sábado, 5 de mayo de 2012

EL AGUA EN VENTA


UPA y COAG, dos de las organizaciones profesionales agrarias que representan a explotaciones familiares y se alinean con postulados progresistas, acuñaron la expresión “aguateniente” para referirse a propietarios de grandes explotaciones agrarias que consumen ingentes cantidades de agua en sus cultivos industriales. Son personajes dedicados a múltiples negocios y residentes en grandes ciudades españolas que a veces ni siquiera conocen físicamente esas propiedades. Ellos son los principales beneficiarios del Real Decreto Ley aprobado este viernes en consejo de ministros.
Según la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, es el Estado el que asume las competencias hídricas, incluidas las de sanción, hasta ahora transferida a comunidades autónomas y confederaciones hidrográficas, para evitar duplicidades y solapamientos. Concretamente, se deroga la normativa anterior en materia de agua y se establece que será el Estado el encargado de asumir íntegramente la gestión y las competencias de policía hidráulica en las confederaciones hidrográficas de las cuencas hidrográficas intercomunitarias. Se argumenta que así se ganará en eficiencia y se reducirá la sobreexplotación de los acuíferos.
El Real Decreto también simplifica el régimen de calificaciones de los espacios protegidos, lo que afecta especialmente a la Red Natura 2000, para que los usuarios y municipios tengan claras las limitaciones y derechos que se pueden ejercer en cada zona. Esta modificación que se incluye en el Real Decreto Ley pretende evitar duplicidades y solapamientos que estaban perjudicando a la gestión municipal y de los usuarios en las zonas protegidas, ya que en un mismo espacio natural se podían dar a la vez distintas figuras de protección, lo que provocaba una gran complejidad sobre el régimen jurídico aplicable o la administración competente en su gestión. El Real Decreto Ley establece una coordinación de todas esas calificaciones con participación de los municipios afectados en la calificación y la gestión que puede hacerse, ha apuntado la vicepresidenta.
MÁS EFICIENCIA, MENOR COSTE
Sáez de Santamaría ha subrayado que para el Ejecutivo es más necesario que nunca que en el ámbito de organización territorial del Estado se proceda a una clara delimitación de competencias entre las distintas administraciones a fin de ser eficientes y, en la medida de lo posible, garantizar la unidad de mercado, evitar los solapamientos y duplicidades y una mayor eficiencia y eficacia en beneficio de los ciudadanos. Se trata de no multiplicar costes por tres, lo que evitará muchos problemas a los ciudadanos y ahorrará mucho dinero al Estado. Según sus palabras, el Real Decreto tiene mucho que ver con la necesidad de lograr una gestión más eficiente de las aguas y evitar procedimientos sancionadores en el ámbito medioambiental y para evitar la ruptura de la unidad de mercado que va en perjuicio de los ciudadanos y de la calidad del medio ambiente.
De acuerdo con el principio de unidad de cuenca establecido por la Constitución, entendemos que debe ser el Estado para evitar duplicidades, solapamientos, actuaciones contradictoras o diferentes en algo como el procedimiento sancionador del mal uso del agua quien asuma íntegramente esa gestión de policía en las confederaciones hidrográficas, ha sentenciado la vicepresidenta.
ZONAS PROTEGIDAS
Según Soraya Sáez de Santamaría, el Real Decreto Ley sobre medidas urgentes en materia de medio ambiente, recoge expresamente lo que afecta al Alto Guadiana respecto a los aprovechamientos de los derechos privados sobre el agua en las Tablas de Daimiel debido al difícil equilibrio de la zona y la sobreexplotación de estos aprovechamientos. La medida, que para el Gobierno tiene especial importancia transforma los derechos de agua en concesiones que podrán ser transferidas a terceros a cambio de reducir el volumen de aprovechamiento de cada una de las mismas.
Sáez de Santamaría ha precisado que, con ello, se busca evitar la sobreexplotación y lograr fórmulas que permitan que los aprovechamientos sean mucho más controlados, mucho más mesurados y por aquellos quienes en cada momento pueden utilizarlo. Por ello, se procede a una reordenación de los derechos del uso del agua en una zona tan delicada y con un equilibrio medioambiental tan complejo como son las Tablas de Daimiel. La vicepresidenta afirmaba que se trata de racionalizar y controlar los aprovechamientos de los recursos hídricos, en beneficio de los usuarios, los agricultores y los regantes.
