¿Quién manda en la economía y en la política?

En ‘A través del espejo’ (*), el magnífico libro de Lewis Carroll, autor también de ‘Aventuras de Alicia en el País de las Maravillas’, se produce el siguiente diálogo de Alicia con el huevo antropomórfico Humpty Dumpty, personaje extraído de una popular rima infantil:

- “Cuando yo uso una palabra -dijo Humpty Dumpty en tono burlón-, ésta significa, ni más ni menos, lo que yodecido que signifique”.

- “La cuestión está en saber -dijo Alicia- si puedes hacer que las mismas palabras signifiquen cosas distintas”.

- “La cuestión está en saber -dijo Humpty Dumpty- quién manda. Eso es todo”.

©Joan Picornell

Se trata de un diálogo enormemente pedagógico porque formula, de forma casi socrática, tres cuestiones esenciales en el arte de mandar. En primer lugar, si se puede hacer que las palabras signifiquen cosas distintas de las que enuncia su nombre; en segundo lugar, la respuesta de que ello depende de quién manda; y, por último, la afirmación de que quien manda es quien decide su significado. A nadie se le escapa que el fondo de este diálogo está explicando cómo el lenguaje puede servir, a quien manda, para una sutil forma de engaño y de falsificación de la realidad.

Efectivamente, la cuestión estriba en saber quién manda. ¿Y quién manda en la economía mundial e incluso en la política mundial, en la economía española e incluso en la política española? No, por supuesto, ningún Gobierno de nuestro entorno, ni el Gobierno español -ya sea el de Rodríguez Zapatero o el de Rajoy-, ni siquiera el Consejo Europeo o el Fondo Monetario Internacional, todos los cuales no son más que los muñecos de un siniestro ventrílocuo, sino, aparentemente, un personaje -también aparentemente- invisible, que se ampara bajo el nombre de “los mercados”.

Primera falsificación

Y digo “aparentemente” porque aquí viene la primera falsificación, el primer truco sacado de una chistera nominalista, lo cual nos impone la obligación de llamar las cosas por su verdadero nombre: “los mercados” no son los sujetos del gigantesco fraude universal que estamos padeciendo, sino, simplemente, el instrumento del que se valen los auténticos sujetos para imponerlo. Y para saber quiénes son estos auténticos sujetos, no hay más que ver quién es el principal beneficiario -a veces el único beneficiario- de esta crisis y de la política que, en lugar de intentar resolverla, la agrava deliberadamente. La economía, la ciencia económica, puede ser muchas cosas que se inventen en su nombre, pero debe partir de algo muy primitivo, que los seres humanos inventaron o pusieron en marcha hace miles de siglos, como son el sentido común y la aritmética. Simplemente con la aritmética y el sentido común, aplicándolas a su portentosa capacidad de abstracción, Carlos Marx desveló la génesis de la explotación capitalista, la plusvalía. Y científicamente, sin populismo, demostró cómo se generaba ésta: adquiriendo la fuerza de trabajo, en tanto que mercancía, a su valor intrínseco.

Aplicando la aritmética, es fácil desentrañar quiénes son los sujetos de este gran negocio. No hay más que constatar las cifras, que no voy a reproducir aquí por no ser reiterativo, ya que son sobradamente conocidas. Los sujetos son las grandes corporaciones nacionales e internacionales a que ha dado lugar la interminable concentración capitalista que estamos presenciando, son los grandes bancos e instituciones financieras, son los dueños de todas ellas. Y, aplicando también el sentido común, descubrimos que ellos, los que han creado esta crisis, son precisamente los que se están valiendo de ella para imponer soluciones económicas que no sólo satisfacen su avidez, sino que empujan sin parar para que la crisis se agrande y les ayude a concentrar aún más el poder.

Por supuesto, estos verdaderos sujetos quizá no se conocen directamente entre sí y ni siquiera necesitan reunirse, porque “los mercados”, a través de los cuales operan, se encargan de coordinarlos para actuar en común.

