NO HAY DEMOCRACIA REAL SIN DEMOCRACIA ECONÓMICA

“Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general” (Artículo 128 de la Constitución española)

El movimiento del 15-M ha puesto sobre la mesa un debate que se ha querido hurtar a la ciudadanía española durante los últimos treinta años: el de la imperfecta democracia existente en nuestro país.

Miles de personas claman en nuestras calles para exigir democracia real porque entienden, con razón, que no se sienten representados por el régimen bipartidista de hecho que la ley electoral vigente instituyó, principalmente, con el objetivo de excluir a la izquierda menos colaboracionista del escenario político. Porque entienden que la democracia es incompatible con la presentación de docenas de imputados en las listas electorales, con la opacidad en la financiación de los partidos, con la falta de control del patrimonio de quienes dicen servir a los intereses públicos, empezando por el del Jefe del Estado, o con las vergonzosas imágenes de parlamentarios ausentes de sus escaños mientras otros hablan cansinamente al aire. Y también, porque creen, porque creemos, que tampoco se puede hablar de democracia cuando la propiedad de los medios de comunicación se concentra cada vez más en manos de grandes grupos financieros o incluso de fondos especulativos para evitar que se conviertan en espacios para el debate público y a la información objetiva.

Reclamamos democracia porque creemos que no podemos hablar de que exista en España cuando tampoco la hay en una Europa que solo da preferencia a los mercados, que renuncia a ser algo más que un gran espacio de libertad financiera al servicio del capital y cuyos dirigentes se dejan dominar por los grupos de presión y poder dedicados a imponer las recetas neoliberales a los pueblos.

Reclamamos democracia  tratando de conseguir que los derechos políticos y la capacidad de decisión de todos los ciudadanos y ciudadanas sean exactamente los mismos, sin distinción. Pero, precisamente por eso, no debemos olvidar que será imposible que exista democracia real si no hay democracia económica, es decir si no se garantiza que todos los individuos, también sin distinción, disfruten de ingresos, medios y oportunidades suficientes para vivir y satisfacer con dignidad sus necesidades.

Las políticas económicas neoliberales que se vienen aplicando en los últimos treinta años constituyen de hecho una negación de la democracia porque generan unas condiciones de empleo y unos salarios tan bajos que condenan a millones de trabajadores y trabajadoras a la precariedad constante que les impiden vivir dignamente. Porque permiten que los bancos multipliquen sin límite la creación de deuda que esclaviza a familias y a pequeñas y medianas empresas. Porque han creado instituciones, como los bancos centrales independientes, que pueden mover palancas fundamentales de la vida económica de las que depende la distribución de la riqueza y el bienestar de la gente sin control alguno de los poderes representativos. Porque se han privatizado capital y empresas públicas a precios de saldo y sin debate social alguno sobre su conveniencia o ventajas; porque han restringido el gasto social privando a millones de personas de bienes colectivos de calidad para poner cada vez más servicios públicos en manos del negocio privado en contra de los deseos de la mayoría de la población, y porque han desarmado cada vez más a las instituciones públicas representativas cediendo su poder de decisión a los mercados y a grupos de presión para que así los grandes empresarios, los banqueros, los oligarcas del siglo XXI, impongan libremente su voluntad al resto de la sociedad. Y porque han aumentado escandalosamente la desigualdad, fortaleciendo el poder de las minorías más ricas y condenando al ostracismo cada vez a más millones de personas.

Y es fundamental tener en cuenta que si esta falta de democracia económica impide que se pueda hablar también de democracia política, la ausencia de ambas es la verdadera causa que ha dado lugar a las crisis que estamos viviendo, porque ha dejado sin control a las finanzas especulativas y a los banqueros que han cometido todo tipo de fraudes y engaños. Como, a otra escala, también es la causa de los grandes problemas económicos del mundo de nuestra época entre los que destaca la destrucción de nuestro medio natural, el hambre y la discriminación todavía sufren las mujeres y otros grupos de población como los inmigrantes.

Es completamente impensable, por lo tanto, que podamos resolverlos si no se avanza decisiva y realmente hacia la democracia económica. Y es una mentira gigantesca que se vaya a poder salir de la crisis, como dicen nuestros gobernantes, con reformas laborales y de las pensiones, con políticas de austeridad y con más privatizaciones que lo que hacen es agudizar los problemas que provocaron la crisis y limitar aún más la capacidad de decisión de la ciudadanía, es decir, la democracia.

