domingo, 22 de abril de 2012

22 DE ABRIL: DÍA DE LA TIERRA. Pedro Arrojo: “Vivimos en el planeta agua”


Profesor Émerito de la Universidad de Zaragoza del Departamento de Economía. Es el primer español que ha recibido el Premio Goldman de Medioambiente en la categoría Europa por su defensa del planeta Tierra

Doctor en Ciencias Físicas, pacifista y ecologista de vocación y militancia, ha encabezado las campañas contra las gestiones hidrológicas basadas en el hormigón. Ha liderado el debate científico y ciudadano para fomentar la cultura del agua, desde el respeto y conocimiento de nuestros ríos, humedales, acuíferos, lagos etc..un complejo ecosistema del que depende la vida del planeta. 

-El acceso al agua como derecho, es la primera iniciativa popular propuesta por  ciudadanos europeos ante la Unión Europea. ¿Es una reivindicación necesaria y urgente?
20_arroyocolPedro Arrojo; Profesor Emérito de la Universidad de Zaragoza
NNUU estima que en el mundo 1000 millones de personas no tienen garantizado el acceso al agua potable, lo que conlleva más de 10.000 muertes diarias, considerando tan sólo las diarreas derivadas de la contaminación biológica. Las afecciones (abortos, malformaciones congénitas, enfermedades graves e incluso muerte) de la contaminación tóxica por metales pesados y otras sustancias ni siquiera se estiman… El crecimiento de la minería a cielo abierto (especialmente la minería del oro con cianuro) en cabeceras de cuenca, los vertidos industriales y los agrotóxicos envenenan diariamente en silencio a millones de personas. Por todo ello, el que NNUU aprobara en la Asamblea General, a propuesta de Bolivia, y sin ningún voto en contra (aunque si con algunas significativas abstenciones …), la declaración del acceso al agua potable y al saneamiento básico como un derecho humano, fue pertinente y oportuno. En este contexto, aunque el Consejo de Derechos Humanos de NNUU sigue trabajando en Ginebra para definir y reglamentar adecuadamente esta declaración formal, todos los países del mundo deberíamos introducir este derecho en nuestras constituciones y leyes fundamentales, como han hecho ya varios países latinoamericanos. La UE debería hacer lo propio, reformando la Directiva Marco de Aguas; y no sólo por lo que significaría de cara a los propios países de la Unión, sino también por el eco que tendría a nivel mundial y las implicaciones que deberían derivarse en lo referente a nuestra responsabilidades globales.
Por ello, en efecto, la iniciativa popular lanzada por la Federación de Sindicatos Europeos, con la correspondiente campaña de recogida de firmas es oportuna y necesaria.
-Si en una de las regiones  del mundo con un alto nivel de bienestar hay que hacer esta reivindicación quiere esto decir que detrás del agua hay grandes intereses económicos y poco interés social.
Siendo cierto que la UE es una de las regiones con mayor nivel de vida en el mundo, la vigente crisis abre oscuras perspectivas, que en muchos casos son ya dramáticas realidades de paro y pobreza para decenas de millones de personas. Por otro lado, la UE presenta una paradójica dualidad en sus leyes ambientales, y muy particularmente en la Directiva Marco de Aguas: mientras los valores y principios ambientales se han asentado con notable consistencia, los principios sociales brillan en gran medida por su ausencia. En efecto, la Directiva Marco de Aguas, que está basada en una avanzada visión ecosistémica y en el principio de sostenibilidad, elude sin embargo cualquier consideración, tanto respecto a los valores sociales en juego, como a derechos humanos y ciudadanos.
Tal vez, la larga experiencia de depredación ambiental que hemos liderado en el mundo, y las consecuencias sufridas en nuestros propios países, permiten hoy generar espacios muy significativos de consenso en el Parlamento Europeo sobre valores y principios ambientales … Sin embargo, cuando se llega a los valores sociales, el choque entre la visión neoliberal mercantilista más radical de la derecha y los planteamientos más sociales de la izquierda impiden los niveles de consenso necesarios para aprobar una Directiva … En este contexto, se acaba imponiendo la opción de desalmar socialmente la ley en cuestión, permitiendo que sea tan legal, por ejemplo, privatizar los servicios de agua y saneamiento, como promover modelos de gestión pública que garanticen el acceso universal a tales servicios.
