El ajuste interno
En el terreno económico hay un intento manifiesto de reducir drásticamente los salarios directos y otros elementos que forman parte de los costes laborales para que, por medio de un ajuste interno, se logre una mejora de la competitividad de la economía española, que por la razón de la pertenencia al euro no puede conseguirse, como históricamente ocurría, a través de la devaluación de la moneda.
La crisis económica arrastrará al país a una situación social y política de una enorme inestabilidad y con inquietantes incógnitas
Fue el profesor Krugman el que hace tiempo, conociendo los datos cruciales de la economía española sobre el déficit exterior y el paro, planteó un dilema consistente en: o bien tenía lugar un ajuste interno de precios y salarios para abaratar las exportaciones españolas y encarecer las importaciones o bien se producía una devaluación de la moneda con los mismos objetivos. En su día, Krugman admitió como irreversible la pertenencia al euro, y, por tanto, reconoció que la única salida real para la economía española se limitaba al ajuste interior, desapareciendo, por tanto, el dilema. Posteriormente, Krugman ha rectificado y ha llegado a afirmar que el euro, en su actual configuración, desaparecerá, añadiendo que lo mejor que le puede suceder a algunos países es que el euro no sobreviva: un aserto que proviniendo de él habría de tomarse en consideración.
El ajuste interno tiene muchas contradicciones, de todo tipo. Pero para el PP como para el PSOE el tema de la vinculación a la Europa de Maastricht es indiscutible, por lo que pasan por encima de ellas, incurren en graves decisiones y se niegan a ver lo que puede ocurrir con un ajuste interno sin fin, como ya lo expresan otras experiencias europeas, como Grecia y Portugal.
Frente a la devaluación, es decir la salida del euro, el ajuste interno tiene dos inconvenientes. El primero es que con él no se logra el efecto general de abaratar exportaciones y encarecer importaciones. Todas las mercancías y todos los servicios que se intercambian con el exterior recogen de inmediato el impacto de la variación del tipo de cambio. Un ajuste interno, por el contrario, como es producto de las circunstancias particulares de los distintos sectores productivos y de la casuística que se da en las empresas, origina un cambio muy desigual en los precios de los distintos bienes y servicios, y, por tanto, un ajuste también muy irregular en los precios de las exportaciones, con efectos más difíciles de evaluar en los intercambios exteriores.
El segundo pilar de la reforma se centra en el despido. ©IU Comenar Viejo
La devaluación de la moneda
Por otro lado, una devaluación de la moneda no tiene efectos depresivos sino más bien lo contrario, ya que favorece las exportaciones y la demanda interna en detrimento de las importaciones, mientras que el ajuste interno de salarios, en la medida en que no se acompaña de un ajuste inmediato y semejante de los precios (en ese caso todos los precios relativos internos no se modificarían pero sí con respecto a los precios exteriores, lo que sería equivalente a la devaluación), tiene un impacto recesivo sobre la demanda y la actividad.
Esto puede resultar beneficioso para corregir el déficit exterior de una economía, pero agrava otros problemas como pueden ser una mayor desigualdad en la distribución de la renta, el aumento del déficit público por el impacto de la depresión en la recaudación impositiva y, sobre todo, lleva aparejado un incremento del paro, que en el caso de la economía española no se puede considerar como una secuela secundaria.
Dejando constancia de los problemas de ese ajuste y lo contraproducente que puede resultar, la opción económica del PP está clara y es indiscutible: a cumplimentarla está dirigida la siniestra reforma laboral que ha emprendido.
Ofensiva sobre los salarios: la argumentación de Adoración Guamán y Héctor Illueca
Un artículo de los especialistas en Derecho del Trabajo y miembros del Consejo Editorial de “Crónica Popular” Adoración Guamán y Héctor Illueca, que, por su argumentación implacable y directa en la línea expuesta en sus declaraciones a “CP”y por su argumentación implacable y directa y por compartirlo plenamente, reproduzco con alguna extensión, deja asentado que el objetivo fundamental de la reforma es abaratar, conseguir una reducción continua de los salarios, para lo cual hay que crear un marco propicio de relaciones laborales e indefensión de los trabajadores. Escriben los especialistas:
“La reforma se produce en un marco económico y social cada vez más degradado, con una situación de desempleo masivo que amenaza prolongarse durante un largo período y que, sumada a la destrucción de los servicios públicos, entraña un grave riesgo para la estabilidad sociopolítica de nuestro país. La crisis económica empeora por momentos y es previsible una segunda caída todavía más intensa que la desatada en el año 2008. En este contexto, hostigado en los mercados financieros internacionales, el Gobierno ha asumido los principios de los sectores ultraliberales que controlan la política económica, lanzando un ataque fulminante contra los trabajadores y sus organizaciones representativas. Ante la imposibilidad de acometer una devaluación externa por la pertenencia al euro, el RDL 3/2012 impulsa la aplicación de un violento ajuste de salarios, confiando ingenuamente en que ello contribuirá a resolver los gravísimos desequilibrios que padece nuestra economía e ignorando las consecuencias de la involución social legislada en términos de pauperización y precarización para el conjunto de la ciudadanía.
