Algunos
estudios paleontológicos indican que Las Tablas ya existían probablemente hace
2 millones de años y con toda seguridad hace 350.000 años, cuando eran un gran
lago. Lógicamente, su condición, extensión y características han cambiado
durante ese tiempo. En tiempos históricos, sabemos de ellas desde que el
Infante Don Juan Manuel redactara “El libro de la Caza”, a comienzos del siglo
XIV, y las describiera diciendo que “casi todo son ahora carrizales y
almarjales y muy malos pasos”.
Las
Tablas han sido históricamente el resultado del encharcamiento del terreno por
dos ríos, uno de origen subterráneo, el Guadiana, y otro que fluía por la
superficie, el Cigüela. A pesar de su condición insalubre generadora de
paludismo, han albergado población humana desde hace unos 3.600 años. La
existencia de molinos y batanes, documentada desde el siglo XII, contribuía a
estancar el agua. Sus habitantes, dedicados a la caza y la pesca, modificaban
el paisaje mediante quemas controladas de vegetación que permitían caminos en
el agua para las barcas con las que recorrían la zona.
Las
Tablas pertenecieron a la Orden Militar de Calatrava, pero la propiedad se
desamortizó en el siglo XIX, pasando a ser coto de caza privado, Reserva
Nacional de Caza tras la última Guerra Civil y, desde 1973, Parque Nacional. Se
trata de un ecosistema situado en una llanura de inundación, con aportaciones
de aguas superficiales y subterráneas de distinta salinidad, favoreciendo la
vida de una flora y una fauna muy ricas. En Europa hay pocos espacios similares:
los lagos del río Spree cerca de Berlín y el valle del río Shannon en Irlanda.
En el mundo, lo más parecido está en Iraq, entre el Tigris y el Éufrates, en
los Everglades de Florida y en el delta del Okavango, en Botswana. Ninguno de
esos lugares es de ambiente mediterráneo, como Las Tablas. En cualquier caso,
son un ambiente muy pequeño, apenas 20 km en una cuenca hidrográfica que supera
los 15.000 km, de modo que los problemas de la cuenca acaban, tarde o temprano,
repercutiendo sobre ellas.
Siempre amenazadas
Durante
los años 50-60 del pasado siglo gran parte de Las Tablas fueron desecadas para
combatir el paludismo y obtener tierras de cultivo. En los 70 y 80 los
sucesivos gobiernos de la dictadura y la democracia les dijeron a los manchegos
que debajo de ellos tenían un mar de agua dulce y, en diez años, se pusieron en
regadío con aguas subterráneas más de 1000 km en su cuenca hidrográfica. Como
resultado, desde 1986, el agua subterránea no volvió a inundar el humedal. En
1987 un incendio intencionado quemó también, además de la vegetación, la turba
subterránea en una parte del humedal provocando riesgos graves de hundimiento. Las
primeras llamadas de atención sobre la degradación ecológica de Las Tablas datan
de 1977, a cargo de científicos del Instituto de Investigaciones Agronómicas (INIA).
Los
gobiernos socialistas pusieron en práctica desde 1987 varios planes de
restauración ambiental: cierre del humedal mediante una presa, derivación de
agua desde el trasvase Tajo-Segura, construcción de pozos para inundaciones de
emergencia, compensación de rentas para los agricultores que dejaran de regar,
etc., continuados después por los gobiernos del PP, pero que se han revelado
ineficaces. Es muy difícil estimar cuánto dinero público se ha destinado
directa o indirectamente a la conservación de Las Tablas, entre obras,
trasvases, compra de terrenos, planes de compensación de rentas y otras actuaciones
desde 1973, pero sólo en compra de terrenos se ha gastado el Estado unos 25
millones de euros en los últimos años. Esta inversión ha permitido adquirir
unas 1500 Has y controlar más de 4Hm3 en derechos de agua.
Un
último intento de mejorar la condición ambiental del Alto Guadiana, donde están
enclavadas Las Tablas, es el Plan Especial del Alto Guadiana, que persigue la
recarga paulatina del acuífero 23, de modo que el agua subterránea vuelva a
servir para inundar este ecosistema y pueda ser usada de modo sostenible. El
Plan, aprobado con el apoyo de ayuntamientos, gobierno central, gobierno
autónomo, regantes, científicos y algunos grupos ecologistas, se encuentra
ahora en vía muerta por falta de dinero público para comprar derechos de agua y
transformar la socio-economía de la zona.