Se producen así graves contradicciones. Por ejemplo, tras un duro debate parlamentario, los servicios de agua y saneamiento fueron considerados como un servicio de interés general, y no como un simple servicio económico, quedando al margen de la Directiva Bolkenstein que hubiera obligado a liberalizarlos y privatizarlos de facto, por imperativo legal … En esa misma línea, y desde su coherencia ecosistémica, la propia Directiva Marco establece que “el agua no es un bien comercial ”. De hecho, en la medida que desde la Directiva se exige superar las tradicionales visiones de gestión del agua como un puro recurso, fácilmente parcelable y apropiable, para asumir una visión ecosistémica, se hace más difícil e inconsistente la visión privatizadora y mercantilista. Sin embargo, al mismo tiempo, la UE y los principales operadores transnacionales, que son de matriz francesa, lideran las presiones privatizadoras sobre los servicios de agua a través, eso si, de sutiles estrategias departenariado público-privado
-¿Los Planes Hidrológicos, son planes para satisfacer determinados intereses económicos, o tienen alguna parte que pudiera justificarlos?
En ese marco contradictorio, el modelo de planificación hidrológica que se deriva de la Directiva Marco de Aguas no responde a la lógica mercantilista de la visión neoliberal. Desde ella, justamente, sobran restricciones reguladoras como las que impone una planificación hidrológica que tiene como objetivo central, de forma explícita, garantizar el “buen estado ecológico” de las masa de aguas y de los ecosistemas vinculados a ellas. En el fondo, más allá de consideraciones éticas, se trata de aplicar una visión pragmática que busca recuperar y preservar la ingeniería natural de un ciclo hidrológico que funciona con sofisticadas tecnologías de energía solar gratuita…
Desgraciadamente, el proceso de planificación hidrológica que culminó en el 2000 con la aprobación del Plan Hidrológico Nacional (PHN) en España, no fue expresión de este modelo de planificación, sino de las inercias del viejo modelo costista, pervertidas por intereses (grandes constructoras, hidroeléctricas y muy particularmente el negocio especulativo del “ladrillo”), no por inmorales y anticuados, menos poderosos. Estando a punto de aprobarse en Bruselas la DMA, el Gobierno del Sr. Aznar aceleró la aprobación del PHN, justamente para intentar eludirla, protagonizando una huida hacia adelante que no gustó en Bruselas.
La nueva planificación hidrológica, todavía en proceso de elaboración en España, debería adecuarse a los principios, objetivos y criterios fijados por la DMA:
  1. garantizar el buen estado de ríos, humedales, lagos y acuíferos, respetando regímenes ambientales y condiciones que permitan recuperar la biodiversidad que existió;
  2. transitar de las viejas estrategias “de oferta”, bajo subvención pública, que acaban  beneficiando a los grupos de poder más influyentes, hacia nuevos enfoques basados en el principio de “recuperación de costes” y estrategias de gestión de la demanda;
  3.  pasar de los tradicionales enfoques tecnocráticos a nuevos modelos de participación ciudadana proactiva.
Desgraciadamente, el proceso en marcha, que ha incumplido ya todos los plazos previstos, salvo en el caso ejemplar de Cataluña con el anterior Gobierno la Generalitat, dista mucho de ser satisfactorio en el conjunto de España, lo que ha llevado a reiteradas advertencias de la Comisión Europea.
-¿Qué pasará si la gestión del agua va a parar a manos de empresas privadas, como en el caso del Canal de Isabel II en Madrid?
