El Gobierno de Cospedal despedirá a "3.000 colocados del PSOE"
Por primera vez el PP de Cospedal se atreve a decir en voz alta que sus primeras medidas económicas supondrán el despido, de entrada, de al menos 3.000 personas. Lo hace este domingo el coordinador de Economía, Marcial Marín, en 'El País', donde confirma el cierre de hasta "el 75 por ciento de las empresas públicas de Castillla-La Mancha". En el mismo diario, la vicepresidenta y consejera de Economía, María Luisa Araújo, replica que la Junta no debe más de 700 millones a los proveedores, "un mes de retraso" y advierte de que el PP usa la palabra "bancarrota" para encubrir un "programa de recortes sociales".
"A corto o medio plazo vamos a cerrar entre el 50% y el 75% de las 95 empresas públicas, ya hemos comprobado cuáles duplican funciones", explica Marcial Marín en la entrevista con el rotativo madrileño donde confirma que se despedirá a los trabajadores porque, a su juicio, "en esas empresas trabajan 3.000 colocados, la mayoría de los cuales solo está ahí por tener carné del PSOE". A preguntas de la periodista Vera Gutiérrez Calvo, Marín detalla otras medidas, como "reducir un 50% los cargos de libre disposición y un 20% el gasto corriente, sin tocar educación, sanidad ni servicios sociales. En total podríamos ahorrar 1.100 millones a medio plazo", explica.
Este sábado Marín ya alertó --tras conocer los últimos datos de ejecución presupuestaria--, que la presidenta electa de la región, María Dolores Cospedal, va a recibir "la peor herencia de toda España", ya que ha estimado que el déficit real de la región ronda los 2.000 millones de euros, el 5,7 por ciento del PIB, cuatro veces más del máximo permitido para 2011 por el Ministerio de Economía, marcado en el 1,3 por ciento del PIB.
Marín lamentó además que tras las primeras reuniones celebradas para el traspaso de poderes e información, todos los consejeros se han limitado a hablar de temas políticos y logísticos pero nada de cifras económicas, "dirigiéndonos todos ellos a la consejera de Economía, ha informado el PP en nota de prensa.
De igual forma, dijo, el consejero socialista de Presidencia y Administraciones Públicas en funciones, Santiago Moreno, dice desconocer también el estado de las cuentas y que será la vicepresidenta y consejera de Economía y Hacienda en funciones "quien nos las ha de aportar".
LA JUNTA DENUNCIA "DESLEALTAD"
Lo cierto es que, ante las graves acusaciones vertidas por los dirigentes del PP, los responsables en funciones del Gobierno de Castilla-La Mancha han suspendido las reuniones que iban a mantener el próximo lunes con el Partido Popular, para el traspaso de poderes en la Junta de Comunidades, ante la "deslealtad" del PP al alarmar con "datos falsos" del estado de las cuentas públicas.
Así lo indicó el consejero de Presidencia, Santiago Moreno, que explicó que se han suspendido las dos reuniones previstas para el lunes para analizar con responsables del PP el traspaso de poderes en las consejerías de Ordenación del Territorio y Vivienda y Salud y Bienestar Social.
Así lo indicó el consejero de Presidencia, Santiago Moreno, que explicó que se han suspendido las dos reuniones previstas para el lunes para analizar con responsables del PP el traspaso de poderes en las consejerías de Ordenación del Territorio y Vivienda y Salud y Bienestar Social.
En su lugar, se celebrará una reunión informal de todos los consejeros en funciones del Ejecutivo autonómico, para estudiar la situación creada por la alarma generada por las afirmaciones del secretario general del PP castellanomanchego, Vicente Tirado, que ayer aseveró que la región está en "quiebra total" y que la Junta no tiene dinero ni para pagar las nóminas de los empleados públicos.
Moreno declaró que esta afirmación de Tirado es "rotundamente falsa", ya que él mismo le comunicó en la primera reunión de las seis que han mantenido que el dinero para el pago de las nóminas de los empleados públicos está garantizado.
También negó que sean ciertos los datos sobre la supuesta deuda que dio ayer Tirado, que habló de que la Junta debe a los proveedores 2.000 millones de euros, ya que no se basa en ninguna información real y contrastada.
También negó que sean ciertos los datos sobre la supuesta deuda que dio ayer Tirado, que habló de que la Junta debe a los proveedores 2.000 millones de euros, ya que no se basa en ninguna información real y contrastada.
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