El periodo democrático y
las consecuentes mejoras en nuestra calidad de vida deben mucho a la labor de
nuestros ayuntamientos, por ser la institución más próxima a la ciudadanía. La
evolución del país no es explicable sin la contribución de los gobiernos locales
que son los que han trasladado a lo concreto muchas de las mejoras que la -
democracia y la descentralización han traído a nuestros pueblos y ciudades. No
es casualidad que los países con democracias más sólidas y economías más
prósperas se caractericen por tener gobiernos locales fuertes y maduros.
La proximidad es la escala
ideal para detectar con rapidez las nuevas realidades sociales y para articular
políticas públicas eficaces, flexibles y transversales. Los pueblos y ciudades
también tienen un papel estratégico para aumentar la calidad democrática, para
luchar contra la desafección política y la falta de confianza en la cosa
pública, ya que permiten poner en funcionamiento nuevas fórmulas de expresión, participación
y control democrático.
Han pasado más de 30 años
desde las primeras elecciones locales de la democracia.
La consolidación de un
Estado descentralizado y el ciclo económico y social en el que se encuentra
inmerso nuestro país subraya la necesidad de acometer algunas reformas
sustanciales de carácter estructural en el funcionamiento de los ayuntamientos,
diputaciones y demás entes locales. Esta necesidad no es ajena a los imperativos
de la eficiencia y la eficacia. Por lo tanto, hay que abordar la duplicidad y/o
descoordinación entre las diferentes administraciones y cabe exigir rigor a los
gobiernos locales (como al gobierno del Estado y de las CCAA) en la elección de
las políticas públicas locales que decida impulsar o mantener.
Debemos promover la
reforma integral de la administración local, de forma que la resultante sea un
servicio público-una administración, evitando duplicidades y solapamientos.
La realidad de nuestros
gobiernos locales tiende ya al trabajo en red, al reparto “práctico” de
funciones entre los diferentes gobiernos locales o bien a la mancomunación de
servicios. Debemos fortalecer esta dinámica y aprovechar las capacidades de
cada elemento del sistema de la administración local para mejorar los servicios
que reciben los ciudadanos independientemente de donde vivan: una gran ciudad o
un pequeño pueblo.
Por otra parte, para
mejorar los mecanismos de control democrático a nivel local proponemos
implantar el Estatuto de la Oposición, a fin de que los grupos políticos que
no estén en el gobierno vean garantizado el derecho a ejercer dignamente su
trabajo de fiscalización.
En esta nueva etapa será
necesario impulsar al máximo la concertación de actuaciones entre ellos
mediante mancomunidades, consorcios u otros regímenes asociativos. Con este
fin, propondremos que la legislación local permita primar financieramente,
desde el Estado o desde las Comunidades Autónomas, a los municipios o
asociaciones de municipios cuya capacidad de gestión y cuya población permitan
una prestación racional de los servicios locales. El mantenimiento del pequeño
municipio, que defiende los intereses de sus vecinos y contribuye y define su
identidad, no puede estar reñido con la gestión de servicios más eficiente.
Las modificaciones legislativas
que afectan al mundo local habrán de tener en cuenta la realidad de nuestra
estructura municipal que tiene 5.791 municipios de menos de 2.000 habitantes.
Las leyes y reglamentos habrán de adecuarse a las posibilidades de gestión de
dichos municipios. Igualmente las modificaciones legislativas contemplaran que
los servicios no obligatorios para municipios de menos de 5.000 habitantes
puedan ser prestados necesariamente en todos los municipios mediante
mancomunidades, comarcas, consorcios u otros regímenes asociativos.
En este contexto es donde
se incardina la reorganización de los gobiernos locales y la modernización
profunda de las Diputaciones Provinciales. La nueva configuración de la administración
local de carácter supramunicipal debe tener presente la existencia de una
administración autonómica con servicios de carácter provincial, el
reforzamiento tanto político como técnico de los ayuntamientos, y el papel de
supletoriedad que la Constitución y sus leyes de desarrollo le asigna respecto
a los municipios. En este sentido, Andalucía, con sus leyes municipales, es una
referencia para conseguir una administración local más simplificada, eficiente
y eficaz. La transformación de las Diputaciones
Provinciales en Consejos de Alcaldes permitirá la delimitación de sus competencias,
la simplificación de su estructura y la reducción significativa de la representación
política, garantizando los puestos de trabajo de los funcionarios y el personal
de las actuales Diputaciones. Debe otorgarse tratamiento diferenciado para los
Consejos Insulares o Cabildos que son instituciones autonómicas y, en consecuencia,
abogamos por mantenerlos y afianzarlos.