Tres son los principales argumentos empleados por los grandes operadores privados y por el Banco Mundial para justificar las políticas de desregulación y privatización:
Ante la crisis financiera de la Administración, se supone que el sector privado puede aportar las inversiones necesarias para hacer llegar el servicio a los más pobres.
Frente a los problemas de ineficiencia y corrupción, la libre competencia incentiva la eficiencia e induce un mayor control de los usuarios mediante el ejercicio de sus derechos como clientes.
Ante la creciente complejidad técnica de los servicios de agua y saneamiento en grandes ciudades, la iniciativa privada ofrece la necesaria tecnología y capacidad organizativa.
Sin embargo, lo cierto es que los grandes operadores privados han invertido escasos fondos propios para desarrollar infraestructuras básicas, tal y como demostró empíricamente el proyecto PRINWASS (Castro, 2004), financiado por la UE, que estudió un amplio abanico de casos. Destaca el caso de Argentina, país pionero en la privatización de sus servicios de agua. Mientras estuvieron concesionados a los grandes operadores europeos, las inversiones realizadas siguieron siendo en su mayor parte públicas. Los grandes operadores siempre consideraron arriesgado y poco rentable realizar inversiones masivas en infraestructuras básicas. La privatización tan sólo desbloqueó créditos del Banco Mundial, que fueron gestionados por el operador privado, aunque se cargaron sobre la deuda pública argentina.
Hoy, en plena crisis económico-financiera, este argumento se ha distorsionado hasta ofrecernos una caricatura tan injusta, como vergonzosa e indignante, con el Banco Central Europeo (BCE) ofreciendo 1 billón de euros (es decir un millón de millones…), al 1 %, a la gran banca privada, para cubrir sus descomunales agujeros, comprar deuda pública al 5 o al 6% y financiar la privatización de servicios públicos, como los de agua en el caso del Canal de Isabel II. Es decir, nos están comprando nuestra casa con nuestro propio dinero (no olvidemos que el BCE es el banco público de todos los europeos…) y encima nos cobran un 5% por la operación.
Privatizar este tipo de servicios equivale a vender el piso en el que vivimos… A renglón seguido, tendremos que alquilárselo a quien nos lo compró, pagando la amortización de la compra, más los beneficios que nos impongan. Con el agravante de que, en estas condiciones, venderemos barato y alquilaremos caro, al precio que nos marquen… Nada que ver por tanto con la estrategia de “austeridad” de las que nos hablan; que aún podría entenderse si lo que vendiéramos fuera la segunda residencia para garantizar la economía cotidiana de lo imprescindible …
El segundo argumento, referente a las ventajas de la libre competencia, que en otros servicios podría ser válido, no lo es en éste, en la medida que se trata de un “monopolio natural”. En este contexto, el argumento del control como clientes, tampoco funciona, pues tal control puede ejercerse en la medida en que se pueda cambiar de proveedor, opción que en este caso no es posibleAl tratarse de un “monopolio natural” su privatización puede promover, a lo sumo, opciones de competencia “por el mercado”, pero no “en el mercado”. Es decir, a lo más que se puede aspirar es a una efímera competencia para conseguir la concesión en concurso público, cuando no se produce una adjudicación directa. Una vez adjudicada la concesión, el servicio pasa a ser gestionado en régimen de monopolio privado por décadas, con duras cláusulas de reversión.
20_arroyyoturLo esencial es que vivimos en el Planeta Azul, el Planeta Agua. ©Manel Zaera
A partir de ese momento, y aunque resulte paradójico, lo que suele ocurrir en la práctica es que se reduce el nivel real de competencia en el mercado. En efecto, cuando la gestión es pública, la adquisición de nuevas tecnologías, trabajos de mantenimiento y modernización etc… son contratados acudiendo al mercado, donde compiten, en concurso público, multitud de pequeñas y medianas empresas altamente especializadas. Es lo que se conoce como el “mercado de inputs secundarios”, en el que suele producirse un volumen de negocio mayor que en la gestión misma del servicio. Sin embargo, cuando éste queda concesionado a alguno de los grandes operadores, el “mercado de inputs secundarios” queda blindado a la competencia, en la medida que estas empresas disponen de sus propios medios. El resultado final, paradójicamente, es que se reduce la competencia y suben los precios a pagar por los ciudadanos.
