No se puede empobrecer a la mayoría sin destrozar la democracia. Rajoy quiere gubernamentalizar (la justicia, la seguridad y la información) y privatizar (la sanidad, la educación y la protección social) los servicios públicos esenciales de la democracia.

Empezó el gobierno anterior con las redadas racistas. Diez millones de personas fueron sometidas durante el 2010 a identificaciones masivas, ilegales e indiscriminadas en las calles. Es una denuncia del Sindicato Unificado de Policía (SUP) que acusaba a Rubalcaba de “despreciar los derechos de los ciudadanos, impartiendo órdenes como si fuésemos la policía de una dictadura”.
Zapatero y Rajoy se pusieron de acuerdo para violar la Constitución, imponiendo una reforma para abrigar a los bancos y desnudar a los ciudadanos. Hay que pagar la deuda aunque se mueran los que no son responsables del endeudamiento. Y ahora el gobierno de Rajoy quiere criminalizar la resistencia social, triturando la democracia con una política de represión que utiliza las leyes, la justicia, la policía y la información para disparar contra los derechos y las libertades. Cree la derecha, ulcerada de franquismo, que el miedo le dará impunidad para que unos pocos acumulen lo que es de todos. Y pretende descomponer la democracia y bloquear a los sindicatos para contener la reacción contra el aumento de las desigualdades.
A la mayoría castigada por los seis millones de parados, un millón y medio de familias con todos sus miembros sin trabajo, más de la mitad de los jóvenes sin empleo, la precariedad laboral y las pensiones depreciadas, el gobierno de Rajoy la golpea ahora además con el repago sanitario, los impuestos más injustos, la subida de la electricidad y de los transportes, el aumento de las tasas universitarias, la reducción de las becas y la marginación escolar de los más vulnerables.

Quieren, como dice Eduardo Galeano, que la ley viva arriba y hacia abajo escupa. Y también que la policía olvide, aunque se lo recuerden desde Jueces para la Democracia, que es un servicio público para garantizar que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos y no una milicia privada al servicio de los privilegiados. Se apoderan además de RTVE y de las radios y de las televisiones de las comunidades autónomas para disolver la realidad con el ácido de la información envenenada.
En el desierto que pertenece a los saharauis, los jefes eran elegidos por su valentía, sabiduría y generosidad para asegurar la supervivencia y la felicidad de los suyos. La de Rajoy es una caravana de canallas.
Crónica Popular apoya la resistencia social contra el golpe de mercado y denuncia la represión que amenaza a la democracia.
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