No se puede empobrecer a la mayoría sin destrozar la democracia. Rajoy quiere gubernamentalizar (la justicia, la seguridad y la información) y privatizar (la sanidad, la educación y la protección social) los servicios públicos esenciales de la democracia.
El control social se impone aumentando el temor personal. Más arrogancia de la policía y peores intervenciones de los fiscales, más presos y peores condenas, en uno de los países de la Unión Europea con menos delitos.
Empezó el gobierno anterior con las redadas racistas. Diez millones de personas fueron sometidas durante el 2010 a identificaciones masivas, ilegales e indiscriminadas en las calles. Es una denuncia del Sindicato Unificado de Policía (SUP) que acusaba a Rubalcaba de “despreciar los derechos de los ciudadanos, impartiendo órdenes como si fuésemos la policía de una dictadura”.
Zapatero y Rajoy se pusieron de acuerdo para violar la Constitución, imponiendo una reforma para abrigar a los bancos y desnudar a los ciudadanos. Hay que pagar la deuda aunque se mueran los que no son responsables del endeudamiento. Y ahora el gobierno de Rajoy quiere criminalizar la resistencia social, triturando la democracia con una política de represión que utiliza las leyes, la justicia, la policía y la información para disparar contra los derechos y las libertades. Cree la derecha, ulcerada de franquismo, que el miedo le dará impunidad para que unos pocos acumulen lo que es de todos. Y pretende descomponer la democracia y bloquear a los sindicatos para contener la reacción contra el aumento de las desigualdades.
A la mayoría castigada por los seis millones de parados, un millón y medio de familias con todos sus miembros sin trabajo, más de la mitad de los jóvenes sin empleo, la precariedad laboral y las pensiones depreciadas, el gobierno de Rajoy la golpea ahora además con el repago sanitario, los impuestos más injustos, la subida de la electricidad y de los transportes, el aumento de las tasas universitarias, la reducción de las becas y la marginación escolar de los más vulnerables.
Para empobrecer así a la mayoría, tienen que asustarla e impedir que reaccione. Han anunciado que la resistencia será casi un sinónimo de terrorismo, que se aplicará la prisión preventiva como castigo anticipado y que el buen ciudadano será el que se proteja denunciando sin dignidad.
Quieren, como dice Eduardo Galeano, que la ley viva arriba y hacia abajo escupa. Y también que la policía olvide, aunque se lo recuerden desde Jueces para la Democracia, que es un servicio público para garantizar que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos y no una milicia privada al servicio de los privilegiados. Se apoderan además de RTVE y de las radios y de las televisiones de las comunidades autónomas para disolver la realidad con el ácido de la información envenenada.
En el desierto que pertenece a los saharauis, los jefes eran elegidos por su valentía, sabiduría y generosidad para asegurar la supervivencia y la felicidad de los suyos. La de Rajoy es una caravana de canallas.
Crónica Popular apoya la resistencia social contra el golpe de mercado y denuncia la represión que amenaza a la democracia.
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