35 AÑOS DE LA LEGALIZACIÓN DEL PCE

El Sábado Santo de 1977 culminó una de las operaciones más delicadas de la Transición. El PCE dejó de ser ilegal y Adolfo Suárez desató las iras de parte de la cúpula de las Fuerzas Armadas. 

El presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, convocó el 8 de septiembre de 1976 una reunión con los Consejos Superiores de los tres ejércitos (Tierra, Mar y Aire). Un cónclave insólito y nunca más repetido. Hacía solo un par de meses que el Rey le había encargado la formación del segundo Gobierno de su reinado y a la par el desmontaje de las viejas estructuras franquistas. Suárez, con poco más de 40 años, salido de las filas del antiguo régimen, era consciente de la trascendencia de aquella reunión con decenas de generales y almirantes. Él quería exponerles las líneas maestras de la reforma política que tenía en mente y obtener el respaldo de la cúpula militar para esa delicada misión. Durante esa asamblea, a lo largo de tres horas, Suárez desplegó todos sus encantos para convencer a su auditorio. En ningún momento hizo referencia al PCE, un partido que entonces era ilegal. Al terminar su exposición, mientras los asistentes tomaban un vino español, el jefe del Gobierno se acercó a un corrillo y uno de los generales le preguntó por la espinosa cuestión de la legalización del partido comunista. El presidente comentó que el partido liderado por Santiago Carrillo no sería legalizado, aunque lo hizo sin aclarar que no lo sería mientras tuviera los estatutos que tenía ese momento. La ambigüedad logró su propósito. Los altos mandos salieron encantados. Hasta tal punto que Mateo Prada Canillas, capitán general de Burgos, proclamó a voz en grito: “¡Presidente, viva la madre que te parió!”.

Lo que todavía hoy causa extrañeza es que seis días después se distribuyera desde el Ministerio del Ejército una nota a las guarniciones de Madrid en la que se expresaba la “profunda y unánime repulsa del Ejército” ante la posible legalización del PCE. Otra nota difundida cuatro días más tarde en los acuartelamientos anulaba la anterior, que atribuía a una “inadmisible ligereza”, aunque mantenía que el tema de los comunistas había producido “una repulsa general en todas las unidades”. Semejante episodio era un botón de muestra de la sensibilidad a flor de piel que había en los más poderosos estamentos castrenses en relación a los comunistas. Suárez debería medir al milímetro sus pasos si no quería enfurecer a la clase militar.

 “Señoras y señores: hace un momento, fuentes autorizadas del Ministerio de la Gobernación han confirmado que el Partido Comunista de España ha quedado legalizado e inscrito en el Registro de Asociaciones Políticas”. El periodista Alejo García fue el primero en lanzar al aire, a través de Radio Nacional de España, la noticia de la legalización del PCE. Fue a media tarde del 9 de abril de 1977, sábado Santo. Media España estaba de vacaciones y la otra media en las tradicionales procesiones. Ese día se convirtió en el Sábado Santo rojo.

Hoy se cumplen 35 años de aquel hecho histórico que removió los cimientos de buena parte del estamento militar. Estos consideraban que la decisión de Adolfo Suárez era un insulto para quienes, a las órdenes de Franco, habían vencido en la Guerra Civil sobre las llamadas hordas marxistas.

Todo el mundo creyó entonces, y sigue creyendo hoy, que la elección de esa fecha peculiar fue una jugada maestra del presidente Suárez con la intención de sorprender a los militares franquistas más recalcitrantes. “A mí eso me hace gracia. No fue una cosa milimétricamente calculada. Sucedió así por pura casualidad. Fue una coincidencia”, afirma Rodolfo Martín Villa, entonces ministro de la Gobernación, y revela, divertido, un detalle inédito: “Yo ordené la inscripción del PCE en el Registro de Asociaciones Políticas, pero se me olvidó firmar la resolución. La firmé en 1984 delante del ministro José Barrionuevo, cuando solicité una copia de ese documento para incluirla en un libro que yo estaba escribiendo. En ese instante me di cuenta de que no lo había rubricado en su momento”. 

La decisión de legalizar al PCE fue un proceso cuidadosamente cocinado durante meses. Sobre todo, porque el jefe del Gobierno era consciente de que podía levantar ampollas entre los escalones más poderosos de las Fuerzas Armadas. Consciente del riesgo que eso entrañaba en los albores de la Transición, Suárez empezó a diseñar la operación en 1976 con ayuda del general Manuel Gutiérrez Mellado, vicepresidente para Asuntos de la Defensa. Pese a la ebullición innegable que había entre los miembros más altos del escalafón militar, el 27 de febrero de 1977 se produjo una reunión secreta entre el jefe de Gobierno y el secretario general del PCE, Santiago Carrillo. Al término de la misma, este aceptó la monarquía, la bandera bicolor y una declaración solemne a favor de la unidad nacional. Con eso, quedaban aparentemente solventados los escollos más escarpados ante el futuro reconocimiento legal del partido. Eso allanaba la vía para la normalización democrática.