Los nuevos dueños de España

©Joan Picornell

Por lo que se refiere a nuestro país, esta actuación en común es el gran negocio de la historia, que supera incluso abrumadoramente, al que lograron los dueños de España en los primeros años de la posguerra. En aquel entonces, el enorme enriquecimiento de unos pocos se logró mediante la victoria de las armas y la represión salvaje que durante años impuso el silencio. Hoy se está logrando mediante el impulso de “los mercados” y la actuación aparentemente democrática en el seno de un modelo político corrompido en sus instituciones, en gran parte de sus políticos profesionales, en sus tribunales, en su sistema financiero… Pero hoy, al igual que entonces, como si se tratara de vasos comunicantes, este inmenso enriquecimiento de unos pocos coincide con la progresiva depauperación del resto. Estamos empezando a vivir en nuestro mundo una época en la que los ricos, los inmensamente ricos, son cada vez mucho más ricos, y todos los demás, los inmensamente mayoritarios, tenemos cada vez menos recursos, menos trabajo, menos derechos, menor protección social y de la salud, menores dotaciones para la enseñanza, la cultura, el entretenimiento y el sustento del ocio… En definitiva, una vida cada vez más pobre.

El comienzo de un inmenso negocio

Para contemplarlo con perspectiva, situémonos en la atalaya de nuestro sistema económico que nos permita ver, aunque sólo sea, el pasado más reciente. El panorama que podemos divisar es enormemente ilustrativo de este inmenso negocio.

Por un lado, la depauperación de la mayoría. Se inició con el Gobierno del PSOE encabezado por Rodríguez Zapatero, que impuso un auténtico asalto a los derechos de los trabajadores y al bienestar social: una reducción de los salarios de los empleados públicos; una congelación de las pensiones; una supresión de las ya de por sí exiguas subvenciones a quienes habían agotado la percepción del seguro de desempleo; una reforma laboral que mermaba sensiblemente el poder de los sindicatos para poder negociar en nombre de los trabajadores e imponía un severo recorte de las indemnizaciones por despido; una nueva legislación del sistema de pensiones que aplazaba el derecho a la jubilación y restringía las percepciones futuras… Con todo ello -se argumentó- se crearía más empleo. Su resultado, que contribuyó a agravar este proceso de depauperación, fue el que cabía esperar: un fuerte aumento del número de parados hasta casi cinco millones y medio.

Por otro lado, las continuas regalías a los dueños del poder económico a costa del presupuesto de todos: la financiación, mediante los caudales públicos, de las indemnizaciones por despido; la entrega, sin contrapartida, del dinero público a los bancos, que no se transformó en créditos que ayudasen a sobrevivir a las pequeñas y medianas empresas, a las familias y a los trabajadores autónomos, sino en un aumento de las ya fabulosas retribuciones de los directivos de la gran banca; una pseudorreforma del sistema financiero para concentrar sus activos en los principales bancos; y, en los estertores de su legislatura, deprisa y corriendo, el indulto del principal directivo del mayor banco español, que había sido condenado por el Tribunal Supremo a penas de cárcel y de inhabilitación, y una reforma de la Constitución para cercenar los gastos e inversiones públicas, posibles generadores de empleo. Todo ello, inmersos en un océano de corrupción, propagada como una peste elegante por los más ricos y poderosos, incluida la propia familia real, a veces incluso con el beneplácito o la vista gorda de juzgados y tribunales.

PP. La misma trayectoria

Con el Gobierno del Partido Popular esta actuación no ha terminado sino que está siguiendo la misma trayectoria, aunque incluso mucho más escarpada. Esta andadura se ha iniciado con una nueva (¿y última?) reforma laboral que incluso deja chica a la que llevó al Gobierno del señor Zapatero a la pérdida de su aparente virginidad socialdemócrata. Aquella reforma laboral les parece poco, y con el empuje de la patronal CEOE y los votos de los restantes partidos de la derecha, ha impuesto una nueva, que no sólo rompe totalmente el sistema de relaciones laborales vigente hasta ahora, sino que incluso incurre, en algunos de sus artículos, en normas claramente inconstitucionales.

