La liquidación del sector público empresarial en el País Valenciano camina viento en popa. El Gobierno Valenciano –en manos del PP desde 1995- ha decidido, en plena escalada de recortes, saldar sus empresas públicas, cuyo principal icono es Radiotelevisió Valenciana. El Consell ya ha anunciado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Con 1.600 trabajadores en plantilla y una deuda que ronda los 1.200 millones de euros, se trata del primer ERE en un ente público autonómico de radio y televisión.
El ERE carga sobre las espaldas de los trabajadores la responsabilidad de una “nefasta gestión”
El ERE no se ha presentado formalmente y, por tanto, se desconoce el número de trabajadores afectados más allá de meras hipótesis. Pero hay tres certezas: se ejecutará, afectará a gran parte de la plantilla y, además, dos firmas privadas se han beneficiado directamente de la realización del mismo: Price Waterhouse y el Despacho de Abogados Garrigues; entre las dos, han cobrado más de 330.000 euros de dinero público por la realización de informes que justifican el ERE y sientan las bases para su ejecución.
Por la realización de un informe de viabilidad, en el que se determina la necesidad de acometer medidas drásticas en RTVV, la auditora Price Waterhouse se ha embolsado 185.000 euros. Al despacho Garrigues Abogados, además, se le ha adjudicado por algo más de 145.000 euros la gestión y materialización del ERE (el objetivo del contrato, se dice en un lenguaje perifrástico, es la “preparación, negociación y ejecución de las medidas laborales necesarias para garantizar la viabilidad de la empresa”).
Según el exconsejero por Esquerra Unida del País Valencià (EUPV-IU) en el Consejo de Administración de RTVV, Amadeu Sanchis, “es lamentable que se hayan encargado informes innecesarios a dos consultoras privadas, con una opacidad absoluta; no se han mostrado estos informes al Consejo de Administración actual, ni al anterior, ni tampoco al Comité de Empresa ni a los grupos parlamentarios. Y con un director general de RTVV, José Luis López Jaraba, que lleva varios meses desaparecido y sin dar ninguna explicación”.
El ente público ha estado en la picota por la manipulación informativa y las denuncias de corrupción
Además, el ente público cuenta con profesionales que podrían haber realizado el informe de viabilidad adjudicado a Price Waterhouse, en concreto, los servicios jurídicos del Consejo de Administración y los de la dirección de RTVV. “Es impresentable que una consultora, que por definición busca el beneficio privado, decida sobre la viabilidad de una televisión pública, en lugar del cauce normal, que sería la negociación entre el ente público y los sindicatos”, remata Sanchis.
En 2010, con Rodríguez Zapatero en el Gobierno, se aprobó la Ley General del Audiovisual, que abre la puerta a posibles privatizaciones parciales de canales autonómicos
¿Se esconde la larga sombra de la privatización tras el ERE? Es muy posible. En el año 2003 Eduardo Zaplana, a la sazón presidente de la Generalitat, ya intentó la privatización de Radiotelevisió Valenciana. Una sentencia del Tribunal Supremo de 2004 dio la razón a EUPV y los sindicatos en su recurso contra la estrategia privatizadora. Pero en 2010, con Rodríguez Zapatero en el Gobierno, se aprueba la Ley General del Audiovisual, que abre la puerta a posibles privatizaciones parciales de canales autonómicos. ¿Es una casualidad que sólo un año después se le encargue a Price Waterhouse un informe sobre la viabilidad de Canal 9?
El ERE no se ha presentado formalmente y, por tanto, se desconoce el número de trabajadores afectados más allá de meras hipótesis
El ERE carga sobre las espaldas de los trabajadores la responsabilidad de una “nefasta gestión”, según Amadeu Sanchis. A partir de 2000 se dispara la deuda, cuando la Generalitat disminuye la financiación directa de RTVV y permite el acceso al crédito privado. Pero hay un año clave, 2006. Es el año en que el papa Benedicto XVI visita Valencia y Radiotelevisió Valenciana pone todos los medios para la retransmisión del evento. Todavía se desconoce el monto total de los gastos (se sabe, sin embargo, que es mucho mayor que lo que suman las retransmisiones de las visitas papales a Galicia y Cataluña).