Un
ecosistema especialmente frágil y muchos enemigos
Las
Tablas nunca han contado con la bendición de sus vecinos. En la primera mitad
del siglo XX, la sociedad de cazadores-recolectores que vivía en Las Tablas era
más rica y, probablemente, más feliz que la sociedad agraria del entorno. Esa
riqueza se debía a que se ganaba más dinero pescando peces y cangrejos,
recogiendo sanguijuelas para hacer anticoagulantes y aprovechando la vegetación
para venderla, que trabajando la tierra. Y era más feliz porque era más libre,
ya que al vivir en el humedal el control social era menor. Por ello, la envidia
y el resentimiento social contra la gente de Las Tablas fueron un resultado de
manual.
El
humedal se nutrió fundamentalmente de agua subterránea hasta 1986. La
extracción masiva de agua del acuífero para regadío con sistemas de mucho
despilfarro hídrico se veía como un bien para la sociedad y, si esta extracción
afectaba al humedal, qué más daba: ¡ande
yo caliente y ríase la gente! Además, los reproches a esa esquilmación,
procedentes de científicos y conservacionistas, siempre suscitaban la misma
reacción agresiva: agua para las personas
y no para los patos.
Por
otra parte, el uso público del Parque Nacional siempre fue muy limitado porque
entre los gestores ambientales prevalece la errónea idea de que la conservación
ambiental no debe conllevar uso humano alguno. Este hecho limita mucho el
número y la variedad de las actividades a realizar por los visitantes y el
tiempo que pasan éstos en Las Tablas. Como ese tiempo es siempre inferior a un
día, la gente no pernocta en los alrededores y, por tanto, no gasta apenas
dinero en la zona. El resultado es que la sociedad no ve qué beneficios le da
el tener un Parque Nacional cerca de su pueblo.
Además,
la conservación ambiental cuesta dinero. La naturaleza no se conserva por sí
sola como desearíamos, sino que cambia, y puede hacerlo en una dirección que no
nos guste. Los ecosistemas mediterráneos han estado intervenidos por el hombre desde
siempre, pero ahora la gente no quiere gastar dinero en la conservación, aunque
sea a través de los impuestos. No quiere pagar por conservar y la sociedad
civil está muy desorganizada, es muy individualista y no valora ni su
patrimonio natural ni su patrimonio cultural.
La
gestión ambiental de la administración es, en el mejor de los casos ineficaz;
en el peor, inexistente. La administración estatal conoce el problema de Las
Tablas desde antiguo y ha adoptado algunas medidas, pero la única que ha resultado
útil para Las Tablas ha sido el trasvase desde la cuenca del Tajo, que ha
paliado en parte los efectos de la sobreexplotación y de las sequías, pero que
no puede ser la solución definitiva para el humedal.
Las
soluciones han fracasado porque la administración nunca ha tenido una visión
global del problema, el seguimiento de la eficacia de las medidas adoptadas no
ha existido y la administración jamás se ha preocupado por hacer cumplir la
ley. Además, la relación entre dos organismos-clave, como son la Confederación
Hidrográfica del Guadiana (CHG) y el Organismo Autónomo Parques Nacionales
(OAPN), ha estado lastrada siempre por enfrentamientos personales y dentro de
cada ente la organización es medieval: la de reinos de taifas. Por esta
descoordinación habría que pedir responsabilidades, pero nadie lo ha hecho.
Al
nivel de la administración autonómica, la actuación ha sido inexistente. El
principal sector económico de Castilla-La Mancha es la agricultura, muy
subsidiada, eso sí, y el ejecutivo autonómico nunca ha hecho, ahora menos aún,
nada que afecte a los regantes. La expresión agricultura sostenible es una palabra
mágica que no significa nada para la administración autonómica.
El
uso del agua es el verdadero problema
El
agua es un problema político muy importante en España, que no se quiere abordar
desde criterios racionales y ambientales, sino desde criterios territoriales,
afectivos y de mercado. El agua es nuestra, gritan todos; todos quieren
llevarse el gato al agua. La mera existencia del trasvase Tajo-Segura da una
voz poderosa a Murcia en el problema de Las Tablas, y la voz de Castilla-La
Mancha, y no digamos la del Alto Guadiana, carece del mismo peso político, por
motivos demasiado largos para describirlos aquí. La responsabilidad de la
administración central en el problema del agua es inexcusable, pero no hace
nada por coger el toro por los cuernos. Palabras, muchas; actuaciones sensatas,
casi ninguna.
