Como se preveía, el escándalo de corrupción de los ERE salta a primero plano tras la inesperada decisión de la juez Mercedes Alaya de encarcelar al exdirector general de Trabajo de la Junta, Francisco Javier Guerrero, justo al comienzo de la campaña electoral. Muchos se han preguntado por qué ahora, y no antes, al considerar injustificadas las razones expuestas por la juez para ingresar en prisión al inculpado mediante un auto en el que la única novedad parece ser la precisión sobre el número de “ayudas arbitrarias” otorgadas por el encausado: “Guerrero otorgó, en connivencia con otros y a sabiendas de su absoluta falta de competencia, 887 ayudas”.
José Griñán, saca pecho ante encuestas en la que las previsiones parecen limitar la sangría de votos socialistas.©PSOE Andalucía
Algunos, como Juan Carlos Rodríguez Ibarra, afirman el domingo 11 en ‘El Correo de Andalucía’ que, con esta medida de la juez, el PP demuestra que “va de caza mayor” y que espera obtener en esta operación “las cabezas de Griñán y Chaves”, al mismo tiempo que afirma sorprenderse ante la insólita credibilidad que obtiene, justo ahora, el hasta hace nada denigrado por “ladrón y cocainómano”.
Quien sí parece encontrarse en el punto de mira de la juez Alaya –esta vez por elevación– es, sin duda, el dimitido responsable de Guerrero como consejero de Empleo, José Antonio Viera, también relacionado familiarmente con la sierra Norte de Sevilla donde se concentraron buena parte de las millonarias ayudas que habría distribuido Guerrero graciosamente y a quien se interpreta como el responsable de inventarse una nueva vía de financiación cuya “finalidad era obviar los férreos controles, pues el inculpado y sus superiores conocían que la subvención excepcional los exigía”. A resaltar que esta frase del mismo auto, sin embargo, podría resultar a su vez exculpatoria de cualquier responsabilidad situada más arriba en el organigrama de la Junta.
Por su parte, Griñán declara que la propia Junta ya denunció y solicitó prisión para el encausado y prefiere resaltar la distinta manera en que reaccionan PSOE y PP frente a los casos de corrupción: “Otros los ocultan y ponen incluso como modélico el comportamiento de los que han tenido comportamientos ilícitos”. Mientras tanto, saca pecho ante encuestas como la de finales de febrero, recién aparecida, del CIS -en la que las previsiones parecen limitar la sangría de votos socialistas- y utiliza la brutal reforma laboral de Rajoy como base no citada de una campaña electoral sorprendentemente conservadora cuyo lema central, “por el camino seguro”, más parece sugerir un refrán bien clásico de la sabiduría popular: “Más vale lo malo conocido…”. Mientras tanto, se descuelga el domingo, en un mitin de Atarfe (Granada), que empezó con un enfático “nos vamos a dejar la piel”, con un efectista adelanto de contenidos del programa electoral de su formación como el compromiso de invertir 12.000 millones contra el paro y la creación de un instituto de crédito andaluz.
Por los pelos
El estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), realizado a través de 3.139 entrevistas entre la población con derecho a voto en las elecciones autonómicas y residentes en la Comunidad Autónoma de Andalucía, entre el 15 y el 27 de febrero de 2012, presenta una estimación de voto según la cual el PP rozaría la mayoría absoluta, al situar sus expectativas entre los 54 y los 55 diputados (sobre 109 escaños, sólo obtener 55 le daría dicha mayoría), con un incremento de 7/8 diputados desde las pasadas Autonómicas de 2008. El PSOE perdería entre 10 y 12 diputados, situándose en una horquilla de 44-46 escaños, mientras que IU pasaría de los 6 parlamentarios actuales a 9 o 10, resultando clave la posición de sus electos respecto a un hipotético pacto para conocer al futuro inquilino del Palacio de San Telmo.
Presenta la encuesta un dato capaz de introducir, sin embargo, sustanciales variables en el modelo de ponderación de datos que arroja esta estimación: para el 82,8 por ciento de esta representativa muestra, el paro es el principal problema de Andalucía, cuando la corrupción lo es tan sólo para un 5,6 por ciento (pregunta nº 5). Las luchas en la calle contra la reforma laboral del Gobierno y la agitación previa a la huelga general convocada por los sindicatos pueden tener la última palabra.
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