PRIVATIZAR LAS AUTONOMICAS… OTRO NEGOCIO PARA LOS AMIGOS

Madrid, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha ya han hecho pública su intención de aprovechar la reforma legal, aprobada recientemente por el Gobierno, para privatizar la gestión o los servicios informativos de sus televisiones públicas, mientras que Andalucía, Cataluña, Extremadura y Galicia han anunciado que mantendrán, de momento, la gestión pública. 

En el Consejo de Ministros del pasado 20 de abril, el Gobierno aprobó una modificación de la Ley General de Comunicación Audiovisual que permite a los gobiernos autonómicos, o bien privatizar las televisiones públicas regionales, o bien quedarse con su gestión, aunque en este caso, estarán obligados a no tener déficit. Además, les da la opción de confiar a una empresa privada la producción de sus informativos, un extremo que hasta ahora estaba prohibido por ley, aunque varias televisiones autonómicas ya lo hacían para, supuestamente, ahorrarse costes.

En nuestro país hay 13 televisiones autonómicas, que emiten en Galicia, Comunidad Valenciana, Cataluña, País Vasco, Canarias, Madrid, Castilla-La Mancha, Andalucía, Baleares, Murcia, Asturias, Aragón y Extremadura. Cada una de ellas tiene, no obstante, unas características muy distintas. En este sentido, las que comenzaron sus emisiones antes: ETB (País Vasco), TV3 (Cataluña), TVG (Galicia), TVV (Valencia) y Canal Sur (Andalucía) son en general las que tienen un mayor presupuesto y un mayor coste para los ciudadanos de sus comunidades, según el V Informe Económico sobre la Televisión Pública en España elaborado por Deloitte para UTECA con datos de 2010, aunque hay excepciones como el caso de TeleMadrid, la televisión de Aragón o la de Baleares.

Así, TeleMadrid a pesar de haber sido de las primeras, comenzó sus emisiones en 1989, es una de las que menos coste tiene para los ciudadanos de su región (49 euros por hogar, según Deloitte), mientras que la pública de Aragón, que comenzó en 2006, tiene un coste neto por hogar, descontando lo que ingresa por publicidad de 126 euros, y la de Baleares, que también empezó tarde, en 2005, tiene el mismo coste de 126 euros. Lo que la consultora parece no valorar es la facilidad que tiene TeleMadrid para cubrir su espectro ya que la práctica totalidad de la población se concentra en el entorno próximo a la capital. Lejos de estas facilidades se encuentran autonomías extensas y con su población muy disgregada en zonas rurales.

El tamaño de la plantilla, la deuda acumulada y la forma de gestionar las televisiones públicas también es muy distinto en cada comunidad autónoma. De hecho, aunque hasta la última reforma del Gobierno, estaba prohibido por ley que las cadenas autonómicas públicas delegaran la producción de sus servicios informativos a empresas privadas, al menos cuatro autonomías ya venían haciéndolo total o parcialmente. Aragón, Baleares, Murcia y Canaria son las puntas de lanza de esta práctica irregular.

Con la reforma de la Ley, Valencia, Madrid, Castilla-La Mancha han anunciado su intención de cambiar de modelo o privatizar sus televisiones. Así, a los pocos días de aprobarse la reforma por del Consejo de Ministros, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, justificó la necesidad de privatizar TeleMadrid en el déficit que arrastra la cadena y en que los gobernantes y los poderes públicos no están para gestionar las televisiones. En su opinión, es preferible dedicar los tiempos a garantizar a la ciudadanía unos servicios públicos de calidad y a inspeccionar que esos servicios se prestan adecuadamente. Uno de tantos discursos vacíos de la lideresa en los que confronta lo que dice y lo que hace.

Al carro se ha subido de inmediato la secretaria general del PP y presidenta de Castilla La Mancha, que tardó lo justo en mostrar sus intenciones privatizadoras o de ceder para la gestión privada la televisión autonómica castellanomanchega. Cospedal se apoya en su compromiso electoral, será este el único que cumplirá, para insistir en que es preciso sanear la televisión pública hasta hacerla financieramente viable para la gestión privada. Toda una promesa de éxito para quien consiga el “caramelito”.

Distinto es el caso de la Comunidad Valenciana, cuya televisión pública afronta un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a más de un millar de trabajadores. En este caso, el Gobierno valenciano se ha declarado partidario de mantener la gestión pública y encargar a empresas privadas la producción de los programas informativos como fórmula de ahorro. 