No es mi oficio el conocimiento o la interpretación de las leyes, pero no por ello puedo renunciar a divulgar, aunque sea de forma esquemática y aunque éste no sea el lugar más adecuado para hacerlo, al menos algunos de los aspectos más graves que sobre esta reforma laboral vienen señalando prestigiosos especialistas.

Mutilación de derechos

El centro de gravedad de este auténtico atraco lo constituyen, por una parte, las nuevas modalidades de contrato de trabajo y, por otra, una ruptura del modelo de relaciones laborales, con los amplísimos poderes que otorga al empresario en su relación con los trabajadores y los representantes de éstos.Como escribía hace días en estas mismas páginas Manuel Buendía, responsable de Comunicación de Izquierda Unida de Tomelloso (Ciudad Real), el programa económico de Rajoy “lo vamos conociendo ahora casi al mismo tiempo que ellos, pues se lo va dictando desde Alemania el BCE y, en definitiva, los poderes financieros internacionales”. Y lo que acabamos de conocer al aprobarse el reciente decreto ley, justificado como tal, según establece la Constitución, “por razones de extraordinaria y urgente necesidad”, es “la mayor mutilación de derechos laborales individuales y colectivos de nuestra historia” democrática”, como escribe también en nuestras páginas Adoración Guamán, profesora de Derecho del Trabajo en la Universidad de Valencia.

Por lo que se refiere al contrato de trabajo:

-  El Gobierno pone de relieve el gran avance que constituye la aparición del contrato indefinido, lo que ya se empieza a denominar contrato Rajoy. ¿Contrato indefinido? Este contrato establece un período de prueba de un año de duración, al final del cual el trabajador podrá ser despedido sin indemnización alguna, con la mera “justificación” de que no ha superado la prueba. Permite, por lo tanto sin coste alguno e incluso con subvenciones, una dinámica diabólica: el empresario, cuando falte un día para cumplirse el año, despide al trabajador y le ofrece un nuevo contrato “indefinido” con otro año en período de prueba. Es algo sin precedentes en la legislación europea.

-  La reforma abarata el coste del despido improcedente, o sea el despido sin causa alguna, reduciendo la indemnización de 45 días/año con un límite de 42 mensualidades, a 33 días/año con un límite de 24 mensualidades. Esta norma contiene, además, dos agravantes: por una parte, se podrá aplicar, al menos con ciertas limitaciones, a los contratos ya vigentes, es decir con carácter retroactivo; por otra, se eliminan los salarios de tramitación en los casos en que el trabajador recurra el despido.

- El empresario puede reducir los salarios que superen el mínimo establecido en convenio, simplemente con alegar que existen razones basadas en la competitividad, la productividad de la empresa o su organización del trabajo. El trabajador habrá de aceptar la reducción de su salario o perder su trabajo, con una indemnización por despido de 20 días, con un máximo de nueve mensualidades.

- La indemnización por despido se reduce a 20 días por año trabajado por el solo hecho de que el trabajador haya causado dos bajas justificadas por enfermedad, que sumen al menos nueve días en los últimos dos meses si ninguna supera los 21 días. El trabajador resulta ser un vago y, como tal, hay que despedirle.

- Se generaliza la posibilidad de utilizar, de forma incluso encadenada, el contrato para la “formación y aprendizaje” de los “jóvenes” menores de 33 años. Su finalidad inconfesada no es formar y enseñar -para lo que no se establece ninguna exigencia seria-, sino abaratar el salario, ya que dicho contrato permite abonar retribuciones inferiores al salario mínimo. Por lo tanto, contagiados de cinismo, podemos preguntarnos por qué no se amplía hasta los “jóvenes” próximos a la edad de jubilación.

- Se congela durante un año (por enésima vez) el sueldo y la “masa salarial” de la totalidad de funcionarios públicos.

La recesión es un nuevo negocio a escala internacional que arruina a centenares de pequeñas e incluso medianas empresas, que están siendo ya absorbidas por sus hermanos mayores

Por lo que se refiere a las relaciones laborales en el seno de la empresa:

- Permite que la empresa pueda descolgarse de los acuerdos alcanzados en un convenio colectivo, incluyendo entre ellos la jornada laboral.

