jueves, 27 de octubre de 2011

¿PERDERÁN LAS TABLAS DE DAIMIEL LA BATALLA DE LA SUPERVIVENCIA?


Algunos estudios paleontológicos indican que Las Tablas ya existían probablemente hace 2 millones de años y con toda seguridad hace 350.000 años, cuando eran un gran lago. Lógicamente, su condición, extensión y características han cambiado durante ese tiempo. En tiempos históricos, sabemos de ellas desde que el Infante Don Juan Manuel redactara “El libro de la Caza”, a comienzos del siglo XIV, y las describiera diciendo que “casi todo son ahora carrizales y almarjales y muy malos pasos”.
Las Tablas han sido históricamente el resultado del encharcamiento del terreno por dos ríos, uno de origen subterráneo, el Guadiana, y otro que fluía por la superficie, el Cigüela. A pesar de su condición insalubre generadora de paludismo, han albergado población humana desde hace unos 3.600 años. La existencia de molinos y batanes, documentada desde el siglo XII, contribuía a estancar el agua. Sus habitantes, dedicados a la caza y la pesca, modificaban el paisaje mediante quemas controladas de vegetación que permitían caminos en el agua para las barcas con las que recorrían la zona.
Las Tablas pertenecieron a la Orden Militar de Calatrava, pero la propiedad se desamortizó en el siglo XIX, pasando a ser coto de caza privado, Reserva Nacional de Caza tras la última Guerra Civil y, desde 1973, Parque Nacional. Se trata de un ecosistema situado en una llanura de inundación, con aportaciones de aguas superficiales y subterráneas de distinta salinidad, favoreciendo la vida de una flora y una fauna muy ricas. En Europa hay pocos espacios similares: los lagos del río Spree cerca de Berlín y el valle del río Shannon en Irlanda. En el mundo, lo más parecido está en Iraq, entre el Tigris y el Éufrates, en los Everglades de Florida y en el delta del Okavango, en Botswana. Ninguno de esos lugares es de ambiente mediterráneo, como Las Tablas. En cualquier caso, son un ambiente muy pequeño, apenas 20 km en una cuenca hidrográfica que supera los 15.000 km, de modo que los problemas de la cuenca acaban, tarde o temprano, repercutiendo sobre ellas.
Siempre amenazadas
Durante los años 50-60 del pasado siglo gran parte de Las Tablas fueron desecadas para combatir el paludismo y obtener tierras de cultivo. En los 70 y 80 los sucesivos gobiernos de la dictadura y la democracia les dijeron a los manchegos que debajo de ellos tenían un mar de agua dulce y, en diez años, se pusieron en regadío con aguas subterráneas más de 1000 km en su cuenca hidrográfica. Como resultado, desde 1986, el agua subterránea no volvió a inundar el humedal. En 1987 un incendio intencionado quemó también, además de la vegetación, la turba subterránea en una parte del humedal provocando riesgos graves de hundimiento. Las primeras llamadas de atención sobre la degradación ecológica de Las Tablas datan de 1977, a cargo de científicos del Instituto de Investigaciones Agronómicas (INIA).
Los gobiernos socialistas pusieron en práctica desde 1987 varios planes de restauración ambiental: cierre del humedal mediante una presa, derivación de agua desde el trasvase Tajo-Segura, construcción de pozos para inundaciones de emergencia, compensación de rentas para los agricultores que dejaran de regar, etc., continuados después por los gobiernos del PP, pero que se han revelado ineficaces. Es muy difícil estimar cuánto dinero público se ha destinado directa o indirectamente a la conservación de Las Tablas, entre obras, trasvases, compra de terrenos, planes de compensación de rentas y otras actuaciones desde 1973, pero sólo en compra de terrenos se ha gastado el Estado unos 25 millones de euros en los últimos años. Esta inversión ha permitido adquirir unas 1500 Has y controlar más de 4Hm3 en derechos de agua.
Un último intento de mejorar la condición ambiental del Alto Guadiana, donde están enclavadas Las Tablas, es el Plan Especial del Alto Guadiana, que persigue la recarga paulatina del acuífero 23, de modo que el agua subterránea vuelva a servir para inundar este ecosistema y pueda ser usada de modo sostenible. El Plan, aprobado con el apoyo de ayuntamientos, gobierno central, gobierno autónomo, regantes, científicos y algunos grupos ecologistas, se encuentra ahora en vía muerta por falta de dinero público para comprar derechos de agua y transformar la socio-economía de la zona.
