Amnistía Internacional: Las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo están en situación de desamparo judicial

Crónica Popular || 

Los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas de los crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo siguen siendo denegados en España, según la organización no gubernamental Amnistía Internacional. A pesar de la reclamación emprendida hace años ante la justicia española, por las víctimas y sus familiares, la gran mayoría de los casos han sido archivados por los jueces, sin siquiera  efectuar ningún tipo de investigación,  lo que significa que España está incumpliendo sus obligaciones internacionales.  Ante el estado de indefensión en el que se encuentran las víctimas en España, AI se ha dirigido a la justicia argentina –único país que en este momento se ocupa de este tipo de casos- pidiéndole que continúe la investigación iniciada hace dos años.

El informe de Amnistía recomienda al Tribunal Supremo investigar los crímenes contra la humanidad cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo. ©Javier del Valle

Todo lo anterior ser encuentra recogido en el informe Casos cerrados, heridas abiertas: el desamparo de las víctimas  de la Guerra Civil y el franquismo en España, que la organización defensora de los derechos humanos ha hecho público en Buenos Aires el 9 de mayo de 2012. El documento se entregó en el juzgado federal a cargo de la juez María Servini de Cubría, que lleva una querella con más de cincuenta casos de personas fallecidas en la guerra civil y la posterior dictadura, y analiza detalladamente la respuesta que ha dado la justicia española a las víctimas y sus familiares. AI seguido de cerca 21 casos, la mayoría de los cuales han sido archivados.

“Argentina puede y debe ejercitar su competencia para investigar lo sucedido en España. La jurisdicción para los crímenes de derecho internacional es universal y, por lo tanto, todos los Estados pueden llevar adelante causas, independientemente de si los delitos son o no investigados en sede local“, señaló durante la presentación Mariela Belski, directora ejecutiva de AI Argentina. La organización ha constatado que los informes enviados por la Fiscalía española a la justicia argentina  dando a entender que las investigaciones sí están avanzando en España no se ajustan a la verdad puesto que, en realidad, las pesquisas están paralizadas, como demuestra el estudio de AI.

“Las actuaciones de los tribunales españoles en el ejercicio de la jurisdicción universal por crímenes cometidos en Argentina, Chile o Guatemala han otorgado un importante reconocimiento internacional a España. Es lamentable que España no sea capaz de llevar a cabo la misma investigación sobre los crímenes en su propio territorio. Ello da muestras de un evidente doble rasero”, denunció Esteban Beltrán, director de AI España.

Argumentos contrarios al derecho internacional

Tras la sentencia del Tribunal Supremo en febrero de 2012 sobre el llamado “caso de la Memoria Histórica”, la indefensión de las víctimas ha ido a peor, ya que aunque el Supremo absolvió en esta causa al ex juez Garzón, en el dictamen utiliza argumentos que son contrarios al derecho internacional, según el criterio de AI, al declarar que los hechos que pretendía investigar el ex magistrado no pueden ser calificados de crímenes de lesa humanidad, por no ser considerados como tales en el momento en que fueron cometidos; es decir, que como la dictadura franquista no consideraba todas aquellas tropelías crímenes, sino ajustes de cuentas y venganzas, quedan exentos del calificativo que les dio el juez Garzón y les daría cualquier jurista no contaminado por lo que ocurrió en aquellos terribles años de la historia más reciente. Cabe recordar que la Audiencia Nacional estaba examinando la desaparición forzada de 114.266 personas, entre 1936 y 1951.

Amnistía Internacional observa con preocupación que el archivo general de los casos se ha basado en criterios que excluyen la posibilidad de investigar y juzgar estos crímenes en el futuro: una incorrecta interpretación del principio de legalidad penal (que los delitos no eran tales en el momento de su comisión), la prescripción del delito, el fallecimiento de los culpables, la Ley de Amnistía de 1977 y la Ley de Memoria Histórica, todo contribuye a que  aquí se dejen en el olvido.

