y Puigdemont no lo hacen deberían apartarse y no obstaculizarlas. Parlem, Hablemos…

Plumaroja

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