lunes, 24 de octubre de 2011

PROGRAMA PSOE: “LA BANCA AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD”


El sistema financiero desempeña un papel fundamental en la sociedad, al canalizar el crédito a familias y empresas. Tiene que promover la actividad y la creación de empleo y no suponer una carga para los Estados ni los contribuyentes.
La desregulación financiera internacional durante las últimas tres décadas ha favorecido la asunción irresponsable de riesgos por parte de las entidades financieras y su propagación a países y personas que no la causaron. Por tanto ha favorecido los excesos de endeudamiento de empresas y familias, y con ello desequilibrios en el crecimiento de muchas economías.
El alcance de la crisis ha puesto de manifiesto la necesidad de adoptar soluciones coordinadas en Europa y a nivel global. En un principio ha sido indispensable la reestructuración bancaria para salvaguardar la estabilidad financiera, ahora necesitamos promover un sector financiero equilibrado, más controlado y supervisado, y con una mayor contribución del sector a la sociedad siendo necesario exigir responsabilidades a los causantes de la crisis.
En Europa seguiremos avanzando en la coordinación y supervisión del sistema financiero para evitar crisis como las que estamos viviendo. Es necesaria una mayor coordinación entre las entidades supervisoras de los países miembros, a través de las nuevas agencias europeas en los mercados de la banca, los seguros y los valores para identificar las debilidades del sistema y mejorar sus procedimientos y transparencia.
En ese sentido, es necesaria una Unión Europea fuerte y decidida, donde se establezca una política económica europea, más allá de los intereses de los Estados, junto con la emisión de eurobonos, el papel básico del Banco Central Europeo y el establecimiento de una política fiscal propia y común.
También, en el marco de la Unión Europea, proponemos establecer una tasa sobre las transacciones financieras que, además de contribuir a la financiación del desarrollo internacional, permita frenar la especulación en el sistema financiero y estabilizar a los mercados. Y para hacer frente al papel desestabilizador que supone el oligopolio de las agencias de rating, vamos a plantear a nivel europeo contar con evaluaciones alternativas del riesgo soberano.
Es necesario establecer una mejor regulación para las agencias de calificación, en la que no concurran intereses contrapuestos y garantizar una calificación con total independencia.
Especialmente en el ámbito del Eurogrupo vamos a liderar el desarrollo de mecanismos eficaces para luchar contra los paraísos fiscales, tal y como venimos haciendo en el seno del G 20. La Unión Europea ha creado la primera red regional de seguridad financiera del mundo, el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera y tras los últimos acuerdos de los líderes de la zona euro se han reforzado estos mecanismos de solidaridad.
Ahora hay que avanzar efectivamente en el proceso de integración fiscal como forma de hacer frente a las vulnerabilidades que han desatado la crisis de deuda soberana. Además de reforzar los compromisos de estabilidad presupuestaria a nivel nacional, proponemos crear un instrumento de deuda común, un Tesoro Europeo, con capacidad para emitir eurobonos. Unos Eurobonos avalados por todos los países miembros aportarán estabilidad y confianza a la zona euro, al tiempo que pueden permitir hacer frente a importantes proyectos de inversión a nivel comunitario.
Tenemos que culminar el proceso de reestructuración del sistema financiero, para que vuelva a ser la fuente de crédito para la nueva economía. Un sistema financiero que, en todo caso, puede y debe defender la actividad de las entidades resultantes de la transformación de las cajas de ahorros por su compromiso social y su capilaridad en el territorio nacional. Y si en el proceso de reestructuración, el Estado entra en el capital de alguna entidad financiera, nos aseguraremos de hacer una buena gestión del dinero público, sin descartar su permanencia prudencial todo el tiempo que sea necesario, favoreciendo la concesión de crédito a pequeñas y medianas empresas, autónomos y a emprendedores de sectores emergentes y con futuro. Estudiaremos la posibilidad de utilizar parte de la red de sucursales de esas entidades en beneficio del ICO para facilitar esos objetivos.
Una vez culminado este proceso de reestructuración queremos trasladar a España la experiencia de un amplio conjunto de países europeos (como Alemania, Francia o Reino Unido), estableciendo un impuesto sobre el balance de las entidades financieras. Se trata de pedir un esfuerzo a las empresas que más beneficios han obtenido en el anterior ciclo expansivo y que más se han beneficiado de las ayudas públicas para salir de la crisis, para ahora promover la recuperación del empleo.