Por otro lado, la pretendida transparencia del mercado frente a la opacidad de la gestión pública es más un mito que una realidad. El hecho de que en muchos casos la gestión pública sea burocrática y opaca no significa que tenga que serlo. De hecho, el que la gestión sea pública, permite exigir transparencia, en la medida que las instituciones públicas se deben a la ciudadanía; mientras que la gestión privada, legalmente protegida por el derecho a la privacidad en la información, acaba limitando la transparencia, a lo sumo, al ámbito de los principales accionistas de la empresa.
En todo caso, los problemas de opacidad, burocratismo e incluso corrupción, no se resuelven privatizando la administración pública, sino democratizándola. A nadie se le ocurriría proponer, como solución a la eventual corrupción de la policía, su privatización. De hecho, en los países donde estos problemas degradan la vida pública, la entrada de operadores privados, lejos de resolverlos, los ha agravado, realimentando la lógica del sistema que les acoge.
Respecto a los retos derivados de la complejidad tecnológica y de gestión de este tipo de servicios, de nuevo nos encontramos ante una mitificación interesada de tal complejidad. La realidad cotidiana y la excelente salud financiera de empresas públicas, como el propio Canal de Isabel II, lo prueban. De hecho, si buscamos las empresas más eficientes en este campo, a nivel mundial, las encontramos en Holanda o Suiza; y se trata de pequeñas empresas públicas, de carácter municipal o regional, transparentes en su gestión y fuertemente vinculadas al territorio y a sus poblaciones, que se proveen de las más modernas tecnologías acudiendo al mercado en concursos públicos.
En todo caso, la decisión de privatizar este tipo de servicios, por décadas, no debe decidirse en los despachos de alcaldía o de presidencia del gobiernos regionales, elegidos tan sólo por cuatro años. Incluso el debate en plenarios municipales o parlamentarios resulta insuficiente. Sería necesario abrir amplios debates públicos que culminen, en su caso, en referéndum, tal y como recomienda la Declaración Europea por la Nueva Cultura del Agua (FNCA, 2005).
-¿Quién debe pagar el agua? ¿Quién debe pagar el mal uso y el despilfarro?. ¿Quién debe pagar las consecuencias de la expansión del ladrillo?
Cuando hablamos de quien y qué se debe pagar en materia de aguas, siempre recomiendo hacer una reflexión ética previa sobre los valores y derechos en juego. Desde mi punto de vista, debemos distinguir cuando menos, tres categorías éticas, con niveles de prioridad, objetivos y criterios de gestión diferentes y específicos.
- El agua-vida, en funciones básicas de supervivencia, tanto de los seres humanos, como de los demás seres vivos; debe ser reconocida como prioritaria, de forma que se garantice la sostenibilidad de los ecosistemas, el acceso de todos a cuotas básicas de aguas de calidad, como un derecho humano, y la producción básica de alimentos para una vida digna.
-El agua-ciudadanía, en actividades de interés general de la sociedad en su conjunto; garantizando funciones de salud y de cohesión social (como los servicios urbanos de agua y saneamiento), debe situarse en un segundo nivel de prioridad, en conexión con los derechos de ciudadanía, vinculados a los correspondientes deberes ciudadanos.
-El agua-economía, en funciones de carácter productivo, más allá de los mínimos de vida digna, debe reconocerse en un tercer nivel de prioridad, en conexión con el derecho de cada cual a mejorar su nivel de vida. Ésta es la función en la que se usa la mayor parte del agua detraída de ríos y acuíferos, y que genera los problemas más relevantes de escasez y contaminación.
