El sistema financiero
desempeña un papel fundamental en la sociedad, al canalizar el crédito a familias
y empresas. Tiene que promover la actividad y la creación de empleo y no
suponer una carga para los Estados ni los contribuyentes.
La desregulación
financiera internacional durante las últimas tres décadas ha favorecido la asunción
irresponsable de riesgos por parte de las entidades financieras y su
propagación a países y personas que no la causaron. Por tanto ha favorecido los
excesos de endeudamiento de empresas y familias, y con ello desequilibrios en
el crecimiento de muchas economías.
El alcance de la crisis ha
puesto de manifiesto la necesidad de adoptar soluciones coordinadas en Europa y
a nivel global. En un principio ha sido indispensable la reestructuración
bancaria para salvaguardar la estabilidad financiera, ahora necesitamos
promover un sector financiero equilibrado, más controlado y supervisado, y con
una mayor contribución del sector a la sociedad siendo necesario exigir responsabilidades a los causantes de la crisis.
En Europa seguiremos
avanzando en la coordinación y supervisión del sistema financiero para evitar
crisis como las que estamos viviendo. Es
necesaria una mayor coordinación entre las entidades supervisoras de los países
miembros, a través de las nuevas
agencias europeas en los mercados de la banca, los seguros y los valores para
identificar las debilidades del sistema y mejorar sus procedimientos y
transparencia.
En ese sentido, es necesaria una Unión Europea fuerte y
decidida, donde se establezca una política económica
europea, más allá de los
intereses de los Estados, junto con la emisión
de eurobonos, el papel básico del Banco Central Europeo y el
establecimiento de una política fiscal propia y común.
También, en el marco de la
Unión Europea, proponemos establecer una tasa sobre las transacciones financieras que, además de contribuir
a la financiación del desarrollo internacional, permita frenar la especulación
en el sistema financiero y estabilizar a los mercados. Y para hacer frente al
papel desestabilizador que supone el oligopolio de las agencias de rating, vamos a plantear a nivel europeo contar con evaluaciones alternativas del riesgo soberano.
Es necesario establecer una mejor regulación para las
agencias de calificación, en la que no concurran intereses contrapuestos y
garantizar una calificación con total independencia.
Especialmente en el ámbito
del Eurogrupo vamos a liderar el desarrollo de mecanismos eficaces para luchar contra los paraísos
fiscales,
tal y como venimos haciendo en el seno del G 20. La Unión Europea ha creado la
primera red regional de seguridad financiera del mundo, el Fondo Europeo de
Estabilidad Financiera y tras los últimos acuerdos de los líderes de la zona euro
se han reforzado estos mecanismos de solidaridad.
Ahora hay que avanzar
efectivamente en el proceso de integración fiscal como forma de hacer frente a
las vulnerabilidades que han desatado la crisis de deuda soberana. Además de reforzar
los compromisos de estabilidad presupuestaria a nivel nacional, proponemos crear un instrumento de
deuda común, un Tesoro Europeo, con capacidad para emitir eurobonos. Unos Eurobonos avalados
por todos los países miembros aportarán estabilidad y confianza a la zona euro,
al tiempo que pueden permitir hacer frente a importantes proyectos de inversión
a nivel comunitario.
Tenemos que culminar el
proceso de reestructuración del sistema financiero, para que vuelva a ser la
fuente de crédito para la nueva economía. Un sistema financiero que, en todo
caso, puede y debe defender la actividad de las entidades resultantes de la
transformación de las cajas de ahorros por su compromiso social y su
capilaridad en el territorio nacional. Y si
en el proceso de reestructuración, el Estado entra en el
capital de alguna entidad financiera, nos aseguraremos de hacer una buena
gestión del dinero público, sin descartar su permanencia prudencial todo el
tiempo que sea necesario, favoreciendo la concesión de crédito a pequeñas y
medianas empresas, autónomos y a emprendedores de sectores emergentes y con
futuro.
Estudiaremos la posibilidad de utilizar parte de la red de sucursales de esas entidades
en beneficio del ICO para facilitar esos objetivos.
Una vez culminado este proceso
de reestructuración queremos trasladar a España la experiencia de un amplio
conjunto de países europeos (como Alemania, Francia o Reino Unido), estableciendo un impuesto sobre el balance de las entidades
financieras.
