sábado, 1 de octubre de 2011

A LA CAZA DEL LIBERADO SINDICAL


Solo habían pasado unas horas desde que se hicieran oficiales los resultados del 22M y el PP mascaba su venganza hacia los sindicatos. No olvidaban las movilizaciones convocadas frente a su gestión y los llamamientos a la participación al electorado progresista, dado habitualmente a la abstención. Había que darles una lección y, sobre todo, debilitarlos para que dejaran de ser un problema de futuro. En su guión no se descarta aupar a otros sindicatos hacia las posiciones mayoritarias ocupadas históricamente por los sindicatos de clase. CSI-CSIF y USO son las novias con las que coquetea el PP.
Los liberados sindicales, trabajadores que dedican su jornada a mediar entre empleados y empresa y cuyo puesto está asegurado, se incorporaron tras las vacaciones a sus puestos de trabajo. Madrid encabeza la lista de comunidades donde los liberados de las Administraciones públicas han sufrido un duro recorte. Basándose en el artículo 38 del Estatuto del Empleado Público, que permite suspender los acuerdos públicos por la crisis económica, el Gobierno de Esperanza Aguirre ha revocado los numerosos convenios alcanzados durante años con los sindicatos -muchas veces para evitar conflictos laborales- y ha reducido el tiempo de representación sindical al estrictamente legal.
La traducción es que se han recortado de 75 a 40 las horas mensuales de representación sindical y se han perdido unos 1.900 liberados de un total previo al recorte de 3.500, según los cálculos de la propia Aguirre, aunque se trata de una aproximación. UGT y CCOO estiman que se han perdido el 65% de los liberados sindicales en Madrid.
La medida, según Aguirre, se traducirá en el ahorro de 73 millones de euros. La necesidad de recortar gastos debido a la crisis ha sido también el argumento esgrimido por al menos otras seis comunidades, que han seguido o han anunciado que van a seguir los pasos ya adoptados en Madrid: Castilla-La Mancha, Galicia, Baleares, la Comunidad Valenciana, Murcia y La Rioja. En todas ellas gobierna el PP.
Desde las organizaciones empresariales, esta nueva senda se ve necesaria para capear la crisis, lo que se está haciendo, dicen, es ajustarse de unos máximos a unos mínimos que permite la ley. Según CEOE, en España partíamos de unas cifras de liberados muy elevadas puesto que solo en el sector privado hay 290.000 representantes sindicales, un dato elevado teniendo en cuenta que el 92% de las empresas por número de trabajadores son PYMES y autónomos.
No todo el mundo opina así. Fernando Valdés, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Complutense de Madrid y Presidente de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, cree que el ahorro no justifica las medidas adoptadas ya que son cifras minúsculas y se ha ido a lo más mediático, haciendo recaer sobre los sindicatos una especie de sombra sobre su capacidad para ejercer sus propias funciones y lo que se está haciendo es ponerles impedimentos. Valdés va más allá: "Lo que están haciendo las Administraciones públicas al modificar unilateralmente los acuerdos que ellos mismos firmaron, es mermar el principio base de aquellos acuerdos, que es la promoción de la actividad sindical", "no se les impide a los sindicatos su actividad, porque se respeta la ley, pero se retrocede varias décadas".
Desde los sindicatos los recortes se han recibido como un ataque, pero también con cierto pragmatismo. Tanto UGT como CCOO huyen en su análisis del derrotismo: Un 35% de los liberados permanece, ha sido un cambio importante pero no nos ha dejado inoperantes, todo funciona con normalidad, con algo más de apretura, pero también ha servido para plantearnos que las cosas pueden ser de otra manera.
Los liberados sindicales llevan meses oyendo que son un gasto superfluo cuando no cosas más duras. Les ha afectado y por eso reaccionan con orgullo, pero si rascas un poco, salen las heridas. “Yo me he incorporado a mi puesto estupendamente pero veo los problemas que pueden surgir con el recorte y me afectan”. “Veo como poquito a poco se pierden derechos que se han tardado años en conquistar”. “La empresa ahora puede hacer muchas cosas en las que antes a lo mejor se frenaba”. “Tienen las manos libres”. “Hay gente que llega nueva y que no puede abrir la boca porque entonces ya nos les llaman a hacer suplencias”. “Me afecta, porque veo que pueden hacer cualquier chapuza y la gente no sabe bien dónde dirigirse, no como antes”.
En el último mes, los sindicatos han podido testar cómo se están viviendo en sus filas los cambios. Hay gente que lo vive peor y otros mejor, unos entienden que ha sido un golpe a la base, y otros intentan animarse y pensar en cómo reestructurarnos. No nos queda otra que retrotraernos al pasado, reestructurarnos e intentar recuperar con el tiempo derechos que acabamos de perder... “volvemos al modelo sindical previo a la transición, recuperamos la militancia”.
Los recortes en las comunidades
Madrid. El Gobierno de Esperanza Aguirre (PP) ha suspendido los acuerdos públicos y ha ajustado el número de liberados sindicales de la Administración autonómica a lo establecido por la ley, suprimiendo horas sindicales equivalentes a 1.930 liberados sindicales de los 3.500 que había, según sus estimaciones. Hay unos 180.000 empleados públicos.
Galicia. El Ejecutivo de Feijóo (PP) ha anunciado el recorte de 120 liberados sindicales, alrededor del 20% del total de los que existen en la Administración autonómica.
Baleares. El Ejecutivo, del PP, también ha recortado el número de liberados institucionales: 89 dejarán de serlo y 221 verán reducidas sus horas. Los sectores más afectados son Educación y Sanidad. Los sindicatos tendrán además que dejar sus sedes en edificios públicos -serán reagrupados en una sola- y dejarán de recibir las ayudas y los fondos para la Acción Sindical, 205.000 euros anuales.
Comunidad Valenciana. Alberto Fabra (PP), presidente de la Generalitat valenciana, ha reducido en 197 los liberados sindicales de la administración autonómica. 90 formaban parte de un "cupo institucional" que se pactó en la época de Joan Lerma y que fue mantenido por los sucesivos presidentes de la Generalitat.
Castilla-La Mancha. María Dolores de Cospedal (PP) ha anunciado como parte del Plan de Garantía de Servicios Sociales Básicos -un duro plan de recortes con el que pretende ahorrar 1.815 millones de euros entre 2011 y 2012- la reducción de 500 liberados sindicales y la eliminación de las subvenciones directas a sindicatos y patronales.
La Rioja. Pedro Sanz (PP) ha anunciado que en octubre desvelará un "plan de austeridad", que incluirá, entre otras medidas, la disminución de los liberados sindicales -ahora hay 103- y un nuevo impuesto medioambiental para las empresas energéticas.
Murcia. El número de liberados sindicales de la Administración regional se ha reducido aproximadamente en un 30% con los recortes emprendidos por el ejecutivo, del PP.

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