Un ecosistema especialmente frágil y muchos enemigos
Las Tablas nunca han contado con la bendición de sus vecinos. En la primera mitad del siglo XX, la sociedad de cazadores-recolectores que vivía en Las Tablas era más rica y, probablemente, más feliz que la sociedad agraria del entorno. Esa riqueza se debía a que se ganaba más dinero pescando peces y cangrejos, recogiendo sanguijuelas para hacer anticoagulantes y aprovechando la vegetación para venderla, que trabajando la tierra. Y era más feliz porque era más libre, ya que al vivir en el humedal el control social era menor. Por ello, la envidia y el resentimiento social contra la gente de Las Tablas fueron un resultado de manual.
El humedal se nutrió fundamentalmente de agua subterránea hasta 1986. La extracción masiva de agua del acuífero para regadío con sistemas de mucho despilfarro hídrico se veía como un bien para la sociedad y, si esta extracción afectaba al humedal, qué más daba: ¡ande yo caliente y ríase la gente! Además, los reproches a esa esquilmación, procedentes de científicos y conservacionistas, siempre suscitaban la misma reacción agresiva: agua para las personas y no para los patos.
Por otra parte, el uso público del Parque Nacional siempre fue muy limitado porque entre los gestores ambientales prevalece la errónea idea de que la conservación ambiental no debe conllevar uso humano alguno. Este hecho limita mucho el número y la variedad de las actividades a realizar por los visitantes y el tiempo que pasan éstos en Las Tablas. Como ese tiempo es siempre inferior a un día, la gente no pernocta en los alrededores y, por tanto, no gasta apenas dinero en la zona. El resultado es que la sociedad no ve qué beneficios le da el tener un Parque Nacional cerca de su pueblo.
Además, la conservación ambiental cuesta dinero. La naturaleza no se conserva por sí sola como desearíamos, sino que cambia, y puede hacerlo en una dirección que no nos guste. Los ecosistemas mediterráneos han estado intervenidos por el hombre desde siempre, pero ahora la gente no quiere gastar dinero en la conservación, aunque sea a través de los impuestos. No quiere pagar por conservar y la sociedad civil está muy desorganizada, es muy individualista y no valora ni su patrimonio natural ni su patrimonio cultural.
La gestión ambiental de la administración es, en el mejor de los casos ineficaz; en el peor, inexistente. La administración estatal conoce el problema de Las Tablas desde antiguo y ha adoptado algunas medidas, pero la única que ha resultado útil para Las Tablas ha sido el trasvase desde la cuenca del Tajo, que ha paliado en parte los efectos de la sobreexplotación y de las sequías, pero que no puede ser la solución definitiva para el humedal.
Las soluciones han fracasado porque la administración nunca ha tenido una visión global del problema, el seguimiento de la eficacia de las medidas adoptadas no ha existido y la administración jamás se ha preocupado por hacer cumplir la ley. Además, la relación entre dos organismos-clave, como son la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) y el Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN), ha estado lastrada siempre por enfrentamientos personales y dentro de cada ente la organización es medieval: la de reinos de taifas. Por esta descoordinación habría que pedir responsabilidades, pero nadie lo ha hecho.
Al nivel de la administración autonómica, la actuación ha sido inexistente. El principal sector económico de Castilla-La Mancha es la agricultura, muy subsidiada, eso sí, y el ejecutivo autonómico nunca ha hecho, ahora menos aún, nada que afecte a los regantes. La expresión agricultura sostenible es una palabra mágica que no significa nada para la administración autonómica.
El uso del agua es el verdadero problema
El agua es un problema político muy importante en España, que no se quiere abordar desde criterios racionales y ambientales, sino desde criterios territoriales, afectivos y de mercado. El agua es nuestra, gritan todos; todos quieren llevarse el gato al agua. La mera existencia del trasvase Tajo-Segura da una voz poderosa a Murcia en el problema de Las Tablas, y la voz de Castilla-La Mancha, y no digamos la del Alto Guadiana, carece del mismo peso político, por motivos demasiado largos para describirlos aquí. La responsabilidad de la administración central en el problema del agua es inexcusable, pero no hace nada por coger el toro por los cuernos. Palabras, muchas; actuaciones sensatas, casi ninguna.