- Establece que, una vez transcurridos dos años desde la finalización de un convenio, éste perderá vigencia y será sustituido automáticamente por otro acuerdo de rango diferente, o bien suprimido.

- Elimina la necesidad de autorización, por parte de la autoridad laboral, para los expedientes de regulación de empleo (ERE), otra forma de despido colectivo. Basta para establecerlo la decisión del empresario.

- Reduce las posibilidades de aplicación de convenios colectivos de ámbito estatal o de ramo para rebajarlos al nivel de la empresa, donde el trabajador se halla mucho más desprotegido y puede ser objeto de mayores presiones o de represalias. 

En resumen, el espacio de confluencia de empresarios y trabajadores y de contraste de intereses, obligaciones y derechos que venía siendo la empresa, es sustituido por la tiranía del empresario.

Nueva regulación del derecho de huelga

Y esto, de momento, no queda aquí. El Gobierno ya ha anunciado su propósito de llevar a cabo una nueva regulación del derecho de huelga, y ya podemos suponer lo que ello significa: menores derechos de los trabajadores y, como consecuencia de ello, mayor depauperación de las clases populares. Y como esta derecha política y económica es insaciable, uno de los máximos dirigentes de la patronal CEOE ya ha anunciado su receta: en cuanto un trabajador en paro rechace un sólo trabajo (“aunque sea en Laponia”, dice) debe retirársele el seguro de desempleo. No es fácil perder los hábitos: este personaje, sin vergüenza y sin pudor, se está refiriendo a los trabajadores como los señoritos cortijeros se referían hace tantos años a sus jornaleros.

El programa que aplicó en su momento el Gobierno del PSOE y que, corregido y aumentado, está empezando a aplicar ahora el Gobierno del Partido Popular se basa en un esquema enormemente primitivo y enormemente ineficaz para los fines que dice perseguir. Se basa, esquemáticamente, en dos ejes, cada uno con una finalidad específica, pero ambos en una misma dirección. Por un lado, aplicando la receta que le viene de Europa: el recorte de los gastos sociales y de la inversión pública, a fin de reducir el déficit de las cuentas públicas; por otro lado, una reducción de los derechos y de las retribuciones de los asalariados a fin de favorecer las cuentas de resultados del empresariado.

No habrá regeneración de empleo

La depauperación como negocioEl recorte de los gastos sociales (en la sanidad, en la enseñanza en la asistencia social…) refuerza la reducción de derechos ya indicada, pero, simultáneamente, el recorte de la inversión pública impide la generación de empleo a que podría dar lugar una inversión productiva. Y ello viene avalado por la experiencia histórica. En 1933, cuando Franklin D. Roosevelt accedió a la presidencia de los Estados Unidos, puso en marcha un proceso de incremento de los gastos sociales y de la inversión pública, destinado a vencer la gran depresión que se venía padeciendo desde 1929. Se estableció, por primera vez en los Estados Unidos el seguro de desempleo y se crearon multitud de organismos públicos destinados a crear fuertes inversiones en la agricultura, en los sectores industriales estratégicos y en la investigación, cuya multiplicidad de siglas dio lugar a que el humor de los norteamericanos las denominasen “sopa de letras”. Ello dio un fuerte impulso a la economía, que la sacó de la depresión. Pero, transcurridos tres años, un equipo de jovencitos y ambiciosos economistas que se creían saber más que nadie convenció al presidente de que tanto gasto y tanta inversión eran un auténtico disparate en un país en crisis. Los programas se paralizaron, y la economía del país retrocedió hasta casi los niveles de 1929. Fue una experiencia que deberían tener en cuenta los teóricos de las actuales instituciones económicas europeas y el propio Gobierno del señor Rajoy.

El mismo efecto perverso está produciendo la depauperación causada en España por la política laboral y social de este Gobierno y el anterior. Pero es que esta depauperación es en sí misma un negocio fabuloso.

