Cristina Fernández recupera YPF, compañía de la que se apoderó REPSOL en 1999 con la complicidad del entonces presidente Carlos Menem. REPSOL, expropiada a los españoles para convertir una empresa pública en un negocio privado, recibió el regalo de YPF, expropiada a los argentinos: Menem cargó al Estado las deudas de la petrolera nacional, despidió a 25.000 trabajadores y se la vendió a REPSOL por mucho menos de su valor.
Lo que hace ahora el gobierno de Argentina es recuperar el control sobre YPF, la empresa más importante del país, para planificar desde el Estado la explotación de recursos tan estratégicos como el gas y el petróleo en función de los intereses de su soberanía nacional. Aplica el modelo de Noruega: la participación del Estado en la producción y exportación del petróleo para blindar la economía nacional. La renacionalizada YPF se asociará con compañías extranjeras como hacen Petrobras en Brasil, Pemex en México, PDVSA en Venezuela, Ecopetrol en Colombia, YPFB en Bolivia y Petroecuador.
La propia REPSOL ya acepta ese procedimiento con sus contratos de gas y petróleo en Brasil, Venezuela y Cuba. Argentina era el único país de América Latina que no había recuperado la soberanía nacional sobre sus hidrocarburos. Los nuevos yacimientos de gas descubiertos en el territorio argentino se consideran tan importantes como los de petróleo en las costas brasileñas. Los recursos de Venezuela, Brasil, Argentina, Bolivia y Cuba acumulan la última gran reserva mundial de combustibles.
Especulativa y depredadora
El PSOE dice que respaldará al gobierno del PP “en las medidas que tenga que tomar en defensa de los intereses de las empresas españolas” pero REPSOL no es una empresa española y el gas y el petróleo de YPF sí son de Argentina.
Los propietarios del 52% de REPSOL son los fondos de inversión internacionales (con mayoría de Estados Unidos) y la mexicana PEMEX.
REPSOL demuestra su patriotismo siendo, después del Banco de Santander, la segunda entre las grandes compañías cotizadas en España con mayor presencia en los paraísos fiscales.
REPSOL no es una empresa española y el gas y el petróleo de YPF sí son de Argentina. ©Beatrice Murch
El proyecto de ley enviado al Parlamento por la presidenta Cristina Fernández para la expropiación del 51% de las acciones de REPSOL en YPF explica que “se declara de interés público nacional el autoabastecimiento de hidrocarburos para garantizar el desarrollo económico con equidad social” y anuncia “la integración del capital público y privado, nacional e internacional, en alianzas estratégicas para la exploración y explotación de hidrocarburos”.
El argumentario resulta demoledor para REPSOL. El gobierno argentino justifica la expropiación por su “estrategia de carácter predatorio” y denuncia “la actividad especulativa que provocó el vaciamiento de la principal empresa del país”. REPSOL no cumplió sus compromisos de inversión y “su estrategia de reducción de la producción implicó la progresiva pérdida de soberanía energética de Argentina, ya que las cantidades de combustible importadas superaban desde 2010 a las exportadas”.
“Como resultado del control ejercido por REPSOL sobre YPF -se lee en el proyecto de ley-, se produjo una creciente necesidad de importaciones de combustibles, lo que conlleva una mayor vulnerabilidad externa y pone en peligro las bases del proceso de crecimiento con inclusión social que desde el 2003 ha permitido que la tasa de desocupación se reduzca del 24 al 7%. Para seguir avanzando por el camino del crecimiento económico y la reducción del desempleo, resulta central que el Estado tenga la capacidad y la potestad de controlar efectivamente la actividad del sector”.
La renacionalización de YPF en Argentina forma parte de la política que comparten los gobiernos de la izquierda en América Latina para recuperar la soberanía nacional, reducir las desigualdades y construir la integración regional.
Argentina necesita 20.000 millones de dólares para la explotación de sus reservas de hidrocarburos. Con la recuperación del control sobre YPF, la asociación para recibir inversiones internacionales podría realizarse ahora con las petroleras de China en lugar de con las vinculadas a España y a Estados Unidos.
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