En España carecemos de democracia económica y para disfrutarla es imprescindible un firme compromiso de Estado para garantizar el efectivo disfrute de los derechos constitucionales al empleo decente, al ingreso de suficiencia, a la salud, a la educación, a una pensión digna y a la vivienda. Si la democracia empieza por cumplir las leyes, exijamos que se cumpla la primera de ellas, la Constitución.

No podremos hablar de democracia real en España mientras haya una persona sin ingresos o con rentas miserables o sin poder ocupar una vivienda digna. Si queremos hablar de democracia hay que garantizar los derechos económicos y sociales básicos de toda la población y hemos de saber que si hoy día no lo están en nuestro país es como resultado de las políticas económicas que se vienen aplicando y que son las que hay que cambiar.

La historia y la experiencia de los países que han logrado más avances en esos campos nos muestra sin lugar a dudas que el disfrute de esos derechos no lo garantiza el mercado (restringiendo el gasto público y cediendo las escuelas a fondos especulativos, como en Madrid) sino que es imprescindible una potente intervención pública.

Y para poder llevarla a cabo es necesario, por un lado, una urgente Reforma Fiscal que dé equidad a nuestro sistema impositivo y un plan de lucha contra la economía sumergida y la evasión fiscal. Y, por otro, una potente estrategia de recuperación del ingreso y de la actividad económica.

Para lograr esto último es preciso, en primer lugar, disponer de financiación suficiente y para ello deben nacionalizarse las cajas y aquellos bancos que no pongan inmediatamente sus recursos al servicio de la actividad productiva -. Hay que frenar cuanto antes el nuevo expolio que la banca privada quiere hacer del sistema financiero español. En segundo lugar, deben volver al estado las empresas de interés estratégico para la economía nacional que en su día fueron privatizadas sin consultar a la ciudadanía y sin debate sobre sus ventajas o inconvenientes. Y, en tercer lugar, de deberá suscribir un amplio Pacto de rentas que garantice, por un lado, el incremento de la participación de los salarios en la renta nacional, que es un objetivo imprescindible para garantizar salir de la crisis recuperando la demanda y la actividad; y, por otro lado, incrementos de la productividad y reformas sustanciales en el modelo productivo que permitan que nuestra economía no se tenga que limitar a insertarse pasivamente en los mercados globales, como hasta ahora, en exclusivo beneficio de las grandes empresas. Para lo cual hay que empezar por derogar inmediatamente las medidas de recorte de derechos sociales y laborales adoptadas bajo la presión de los mercados financieros desde mayo de 2010 hasta la fecha.

Ante el problema de deuda que atenaza a nuestra economía, se debe auditar la deuda pública y preguntarle a la población si desea hacerse cargo de la que se ha contraído por irresponsabilidad de los bancos y las grandes empresas o como consecuencia de sus operaciones especulativas contra el estado español.

España tiene una opción: languidecer en un régimen bipartidista de democracia imperfecta que quita poder a la ciudadanía-, para dárselo a los mercados y que fomenta una economía dependiente, oligarquizada y destructora de empleo, de actividad y de riqueza ambiental y natural, o, como se está empezando a hacer en las calles, decir que no a la estrategia económica neoliberal que los poderes económicos y financieros impusieron a los políticos que gobernaron la salida (inconclusa) del franquismo.

Las mujeres y los hombres corrientes podemos cambiar el rumbo de la historia y podemos evitar que los poderosos impongan siempre a los demás sus intereses. Ahora se puede conseguir en España, y por tanto avanzar hacia la Democracia Real con democracia económica, si se cumplen dos condiciones. Una, que no se renuncie al poder que nace en las calles frente a los impostores que se empeñan en que los demás paguemos la crisis que ellos han provocado. Y otra, que la rebeldía se extienda, como ha empezado tímidamente a extenderse, al conjunto de la Unión Europea porque en ésta última, dominada como está por el poder neoliberal más fundamentalista, es donde se encuentra el eslabón hoy día más determinante de la cadena que nos está esclavizando.