También estalla el caso Gürtel, con escandalosas ramificaciones que tocan de lleno a Canal 9; el exdirector general de RTVV, Pedro García, imputado por supuesta implicación con la trama, acaba dimitiendo (el actual director del ente público, López Jaraba, estaba al frente entonces de Canal 9-24 horas). En 2010 tienen lugar, además, las denuncias de acoso sexual por parte de tres periodistas de la casa contra el exsecretario general de RTVV, Vicente Sanz, actualmente procesado por estos hechos.
En medio de este rosario de escándalos, la deuda se dispara, sin que el PP cumpla con su compromiso electoral de impulsar un Contrato-Programa, similar al de la Corporació Catalana de Radiotelevisió, RTVE o la BBC, por el que la Generalitat Valenciana debería absorber la deuda del ente, aportar la financiación suficiente para la viabilidad de la empresa y establecer una programación acorde con los principios de la ley de creación de RTVV: una televisión pública, de calidad y en valenciano. Es éste el modelo por el que apuestan los partidos de izquierda y los sindicatos. Por lo demás, los informativos de Canal 9 han estado permanentemente en la picota por su sectarismo y obediencia ciega al Partido Popular.
Desaguisados que dan para una gruesa monografía
Los desaguisados dan para una gruesa monografía. Triskel Audiovisual, una productora vinculada al Grupo Intereconomía, vendió a Radiotelevisió Valenciana tres documentales por un precio, 600.000 euros, unas 50 veces por encima del valor de mercado. El pasado mes de febrero saltó el asunto a la luz pública. Un nombre clave aparece en la historia: Fernando Quintela, exejecutivo de Intereconomía y actual director de Antena de RTVV. Los tres reportajes –sobre el GAL, Rubalcaba y el juez Garzón- habían sido emitidos ya por la cadena ultraconservadora.
Price Waterhouse y el Despacho de Abogados Garrigues han cobrado más de 330.000 euros de dinero público por la realización de informes que justifican el ERE
Entre supuestas irregularidades y opacidad en la gestión, hace año y medio que RTVV dio un primer aviso sobre la presentación del ERE. Pero en enero de 2012, tras las noticias publicadas sobre esta circunstancia por el diario conservador Las Provincias (el elegido por el Gobierno Valenciano para filtrar su estrategia de liquidación de las empresas públicas), el secretario general de RTVV comunicó al comité de empresa –integrado por CCOO, Intersindical Valenciana, CSIF, USO, UGT y CGT- que en un “futuro próximo” se aprobaría el expediente. Empiezan entonces los comunicados, asambleas y concentraciones de protesta por parte de los sindicatos. El 18 y 19 de marzo, coincidiendo con las fiestas de fallas, se montan paros parciales. Asimismo, se apoya la huelga general del 29 de marzo.
Pero el primer problema que plantea el ERE es que resulta “ineficaz”, a juicio de Nacho Ángel, representante de CCOO en el Comité de Empresa. “Canal 9 se halla, en efecto, en situación de quiebra, pero no por culpa de los trabajadores, sino por una gestión que ha sido, en nuestra opinión, delictiva y corrupta; aunque se redujera el gasto de personal en un 50%, este ahorro no permitiría enjugar lo sustancial de la deuda de Radiotelevisió Valenciana con los bancos”, explica el sindicalista. Además, ¿Para qué sirve Canal 9, más allá de la utilidad política de los informativos en manos del PP? “Se emiten muchas series y películas norteamericanas de acción, mientras que se ha renunciado la producción propia y a potenciar el audiovisual valenciano”, explica Nacho Ángel.
Parece que no hay vuelta atrás, sin embargo. Y que la decisión está tomada. En una reciente reunión, muy tensa, entre López Jaraba y el Comité de Empresa, el director general de RTVV afirmó en varias ocasiones que el ERE es “inevitable”, “para garantizar la viabilidad futura de la empresa”. También explicó que el expediente es una “decisión política” (del Gobierno Valenciano), y como responsable del ente público se limita a asumirla. Según Nacho Ángel, la cuestión de fondo es el modelo de televisión pública al que aspira el PP: “Nos tememos que pretendan jibarizar la televisión pública valenciana, para convertirla en un medio de mínimos en el que se subcontraten áreas esenciales, como los informativos, que permanecerían al servicio del PP; también nos tememos que, con la excusa del ERE, se practique una limpieza étnica de los trabajadores considerados díscolos”. Negros nubarrones se ciernen sobre el sector público. También sobre las televisiones.
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