Marcel Félix de San Andrés ||
Medio millar de personas salen a la calle para reclamar a Dolores Cospedal el pago de la deuda contraída con la Fundación Fuente Agria de Puertollano.
Son la punta del iceberg pero detrás de ellos hay miles y no pueden aguantar un segundo más. La amenaza de cierre se cierne sobre sus cabezas y son el símbolo de la preocupación de todo el sector de la discapacidad castellanomanchega que, en apenas un semestre, ha pasado de liderar la implantación de la Ley de Dependencia a ocupar el vagón de cola en la calificación de nuevos aspirantes. La derecha está mostrando su cara más insolidaria en la región presidida por Cospedal, número dos de Mariano Rajoy. Como en tantos sitios, la excusa es la herencia recibida y el arma la tijera de los recortes salvajes.
Fundación Fuente Agria es una entidad sin ánimo de lucro dedicada, desde hace una década, a la atención directa de personas con discapacidad intelectual y sus familias. Para ello ha contado con financiación de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y el Ayuntamiento de Puertollano. Ofrece servicios como atención temprana, centro de día para gravemente afectados, centro de día para mayores de 50 años, residencia, vivienda tutelada, centro ocupacional y educación especial, en los que atiende a más de 300 personas y da empleo a 200 trabajadores. En 2008 crearon Emplealia en colaboración con el Ayuntamiento de Puertollano, un Centro Especial de Empleo para promover la llegada al mercado laboral de discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales , y desde el que combatir los altos índices de desempleo del colectivo.
A fecha de hoy la Fundación vive la incertidumbre de depender de una administración insensible que le adeuda más de un millón y medio de euros, correspondientes al convenio de 2011, lo que ha provocado retrasos desde junio en el pago de las nóminas a la plantilla, el impago de las extras de julio y navidad y la seria preocupación de no poder cobrar las próximas nóminas. Los impagos de la Junta han generado además importantes deudas con proveedores y servicios, como transporte y comedor.
Pero si estas son razones más que sobradas para sacar a los afectados a la calle demandando soluciones urgentes, aún lo es más que empezado ya el mes de febrero se desconozcan todavía las intenciones del gobierno Cospedal en cuanto a la renovación del convenio para 2012. En similar situación están todas las entidades y centros del sector de la discapacidad en Castilla La Mancha lo que, junto a los recortes en sanidad y educación, está haciendo tambalear el estado del bienestar en la región.
La Fundacion Fuente Agria, entidad sin ánimo de lucro, atiende a mas de 300 discapacitados. ©Paris Félix
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Promesas incumplidas
Antes de llegar a la movilización, trabajadores y usuarios de los distintos servicios de la Fundación han intentado obtener respuestas a sus demandas y solo han encontrado puertas cerradas, plantones en las reuniones concertadas y la callada por respuesta, cuando han conseguido que se les escuchara. Lo más cercano a una solución han sido promesas incumplidas, como la de publicar la convocatoria de 2012 antes del día 30 de enero o pagar la mayor parte de la deuda antes del 4 de febrero. El lunes 6 de febrero no se tenía constancia de los pagos y el Diario Oficial de Castilla La Mancha (DOCM) no había publicado la convocatoria para renovar los convenios de colaboración.
Para sorpresa de los convocantes, el 3 de febrero, un día antes de las movilizaciones convocadas, un diario conservador publicaba en su cabecera toledana que “la Junta de Comunidades renovará en 2012 el convenio con la Fundación Fuente Agria”. Se hacía eco de las intenciones de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales cuyo titular, José Ignacio Echaniz, había trasladado sus preocupaciones al delegado de la Junta en Ciudad Real, Antonio Lucas Torres, quien también trabaja para agilizar todo lo posible el pago de las cantidades pendientes desde 2011. Lucas Torres, ante lo que era una buena noticia, se limitó a publicar una nota de prensa.
En la mañana del 4 de febrero eran convocados a la delegación de la Junta en Ciudad Real los comités de empresa de Fundación Fuente Agria y Emplealia, que asistieron a la reunión asesorados por CCOO. Lucas Torres pidió que se desconvocara la manifestación prevista para esa misma tarde, comprometiéndose a cambio en garantizar los recursos para 2012 y a agilizar el pago de la deuda que arrastran las consejerías de Bienestar Social, Trabajo y Educación.
Los trabajadores, escamados ante las promesas incumplidas, decidieron mantener la manifestación y dar con ello un ejemplo de firmeza y dignidad. Anima comprobar como los aparentemente más débiles nos enseñan el camino a seguir ante la oleada de recortes. Eran medio millar de manifestantes, usuarios y trabajadores en su inmensa mayoría, pero detrás parecían estar todos los discapacitados, dependientes, sanitarios, docentes y empleados públicos de la región.
Los siguientes en salir a la calle serán los trabajadores y usuarios de ASPRONA que, según fuentes de CCOO, está también “ahogada” por la Junta de Comunidades. Los impagos del gobierno Cospedal ponen en peligro más de 400 puestos de trabajos y la atención a un millar de usuarios, en caso de que los cierres lleguen a afectar a todos los centros de la entidad en la provincia de Albacete. ASPRONA, que pertenece a la Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS), informará esta semana a sus trabajadores acerca de si cierra o hace un ERE. La decisión final dependerá de que la Junta de Comunidades pague o se mantenga en la misma postura que hasta ahora.
La Fundación vive la incertidumbre de depender de una administración insensible que le adeuda más de un millón y medio de euros, correspondientes al convenio de 2011. ©Paris Félix
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