Podría parecer que es una casualidad. Es decir, podría parecer que el escándalo que el PP ha montado en Castilla-La Mancha es una casualidad. Y que ahí va a acabar la cosa. Sin embargo, cuando se miran datos y hechos, aparece claro que no se va a acabar aquí el lío, y que tras la aparente “casualidad” hay una intención. O más de una. Por ejemplo, arrinconar al Gobierno central desde las Comunidades Autónomas y forzar así un adelanto de las elecciones generales. Por ejemplo, buscar una justificación para lo que viene: los recortes en gasto de servicios públicos “forzados” por la mala situación económica heredada.
Pero además Castilla-La Mancha no es cualquier Comunidad. Es sobre la que tanto el PSOE como el PP habían colocado la lupa durante la pasada campaña para, según los resultados, hablar de rotunda victoria o de “suave” derrota. Además, por si faltaba algo, el PP había aupado hasta la cabeza de su cartel en esta Comunidad nada menos que a Maria Dolores de Cospedal, su secretaria General, la dama de sonrisa de hierro que, todo indica, está detrás del diseño de toda esta operación de futuro de los populares.
La campaña tenía como primer argumento criticar la falta de cooperación del gobierno Barreda. Y empezaron por tensar el traspaso de poderes. En la ficción que crearon Dolores de Cospedal y su Sancho Panza particular, Vicente Tirado, secretario general del PP castellanomanchego, venía bien tomar el papel victimista; y en esa estrategia lo más conveniente era que el gobierno de Barreda no ayudara a hacer una transferencia pacífica. Lo habitual en estos casos es que el traspaso de poderes se realice una vez los nuevos cargos han tomado posesión. Ellos decidieron tensar la situación y no esperar: exigieron reuniones previas con todos los consejeros para conocer “cómo estaban las cosas”.
Lo ideal para su plan era que Barreda se hubiera negado a aceptar esos encuentros previos atípicos. Pero la apuesta resultó agua; el presidente manchego dio la orden a todos sus consejeros de verse con quien decidiera el PP, fuera éste quien fuera, para ir poniéndoles al día de la situación en cada consejería. Un gesto muy especial si se tiene en cuenta que el PP había hecho todo tipo de desplantes contra Barreda durante su mandato (incluidos varios abandonos del Parlamento mientras él hablaba), y aunque las personas que iban a representar al PP no fueran luego a ser los encargados de cada área.
Bueno, el plan A, el del victimismo, no resultó. No podían hacerse las víctimas y lanzar la sospecha por ese camino, pero no importaba. Había un plan B. Y así, dos días después de que el gobierno manchego aceptara los encuentros, Vicente Tirado, y otros dirigentes populares, pusieron en marcha una nueva estrategia: ahora había que decir que la Comunidad estaba en quiebra. O casi. Y eso hicieron; justo cuando iban a empezar los encuentros, los dirigentes populares comenzaron a conceder entrevistas en las que anunciaban, por ejemplo, que no se iba a poder pagar a los funcionarios. O que no se pagaba a las empresas. Que el futuro era malo, pero malo, malo. Y también negro, pero negro, negro. Y es que de hecho, el señor Tirado llegó a decir que el gobierno de Barreda ni pagaba la luz.
¿En base a qué datos se realizaban estas afirmaciones cuasi apocalípticas sobre el futuro de los manchegos si todavía no se había comenzado a realizar el intercambio de papeles que pudieran dar base a esas afirmaciones? ¿Tenían datos que probaran esas afirmaciones, les preguntaron los periodistas? Tirado y los demás dirigentes populares tuvieron que reconocer que no. Pero bueno, para eso quedaba otra salida: sus afirmaciones estaban basadas en las denuncias y los comentarios de “anónimos” funcionarios y empresarios.
Y así empezaron a darse cifras que nada tenían que ver con la realidad, pero que ahí quedaban sustentadas en apreciaciones de anónimos informantes.
La primera ficción, la más llamativa: la deuda era tan grave que no podría pagarse a los funcionarios. La realidad, la administración de Castilla-La Mancha tiene un gasto mensual en salarios para sus funcionarios de 270 millones de euros. Un pago que en realidad queda asegurado porque recibe del gobierno cada mes una transferencia de tributos de 350 millones de euros.
