Cuando parecía
caminar al desastre total, en gran medida por los errores propios y la
incapacidad de convencer a la sociedad de que no es culpable sino actor pasivo
de la peor crisis de la historia, la izquierda española tiene ante sí la
oportunidad de recuperarse de la dura derrota, restañar heridas y mirar al
futuro con opciones de confrontar un proyecto alternativo al de la España
intervenida por los tecnócratas de Golman Sachs y el club Bilderberg.
Afortunadamente la oportunidad surge en Andalucía, porque si el escenario fuera
el correspondiente a unas elecciones generales me temo que la negociación no se
daría entre PSOE-IU, sino entre PSOE-CIU-PNV y habríamos seguido aferrados al
“lampedusianismo” de cambiarlo todo para que nada cambie.
Que España
está intervenida nadie lo pone en duda, aunque la izquierda lo silencie -no
alcanzó a entender porque-, solo basta mirar quien decide sobre nuestros
presupuestos, quien nos exige más sacrificios, a quien sirve el enviado alemán que
bendijo los presupuestos generales y con quienes coquetean destacados próceres
del gobierno y el partido que lo sustenta. ¿No pasó Luis de Guindos por Golman
Sachs? ¿No asistió Cospedal a la última reunión del elitista club de
Bilderberg? ¿No presentamos antes los presupuestos a un enviado de la CDU que al
Congreso de los Diputados? Sobran pruebas para demostrarlo y sobra el silencio cómplice
de quienes sabiéndolo, no lo denuncian.
Pero
volvamos al escenario andaluz y lo que representa de oportunidad para la
izquierda. Aquí, por primera vez, tanto PSOE como IU parecen hacer de la
necesidad virtud y estar dispuestas a interpretar objetivamente lo que las
urnas han dictado. Andalucía ha dicho no a los recortes y no a la intervención
de las instituciones testaferro de los “mercados”; que quiere apostar por la
educación y la sanidad públicas, que los servicios sociales no se tocan y las
administraciones tienen la función de garantizar la igualdad de derechos… ha
frenado bruscamente a la más rancia derecha europea.
José Antonio Griñán lo
anunció cuando todavía estaba digiriendo el éxito de no haber perdido por mayoría absoluta: “Andalucía necesita un Gobierno
estable”, y la dirección del PSOE andaluz insistió el sábado de gloria en
que la solución que se pacte “debe proporcionar
estabilidad política y parlamentaria”, (35 años atrás, un sábado de gloria
era legalizado el PCE). Esa prioridad ha sido concretada en el documento Prioridades para el Gobierno y la
Estabilidad en Andalucía con el que aspiran a que la negociación abierta entre las dos formaciones alumbre
una salida de largo recorrido. Es decir, que incluya la gobernabilidad de Andalucía
para toda la legislatura, para los cuatro años.
El PSOE
quiere un acuerdo que permita un Gobierno fuerte para un tiempo difícil, con plena
capacidad para defender los intereses de la comunidad en un marco político y
económico complicado, no solo por la crisis económica, también por la relación
enfrentada con el Gobierno central en manos del PP. Los Presupuestos Generales de 2012 son ejemplo de ello ya que no respetan el Estatuto en la inversión y
ponen en riesgo la financiación efectiva de servicios públicos fundamentales.
Otro de los
puntos que el PSOE andaluz quiere que recoja el acuerdo con IU es la “defensa del Estatuto de Autonomía”, en
lo que coincide con Diego Valdéras, coordinador regional de la federación. El pacto
también debe incorporar el “compromiso
con la estabilidad presupuestaria” y “la
creación de empleo como prioridad absoluta”. Fijan como prioritaria para el
acuerdo “la apuesta por las políticas
sociales”, es decir, por la sanidad y la educación públicas y por los
servicios sociales.
Ninguna de
las condiciones propuestas por el PSOE me parecen rechazables y, menos aún, un
obstáculo para alcanzar un acuerdo. Es más, salvo su vigencia para toda la
legislatura, el resto podrían proceder perfectamente de IU con pequeños
matices. Por ejemplo, en el ámbito de
priorizar el empleo, IU lleva el compromiso a reducirlo en un 50% en los
próximos cinco años, algo perfectamente asumible por el PSOE y en absoluto
ambicioso pues se trataría de generar 100.000 empleos anuales. Otro tanto
ocurriría con la manida estabilidad presupuestaria en la que a buen seguro IU
apostará más por mejorar los ingresos y la eficiencia en la gestión que por
recortar en gasto público. Siendo así, y dado que el PSOE parece dispuesto a
que el Parlamento andaluz investigue hasta el final el caso de los ERE, tampoco
veo especial inconveniente en gobernar con la transparencia que pide IU, parecería
un error que no se compartiera el gobierno entre ambos y que IU se limitara a votar la investidura y
a apoyar acuerdos puntuales.
Sería un
error particular porque dificultaría la aplicación real de las medidas que
exige al PSOE para apoyarle poniendo además en riesgo el resultado de las mismas,
porque prolongaría la imagen de IU como una opción poco fiable que prefiere la crítica
a la gestión y la calle a las instituciones. Y ya es tiempo de romper
definitivamente esa inercia porque los ciudadanos votan para que se gobierne
con sus votos. No se hizo a mediados de los 90 y el resultado fueron 15 años de
travesía del desierto y graves crisis internas, y no hacerlo ahora sería
desaprovechar la última oportunidad y volver a la marginalidad. Puros, pero
marginales.
Pero si el
error particular pasará factura a IU, el error general pasará factura a toda la
izquierda ya que se mostraría socialmente incapaz de dar respuesta a la derecha
en la peor de las coyunturas posibles. La ciudadanía está cansada de que la
derecha se justifique en la herencia recibida y la izquierda en las burbujas no
pinchadas en su momento. De Andalucía tiene que surgir la alternativa que
España necesita, que no es otra que el ecosocialismo y ni el PSOE ni IU serían
capaces de aplicarlo en solitario. De ahí lo imprescindible del acuerdo.
Ambas
formaciones están obligadas a demostrar, con las limitaciones que impone un
escenario autonómico, que la salida a la crisis pasa por hacer viable el estado
del bienestar y no por recortarlo. Para ello hay que aplicar políticas fiscales
progresivas, gestionar eficientemente los recursos públicos, apostar
decididamente por las EERR, implantar la Ley de Dependencia, reorientar el
sector agrario hacia producciones que atiendan los mercados cercanos,
desarrollar todas las posibilidades de la industria agroalimentaria, apostar
por la diversificación real y por la I+D+I. En el terreno institucional y
aprovechando las competencias establecidas por el Estatuto andaluz habría que
simplificar la gestión pública apostando por la más cercana al ciudadano, suprimiendo
o reunificando estructuras duplicadas, favorecer la transparencia y la
participación y consolidar la regeneración de la política como actividad al
servicio de la sociedad. En resumen, hay que demostrar que la izquierda tiene
alternativa y que esta es mejor que el liberalismo y que desde Andalucía se
extenderá al resto del Estado español.
No veo mejor
resumen final que lo dicho públicamente por Diego Valdéras a su compañero
extremeño Pedro Escobar: “Yo lo que le
aconsejo a Pedro es que se mire al espejo para que vea su historia, de dónde
viene y adónde quiere ir. Si se mirara, seguramente no podría hacer lo que está
haciendo”.
Marcel Félix de San Andrés
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