El nuevo rol que los
municipios deben ejercer en el siglo XXI exige que cuenten con un sistema de
financiación adecuado, dotado de aportaciones suficientes por parte del Estado
y las Comunidades Autónomas y con tributos no anclados en el siglo XIX. Nos comprometemos a la aprobación de una
nueva ley de financiación local que cuente con un amplio respaldo
parlamentario.
A tal fin, se debe
garantizar el mantenimiento del Fondo
Especial de Financiación a favor de los municipios de población no superior a
veinte mil habitantes.
En esta complicada situación
financiera, con la ayuda de otras administraciones, además de intentar resolver
la deuda local, tenemos que garantizar la adecuada provisión de los servicios
públicos a la ciudadanía. El nuevo modelo no sólo requiere un ajuste de las
finanzas, sino un cambio en la gestión municipal. El Buen Gobierno Local
necesita de la Ley de Financiación y
Gobiernos Locales y así se traducirá en más eficacia municipal.
La financiación local ha
sido objeto de actuaciones de urgencia en esta Legislatura, pero el desarrollo
de la crisis ha hecho imposible debatir un marco general de financiación en un
contexto de redefinición de los recursos públicos y del propio papel de las
administraciones. La próxima Legislatura debe asumir este reto involucrando necesariamente
a las Comunidades Autónomas, que deben garantizar, junto a la administración
central, la suficiencia financiera de los entes locales, dotándoles de un sistema
de financiación acorde con las competencias realmente ejercidas, con un espacio
fiscal propio y fondos de financiación incondicionada que garanticen a los entes
locales capacidad de decisión y autonomía en la gestión de sus intereses, en función
de sus necesidades, su capacidad de recaudación, y en ejercicio de su corresponsabilidad
fiscal.
La modificación de la
financiación local debe ir orientada a clarificar el marco competencial de los
gobiernos locales, de manera que adecúe las funciones realmente desarrolladas
por éstos al nuevo sistema de financiación, implicando a las CCAA, que deben
corresponder presupuestariamente en la financiación de las políticas que realizan
los ayuntamientos y cuyas competencias, en muchos casos, son ajenas a ellos;
dando cumplimiento así al mandato constitucional del derecho de los gobiernos locales
a la participación en los ingresos de las CCAA.
Una administración más
accesible, ágil y eficaz en la atención al ciudadano
Hemos demostrado que se
puede mejorar la eficiencia, hacer más con menos, prestar servicios públicos
reduciendo gastos y aumentando la calidad. El Centro de Investigaciones
Sociológicas corrobora en sus estudios un incremento en los últimos años del
nivel de satisfacción de los ciudadanos que se relacionan con las administraciones.
Aún así es conveniente impulsar la mejora de la imagen y la legitimación de la
administración pública española. Sigue siendo necesario profundizar en las
reformas emprendidas para alcanzar la administración pública de la excelencia, que
asuma compromisos firmes con la ciudadanía, mejore las vías de comunicación recíproca
y esté a la altura de las nuevas demandas y necesidades. Deben ofrecerse nuevas
respuestas para concebir una administración austera y renovada sin renunciar a
su capacidad de garantizar los derechos de los que hoy disfruta la ciudadanía.
Es importante reconocer y prestigiar a los funcionarios públicos ya que su
trabajo resulta esencial para el sostenimiento de los servicios públicos que
hoy conforman nuestro Estado de Bienestar.
Es necesario asumir los
retos y necesidades de adecuación de nuestra administración y nuestros
empleados públicos a un modo de trabajo más ágil, menos formalizado y marcado
por un lado por la necesidad de cooperar con otras administraciones, españolas,
europeas y extracomunitarias y, por otro, por la orientación fundamental al apoyo
a las iniciativas y demandas ciudadanas.
Los cambios organizativos
–en especial, la continuación y profundización en las políticas de
simplificación administrativa y la mejora regulatoria-, y tecnológicos permiten
acometer una nueva forma de organización administrativa que será capaz de liberar
recursos y destinarlos a los servicios públicos que demanda la ciudadanía.