La segunda, la Comunidad debe 2.000 millones de euros, lo que la sitúa al borde del colapso. En realidad el gobierno de Castilla-La Mancha tiene una deuda de unos 700 millones de euros.
La tercera, Castilla-La Mancha tarda en pagar 600 días y lleva a la ruina a sus acreedores. La realidad es que el total de lo que debe la región a sus proveedores es de 416 millones de euros. Y, en lugar de 600 días, como por ejemplo sucede a muchos de los proveedores de la Comunidad de Valencia, la realidad es que está pagando en menos de 120 días. Es más, se trata de la segunda Comunidad Autónoma que menos tarda en pagar, y a finales de 2010 había cumplido con casi el 97% de sus facturas.
La cuarta, quizás la más enloquecida de las insinuaciones, se están llevando furgonetas llenas de documentos públicos para ocultar “la verdad”. Más allá de que existe un registro de entrada de documentos que hace casi imposible esa desaparición de documentos oficiales sin dejar huella, lo sorprendente es que ante el convencimiento de que se está cometiendo un grave delito los dirigentes populares en ningún momento hablaran de acudir a un juzgado a presentar una denuncia para que se investigara semejante comportamiento. Esto, en sí, sería casi un delito en quien va a asumir la responsabilidad de gobierno.
La quinta, en Castilla-La Mancha proliferan las empresas públicas como setas. En ellas el PSOE tiene 3.000 colocados “suyos”. La realidad es que en lugar de las 92 empresas públicas que afirma el PP que hay en la región, existen 24 que, cuando se aplique el nuevo Plan de Reordenación del Sector Público se reducirán a 13. Y que el número total de altos cargos en la Comunidad es menor de 250.
¿Lo que sucede en Castilla-La Mancha se va a quedar ahí? La pregunta se respondió de inmediato. Si durante el fin de semana los líderes populares castellano-manchegos realizaron sus “acusaciones”, a ellas el lunes se sumaron los de Asturias y Baleares. Es decir, menos en Aragón, donde quizás se distrajeron, en todas las Comunidades en las que se van a producir traspasos de gobiernos socialistas a manos del PP se repetía el mismo raca-raca: el PSOE deja Comunidades en quiebra.
Lo que no se decía era que sólo en Valencia, donde supera los 18.000 millones, la deuda es mayor que en las otras cuatro comunidades juntas. Claro, que en Valencia no hay traspaso de poderes, porque ahí quien gobierna es el popular, e imputado, Camps.
¿Por qué esta campaña? El Partido Popular gobierna en estos momentos en todas las Comunidades excepto en Cataluña, País Vasco, Andalucía y, de momento, Extremadura. También lo hace en muchas de las grandes capitales. El poder regional que tiene es enorme. Desde ahí puede dificultar de una manera crucial cualquier política que intente el Gobierno central. Y, por tanto, puede usar ese poder para buscar forzar un adelanto electoral que, en estos momentos, parece que aseguraría a Mariano Rajoy el acceso a la Moncloa quizás apoyado por una mayoría absoluta en el Congreso.
Pero además, a partir de que la idea de “quiebra” en las Comunidades cale, resultará mucho más fácil para el PP implantar la política de recortes en el gasto social que anticipan algunas medidas que ya han tomado donde gobiernan. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha, los libros en las escuelas públicas son gratuitos, o hay 45.000 personas que se benefician de la ley de dependencia; los funcionarios, siguen cobrando y no había perspectivas de que fueran a dejar de hacerlo. En Galicia, con el gobierno Feijoo se acabó con la gratuidad de los libros de texto; en Madrid y Valencia ha resultado muy difícil tener acceso a las ayudas por “dependencia”; en Murcia se ha recortado el sueldo a los empleados públicos…
Mariano Rajoy declaró la pasada semana, ante el empresariado catalán, que “tendremos el estado de bienestar que podamos permitirnos”. Pues eso, tiempo al tiempo.
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