En 2010, como hemos dicho anteriormente, la Asamblea General de NNUU reconoció formalmente como un derecho humano el acceso a cuotas básicas de agua potable, que podrían cifrarse en unos 30-40 litros por persona y día. Ello supone apenas el 1,2 % del agua que usamos en la sociedad actual. No hay argumento que justifique el que 1.000 millones de personas no tengan garantizado tal derecho. La pretendida falta de recursos financieros resulta inaceptable como razón, incluso para gobiernos de países empobrecidos; cuando más para los gobiernos de países ricos e instituciones como el BM. Al fin y al cabo, la “fuente pública, potable y gratuita, en la plaza, cerca de casa de todo el mundo…” fue garantizada en muchos países, como el nuestro, cuando éramos realmente pobres y no existía el BM. El reto no fue propiamente financiero, sino político, en el sentido aristotélico y noble del término. En definitiva, se asumió la responsabilidad pública de garantizar el agua potable y gratuita en la fuente, antes incluso que alumbrar las calles y asfaltar las carreteras; por no hablar de gastos suntuarios o presupuestos militares…
En el ámbito del agua-vida deben incluirse también los usos productivos en comunidades pobres y vulnerables- pesca y producción agropecuaria – que sustentan la vida de esas comunidades y que por tanto deben considerarse en el ámbito de los derechos humanos.
Por último, en el agua-vida debe incluirse también el agua necesaria, en cantidad y calidad, para garantizar lasostenibilidad de los ecosistemas acuáticos y de sus entornos. Ciertamente, en este caso estamos hablando de caudales ambientales de un orden de superior, así como de importantes esfuerzos para depurar vertidos, preservar la calidad de las aguas y conservar los hábitats acuáticos. De ello depende, de hecho, el que podamos tener en todas partes agua fácilmente potabilizable para todos, así como recursos de calidad para las diversas actividades productivas… Aunque sólo sea por “egoísmo inteligente” necesitamos recuperar la sostenibilidad del ciclo hidrológico, tal y como pretende la UE con la Directiva Marco de Aguas…
En lo que se refiere al agua-ciudadanía, garantizar servicios domiciliarios de agua y saneamiento de calidad supone un salto cualitativo respecto a la fuente pública que garantiza el acceso a esos 30-40 litros por persona y día, como referencia del derecho humano al agua potable. En un hogar medio usamos unos 120 litros por persona y día. Sin embargo, entiendo que el acceso a tales servicios debe ser accesible a todos, ricos y pobres. Aunque esta perspectiva de acceso universal podría llevarnos a incluirlos en el espacio de los derechos humanos, pienso que lo adecuado sería situarlos en el espacio de los derechos ciudadanos. A mi entender, una diferencia sustantiva entre unos y otros está en que, mientras los derechos humanos no se vinculan a deber alguno, más allá del de estar vivos, los derechos ciudadanos deben vincularse a los correspondientes deberes ciudadanos.
Las instituciones públicas, al tiempo que garantizan estos derechos de ciudadanía, deben establecer los correspondientes deberes ciudadanos, sin perder la perspectiva del acceso universal y del interés general de unos servicios que deben proveerse sin ánimo de lucro. En concreto, deben diseñarse adecuados modelos tarifarios que garanticen la necesaria financiación, incentivando la responsabilidad ciudadana y la eficiencia en el uso.
Un sistema tarifario por bloques de consumo, con precios crecientes, puede garantizar la recuperación de costes del servicio, al tiempo que induce criterios sociales redistributivos. El primer bloque de 30 o 40 litros por persona y día debería ser gratuito, al menos para quienes estén bajo el umbral de pobreza. El siguiente escalón, hasta los 100-120 litros, debería pagarse a un precio asequible, cercano al coste real que impone el servicio. En un tercer escalón, el precio por metro cúbico debería elevarse de forma clara; para finalmente dispararse en el cuarto, propio de usos suntuarios (como jardines y piscinas). Se induce así una subvención cruzada hacia los más pobres.