Recomendaciones del informe

A la vista de las conclusiones del informe, AI plantea las siguientes recomendaciones:

Al gobierno y al Parlamento español:

• Iniciar el proceso de adhesión a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad de Naciones Unidas.
• Adoptar medidas inmediatas para aplicar plenamente las recomendaciones de los órganos internacionales en relación a la Ley de Amnistía y a la imprescriptibilidad de los crímenes de derecho internacional,  incluidas las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos, el Consejo de Europa, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y el Comité contra la Tortura.

Al Poder Judicial español:

• Confirmar en sus sentencias que los crímenes de derecho internacional no están sujetos ni a amnistía ni a prescripción, cualquiera que haya sido la fecha en que se cometieron.
• Centralizar la información de todos los procedimientos de Guerra Civil y franquismo abiertos por la justicia española.
• En particular, el Tribunal Supremo debería rectificar su fallo, haciendo una interpretación del principio de legalidad conforme el derecho internacional y reconociendo que corresponde a los jueces españoles – en concurrencia con cualquier otro tribunal extranjero – investigar los crímenes contra la humanidad cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo, sin perjuicio de las investigaciones que, basadas en el principio de jurisdicción universal, ya han sido promovidas en otros Estados, como Argentina.

Al Ministerio Fiscal:

• Actuar de oficio promoviendo la investigación y persecución de los crímenes  de derecho internacional

Al Poder Judicial argentino:

• Continuar la investigación de los crímenes de derecho internacional cometidos en España en el pasado, sin dilación. En particular, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº1 debería continuar conociendo la causa Nº 4.591/2010 (A12.447),  en la que se investiga la posible comisión de hechos atroces de genocidio y/o lesa humanidad durante la Guerra Civil española y el franquismo.

Eliminado Garzón, la justicia tendrá que llegar de Argentina

Ante el juzgado de la juez federal María Servini de Cubria, en los últimos días de abril de 2012 prestaron declaración cuatro ciudadanos españoles: José María Galante, Sabin Arana, Josu Ibargutxi y Manolo Blanco, quienes denunciaron haber sido detenidos de manera ilegal durante el franquismo, y haber sufrido torturas. “Los presos del franquismo seguimos sin existir, sin que a nuestros verdugos se les pueda pedir responsabilidades porque la judicatura española es impresentable, pasó de la dictadura a la democracia intacta“, declaró entonces Galante a la agencia estatal Télam. Los cuatro denunciantes, miembros de la asociación La Comuna de ex presos del franquismo, presentaron a la juez un listado de jueces, miembros de las fuerzas de seguridad y funcionarios de prisiones españoles, a los que señalaron como presuntos responsables de los crímenes de lesa humanidad denunciados en todas las causas.

La magistrada argentina planea viajar en junio próximo a España para tomar declaración a varios supervivientes y  familiares de víctimas,  y recorrer las cárceles y los lugares donde, según las denuncias, se llevaron a cabo fusilamientos de opositores al franquismo.

La causa se abrió en Argentina en 2010 según el principio de justicia universal, a partir de los casos de tres familiares argentinos de personas fallecidas o desaparecidas durante la Guerra Civil y el franquismo, por delitos de ‘genocidio y/o lesa humanidad’ cometidos durante la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura de Franco, hasta el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones democráticas. En diciembre de 2011 Servini realizó una nueva petición de información, reclamando datos sobre las fosas comunes exhumadas, posibles responsables y su situación actual, además de las actuaciones llevadas a cabo en España; un exhorto al que las autoridades españolas todavía no han respondido.

“Hemos venido a decirle a la justicia argentina que no se confunda, en España no se está investigando los crímenes que se cometieron durante el franquismo y la Guerra Civil“, dijo en Buenos Aires el director de la oficina española de AI, Esteban Beltrán, a los medios de comunicación que asistieron a la simbólica entrega del informe. A su juicio, la respuesta de la justicia española a la argentina, cuando le pide información, “es inexacta, errónea y oculta información”.

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