Un impuesto cuyo objeto es contribuir a financiar medidas encaminadas a favorecer la creación de empleo, reactivar la economía y salir de la crisis. Un impuesto que grave los pasivos de las mismas descontando el capital propio, las transacciones intragrupo y los depósitos asegurados.
Un impuesto, en fin, que deberá implantarse cuando las instituciones financieras hayan finalizado el proceso de reestructuración al que están sometidas para reforzar su capital y cumplir con los nuevos requisitos impuestos por los organismos reguladores y supervisores Coordinaremos e impulsaremos todos los instrumentos financieros públicos existentes de apoyo a las pymes, incluidas las de Economía social, emprendedores y autónomos; simplificaremos los procedimientos y líneas actuales, asegurando una importante modificación de los criterios de garantías y riesgos, crearemos un Sistema Nacional de Microcréditos; y lo haremos para que actúe de forma independiente respecto de las prioridades de las instituciones financieras privadas.
Finalmente, nos comprometemos a fortalecer la protección de los consumidores de servicios financieros, previniendo el sobreendeudamiento de las economías domésticas, regulando las prestaciones y servicios bancarios, así como exigiendo una completa transparencia y legibilidad de información de estos servicios.
Impulsaremos mecanismos de acuerdo entre acreedores y familias para que en caso de desempleo, impago u otras contingencias, pueda establecerse un periodo de carencia de las cuotas de la hipoteca para las familias españolas en dificultades.
Con ese fin se incrementará la transparencia, reduciendo el riesgo de contratar servicios que no se entienden, y reforzando la información contractual previa de una manera sencilla que permita al usuario comparar ofertas de diferentes entidades financieras, prestando especial atención a la provisión de información adecuada a colectivos más vulnerables.
Revisaremos la normativa sobre concesión de créditos- especialmente los hipotecarios- para que esta se haga de forma responsable. Al mismo tiempo, atenderemos los abusos sufridos por tantas familias como consecuencia de la burbuja inmobiliaria, y que ahora no pueden afrontar el pago de su vivienda a través de un tratamiento integral de la insolvencia del consumidor; incentivaremos la existencia de la opción de la dación en pago para nuevas hipotecas a fin de permitir a las familias adoptar dicha opción si así lo desean.
Los efectos de la crisis en la situación económica y laboral de muchos ciudadanos, junto con el excesivo endeudamiento adquirido en los tiempos de bonanza, han dado lugar en los últimos años a un notable incremento de la tasa de morosidad y de las ejecuciones hipotecarias. El problema se ha visto además agravado por los defectos de que adolece nuestro sistema hipotecario, que se han puesto de manifiesto con especial intensidad en estas críticas circunstancias, tales como la falta de transparencia de las entidades financieras en la negociación del préstamo, la existencia de cláusulas abusivas en los contratos, una regulación inadecuada que reparte el riesgo injustamente entre el deudor y la entidad financiera o la carencia por parte del deudor de una formación financiera básica que le permita comprender adecuadamente los riesgos que asume al contratar una hipoteca. Para hacer frente a esta situación, se han adoptado ya varias medidas tendentes a evitar o minorar los efectos de las ejecuciones hipotecarias, a proteger a las familias con dificultades para hacer frente a los pagos hipotecarios y a favorecer la formación financiera de los ciudadanos. Sin embargo, aún queda mucho por hacer para mejorar nuestro sistema hipotecario y proteger a las personas hipotecadas.
Procederemos a revisar el régimen hipotecario con el fin de equilibrar la posición de las partes: garantizando la independencia de las tasadoras, regulando la dación en pago como forma de liquidación de la deuda; prohibiendo, como forma de publicidad ilegal, aquella que presente las condiciones de los créditos u otras operaciones financieras en distinto relieve o diferentes tipos de letra; estableciendo tipos máximos para los intereses de demora. En todo caso, daremos prioridad a la conservación de la vivienda familiar y reforzaremos el sistema de regulación de los embargos hipotecarios para asegurar protección a las familias.

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