En este caso, a diferencia del agua-vida, donde la lógica económica tiene poco que aportar, estamos aplicando criterios de racionalidad económica-financiera; pero criterios que no se corresponden con la racionalidad de mercado. De hecho, cuando vamos al mercado, si un kilo de manzanas cuesta 1€, suelen ofrecernos los 2 kilos por 1,8 €. Se trata de estrategias, basadas en las llamadas economías de escala, que incentivan el consumo y permiten incrementar los beneficios… El modelo tarifario propuesto promueve justamente criterios opuestos, en la medida que no pretendemos promover un buen negocio, sino un buen servicio público de acceso universal, desde la perspectiva del interés general.
20_arroyohPrivatizar el Canal de Isabel II equivale a vender el piso en el que vivimos y alquilárselo a quien nos lo compró, pagando la amortización de la compra, más los beneficios que nos impongan. ©Manel Zaera
Sin embargo, la mayor parte del agua extraída de ríos y acuíferos no se dedica a garantizar derechos humanos, ni servicios de interés general, sino a actividades productivas, basadas en suma sobre la legítima aspiración de cada cual a mejorar su nivel de vida; es decir, agua-economía. Una primera consideración ante este tipo de usos es que el derecho a ser más ricos de unos u otros, no puede anteponerse a los derechos humanos y ciudadanos de todos; y menos cuando se trata delderecho a ser más ricos de los más ricos. Desde un punto de vista ético, resulta evidente que tales usos deben gestionarse desde un tercer nivel de prioridad y sobre la base de respetar los límites de sostenibilidad. En este sentido, degradar un río o poner en riesgo la potabilidad de los caudales aguas abajo, bajo la justificación de que se impulsa el desarrollo económico constituye una grave inmoralidad.
Por otro lado, en la medida que los objetivos son económicos, deben aplicarse criterios de racionalidad y de responsabilidad económica. Cada usuario debe responder de los costes que exige la provisión del agua que usa. Pero además, si hay escasez, deberá afrontar el llamado coste de oportunidad, que no es sino el coste de escasez del recurso. En el ámbito del agua-economía se impone, en definitiva, la necesidad de aplicar el principio de recuperación íntegra de costes, tal y como establece la DMA (incluyendo costes financieros, ambientales y de oportunidad, cuando hay escasez). En este caso, no se justifican subvenciones directas ni cruzadas; de la misma forma que no se subvenciona la madera al carpintero, ni el gasóleo a la compañía de transportes…
La escasez en el agua-vida implica catástrofes humanitarias, y por ello es inaceptable. La escasez de agua-ciudadanía (cortes de agua en una ciudad) constituye un fracaso político, y por ello tampoco es justificable. Sin embargo, la escasez de agua-economía, no puede seguir entendiéndose como una “tragedia a evitar”, con cargo al erario público, sino que debe ser entendida como una realidad inexorable (tarde o temprano) que debe ser gestionada desde criterios de responsabilidad individual y colectiva y de racionalidad económica. Desde nuestra ambición desarrollista, hacemos escaso lo abundante, vulnerable la inmensidad de los océanos, insuficiente la capacidad de la atmósfera y, desde luego, escasa el agua dulce de ríos, lagos, humedales y acuíferos. Se trata en definitiva de aplicar criterios de racionalidad económica al uso económico del agua, gestionando la ambición desarrollista (encabezada por quienes mejor viven) desde el respeto responsable a los límites de sostenibilidad que nos impone la naturaleza.
Por último hay que reseñar la necesidad de caracterizar cada vez más usos económicos del agua como “agua-delito”, en la medida que desbordan los límites de la legitimidad. En tales casos, el problema no está en pagar más o menos, sino en evitados y perseguir de forma eficaz por ley tales usos. En este campo del agua-delitodeben incluirse los caudales usados en actividades como la minería a cielo abierto con cianuro, que contamina cada vez más cabeceras fluviales en el mundo. Las demandas hídricas derivadas de la especulación del ladrillo, que motivaron en su día las políticas de grandes embalses y trasvases en el PHN, a la vista de las consecuencias que hoy sufrimos, deberían considerarse también, a mi entender, como agua-delito…
-¿Las desaladoras son el último recurso cuando el agua de los ríos y la lluvia ya no da para más?