Se trata de pedir un esfuerzo a las empresas que más beneficios han obtenido en
el anterior ciclo expansivo y que más se han beneficiado de las ayudas públicas
para salir de la crisis, para ahora promover la recuperación del empleo.
Un impuesto cuyo objeto es contribuir a financiar medidas encaminadas a
favorecer la creación de empleo, reactivar la economía y salir de la crisis. Un impuesto que grave
los pasivos de las mismas descontando el capital propio, las transacciones
intragrupo y los depósitos asegurados.
Un impuesto, en fin, que deberá
implantarse cuando las instituciones financieras hayan finalizado el proceso de
reestructuración al que están sometidas para reforzar su capital y cumplir con
los nuevos requisitos impuestos por los organismos reguladores y supervisores Coordinaremos
e impulsaremos todos los instrumentos financieros públicos existentes de apoyo
a las pymes, incluidas las de Economía social, emprendedores y autónomos; simplificaremos
los procedimientos y líneas actuales, asegurando una importante modificación de
los criterios de garantías y riesgos, crearemos un
Sistema Nacional de Microcréditos; y lo haremos para que actúe de forma
independiente respecto de las prioridades de las instituciones financieras
privadas.
Finalmente, nos
comprometemos a fortalecer la protección de los consumidores de servicios financieros,
previniendo el sobreendeudamiento de las economías domésticas, regulando las prestaciones
y servicios bancarios, así como exigiendo una completa transparencia y legibilidad
de información de estos servicios.
Impulsaremos mecanismos de acuerdo entre acreedores y familias para
que en caso de desempleo, impago u otras contingencias, pueda establecerse un
periodo de carencia de las cuotas de la hipoteca para las familias españolas en
dificultades.
Con ese fin se
incrementará la transparencia, reduciendo el riesgo de contratar servicios que no
se entienden, y reforzando la información contractual previa de una manera
sencilla que permita al usuario comparar ofertas de diferentes entidades
financieras, prestando especial atención a la provisión de información adecuada
a colectivos más vulnerables.
Revisaremos la normativa
sobre concesión de créditos- especialmente los hipotecarios- para que esta se
haga de forma responsable. Al mismo tiempo, atenderemos los abusos
sufridos por tantas familias como consecuencia de la burbuja inmobiliaria, y
que ahora no pueden afrontar el pago de su vivienda a través de un tratamiento
integral de la insolvencia del consumidor; incentivaremos
la existencia de la opción de la dación en pago para nuevas hipotecas a fin
de permitir a las familias adoptar dicha opción si así lo desean.
Los efectos de la crisis
en la situación económica y laboral de muchos ciudadanos, junto con el excesivo
endeudamiento adquirido en los tiempos de bonanza, han dado lugar en los
últimos años a un notable incremento de la tasa de morosidad y de las
ejecuciones hipotecarias. El problema se ha visto además agravado por los
defectos de que adolece nuestro sistema hipotecario, que se han puesto de
manifiesto con especial intensidad en estas críticas circunstancias, tales como
la falta de transparencia de las entidades financieras en la negociación del
préstamo, la existencia de cláusulas abusivas en los contratos, una regulación inadecuada
que reparte el riesgo injustamente entre el deudor y la entidad financiera o la
carencia por parte del deudor de una formación financiera básica que le permita
comprender adecuadamente los riesgos que asume al contratar una hipoteca. Para
hacer frente a esta situación, se han adoptado ya varias medidas tendentes a
evitar o minorar los efectos de las ejecuciones hipotecarias, a proteger a las
familias con dificultades para hacer frente a los pagos hipotecarios y a
favorecer la formación financiera de los ciudadanos. Sin embargo, aún queda
mucho por hacer para mejorar nuestro sistema hipotecario y proteger a las
personas hipotecadas.
Procederemos a revisar el régimen hipotecario con el fin de
equilibrar la posición de las partes: garantizando la independencia de las
tasadoras, regulando la dación en pago como forma de liquidación de la deuda;
prohibiendo, como forma de publicidad ilegal, aquella que presente las
condiciones de los créditos u otras operaciones financieras en distinto relieve
o diferentes tipos de letra; estableciendo tipos máximos para los intereses de
demora. En todo caso, daremos prioridad a la conservación de la vivienda
familiar y reforzaremos el sistema de regulación de los embargos hipotecarios
para asegurar protección a las familias.
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