LA GUERRA DEL AGUA

La Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II organizó el 8 de febrero un acto informativo sobre las posibles consecuencias del ingreso de capital privado a la gestión del canal. También informó sobre sus estrategias antiprivatizadoras: una ‘Iniciativa Legislativa Municipal’ y una consulta ciudadana en Madrid, el 4 de marzo, organizada en conjunto con asociaciones de vecinos y el movimiento 15M. 

De Niccola: “La actual crisis económica está haciendo que muchos crean que se puede privatizar todo”. ©Germán Gallego

Uno: el agua es un patrimonio que debe ser gestionado tomando en cuenta sus implicaciones culturales y sociales. Dos: la privatización del Canal de Isabel II no sólo no asegura el cumplimiento de estos objetivos, sino que tampoco certifica una gestión eficiente y sostenible.

Estas fueron las dos frases que más se repitieron ayer en el acto organizado por la Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II, colectivo en el que  participan organizaciones sociales, sindicatos, partidos políticos y ciudadanos.

El evento se realizó en el Ateneo de Madrid y contó con la participación de Nuria Hernández-Mora, presidenta de la Fundación Nueva Cultura del Agua; Luis Babiano, gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento; Renato de Niccola, dirigente del Foro Italiano del Movimiento por el Agua y miembro de ATTAC Italia; Ladislao Martínez, miembro de la Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II; y Julio Setién, alcalde de San Fernando de Henares.

Con datos y ejemplos, los ponentes explicaron por qué privatizar el Canal de Isabel II podría convertirse en uno de los mayores errores de la administración de Esperanza Aguirre.

El agua como patrimonio

“Sin agua no podemos ser. Por eso, quien privatiza el agua, privatiza nuestra vida”. Con estas palabras Renato de Niccola destacó el carácter patrimonial de un bien que no debería quedar nunca sujeto a privatización.

“La actual crisis económica -aseguró Niccola- está haciendo que muchos crean que se puede privatizar todo”. Pero, aclara, el agua se sitúa en una categoría completamente diferente y no es de ningún modo comparable al resto de los servicios que reciben los ciudadanos.

En la misma línea, Nuria Hernández-Mora, de la Fundación Nueva Cultura del Agua, señaló que “el agua no es un bien comercial como cualquier otro” y recordó que la propia Naciones Unidas declaró como derecho humano el acceso al agua potable. “Si el agua es un patrimonio su gestión debería estar basada en criterios de solidaridad, igualdad y universalidad” y, en su opinión, una gestión privada no garantiza el cumplimiento de ninguno de estos objetivos, pues “el de ellos es el negocio y la rentabilidad”.

Ante estas palabras el alcalde de San Fernando de Henares, Julio Setién, añadió otra preocupación: “La privatización del canal se extendería hasta el año 2062. En 50 años más, con la presión demográfica cada vez más alta y la escasez del recurso, la única forma que tendrá la empresa privada de seguir siendo rentable es dejar de entregar un servicio universal y de calidad para todos”.

La proyección futura, según los ponentes, es muy peligrosa. Se podría pasar de un servicio de calidad y universal a otro regulado y estratificado según el tipo de consumidor.

Burbuja hídrica

La estrategia privatizadora del Canal de Isabel II por parte de la Comunicad de Madrid es tan compleja como rocambolesca. La Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, aprobada por la Asamblea de Madrid en 2008 y modificada en 2011, permitió a la administración de Esperanza Aguirre reemplazar la actual empresa pública por una sociedad anónima con la que obtuvo el 51 por ciento de las acciones del canal, pudiendo ceder el 49 por ciento restante al capital privado.

De ese 51 por ciento con el que se queda la comunidad, ésta podrá ceder a los ayuntamientos de Madrid un 20 por ciento de las acciones. Y éstos, a su vez, podrían vender hasta un 70 por ciento de estas acciones cedidas por la Comunidad.

Julio Setién sostiene que este ir y venir de acciones podría derivar en un hecho insólito: que un 62 por ciento del total de las acciones del canal podría pasar a manos de empresas privadas, pese a que la ley estipula que sólo se capitalizaría el 49 por ciento de ellas.

Luis Babiano, gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento, se pregunta si no se estará creando una “burbuja hídrica”. Dentro de 20 años, afirma, podríamos estar hablando de rescatar del desastre a las empresas privadas del agua.

Iniciativas antiprivatizadoras

Desde la plataforma señalan que “la privatización del Canal por parte de la Comunidad de Madrid no tiene justificación económica, ni técnica, ni social” y que su único objetivo es traspasar al sector privado un negocio sin riesgo y con altas tasas de ganancia, a cambio de dinero para “hacer caja”.

Por este motivo,  han decidido emprender diversas acciones para frenar el proceso privatizador. Entre ellas destacan dos. En primer lugar, la ‘Iniciativa Legislativa Municipal’, presentada por ocho ayuntamientos de la Comunidad de Madrid en defensa de la gestión pública del canal.

Y por otro lado, la consulta popular que realizarán en Madrid el día 4 de marzo con el objetivo de  preguntar a los madrileños si están a favor de la gestión pública del Canal. Esta consulta será organizada por la plataforma en conjunto con asociaciones de vecinos y más de 40 asambleas del movimiento 15M.

De izquierda a derecha: Nuria Hernández-Mora, presidenta de la Fundación Nueva Cultura del Agua; Luis Babiano, gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento; Renato de Niccola, dirigente del Foro Italiano del Movimiento por el Agua y miembro de ATTAC Italia; Ladislao Martínez, miembro de la Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II; y Julio Setién, alcalde de San Fernando de Henares. ©Paula Guerra

Paula Guerra. Crónica Popular