Nuestro país está abocado a importantes convulsiones donde la lucha de clases cobrará un papel preeminente
La estrategia es clara y demoledora: por un lado se acomete una profunda devaluación salarial, sobre salarios ya de facto en involución, por la vía de la amputación de la capacidad colectiva de negociar el precio del trabajo y, por tanto, de la individualización del trabajador frente al empresario; por otro, se consigue la sumisión del trabajador y se limita la capacidad de respuesta del movimiento obrero bajo la continua amenaza del despido libre o poco indemnizado en una situación de paro generalizado.
Para conseguir el ajuste salarial, el Gobierno ha optado por promover y facilitar la fragmentación de la autonomía colectiva, afectando al equilibrio mismo de las fuentes del Derecho del Trabajo y de los sujetos implicados en las relaciones laborales. En efecto, la reforma consagra el protagonismo de la negociación colectiva en el seno de la empresa y procura un desplazamiento de las unidades de contratación hacia los ámbitos inferiores, es decir, hacia las empresas, que se convierten en el principal y casi exclusivo centro de decisión en materia de relaciones laborales. Por lo pronto, se amplían sensiblemente las causas que justifican el descuelgue de las condiciones de trabajo previstas en el convenio, extendiendo esta posibilidad a los principales elementos de las relaciones laborales (artículo 82.3 ET, jornada, distribución del tiempo de trabajo, horario, turnos, salario, funciones… incluso mejoras voluntarias de la Seguridad Social). Además, se otorga prioridad aplicativa a los convenios de empresa sobre los de ámbito superior, desvirtuando la regulación sectorial de variables estratégicas como la cuantía del salario (artículo 84.2 ET), lo que puede dar lugar a un agresivo proceso de dumping social al colocar el salario como un factor de competitividad entre las empresas del mismo sector: la carrera hacia la fijación generalizada del SMI (641 euros al mes) está abierta y la pauperización servida.
En nuestra opinión, la “empresarización” de la negociación colectiva auspiciada por el RDL 3/2012 pone en cuestión el principio de autonomía colectiva y la fuerza vinculante de los convenios, vulnerando el art. 37 de la Constitución Española y favoreciendo el poder del empresario individual. No es ningún secreto que el poder de los sindicatos decae en los niveles empresariales de negociación, ya que, en última instancia, todo el proceso negociador se halla condicionado por las facultades de coerción empresarial. Por otra parte, la debilidad sindical se acrecienta si consideramos la escasa fiabilidad que, sobre todo en las pequeñas empresas, tiene la representación de las y los trabajadores, frecuentemente controlada por el empresario. Si a ello se añade la limitación de la ultraactividad de los convenios a un período de dos años (artículo 86.3 ET), situando en el horizonte el SMI como suelo de la contratación, se advierte fácilmente la voluntad de inducir una profunda reestructuración de las normas de reparto del excedente económico en detrimento de los trabajadores.
El segundo pilar de la reforma se centra en el despido
El segundo pilar de la reforma se centra en el despido, pues se facilita la ejecución del mismo hasta el punto de convertirlo en una opción más del abanico de posibilidades de gestión cotidiana de la empresa, ignorando las consecuencias que esta medida conlleva en la vida de las y los trabajadores. El vínculo entre la desregulación del despido y la imposición del ajuste salarial se advierte nítidamente si consideramos la amenaza que supone aquél en una situación de paro como la actual, que coloca al trabajador en la “fatal choice”, quedarse sin empleo, en el mejor de los casos con una indemnización cada vez menor, o aceptar unas condiciones salariales miserables. Conviene recordar que el derecho a no ser despedido sin justa causa forma parte fundamental del derecho al trabajo en su vertiente individual, que la Constitución Española reconoce en su artículo 35.1 y que se consagró con claridad en el convenio 158 de la OIT, normas que ignora y vulnera la reforma operada por el RDL 3/2012.
La reforma laboral ya ha sido contestada con una huelga general. ©Javier del Valle
En efecto, dicho texto acoge dos grandes vías para la desregulación de la extinción contractual: por un lado, se permite el despido libre o sin causa durante un año en las pequeñas empresas, incrementando la precariedad de determinados colectivos de trabajadores cuya contratación se bonifica (mujeres, jóvenes y desempleados mayores de 45 años); por otro, se flexibiliza el despido rebajando sus costes económicos (abaratamiento de la indemnización por despido improcedente, que se limita a 33 días por año con un límite de 24 mensualidades, y eliminación de los salarios de tramitación) y procedimentales (ampliación de los supuestos que justifican el despido por causas objetivas y eliminación de la autorización administrativa en los procesos de despido colectivo, suspensión del contrato y reducción de la jornada de trabajo).
