El New York Times ha ido publicando una serie
de artículos sobre Emilio Botín, presentado por tal rotativo como el banquero
más influyente de España, y Presidente del Banco de Santander, que tienen
inversiones financieras de gran peso en Brasil, en Gran Bretaña y en Estados
Unidos, además de en España. En EEUU el Banco de Santander es propietario de
Sovereign Bank.
Lo que le interesa al rotativo estadounidense
no es, sin embargo, el comportamiento bancario del Santander, sino el de su
Presidente y el de su familia, así como su enorme influencia política y
mediática en España. Un indicador de esto último es que ninguno de los cinco
rotativos más importantes del país ha citado o hecho comentarios sobre esta
serie de artículos en el diario más influyente de EEUU y uno de los más
influyentes del mundo. Es de suponer que si se escribieran artículos
semejantes, por ejemplo, sobre el Presidente Zapatero, tales reportajes serían
noticia. No así en el caso Emilio Botín.
Una discusión importante de tales artículos
es el ocultamiento por parte de Emilio Botín y de su familia de unas cuentas
secretas establecidas desde la Guerra Civil en la banca suiza HSBC. Por lo
visto, en las cuentas de tal banco había 2.000 millones de euros que nunca se
habían declarado a las autoridades tributarias del Estado español. Pero, un
empleado de tal banco suizo, despechado por el maltrato recibido por tal banco,
decidió publicar los nombres de las personas que depositaban su dinero en dicha
banca suiza, sin nunca declararlo en sus propios países. Entre ellos había nada
menos que 569 españoles, incluyendo a Emilio Botín y su familia, con grandes
nombres de la vida política y empresarial (entre ellos, por cierto, el padre
del President de la Generalitat, el Sr. Artur Mas).
Según el New York Times, esta práctica es muy
común entre las grandes familias, las grandes empresas y la gran banca. El
fraude fiscal en estos sectores es enorme. Según la propia Agencia Tributaria
española, el 74% del fraude fiscal se centra en estos grupos, con un total de
44.000 millones de euros que el Estado español (incluido el central y los
autonómicos) no ingresa. Esta cantidad, por cierto, casi alcanza la cifra del
déficit de gasto público social de España respecto la media de la UE-15 (66.000
millones de euros), es decir, el gasto que España debería gastarse en su Estado
del Bienestar (sanidad, educación, escuelas de infancia, servicios a personas
con dependencia, y otros) por el nivel de desarrollo económico que tiene y que
no se gasta porque el Estado no recoge tales fondos. Y una de las causas de que
no se recojan es precisamente el fraude fiscal realizado por estos colectivos
citados en el New York Times. El resultado de su influencia es que el Estado no
se atreve a recogerlos. En realidad, la gran mayoría de investigaciones de
fraude fiscal de la Agencia Tributaria se centra en los autónomos y
profesionales liberales, cuyo fraude fiscal representa –según los técnicos de
la Agencia Tributaria del Estado español- sólo el 8% del fraude fiscal total.
Es también conocida la intervención de
autoridades públicas para proteger al Sr. Emilio Botín de las pesquisas de la
propia Agencia Tributaria. El caso más conocido es la gestión realizada por la
ex Vicepresidenta del Gobierno español, la Sra. De la Vega, para interrumpir
una de tales investigaciones. Pero el Sr. Botín no es el único. Como señala el
New York Times, hace dos años, César Alierta, presidente de Telefónica, que
estaba siendo investigado, dejó de estarlo. Como escribe el New York Times con
cierta ironía, “el Tribunal desistió de continuar estudiando el caso porque,
según el juez, ya había pasado demasiado tiempo entre el momento de los hechos
y su presentación al tribunal”. Una medida que juega a favor de los
fraudulentos es la ineficacia del Estado así como su temor a realizar la
investigación. Fue nada menos que el Presidente del Gobierno español, el Sr.
José Mª Aznar, que en un momento de franqueza admitió que “los ricos no pagan impuestos
en España”.
Tal tolerancia por parte del Estado con el
fraude fiscal de los súper ricos se justifica con el argumento de que, aún
cuando no pagan impuestos, las consecuencias de ello son limitadas porque son
pocos. El Presidente de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Artur Mas, ha
indicado que la subida de impuestos de los ricos y súper ricos tiene más un
valor testimonial que práctico, pues su número es escaso. La solidez de tal
argumento, sin embargo, es nula. En realidad, alcanza niveles de frivolidad.
Ignora la enorme concentración de las rentas y de la propiedad existente en
España (y en Catalunya), uno de los países donde las desigualdades sociales son
mayores y el impacto redistributivo del Estado es menor. Los 44.000 millones de
euros al año que no se recaudan de los súper ricos por parte del Estado
hubieran evitado los enormes recortes de gasto público social que el Estado
español está hoy realizando.
Pero otra observación que hace el New York
Times sobre el fraude fiscal y la banca es el silencio que existe en los medios
de información sobre tal fraude fiscal. Tal rotativo cita a Salvador Arancibia,
un periodista de temas financieros en Madrid, que trabajó para el Banco
Santander, que señala como causas de este silencio el hecho de que el Banco
Santander gasta mucho dinero en anuncios comerciales, siendo la banca uno de
los sectores más importantes en la financiación de los medios, no sólo
comprando espacio de anuncios comerciales, sino también proveyendo créditos
–aclara el Sr. Salvador Arancibia- “….medidas de enorme importancia en un
momento como el actual, donde los medios están en una situación financiera muy
delicada”. De ahí que tenga que agradecer al diario que se atreva a publicarlo,
porque hoy, artículos como los que publica el New York Times,
no tienen fácil publicación en nuestro país. Es lo que llaman “libertad de
prensa”.
Comentarios
Publicar un comentario
DEJA AQUÍ TU OPINIÓN