Las técnicas de desalación han progresado a lo largo de la última década y media, lo que se preveía requeriría tres décadas … Hoy desalar un metro cúbico de agua de mar (1000 litros) para obtener agua de 400 microsiemens por centímetro de conductividad, es decir agua de mejor calidad que buena parte de las aguas embotelladas que nos venden por 1000 €/m3, cuesta, usando membranas de baja presión de última generación y cámaras isobáricas de recuperación energética,  en torno a 0,5 € y un gasto energético de poco más de 3 kilowatios-hora. Para que nos hagamos idea de lo que eso significa, en términos relativos, debemos saber que trasvasar 1 metro cúbico (una tonelada de agua) desde Tortosa hasta Almería, mediante el trasvase que se proyectó en el PHN elaborado por el Gobierno del Partido Popular en tiempos del Sr. Aznar, costaría 1,5 € y unos 5,2 kilowatios-hora.
En definitiva, desde un plano puramente técnico y de costes, las tecnologías de desalación o de regeneración y reutilización por ósmosis inversa, tienden a desplazar a las tradicionales estrategias del gran hormigón (grandes presas y trasvases a grandes distancias).
Por otro lado, si se pretende blindar las zonas urbanas en línea de costa ante los riesgos de grandes sequías, que sin duda se agudizarán con el cambio climático en curso, la desalación, adecuadamente dimensionada, está llamada a desplazar definitivamente a las estrategias de grandes trasvases. De hecho, el propio PHN del Partido Popular reconocía, en anexos, que el 20% de los años, en ciclos de sequía, el trasvase del Ebro quedaría inactivo… La razón está sencillamente en que las sequías no suelen ser locales sino que, cuando menos, afectan a toda la región mediterránea. Cuando el Segura sufre sequía, tanto el Júcar como el Llobregat o el mismísimo Ebro, suelen entrar, en una u otra medida, en estrés hídrico. Por ello los trasvases son herramientas ineficaces para gestionar estas crisis. Si pretendemos contar con nuevas fuentes operativas en sequía, la clave está en priorizar opciones eficaces, modulares y flexibles. En este sentido, las plantas de desalación, con una proporción bien medida de bastidores de emergencia (para instalar membranas), son más razonables que las grandes infraestructuras de hormigón.
Ahora bien, una vez dicho lo dicho, debemos adoptar, con esta, como con todas las tecnología, una actitud prudente, razonable y responsable. No debemos olvidar que, aún siendo menos impactante que el gran hormigón, la desalación no deja de tener costes e impactos. Debemos recordar que lo que nos cuesta 0,5 €/m3 y 3 kwh/m3 de energía, el ciclo natural nos lo ofrece a través de un proceso de desalación que trabaja con sofisticadas tecnologías solares gratuitas.  Por otro lado, resulta sumamente peligroso difundir y asumir que ya no hay restricciones hídricas en línea de costa y que, por tanto, podría proseguir la depredación urbanística del litoral, una vez pase la crisis…
¿Qué está pasando con la sobreexplotación de los acuíferos? ¿Hay forma de controlarlo?
Hoy en España se estima que hay más de 1 millón de pozos ilegales; y la mayor parte se nutre de acuíferos sobreexplotados … Una de las claves de esta situación de desgobierno está en el hecho de que hasta 1985 la Ley de Aguas reconocía el dominio público tan sólo sobre las aguas superficiales, mientras las subterráneas eran de dominio privado. La Ley de 1985 intentó superar esta hidroesquizofrenia nacional estableciendo la unicidad del ciclo hídrico (aguas subterráneas y superficiales) bajo dominio público. El legislador, no obstante, no se atrevió a imponer la norma con efecto retroactivo, aunque si acabó previendo competencias públicas para imponer la gestión pública sobre los acuíferos que se declaren oficialmente como sobreexplotados. Sin embargo, las dificultades para que la sociedad en su conjunto, y en particular los propios usuarios, asuman la necesidad de un control colectivo, e incluso público, efectivo sobre esos acuíferos, ha llevado a que las declaraciones de sobreexplotación hayan resultado ineficaces.