Como puede observarse, la reforma de la legislación laboral persigue el ajuste salarial mediante la desarticulación de la negociación colectiva y el abaratamiento del despido, amén de otros aspectos periféricos o secundarios, pero no por ello menos importantes. Así, junto con estos dos conjuntos de medidas, se incorporan modificaciones normativas que tienden a la precarización de los precarios, en particular las personas menores de 33 años con la ampliación de la duración y posibilidades del contrato para la formación, y a la híper-flexibilidad del tiempo de trabajo, con la introducción de horas extraordinarias en el contrato a tiempo parcial y el otorgamiento al empresario de la facultad de distribuir de manera irregular el 5% de la jornada de trabajo a lo largo del año.”
La cita es prolija, pero deja sellada la coherencia y perversión de la reforma. Podrá decirse que es una interpretación de la reforma interesante y aguda, pero que no está claro que las cosas hayan de suceder como pronostica. Y, por supuesto, queda la lucha de clases por medio en cuanto a doblegar al gobierno para su retirada y su aplicación práctica. Pero he aquí algunos datos provenientes de Grecia, cuya proximidad a nuestro país en todos los sentidos en mucho más cercana que lo que se quiere admitir.
El futuro está empezando, pero convendría que la izquierda tomase conciencia de la imposibilidad de resolver la crisis económica en el contexto de la Europa de Maastricht
El Pais, 19.03.12: “La eliminación de convenios colectivos en Grecia ha provocado un descenso medio del 20% de los salarios del sector privado, según datos recogidos por los inspectores del Ministerio de Trabajo. Esa caída se ha producido desde que el pasado 14 febrero el Parlamento aprobara, en medio de fuertes protestas sociales, el acuerdo sobre las medidas de austeridad exigida por la UE y el FMIpara seguir ayudando financieramente a Grecia.
Ésas medidas incluyen la eliminación de los convenios y su sustitución por acuerdos individuales entre trabajador y empresario. Según los datos del ministerio, en 45 empresas con masde 50 trabajadores de las regiones de Atenas y sardónica, los nuevos contratos firmados desde entonces incluyen reducciones salariales de una media del 20,1%.
Además, el salario mínimo por una jornada de ocho horas, anteriormente de 751 € brutos en 14 pagas, se redujo hasta los 500 € netos, 400 en el caso de los menores de 25 años. La reducción de los salarios, sumaba un aumento de los precios del 10% anual desde 2010, ha provocado una caída en picado del consumo y el cierre de decenas de miles de negocios”.
En fin… así evolucionan los salarios en Grecia, un país en el que la izquierda y los sindicatos están dando un ejemplo de lucha y resistencia sin paragón en otros lugares de Europa.
A por los sindicatos
Escribimos al inicio que la reforma laboral debe tener también objetivos políticos no explicitados. La profundidad de la crisis económica y la falta de salidas hacen que la situación política esté dominada de modo decisivo por las cuestiones económicas. Hay que partir de caracterizar a la economía española como una economía en quiebra. El país ha mantenido en la última década, y a pesar de la grave recesión lo arrastra todavía, un déficit exterior agudo, que lo ha convertido en uno de los países con una deuda exterior neta exterior más graves del mundo. Por otro lado, acumula un nivel de paro desolador. Con estos datos, se puede concluir que esta economía no ha encontrado su sitio en el puzle de la globalización, y más concretamente, que no ha logrado un equilibrio razonable en el marco de la unión monetaria europea. Si a ello se añade las complejidades sobrevenidas con el déficit y la deuda del sector público, hay que dar por supuesto que la crisis económica arrastrará al país a una situación social y política de una enorme inestabilidad y con inquietantes incógnitas.
La reforma laboral, extremadamente agresiva y muy costosa políticamente como sabía el propio gobierno del PP – ya reconocía que motivaría una huelga general-, es un instrumento para preparar el gran combate político que queda por librar
Por decirlo breve y claramente: nuestro país está abocado a importantes convulsiones donde la lucha de clases cobrará un papel preeminente. Hemos entrado en un período político excepcional, que significa que el pasado recién dejado atrás no volverá. La derecha lo sabe, cómo debiera preverlo la izquierda. Aquella nunca ha perdido el sentido el sentido de clase y la coherencia al actuar. Pensando en el futuro, ya trabaja para crear condiciones favorables para librar con éxito los conflictos por venir. Y, consecuentemente, la reforma laboral, extremadamente agresiva y muy costosa políticamente como sabía el propio gobierno del PP – ya reconocía que motivaría una huelga general-, es un instrumento para preparar el gran combate político que queda por librar.
Todo el análisis que se ha expuesto anteriormente de la reforma laboral, concluyendo que el objetivo económico es la reducción de salarios, tiene como desiderátum político debilitar estructuralmente a la izquierda, con el socavamiento del poder de los trabajadores y de los sindicatos. Al punto que con toda razón se puede decir que la reforma laboral tiene un corte fascista innegable al buscar derruir a los sindicatos, que son las organizaciones por antonomasia de la clase obrera.
El futuro está empezando, pero convendría que la izquierda tomase conciencia de la imposibilidad de resolver la crisis económica en el contexto de la Europa de Maastricht y de la lucha política a que estamos abocados.
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