Mercedes Arancibia
Mientras en las tertulias europeas se vaticina hoy que los días de Gadafi al frente de Libia están contados; mientras el mando operativo de la OTAN anuncia que la operación libia se prolonga de momento hasta septiembre, y mientras la ministra española de Exteriores pasa por Bengasi para llevar el apoyo del gobierno de Zapatero al Consejo Nacional de Transición Libio, es decir a la oposición, la agencia británica Reuters informa de que el Tribunal Penal Internacional (TPI) dispone de pruebas que demuestran que el coronel Gadafi ha ordenado a sus leales que recurran a la violación para intimidar a la oposición al régimen (escuchado en el canal de información continua France 24).
En mayo, el fiscal del TPI Luis Moreno-Ocampo dictó una orden de detención internacional contra Muamar El Gadafi, así como contra su hijo Saif al Islam y los cabecillas de la inteligencia libia Andullah y Senussi, por crímenes contra la humanidad.
La acusación de violación no es ninguna novedad. En abril, la embajadora estadounidense en Naciones Unidas, Susan Rice, aseguró que “los hombres de Gadafi están alimentados con Viagra”. Moreno Ocampo ha dicho ahora que, según sus informaciones, los casos de violaciones se elevan a varios centenares.
Libia no es el único país en que se ha utilizado la violación como arma de guerra. En Costa de Marfil, en los pasados meses, cuando el país estaba desgarrado entre los partidarios el antiguo presidente Laurent Gbagbo y los del presidente electo Alessane Ouattara, dos investigadores de Amnistía Internacional, Gaetan Mootoo y Salvatore Saguès, estuvieron investigando las violaciones cometidas por las milicias de ambos campos que aprovechaban la escalada de violencia para minar la moral de la población, atacándola físicamente: “Violan mujeres -confiaba entonces Saguès al digital Rue 89- desde niñas de 5 o 6 años hasta ancianas de 70. Y el hecho de que sean mujeres de todas las edades demuestra hasta qué punto hay interés en rebajar a la mujer, y a la comunidad en su conjunto”.
Los investigadores recogieron testimonios de víctimas de ambas partes, tanto de miembros de las Nuevas Fuerzas, que apoyaban a Ouattara, como de las Fuerzas de Defensa y Seguridad, leales al nuevo presidente. Con ellos, Amnistía Internacional ha publicado ya un informe previo de sus indagaciones.
En la República Democrática del Congo, el pasado mes de febrero condenaron a dos oficiales por violación. Pero no es habitual que ese tipo de agresiones se castiguen penalmente en África. Los delitos sexuales se suceden en medio de una indiferencia generalizada; tan solo se ocupan de denunciarlos algunas asociaciones de defensa de los derechos humanos. Sin embargo, para Saguès, “la denuncia es la única forma posible de poner término a este método ultraviolento de intimidación”.
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