Por una parte, debilita enormemente el poder de los trabajadores: alienta la desesperanza sobre un mejor futuro, introduce el temor a organizarse para la lucha por sus derechos e impulsa a los parados, que no ven posibilidades de insertarse en el mercado de trabajo, a aceptar salarios de miseria.

Pero, además, el desempleo masivo conduce a la multiplicación de los desahucios, y aquí el negocio de los bancos se multiplica. Quienes hipotecaron su vivienda para poder adquirirla han visto en poco tiempo que el coste mensual de esta hipoteca, incluyendo intereses y amortización, se ha duplicado y, privados de ingresos, se ven desahuciados. Resultado: el banco se apodera de la vivienda a la mitad de precio por el que fue tasada para el otorgamiento del préstamo hipotecario y, encima, la familia desahuciada no sólo se queda sin vivienda sino que, además, ha de seguir pagando, no se sabe cómo, los restantes intereses y amortizaciones.

El espacio de confluencia de empresarios y trabajadores y de contraste de intereses, obligaciones y derechos que venía siendo la empresa, es sustituido por la tiranía del empresario

Y, como todo ello es un negocio fabuloso, ni el impresionante aumento del paro ni el empobrecimiento de la inmensa mayoría de población son el inevitable resultado de la crisis, sino un objetivo arduamente perseguido por quienes dominan la economía y la política. Volvamos a la aritmética y el sentido común. Un mínimo sentido común -y a este mínimo sí llegan los actuales jefes políticos y, parapetándose en ellos, sus jefes económicos- dicta que el empobrecimiento generalizado, el aumento del paro, restringen la demanda efectiva y, con ello, el consumo, y con ello, la producción, y con ello el PIB…

Y, con ello, aparece la recesión, ese fantasma que dicen temer tanto nuestros gobernantes. No les hagáis caso: no la temen, sino que la están provocando deliberadamente, por más que simulen que les preocupa. ¿Qué pueden perder con ella los magnates de la economía mundial? La recesión es un negocio más: arruina a centenares de pequeñas e incluso medianas empresas, que están siendo ya absorbidas por sus hermanos mayores. Con ello, se origina una nueva redistribución de la propiedad y de la renta a escala nacional e internacional. Un nuevo negocio a escala internacional.

El Estado en manos de invisibles

Sabemos ya quién manda en la economía y en la política. Este mando está destruyendo los cimientos no sólo de la democracia, sino incluso del propio del Estado, que está empezando a ser una ficción. El pueblo vota a unos gobernantes, pero quienes gobiernan no son ellos, sino personajes aparentemente invisibles a quienes nadie ha votado, porque no comparecen públicamente.

Es el momento de que “los de abajo”, los empobrecidos por esta actuación de “los de arriba”, con sus sindicatos, con las instituciones democráticas, con los partidos políticos de la izquierda real, con los movimientos sociales y vecinales, concentren su lucha unitaria para revocar estas medidas. Ello nos permitirá recuperar el terreno perdido y avanzar hacia nuevos objetivos que, aunque hoy parezcan lejanos, es necesario que los acerquemos paso a paso para que podamos sobrevivir dignamente: avanzar hacia una nueva forma de Estado en el que las decisiones no las tomen los muñecos de los ventrílocuos ni las marionetas del guiñol, sino, de forma transparente, la planificación democrática de la economía, con la intervención de los movimientos y asociaciones democráticas. Todo un programa de lucha y de horizontes de esperanza.

Ello requiere hoy, urgentemente, un racimo de huelgas que se repartan entre los sectores agredidos, y la huelga general, que parece ser que se aproxima. Y en una próxima singladura, una vez detenida esta ofensiva del gran capital, las denuncias y las propuestas en las instituciones, la conquista de bastiones democráticos, nuevos racimos de huelgas y nuestra presencia permanente bajo el vuelo rasante de los helicópteros.

(*) La popular rima infantil de referencia dice, ni más ni menos:

“Humpty Dumpty estaba encaramado en una valla

y cayó estrepitosamente.

Ni entre todos los caballos y caballeros del Rey

fueron capaces de recomponerlo”.

Antonio Gallifa. Economista.

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