Save the Children pide al gobierno de España “prohibir en el Código Civil el castigo físico y humillante en el ejercicio de la patria potestad” y reformar el Código Penal para “elevar de 12 a 16 años la edad de consentimiento para las relaciones sexuales”. Esta organización de defensa de los derechos de los niños considera imprescindible y urgente una ley de medidas integrales para combatir todas las formas de la violencia contra la infancia.
La gran amenaza es “el comportamiento autoritario para el control de los hijos como propiedad de los padres”. ©Jaime Andrés Salazar
Save the Children denuncia que “la violencia contra los niños y las niñas casi siempre es invisible, silenciosa y difícil de detectar por su aceptación social” y advierte que “nunca es justificable y debe ser rechazada y combatida con contundencia, incluso en sus formas aparentemente más leves”. Lo peor es que la familia, la escuela y la justicia, que deberían proteger a la infancia, se convierten con demasiada frecuencia en las peores amenazas como consecuencia de “relaciones de dependencia, autoridad y poder”.
La ONU define la violencia contra la infancia como “toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o negligencia, malos tratos y explotación”. El UNICEF asegura que “el 80% de los niños en todo el mundo han sido víctimas de violencia por castigos físicos y/o humillantes”. En el informe que le encargó la ONU, el investigador Paulo Sérgio Pinheiro llegó a la tremenda conclusión de que “en todos los países hay violencia contra la infancia, independientemente de las culturas, las clases sociales, los niveles educativos, los ingresos y el origen étnico, y además está socialmente consentida en todo el mundo y a veces incluso es legal y autorizada por los gobiernos”. En su encuesta global sobre la salud en la escuela, el UNICEF comprobó que “el 65% de los menores han sido intimidados verbal o físicamente “. La ONU denuncia que “el tipo de violencia más extendido en todo el mundo es el castigo físico y humillante, los golpes, las amenazas y los insultos, que tienen lugar en el entorno más cercano de los niños”. Y precisa que “la familia puede ser el ámbito más peligroso porque tradicionalmente ha sido considerada como un espacio privado en el que los padres tienen todo el poder y la autoridad para decidir sobre sus hijos”. La gran amenaza es “el comportamiento autoritario para el control de los hijos como propiedad de los padres”.
Save the Children destaca en su informe sobre España que “el castigo corporal es ampliamente aceptado a pesar de que siempre es degradante e incompatible con la integridad y dignidad de las niñas y de los niños sin importar la intención o la intensidad”.
En España
La conclusión de las investigaciones de Save the Children sobre España es que “durante demasiado tiempo la violencia contra la infancia ha permanecido oculta como una realidad poco documentada y poco denunciada, sin que haya sido abordada de una manera global ni percibida como un problema social grave de grandes proporciones que requiere una respuesta urgente por parte de los poderes públicos y del conjunto de la sociedad”. Además, “el ordenamiento jurídico español y el sistema de protección de la infancia en su conjunto están lejos de cumplir con las recomendaciones de la ONU”. La organización de defensa de la infancia reclama una ley de medidas integrales para combatir la violencia contra la infancia porque “las carencias del sistema actual para actuar eficazmente y de manera integral frente a todas las formas de violencia hacen imprescindible una revisión del modelo de protección para impulsar un nuevo enfoque estratégico basado en la prevención, la detección temprana, la atención y la reparación”.
Se considera imprescindible y urgente en este diagnóstico “prohibir expresamente en la legislación española el uso del castigo físico”, que se sigue utilizando por su “aceptación social generalizada”.
Prevenir y combatir la violencia
Save the Children propone añadir un Defensor de la Infancia al equipo del Defensor del Pueblo, con la dotación económica necesaria para cumplir sus funciones de vigilancia e intervención. Lo contrario de lo que ha hecho el gobierno del PP en la Comunidad de Madrid al incluir la eliminación del Defensor del Menor en la reducción de las inversiones sociales.
“Prevenir y combatir la violencia contra los niños y las niñas -explica Save the Children- es una de las maneras más eficaces de actuar contra las distintas formas de violencia en la sociedad: la prevención de la violencia en una generación reduce su probabilidad en la siguiente”.
Comentarios
Publicar un comentario
DEJA AQUÍ TU OPINIÓN