Así, el vicepresidente y consejero de Presidencia de la Generalitat Valenciana, José Císcar, ha explicado que la futura ley de Radio Televisión Valenciana (RTVV), cuyo anteproyecto ha presentado el gobierno autonómico, contemplará que el ente siga siendo "un servicio público en el que los contenidos informativos y de defensa de la lengua valenciana, su cultura y tradiciones se presten mediante gestión directa y que las producciones que se tengan que hacer se puedan externalizar mediante un procedimiento de colaboración público-privada". No es por dudar de sus palabras, pero los hechos indican otra dirección puesto que hasta el ERE aplicado a la RTVV ha sido privatizado.

TELEVISIONES QUE SE MANTIENEN PÚBLICAS

Por el contrario, Cataluña, Extremadura, Andalucía y Galicia han confirmado su intención de mantener la gestión pública de sus televisiones autonómicas. Así, el portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, aseguró poco después de conocerse la aprobación del real decreto que no se les ha pasado por la cabeza privatizar ninguno de los medios públicos de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), entre los que se encuentran TV3 y Catalunya Radio.

También el presidente de Extremadura, José Antonio Monago, ha descartado privatizar la televisión autonómica extremeña porque no es deficitaria y sus cuentas están perfectamente embridadas y controladas, según afirma. Aunque yo me inclino por creer que es parte del peaje que tiene que pagar a IU por permitirle gobernar sin mayoría absoluta.

Por su parte, la consejera de Presidencia en funciones de la Junta de Andalucía, Mar Moreno, ha insistido en la defensa del carácter público de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) y ha asegurado que existe un compromiso entre el PSOE andaluz e Izquierda Unida para defender su naturaleza pública, ya que es una garantía de pluralidad y de vertebración.

En Galicia, recientemente se aprobó una nueva ley para regular los medios públicos gallegos con los votos de PPdeG y PSdeG, en la que se ratifica el carácter público de su televisión autonómica.

SALVAR DE LA CRISIS A LOS ASPIRANTES

Retomemos las palabras de Cospedal de que es preciso sanear las cuentas de la cadena autonómica hasta hacerla financieramente viable para su gestión privada. A ello lleva Nacho Villa dedicado una temporada, limpiando la era de periodistas “incomodos” y “caros” y contratando novatos o jefes de prensa del PP para sustituirles. Las malas lenguas aseguran que el destinatario de la televisión saneada y purgada de izquierdistas será el grupo VERTICE 360. Sí, el grupo ligado a Nacho López del Hierro, el marido de Cospedal. 

Y es que corren tiempos duros para el grupo. Los ingresos de VERTICE 360, al que muchos sitúan como el principal favorito en el proceso de privatización o gestión privada de Radiotelevisión Castilla-La Mancha, en los tres primeros meses de 2012 ascendieron a 27,71 millones de euros, un 26% menos que en el mismo trimestre de 2011. La compañía afirma que el descenso en su cifra de negocio fue consecuencia de la desinversión en Lavinia y de la menor producción de contenidos.

En concreto, la cifra de negocio de la división de Servicios durante este periodo cayó un 8,9% respecto al mismo período de 2011, hasta los 19,41 millones de euros, mientras que los ingresos de explotación en Contenidos alcanzaron los 7,4 millones de euros en el primer trimestre del ejercicio, un 47,9% menos.

Por su parte, el beneficio bruto de explotación (Ebitda) descendió un 46%, hasta los 2,87 millones de euros desde los 5,36 millones de euros del primer trimestre de 2011, mientras que el beneficio neto de explotación (Ebit) arrojó un saldo negativo de 2,18 millones de euros, frente a las ganancias de 787.000 euros, debido a la amortización en los primeros tres meses de 2012 en el área de contenidos.

A cierre del primer trimestre, el endeudamiento total neto de Vértice 360º ascendió a 34,9 millones de euros, lo que supone un 29,3% menos desde el cierre del ejercicio anterior, debido principalmente a la desinversión en el Grupo Lavinia.

La compañía, a la que se han adjudicado recientemente los contratos de explotación de los operadores de cámara en varias delegaciones de Castilla-La Mancha TV, ha explicado que, del total de endeudamiento neto, 9,6 millones (un 27% del total) corresponden a descuento de contratos y efectos descontados. Así, la deuda financiera neta, excluidos estos pasivos garantizados, asciende a 25,26 millones de euros.

Pues sea como sea, los datos demuestran que la iniciativa privada no es ninguna garantía de mejor gestión y nos tememos que el actual presupuesto de RTVCM será progresivamente incrementado a demanda del gestor privado para que las cuentas cuadren según sus intereses.