Carta abierta al gobierno y al poder judicial español

Baltasar Garzón expulsado de la carrera judicial – carta abierta al gobierno y al poder judicial español

Crónica Popular

Las organizaciones de derechos humanos de diferentes países abajo firmantes, nos dirigimos a ustedes para expresar nuestra gran preocupación frente a la criminalización de la actividad judicial del Juez Baltasar Garzón.

El Juez Baltasar Garzón Real ha sido condenado en única instancia (y, por tanto, vulnerando el Convenio Europeo de Derechos Humanos) el 9 de febrero de 2012, por la Sala Segunda del Tribunal Supremo de España a la pena de 11 años de inhabilitación para el ejercicio del cargo de juez, con pérdida definitiva de su función judicial. Este procedimiento fue abierto por la investigación que realizó en el denominado caso de corrupción política «Gürtel» que involucra a miembros del Partido Popular.

Garzón fue condenado por haber ordenado la interceptación de las comunicaciones de los detenidos que habrían seguido delinquiendo desde la cárcel con el apoyo de algunos de sus abogados. Como organizaciones de derechos humanos, consideramos que la confidencialidad de la relación entre abogado y cliente es un principio fundamental pero notamos que en casos similares, otros jueces españoles nunca fueron enjuiciados, al ser cuestiones concernientes al régimen procesal interno del caso. El Fiscal solicitó su absolución. El Tribunal Supremo negó la práctica de pruebas solicitadas por la defensa del juez Garzón, así como negó las recusaciones planteadas contra algunos de los magistrados que no eran garantía de independencia e imparcialidad frente al juzgamiento.

Además, el Juez Garzón acaba de ser juzgado por su investigación de los crímenes del franquismo. Este procedimiento se inició por la denuncia de un sindicato de la extrema derecha española y, en estos momentos, está pendiente de dictarse sentencia. En este caso, también, el Fiscal ha solicitado su absolución. Garzón fue juzgado precisamente por cumplir con las obligaciones internacionales de España y amparar a las víctimas de crímenes contra la humanidad. En esta causa, el Juez Garzón es acusado del presunto delito de prevaricación, por haber aceptado y asumido que es deber judicial investigar la verdad sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura franquista y en particular la de exhumar las fosas comunes donde siguen sin identificarse a las víctimas de la desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial de 114.266 personas.

Y, por último, se le investigó por los cursos impartidos en la Universidad de Nueva York, hasta el pasado 13 de febrero de 2012, cuando la justicia archivó la causa por prescripción.

Consideramos que la conjunción temporal de estos tres diferentes procesos y el origen de los querellantes evidencian la persecución de la cual es víctima Baltasar Garzón Real. Esta sentencia y estos procesos afectan la credibilidad del poder judicial en España, que en su momento mereciera el reconocimiento de amplios sectores de la comunidad internacional por el rigor y empeño en causas de juridisdicción universal, de lucha contra el crimen organizado, que de manera particular simbolizara Garzón arriesgando su vida.

Por ello hacemos nuestras las preocupaciones expresadas por un grupo de expertos de Naciones Unidas, encabezados por la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Gabriela Knaul, y los cinco expertos independientes del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias: “Es lamentable que el Juez Garzón pudiese ser castigado por haber abierto una investigación en línea con las obligaciones de España de investigar violaciones de derechos humanos de conformidad con los principios del derecho internacional”.

“La defensa del Estado de derecho requiere un compromiso incondicional con la justicia y los derechos humanos. En el pleno respeto de la independencia y autonomía de la judicatura, los supuestos errores en decisiones judiciales no deben ser motivo para la remoción de un juez y, menos aún, para el inicio de un proceso penal”, observó la Relatora Especial. “La autonomía en la interpretación de la ley es un elemento fundamental en el rol del juez y para el avance de los derechos humanos”. “Ningún juez debe tener temor a ser independiente en sus funciones,” afirmó la Relatora Especial y añadió: “Si bien los jueces tienen que rendir cuentas del desempeño de sus funciones, todas las medidas que se tomen al respecto tienen que ajustarse a las normas y salvaguardias necesarias, incluyendo los Principios Básicos relativos a la Independencia de la Judicatura”.

Por ello, para nosotros es inaceptable y lamentable que en una democracia como la española se vulnere de esta forma la independencia de la justicia criminalizando a un juez que utilizó esta independencia, entre otras, para aplicar el Derecho Internacional de los Derechos Humanos en sus decisiones judiciales.

Como organizaciones de derechos humanos también manifestamos nuestro reconocimiento al Juez Baltasar Garzón porque sus actuaciones independientes, rigurosas y conforme a las obligaciones internacionales de los Estados en materia de derechos humanos han contribuido a fortalecer el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, en nuestros países, haciéndose acreedor de un merecido reconocimiento mundial.

Por esas razones les instamos a garantizar la independencia e imparcialidad judicial y anunciamos y reiteramos nuestro apoyo a Baltasar Garzón Real en los procedimientos que contribuyan al restablecimiento de su buen nombre y a su condición de magistrado.

ORGANIZACIONES FIRMANTES:

Organizaciones internacionales

• Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM)
• Conectas – Direitos Humanos
• FIAN International
• Fundación Diáspora Solidaria
• Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)