LOS REGANTES A FAVOR
El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE), Andrés del Campo, ha aplaudido la aprobación del Decreto Ley de Medidas Urgentes de Medio Ambiente, que deroga las modificaciones introducidas en agosto del pasado año en el artículo 94 de la Ley de Aguas, en virtud de las cuales se facultaba a las comunidades de Cataluña, Aragón y Andalucía a asumir determinadas competencias sobre las comisarías de agua.
Del Campo ha recordado que con esta determinación se cumplen todos los requisitos de legalidad vigente zanjando cualquier duda sobre el papel único y exclusivo de la Administración Central en la gestión de las cuencas intercomunitarias. En su opinión, este paso decidido de la Administración representa una defensa férrea de los principios de unidad de gestión y cuenca -reconocidos en la Directiva Marco de Aguas (DMA) y en la Constitución-, garantizando que la coordinación y el reparto de los recursos hídricos se lleven a cabo teniendo en cuenta el interés general.
Para Del Campo, la modificación de la Ley de Aguas no era más que una vía ideologizada para que las autonomías pudieran territorializar la gestión de los ríos amparándose en una argucia jurídica aprobada con agostidad y alevosía y, lo que es más grave, burlando las sentencias del Constitucional y Supremo que anulaban la potestad de Andalucía y Castilla y León sobre los ríos Guadalquivir y Duero, respectivamente.
LAS ORGANIZACIONES ECOLOGISTAS EN CONTRA
Las organizaciones ecologistas rechazan frontalmente la manera de proceder del gobierno para legislar sobre asuntos ambientales puesto que se incumple la normativa relativa al acceso a la información y participación pública así como las funciones del Consejo Asesor de Medio Ambiente, al haberse tramitado el Real Decreto-Ley por el Ministerio en el más absoluto secretismo, contradiciendo las reiteradas declaraciones del ministro Arias Cañete sobre su voluntad de apertura y diálogo con todas las partes interesadas. El alcance de las modificaciones introducidas requería cumplir con todos los mecanismos de participación pública establecidos. Por otro lado, el carácter de urgencia no se justifica por el carácter de las medidas aprobadas.
En lo referido a agua, entre otras medidas, el real decreto establece mecanismos para la venta directa de agua entre particulares en el ámbito territorial del Plan Especial del Alto Guadiana. Olvida esta modificación legal que hay muchas más concesiones de uso que recurso, esto es, que no hay agua suficiente para todos los usos aprobados. Por tanto, permitir esta venta directa sólo incrementará la presión sobre un acuífero ya sobreexplotado. Además, se trata de una medida que ya se ha puesto en práctica en dos ocasiones en el pasado, por diferentes gobiernos, y el resultado siempre ha sido muy negativo.
El texto del Real Decreto también hace referencia, en este mismo ámbito del Alto Guadiana, a las aguas privadas. La modificación realizada puede suponer que haya cesiones de agua que antes no se usaba, o bien que se legitimen situaciones de explotación ilegal. Con la medida aprobada por el gobierno volverán a desaparecer de inmediato los afloramientos surgidos este año en el entorno de los Ojos del Guadiana, desaparecidos hace 30 años a causa de la sobreexplotación del acuífero 23.
En cuanto a espacios naturales protegidos, la opinión de las organizaciones ecologistas es que lo importante es que se cumpla la normativa existente, ampliamente incumplida por muchas administraciones, en especial las comunidades autónomas. La supuesta simplificación anunciada en cuanto a que sobre un mismo espacio recaigan diferentes figuras de protección es difícilmente viable por cuanto no todos esos espacios tienen el mismo perímetro y los mismos valores ambientales.
Por estas razones, la Federación de Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/Birdlife y WWF denuncian los efectos negativos de este Real Decreto-Ley y exigen que se trabaje con transparencia y una adecuada participación de la sociedad civil, a través de los mecanismos establecidos para elaboración, modificación y revisión de la normativa relacionada con el medio ambiente.

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