Asimismo, se ha de
generalizar una evaluación periódica de
cada una de las organizaciones administrativas a través de la Agencia de
Evaluación de Políticas Públicas. Se debe implementar un sistema de gestión
por objetivos. Los centros prestadores de servicios contarán con una Carta de Servicios cuyo grado de cumplimiento
se evaluará anualmente. Asimismo, se debe articular un sistema que incentive
aquellas unidades, secretarías o departamentos que alcancen sus objetivos y que,
además, lo hagan con eficiencia, esto es, con menor gasto del presupuestado, y que
penalice a las estructuras que no lo consigan o que no mejoren la forma de conseguirlos.
El objetivo es adaptar el
empleo público al nuevo modelo de organización que proponemos, con las
reasignaciones de efectivos que se requieran. Necesitamos un conjunto de
empleados públicos en constante cualificación y adecuado a las necesidades. Por
eso, revisaremos las condiciones de
entrada a la función pública, protegiendo los principios de igualdad y mérito
en el acceso y disminuyendo la necesidad de conocimientos memorísticos e
incluyendo periodos de prácticas. Para evaluar preferentemente los valores
de servicio público, el uso de las nuevas tecnologías y la capacidad de
adaptación a los cambios. En particular para
el acceso a los cuerpos superiores de la administración se hace necesario
promover la igualdad de oportunidades mediante la implantación de un sistema
que facilite la preparación de las pruebas selectivas por los aspirantes con
independencia de su capacidad económica.
Debe articularse un
sistema donde los empleados públicos cuenten con una carrera profesional en la
que la progresión se encuentre determinada por la experiencia, la capacitación
y los resultados, generalizando una evaluación periódica del desempeño. Todos los empleados públicos tendrán
posibilidades de carrera, correspondiendo a la administración el
establecimiento de los mecanismos incentivadores para hacer del desempeño del
trabajo un reto de responsabilidad y compromiso con la organización.
Los empleados públicos
necesitan reciclarse a lo largo de su vida profesional para adaptarse a las
demandas sociales. Para procurarles la formación necesaria que facilite su
reciclaje, su perfeccionamiento y, en consecuencia, la exigencia sobre sus resultados,
reorientaremos las acciones y los fondos destinados a la formación y priorizaremos
aquella directamente relacionada con la carrera y el puesto.
Con objeto de mejorar la organización, la productividad y
el ahorro en instalaciones, servicios y energía, de forma progresiva a lo
largo de la legislatura, debe generalizarse una organización y un horario de trabajo racionalizado y flexibilizado,
que, incluyendo el recurso a medios electrónicos, permita una mayor eficiencia
en la asignación de recursos humanos, así como el aumento de las posibilidades
de conciliación entre la vida familiar y laboral. Además resulta necesario avanzar hacia la mejora de la descripción de
los puestos de trabajo y homologar los marcos retributivos de los empleados
públicos que ocupen los mismos perfiles en cualquier administración.
Es precisa una reforma que
culmine el desarrollo de la administración electrónica, que implica a su vez la
introducción de una nueva gobernanza pública. Además de aportar eficacia, las
tecnologías de la información y la comunicación pueden ser un instrumento democratizador
y actúan sin duda como de palancas para ayudar de forma significativa a
combatir los retos más importantes a los que se enfrentan la sociedad europea y
la española: la crisis económica, la mejora medioambiental y la situación generada
por el envejecimiento de la población.
En su relación con las
Administraciones Públicas, la ciudadanía demanda trámites más rápidos, más
simples, seguros y que puedan realizarse a cualquier hora y desde cualquier
lugar. El desarrollo de la administración
electrónica en España ofrece las respuestas a esa demanda, impulsando
procedimientos integrados entre administraciones o generando nuevos servicios
de atención integral al ciudadano y de tramitación y respuesta a sus demandas,
conforme exige el correcto cumplimiento del derecho a una buena administración.
Para avanzar en las
reformas pendientes y en la realización efectiva del derecho a una buena
administración se deberá contar, sobre todo, con la colaboración decidida de
los empleados públicos y de sus organizaciones representativas. Los socialistas
defendemos la revalorización de la función pública como verdadero servicio a la
ciudadanía. Los empleados públicos han mostrado su responsabilidad y su solidaridad.
También acreditan diariamente su eficiencia. En consecuencia, para acometer los
cambios necesarios, es imprescindible la complicidad en la gobernabilidad de lo
público.
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