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| Paraísos fiscales en la UE |
El próximo 5 de diciembre durante la reunión
del ECOFIN los ministros de finanzas de la UE deben adoptar la lista negra
comunitaria de jurisdicciones no cooperativas, es decir, la lista negra de
paraísos fiscales. Este proceso comenzó hace más de un año con 92 terceros
países -es decir, países no pertenecientes a la UE- que fueron seleccionados de
acuerdo con tres criterios generales. En primer lugar, se tuvo en cuenta la
transparencia, básicamente si estos países intercambian información en materia
financiera y tributaria con la UE. El segundo criterio general, era analizar si
los terceros países tienen regímenes fiscales perjudiciales, es decir,
elementos que permiten trasladar beneficios de forma artificiosa a modalidades
fiscales de baja o nula tributación. El tercer criterio general era el
cumplimiento de estas jurisdicciones con la agenda del proyecto de lucha contra
la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS por sus
siglas en inglés) de la OCDE, una agenda con 15 acciones a llevar a cabo para
asegurar que los beneficios tributan allá donde la actividad económica los ha
generado.
Los países seleccionados no incluyen a los
estados miembros de la UE ni a los países en desarrollo, por diferentes razones
políticas -en el caso de los países de la UE, que alberga vergonzosamente un
número elevado de paraísos fiscales- y razones técnicas/prácticas-en el caso de
países en vías de desarrollo-. El proceso de selección ya está completo y a fecha
de hoy sabemos algunos datos muy relevantes. Solamente 8 países de los 92
seleccionados no respondieron ninguna de las solicitudes de la UE. 53 de los
que sí contestaron, no cumplen con los tres criterios generales. El resto,
incluyendo a EE. UU., Canadá, Australia y Suiza, por citar algunos ejemplos
destacados, se considera que cumplen con los requisitos a pesar de las malas
prácticas en ámbitos como el secreto bancario de Suiza.
De los 53 incumplidores, algunos son países
con una imposición corporativa cero, la mayoría pequeñas islas del Caribe o del
Canal: Anguila, Bahamas, Bahréin, Bermudas, Islas Caimán, Guernsey, Isla de
Man, Islas Turcas y Caicos, Vanuatu, así como Jersey -al menos hasta 2015- y
las Antillas Neerlandesas -al menos hasta 2016-. Sabemos que el Reino Unido
está tratando de proteger a algunos de estos países y garantizar que no estén
en la lista negra.
Hace un par de semanas, la Unión Europea
envió una segunda ronda de cartas a 61 países -los 53 que incumplen los
criterios generales y los 8 que no respondieron- para notificarles que no están
cumpliendo los criterios de la UE en la elaboración de su la lista negra. Estos
países tienen hasta el 18 de noviembre para responder. Si responden con un
compromiso de cambiar su legislación quedarían fuera de la lista, a pesar de
que una declaración de compromiso es muy subjetiva y no tiene por qué suponer
que acaben en un plazo de tiempo razonable con todas sus actividades dañinas
para la economía europea.
Hay un paso previo al ECOFIN de diciembre. La
decisión final sobre la propuesta que llegará a ese ECOFIN, es decir, qué
países figurarán en la lista, debería tomarse el 29 de noviembre en una reunión
del Comité de Representantes Permanentes de los Gobiernos de los Estados
miembros (COREPER). En este órgano del Consejo están representados todos los
Estados de la Unión, y tiene funciones políticas y administrativas, es decir
que es la reunión preparatoria de la reunión con los ministros. La COREPER, sin
embargo, recibirá un borrador de propuesta, que elaborará unos días antes, el
22 de noviembre, el conocido como Grupo de Código de Conducta sobre fiscalidad
empresarial. Esta agrupación del Consejo es mucho más técnica y opaca, con la
cual desde el Parlamento Europeo mantenemos nuestro particular litigio desde
que salió a la luz el escándalo de los Papeles de Luxemburgo y se demostró que
algunos estados aprovecharon esta estructura opaca para dinamitar avances
legislativos en materia de justicia fiscal. Parece difícil que para esta
reunión del día 22 todos los países que han recibido los requerimientos de la
UE lleguen a tiempo con sus compromisos de reforma.
En cualquier caso, todo este camino debe
llevarnos hasta el día 5 de diciembre para alcanzar un acuerdo sobre la lista,
pero no lo habrá sobre las sanciones vinculadas al hecho de estar en ella, ya
que los países siguen sin acuerdo sobre qué sanciones aplicar. Luxemburgo, por
ejemplo, está claramente en contra de tener alguna sanción dirigida a los
integrantes de la lista negra. Nos consta que algunos países quieren que todos
los Estados miembros apliquen severas sanciones a los países integrantes de la
lista -por ejemplo, un impuesto sobre todo el dinero que sale de la UE hacia esos países-. En este sentido, se agradece la voz del comisario Moscovici que
durante la sesión plenaria de esta semana en el Parlamento Europeo ha pedido la
introducción de sanciones firmes de forma urgente. Pero un grupo de Estados
miembros más pequeños preferiría sanciones blandas -por ejemplo, medidas tan
irrelevantes como obligar a las empresas que operan en estos países a someterse
a auditorías-.
Así pues, existe el riesgo de que la lista
negra de la UE no sea muy ambiciosa, o bien porque muchos países queden
excluidos simplemente porque se comprometan a cambiar en el futuro o bien,
porque no se adoptan sanciones reales. El Reino Unido trata de proteger a sus
territorios de ultramar, esas pequeñas islas que operan desde hace décadas como
paraísos fiscales. Países pequeños como Luxemburgo o Malta que son auténticas
fábricas de esquemas fiscales fraudulentos quieren rebajar las sanciones. Y
todos los países han promovido una metodología de elaboración de la lista
completamente opaca.
Tenemos unas semanas para asegurar que este
proceso sea un éxito. Por eso es importante situar este debate europeo en la
agenda pública y dejar claro a los gobiernos de los diferentes estados miembros
que no aceptaremos un simple maquillaje. No aceptaremos una lista casi vacía ni
una lista que no vaya acompañada de importantes sanciones. No vamos a consentir
otro ridículo como el de la lista negra de paraísos fiscales la de la OCDE
donde solamente tenemos a un país: Trinidad y Tobago.
Ante un proceso tan importante, haría bien el
gobierno español en explicar a la opinión pública qué criterio está defendiendo.
Como siempre en este tipo de cuestiones su silencio es revelador de un falta de
ambición absoluta en esta materia.
Plumaroja
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