Un mes más tarde, Suárez encargó al entonces teniente coronel Cassinello, jefe del Servicio de Documentación (SECED), un informe sobre las ventajas e inconvenientes de la hipotética legalización del PCE. Cassinello, responsable del servicio de espionaje, despachaba a diario con el presidente. “Los servicios de Información de los tres ejércitos habían hecho otro informe en el que manifestaban que desde el empleo de teniente coronel para arriba había una opinión contraria a la legalización”, recuerda Cassinello. “En mi informe, de 10 folios, hay solo medio folio exponiendo los motivos que desaconsejaban la legalización. Yo creía que era bueno legalizar al PCE porque, además de que así se le desmitificaba, siempre resultaría más fácil vigilar a un partido legal que a un ilegal”, aseguraba Cassinello. No obstante, admitía en su escrito que esa decisión podía causar cierto revuelo entre los militares que consideraban que los comunistas eran los enemigos derrotados en la Guerra Civil.

En el complejo —y discreto— proceso intervino la Sala de lo Contencioso del Supremo, que el 1 de abril de 1977 se declaró incompetente para decidir acerca de la legalización o no del partido liderado por Carrillo. “Nosotros creíamos que el Supremo resolvería la cuestión, pero en lugar de eso dictaminó que se trataba de un tema político y que, como tal, correspondía al Ejecutivo, al que devolvió así la patata caliente”, rememora Martín Villa.

En aquellos días, el subsecretario de Educación, Sebastián Martín Retortillo, convocó un almuerzo al que asistieron su ministro, Aurelio Menéndez, y el ministro de Gobernación, Martín Villa, junto con el magistrado Jerónimo Arozamena. Durante el amigable encuentro, salió a colación el asunto del PCE y Arozamena comentó que de la propia sentencia del Tribunal Supremo se deducía la solución al problema: encargar un dictamen a la Fiscalía del Reino. Dicho y hecho. En plena Semana Santa, esta no tardó nada en decir que no había ningún motivo para negar la inscripción del PCE en el registro de Asociaciones Políticas.

Ya antes del pronunciamiento de la Fiscalía, el presidente Suárez consideraba que la situación estaba encarrilada. Por eso, el Lunes Santo, 4 de abril de 1977, convocó a sus vicepresidentes Alfonso Osorio y Manuel Gutiérrez Mellado, junto con Martín Villa, Landelino Lavilla (titular de Justicia) e Ignacio García López (ministro secretario general del Movimiento). Osorio fue el único del grupo que se resistió a la legalización del PCE.

El Sábado Santo, tras el dictamen de la Fiscalía del Reino que daba luz verde a la legalización, Martín Villa fue recogido en Badajoz por un helicóptero que le trasladó a Madrid. Citó en su despacho al general Sabino Fernández Campo, a la sazón subsecretario del Ministerio de Información y Turismo, para pedirle que dispusiera lo necesario para dar a conocer la noticia a la opinión pública. Fernández Campo, que era el dueño de Televisión Española y Radio Nacional, hizo notar al ministro la convulsión que eso podía producir en el mundo castrense, recordándole que en septiembre de 1976 se habían enviado circulares a las unidades militares dando cuenta del “compromiso” de Suárez de no legalizar al PCE.

El notición lo divulgó Europa Press, pero quien lo difundió a los cuatro vientos fue Radio Nacional en la voz de Alejo García. El Sábado Santo Rojo fue de absoluta normalidad. Entre la ciudadanía era un tema asumido. En el mundo militar tampoco hubo entonces el menor movimiento contrario a la decisión del Gobierno.

Sin embargo, el 11 de abril, lunes de Pascua, el caso estalló como si se tratara de una bomba con espoleta retardada. El ministro de Marina, el almirante Gabriel Pita da Veiga, presentó su dimisión alegando que estaba en desacuerdo con la legalización de los comunistas, de la que se había enterado por los medios de comunicación. Todo induce a pensar que Pita da Veiga renunció al cargo ante las presiones de los altos mandos de la Armada. Su postura no fue secundada ni por el ministro del Aire, Carlos Franco Iribarnegaray, ni por el del Ejército, Félix Álvarez-Arenas Pacheco. La aparente sublevación militar obligó a Gutiérrez Mellado a interrumpir sus vacaciones en Canarias para regresar precipitadamente a la capital de España. 

El terremoto de la legalización del PCE no produjo entonces mayores convulsiones. Pero hay quienes creen que las llamaradas de aquel incendio no se apagaron en la Semana Santa de 1977, sino que se propagaron hasta varios años después. Hay militares como el general Sabino Fernández Campo, el 23-F era secretario general de la Casa del Rey, que creen que la asonada golpista tuvo relación con el “engaño” de Suárez a la cúpula castrense al prometerle que el PCE no sería legalizado.

El 15 de junio de 1977, Suárez obtuvo el respaldo de los españoles en las primeras elecciones democráticas celebradas en España desde la Guerra Civil. Logró 166 escaños del Congreso; el PSOE consiguió 118 y el PCE 19. Quedó instalada la normalidad democrática.

ACTORES SECUNDARIOS. 

Son rostros alejados del poder, pero co-responsables de lo que ocurrió la Semana Santa de 1977. José Mario Armero y Teodulfo Lagunero actuaron de intermediarios entre Suárez y Carrillo. El primero (1927-1995), empresario, periodista y abogado, aloja a los dos interlocutores en su casa de campo dos meses antes de la legalización del PCE, y es el que pide al PCE una política de gestos que apacigüe los ánimos tras el “sábado santo rojo”’, como la aceptación de la bandera monárquica. Teodulfo Lagunero (1927), abogado y constructor millonario, financió a los comunistas en la clandestinidad. Durante la Transición, se convirtió en brazo derecho del secretario general. En su casa de Cannes, Villa Comet, Carrillo recibe de Armero la nueva de la legalización el 9 de abril.

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