Cada vez de manera más nítida, el Gobierno del PP demuestra su verdadero “talante” parlamentario. Y el “decretazo” sobre la reforma laboral, convertido en proyecto de ley para su paso por la Comisión de Empleo del Congreso de los Diputados, ha servido de perfecto “banco de pruebas”. El Gobierno de la derecha ha aceptado enmiendas a su texto inicial. Solamente 30 de un total de 656 enmiendas. De ellas, 17 de CiU, siete del PSOE, y 1 sólo de Foro Asturias, la formación política liderada por Francisco Álvarez Cascos que gobernó Asturias durante menos de un año…
José Luis Centella y Cayo Lara con Cándido Méndez y Fernández Toxo en las puertas del Congreso de los Diputados. ©IU
Pero, fundamentalmente, las que ha asumido van en la dirección contraria a la exigida en las calles por los trabajadores y las organizaciones sindicales. Terminan endureciendo más la “reforma laboral” y haciendo mucho más regresivo el contenido del “decretazo”, más acorde todavía de lo que era antes con los intereses de la patronal, a la que representa, y, por tanto, más alejado de los de los trabajadores…
Por ello, al conocer el resultado de esta apariencia de debate parlamentario, el coordinador federal de IU, Cayo Lara ha advertido que este texto, que será convertido en ley tras su paso por el Senado, “va a ayudar a dejar más paro que cuando el PP entró a desgobernar el país”. Para él, se trata de una auténtica “contrarreforma” que “tiene como único objetivo reducir salarios cargándose la negociación colectiva”. Cayo Lara ha situado en sus justos términos el panorama que se presenta a partir de ahora:”El Gobierno del PP continúa con su misma hoja de ruta; es decir, con una reforma laboral que es inútil, injusta y que los únicos efectos que está provocando son despidos más baratos, rebajas de salario y más paro”.
El máximo responsable de Izquierda Unida destacó que los datos del propio Gobierno son los de la “desesperanza” porque indican que en el año 2015 habrá más paro en España. Lara ha recordado también el escrito que hizo llegar recientemente al presidente del Gobierno, que aún no ha tenido respuesta alguna, y en el que IU pedía un “gran acuerdo nacional” por el empleo, un “plan urgente de lucha contra el desempleo” y otro frente a la desintegración social y la pobreza, mucho más necesario tras conocerse que en nuestro país ya son 2,2 millones los niños que pasan hambre o necesidades básicas, según datos de UNICEF.
El nuevo texto endurece aún más las condiciones de trabajo establecidas en el “decretazo”
Cayo Lara participó en la protesta convocada por los sindicatos CC.OO y UGT en el exterior del Congreso en contra de esta reforma. Y, posteriormente, y junto al portavoz parlamentario de IU, José Luis Centella, acompañó a los secretarios generales de las dos centrales sindicales mayoritarias, Ignacio Fernández Toxo (CC.OO) y Cándido Méndez (UGT), a entregar en el Registro del Congreso de los Diputados una carta de protesta contra la reforma laboral, que a su juicio “vulnera los principios democráticos de las relaciones laborales, imponiendo un arbitraje y obviando el V Acuerdo sobre Solución Autónoma de Conflictos (ASAC), acordado por empresarios y sindicatos.
CC.OO. y UGT han planteado ya un recurso de inconstitucionalidad por lo que consideran es una “vulneración del derecho a la negociación colectiva consagrado en el artículo 37.1 de la vigente Constitución y de las atribuciones reconocidas a la “Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos” y han valorado ante dicha Comisión el papel encomendado al ASAC como “vía para reducir la conflictividad a través del correcto equilibrio entre poderes empresariales y los derechos de negociación y consulta”.
En el escrito presentado en el Congreso de los Diputados, los sindicatos mayoritarios denuncian que el Gobierno de Mariano Rajoy ha designado al nuevo presidente de la CCNCC sin consulta previa a las organizaciones empresariales y sindicales”, con arreglo a lo que se establece en el artículo 4 del Real Decreto-Ley 2976/1983 que regula dicho organismo, y del que se enteraron por su publicación en el B.O.E. Y recuerdan que, desde la misma constitución de la Comisión, tal nombramiento se realizó siempre por consenso entre la Administración, sindicatos y empresarios. Para CC.OO. y UGT, este tipo de actuaciones del Gobierno del PP “supone un grave menosprecio de las funciones y competencias que el artículo 7 de la Constitución española reconoce a los sindicatos”.
Protesta de los sindicatos CCOO y UGT durante el debate parlamentario de la reforma laboral. ©JJ Delapeña
En la jornada de ayer en la Comisión de Empleo del Congreso, el Gobierno del PP sacó adelante un texto que acepta de manera más clara que el mismo “decretazo” las tesis de las organizaciones empresariales. Para ello contó únicamente con los votos de CIU, la coalición de partidos de la burguesía catalana. Concretamente, el nuevo texto fue aprobado con los 25 votos a favor del PP y de CiU y los votos en contra del resto de los diputados – 17 en total – que forman la mencionada Comisión de Empleo del Congreso: PSOE, Izquierda Plural, UPyD, PNV, Geroa Bai y BNG.
Retocada para peor, tras su paso por la mencionada Comisión de Empleo del Congreso, la reforma laboral será trasladada al Senado para su debate en la segunda cámara y, una vez concluido, regresar de nuevo al Congreso para su aprobación definitiva. Todo parece indicar que lo que Cayo Lara ha calificado de “contrarreforma laboral” terminará su tramitación parlamentaria antes de que finalice el próximo mes de junio.
El Gobierno aceptó únicamente 30 enmiendas de un total de 656 presentadas: entre ellas, 17 de CIU, la coalición de la derecha catalana, 7 del PSOE, y 1 de Foro Asturias
Básicamente, la “contrarreforma” contiene los siguientes puntos:
La prórroga automática de los convenios colectivos no renovados – la “ultraactividad” – queda reducida a un año tan sólo, frente a los dos que establecía el texto originalmente redactado por el Gobierno.
A su vez, el contrato de prueba en empresas con plantillas de menos de 50 trabajadores, en virtud del cual se puede despedir sin abonar indemnización alguna al trabajador, queda condicionado a que la tasa de desempleo se sitúe por encima del 15%.
El denominado “descuelgue” de los convenios, es decir la facultad reconocida a la empresa para dejar sin efecto lo pacto en convenio colectivo, será posible si la empresa suma dos trimestres consecutivos de caídas de ingresos ordinarios o ventas inferiores a las del mismo período del ejercicio anterior.
Las empresas podrán realizar despidos “por causas económicas”, sujeto a una indemnización de sólo 20 días por año trabajado, con un tope de una anualidad, cuando registren tres trimestres consecutivos de menores ingresos o ventas, comparados también con las del año anterior.
El empresario podrá disponer de forma unilateral hasta un 10% de la jornada laboral anual (que se traduce exactamente, en 180 horas), un porcentaje que duplica el 5% que rige en la actualidad. Y al empresario le bastará con informar del cambio al trabajador solamente con cinco días de antelación.
El tratamiento del absentismo como causa de despido se modifica, sin embargo, de forma que deberá superar el 5% de las jornadas hábiles durante un año, lo que significa 12 ó 13 ausencias. El texto anterior, preveía el despido por 8 faltas al año.
Como dice el refrán: no quieres caldo, pues toma dos tazas. Esta cuadrilla de miserables no van a parar hasta que vean cerca las elecciones, y para eso queda mucho.
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