Los regantes son el verdadero poder fáctico en el Alto Guadiana. Ningún sector tiene tanto poder como ellos y la clase política no se ha atrevido nunca a hacerlos entrar en razón. La razón de este problema hay que buscarla en el crecimiento insostenible e incontrolado en los últimos 20 años de la agricultura de regadío dentro del acuífero 23, y a las extracciones ilegales, que ya representan casi el 60% del agua utilizada anualmente en la zona. Existen más de 23.000 pozos ilegales, de los que 7.500 extraen agua en la actualidad. Y eso que en 1994, los acuíferos de la cuenca alta del Guadiana, que alimentan directamente a estos humedales, fueron declarados oficialmente sobreexplotados al registrarse una bajada de 40 metros en el nivel de las aguas subterráneas y producirse la desecación parcial o total de los humedales manchegos.
Para llegar a este punto el colaborador necesario, además de las ansias por conseguir un dinero fácil con el regadío, ha sido la tolerancia de quienes tenían que velar por la buena gestión de los recursos hídricos, agrícolas y de los espacios naturales. Tras malgastar 216 Millones de euros en planes de compensación de rentas, se aprobó por el Ministerio de Medio Ambiente, en colaboración con el gobierno regional, el Plan Especial para el Alto Guadiana (PEAG), en un intento para solucionar el problema de la sobreexplotación de las aguas subterráneas a través de la compra de derechos de uso de agua a los regantes y la reforestación de tierras agrarias.
Sin embargo el PEAG arroja más sombras que luces ya que las cuentas no salen y la voluntad política no aflora. Castilla-La Mancha mantiene la exigencia de unos recursos hídricos para regadío de 200 Hm3/año y conservar una superficie regada de 125.000 hectáreas, a pesar de que los estudios del Ministerio de Medio Ambiente estiman que sólo se lograría la recuperación en un tiempo razonable con una extracción media de 130 Hm3/año. Eso implica que de un escenario de recuperación a 15-20 años pasaríamos a otro que alargaría la situación hasta el 2040 como mínimo. Otro incumplimiento de la normativa europea.
Por otro lado, lo más grave es que no hay medidas serias para la sanción y cierre de pozos ilegales, a causa de la presión política ejercida por las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAs) sobre la Confederación Hidrográfica del Guadiana, que paraliza los procedimientos administrativos y cede ante las protestas de aquellas y de los colectivos de regantes más radicales.
El futuro de Las Tablas
Así, el futuro de las Tablas depende tan solo de la lluvia. El nuevo gobierno de Castilla La Mancha no ha empezado con buen pie su relación con el humedal, cesando al presidente de su patronato sin que esté claro que tenga competencias para ello, y desatendiendo la petición de la UNESCO para delimitar el área afectada como reserva de la biosfera.
En la reunión del Comité Español del Programa MAB celebrada el pasado 10 de octubre, la Dirección General de Montes y Espacios Naturales de la JC-CLM comunicó que retiraba la propuesta de delimitación y zonificación de la Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda. En la reunión anunció que no avanzarían una nueva propuesta hasta que no se regularicen los pozos en el acuífero 23 y se solucione el problema del agua. De esta manera, se echaban por tierra dos años de trabajo de administraciones, técnicos, científicos y organizaciones ecologistas que en el seno del Comité MAB pretendían dar respuesta a uno de los requerimientos que la Unesco había establecido como básico para poder archivar el expediente abierto a España por haber desatendido sus compromisos de protección y gestión de la Mancha Húmeda. Además, la Comisión Europea ha abierto otra queja contra España por la mala gestión de los acuíferos que alimentan a los numerosos humedales protegidos de la Reserva de la Biosfera.
En los tres primeros meses de gobierno, Dolores Cospedal ha dado un vuelco a la política ambiental castellanomanchega diluyendo las competencias ambientales en un sinfín de direcciones generales, suprimiendo instituciones y paralizando programas conservacionistas. ASAJA cobra en litros de agua el apoyo prestado en forma de votos.

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