Durante las última década, aunque ha ido creciendo el nivel de conciencia social y de los propios usuarios, sobre la necesidad de recuperar la sostenibilidad en la gestión de estos acuíferos, la tendencia dominante ha venido siendo la de exigir trasvases que compensen esa insostenibilidad. Tan sólo el llamado Plan del Alto Guadiana, ha ofrecido una estrategia diferente con perspectivas de sostenibilidad, con un presupuesto de 810 millones de euros para retirar superficies regadas, como forma de conseguir un nivel de explotación sostenible.  Desgraciadamente, el segundo gobierno de Zapatero desactivó presupuestariamente el plan, y el nuevo gobierno del PP, con la crisis como argumento, lo ha cerrado definitivamente.
-¿Qué consecuencias del cambio climático van a afectar al agua potable disponible del planeta?.
En realidad, el cambio climático en curso no va a reducir la cantidad media de precipitaciones, pero si su distribución y sus ritmos. En todos los escenarios previstos se prevé, por un lado, un incremento medio de la temperatura que aumentará la evapotranspiración (tanto en cultivos como en masas vegetales silvestres); y por otro lado, un aumento de la variabilidad pluviométrica, lo que implica mayores riesgos de sequía y de crecidas, tanto en intensidad como en frecuencia.
Del aumento de la evapotranspiración, por incremento de las temperaturas, se derivará una disminución de la escorrentía, que puede suponer reducciones en los caudales fluviales, entre el 6%, en Cuencas Internas de Cataluña, y el 34% en el Guadalquivir.
Pero quizás los problemas más graves se derivarán del aumento en la variabilidad pluviométrica. En particular es más que urgente dotarnos de adecuados planes de prevención y de gestión de las sequías.
En cualquier caso, no debería haber riesgo sobre el abastecimiento domiciliario, si establecemos las prioridades  pertinentes, en la medida que los usos urbanos apenas si suponen en torno al 10% del total.
Las claves de la planificación hidrológica, desde las perspectivas de cambio climático, deberían centrarse en tres cuestiones:
  1. Reforzar la resiliencia del ciclo hidrológico, recuperando el buen estado de ríos y lagos, pero muy particularmente, de humedales y acuíferos: los pulmones hídricos del ciclo.
  2. Reconversión del regadío, reduciendo la superficie con adecuadas compensaciones, a fin de reforzar la garantía de riego, dando especial apoyo a la explotación familiar.
  3. Reforzar el sistema concesional, flexibilizándolo mediante la implantación de Centros de Transferencia, basados en principios de transparencia y participación ciudadana.
- Vivimos bajo el paraguas de INTERNET y sus derivados pero sabemos poco o nada de lo que significa la “cultura del agua” y además no llueve. ¿Nos estamos olvidando de lo esencial?.
Sin duda, a menudo olvidamos o despreciamos lo esencial. En este caso, lo esencial es que vivimos en el Planeta Azul, el Planeta Agua. Superar esta trágica paradoja de la Crisis Global del Agua en el Planeta Agua, con los riesgos añadidos del Cambio Climático en curso, es perfectamente viable; pero para ello tendremos que priorizar dos retos esenciales:
  1. hacer las paces con la naturaleza, de la que dependemos, y en particular con nuestros ríos, lagos, humedales y acuíferos.
  2.  y hacer las paces entre nosotros mismos, desde nuevos principios éticos que nos lleven a priorizar el acceso universal a derechos humanos y ciudadanos.
… Y estoy seguro de que lo conseguiremos, en línea con ese lema del Foro Social de “otro mundo es posible”, a lo que suelo añadir que, en efecto, es y será posible, simplemente porque es necesario.
Crónica Popular
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