Los
regantes son el verdadero poder fáctico en el Alto Guadiana. Ningún sector
tiene tanto poder como ellos y la clase política no se ha atrevido nunca a
hacerlos entrar en razón. La razón de este problema hay que buscarla en el crecimiento insostenible e
incontrolado en los últimos 20 años de la agricultura de regadío dentro del
acuífero 23, y a las extracciones ilegales, que ya representan casi el 60% del
agua utilizada anualmente en la zona. Existen más de 23.000 pozos ilegales, de
los que 7.500 extraen agua en la actualidad. Y eso que en 1994, los acuíferos
de la cuenca alta del Guadiana, que alimentan directamente a estos humedales,
fueron declarados oficialmente sobreexplotados al registrarse una bajada de 40
metros en el nivel de las aguas subterráneas y producirse la desecación parcial
o total de los humedales manchegos.
Para llegar a este punto el colaborador necesario, además de las ansias por
conseguir un dinero fácil con el regadío, ha sido la tolerancia de quienes
tenían que velar por la buena gestión de los recursos hídricos, agrícolas y de
los espacios naturales. Tras malgastar 216 Millones de euros en planes de compensación
de rentas, se aprobó por el Ministerio de Medio Ambiente, en colaboración con
el gobierno regional, el Plan Especial para el Alto Guadiana (PEAG), en un
intento para solucionar el problema de la sobreexplotación de las aguas
subterráneas a través de la compra de derechos de uso de agua a los regantes y
la reforestación de tierras agrarias.
Sin embargo el PEAG arroja más sombras que luces ya que las cuentas no
salen y la voluntad política no aflora. Castilla-La Mancha mantiene la
exigencia de unos recursos hídricos para regadío de 200 Hm3/año y conservar una
superficie regada de 125.000 hectáreas, a pesar de que los estudios del
Ministerio de Medio Ambiente estiman que sólo se lograría la recuperación en un
tiempo razonable con una extracción media de 130 Hm3/año. Eso implica que de un
escenario de recuperación a 15-20 años pasaríamos a otro que alargaría la
situación hasta el 2040 como mínimo. Otro incumplimiento de la normativa
europea.
Por otro lado, lo más grave es que no hay medidas serias para la sanción y
cierre de pozos ilegales, a causa de la presión política ejercida por las
Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAs) sobre la Confederación
Hidrográfica del Guadiana, que paraliza los procedimientos administrativos y
cede ante las protestas de aquellas y de los colectivos de regantes más
radicales.
El
futuro de Las Tablas
Así,
el futuro de las Tablas depende tan solo de la lluvia. El nuevo gobierno de
Castilla La Mancha no ha empezado con buen pie su relación con el humedal,
cesando al presidente de su patronato sin que esté claro que tenga competencias
para ello, y desatendiendo la petición de la UNESCO para delimitar el área
afectada como reserva de la biosfera.
En la reunión del Comité Español del Programa MAB
celebrada el pasado 10 de octubre, la Dirección General de Montes y Espacios
Naturales de la JC-CLM comunicó que retiraba la propuesta de delimitación y
zonificación de la Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda. En la reunión
anunció que no avanzarían una nueva propuesta hasta que no se regularicen los
pozos en el acuífero 23 y se solucione el problema del agua. De esta manera, se
echaban por tierra dos años de trabajo de administraciones, técnicos,
científicos y organizaciones ecologistas que en el seno del Comité MAB
pretendían dar respuesta a uno de los requerimientos que la Unesco había
establecido como básico para poder archivar el expediente abierto a España por
haber desatendido sus compromisos de protección y gestión de la Mancha Húmeda.
Además, la Comisión Europea ha abierto otra queja contra España por la mala
gestión de los acuíferos que alimentan a los numerosos humedales protegidos de
la Reserva de la Biosfera.
En los tres primeros meses de gobierno, Dolores Cospedal
ha dado un vuelco a la política ambiental castellanomanchega diluyendo las
competencias ambientales en un sinfín de direcciones generales, suprimiendo
instituciones y paralizando programas conservacionistas. ASAJA cobra en litros
de agua el apoyo prestado en forma de votos.
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