jueves, 20 de octubre de 2011

PROGRAMA PSOE: LA ADMINISTRACIÓN LOCAL AL SERVICIO DE LOS CIUDADANOS


El periodo democrático y las consecuentes mejoras en nuestra calidad de vida deben mucho a la labor de nuestros ayuntamientos, por ser la institución más próxima a la ciudadanía. La evolución del país no es explicable sin la contribución de los gobiernos locales que son los que han trasladado a lo concreto muchas de las mejoras que la - democracia y la descentralización han traído a nuestros pueblos y ciudades. No es casualidad que los países con democracias más sólidas y economías más prósperas se caractericen por tener gobiernos locales fuertes y maduros.
La proximidad es la escala ideal para detectar con rapidez las nuevas realidades sociales y para articular políticas públicas eficaces, flexibles y transversales. Los pueblos y ciudades también tienen un papel estratégico para aumentar la calidad democrática, para luchar contra la desafección política y la falta de confianza en la cosa pública, ya que permiten poner en funcionamiento nuevas fórmulas de expresión, participación y control democrático.
Han pasado más de 30 años desde las primeras elecciones locales de la democracia.
La consolidación de un Estado descentralizado y el ciclo económico y social en el que se encuentra inmerso nuestro país subraya la necesidad de acometer algunas reformas sustanciales de carácter estructural en el funcionamiento de los ayuntamientos, diputaciones y demás entes locales. Esta necesidad no es ajena a los imperativos de la eficiencia y la eficacia. Por lo tanto, hay que abordar la duplicidad y/o descoordinación entre las diferentes administraciones y cabe exigir rigor a los gobiernos locales (como al gobierno del Estado y de las CCAA) en la elección de las políticas públicas locales que decida impulsar o mantener.
Debemos promover la reforma integral de la administración local, de forma que la resultante sea un servicio público-una administración, evitando duplicidades y solapamientos.
La realidad de nuestros gobiernos locales tiende ya al trabajo en red, al reparto “práctico” de funciones entre los diferentes gobiernos locales o bien a la mancomunación de servicios. Debemos fortalecer esta dinámica y aprovechar las capacidades de cada elemento del sistema de la administración local para mejorar los servicios que reciben los ciudadanos independientemente de donde vivan: una gran ciudad o un pequeño pueblo.
Por otra parte, para mejorar los mecanismos de control democrático a nivel local proponemos implantar el Estatuto de la Oposición, a fin de que los grupos políticos que no estén en el gobierno vean garantizado el derecho a ejercer dignamente su trabajo de fiscalización.
En esta nueva etapa será necesario impulsar al máximo la concertación de actuaciones entre ellos mediante mancomunidades, consorcios u otros regímenes asociativos. Con este fin, propondremos que la legislación local permita primar financieramente, desde el Estado o desde las Comunidades Autónomas, a los municipios o asociaciones de municipios cuya capacidad de gestión y cuya población permitan una prestación racional de los servicios locales. El mantenimiento del pequeño municipio, que defiende los intereses de sus vecinos y contribuye y define su identidad, no puede estar reñido con la gestión de servicios más eficiente.
Las modificaciones legislativas que afectan al mundo local habrán de tener en cuenta la realidad de nuestra estructura municipal que tiene 5.791 municipios de menos de 2.000 habitantes. Las leyes y reglamentos habrán de adecuarse a las posibilidades de gestión de dichos municipios. Igualmente las modificaciones legislativas contemplaran que los servicios no obligatorios para municipios de menos de 5.000 habitantes puedan ser prestados necesariamente en todos los municipios mediante mancomunidades, comarcas, consorcios u otros regímenes asociativos.
En este contexto es donde se incardina la reorganización de los gobiernos locales y la modernización profunda de las Diputaciones Provinciales. La nueva configuración de la administración local de carácter supramunicipal debe tener presente la existencia de una administración autonómica con servicios de carácter provincial, el reforzamiento tanto político como técnico de los ayuntamientos, y el papel de supletoriedad que la Constitución y sus leyes de desarrollo le asigna respecto a los municipios. En este sentido, Andalucía, con sus leyes municipales, es una referencia para conseguir una administración local más simplificada, eficiente y eficaz. La transformación de las Diputaciones Provinciales en Consejos de Alcaldes permitirá la delimitación de sus competencias, la simplificación de su estructura y la reducción significativa de la representación política, garantizando los puestos de trabajo de los funcionarios y el personal de las actuales Diputaciones. Debe otorgarse tratamiento diferenciado para los Consejos Insulares o Cabildos que son instituciones autonómicas y, en consecuencia, abogamos por mantenerlos y afianzarlos.
El nuevo rol que los municipios deben ejercer en el siglo XXI exige que cuenten con un sistema de financiación adecuado, dotado de aportaciones suficientes por parte del Estado y las Comunidades Autónomas y con tributos no anclados en el siglo XIX. Nos comprometemos a la aprobación de una nueva ley de financiación local que cuente con un amplio respaldo parlamentario.
A tal fin, se debe garantizar el mantenimiento del Fondo Especial de Financiación a favor de los municipios de población no superior a veinte mil habitantes.
En esta complicada situación financiera, con la ayuda de otras administraciones, además de intentar resolver la deuda local, tenemos que garantizar la adecuada provisión de los servicios públicos a la ciudadanía. El nuevo modelo no sólo requiere un ajuste de las finanzas, sino un cambio en la gestión municipal. El Buen Gobierno Local necesita de la Ley de Financiación y Gobiernos Locales y así se traducirá en más eficacia municipal.
La financiación local ha sido objeto de actuaciones de urgencia en esta Legislatura, pero el desarrollo de la crisis ha hecho imposible debatir un marco general de financiación en un contexto de redefinición de los recursos públicos y del propio papel de las administraciones. La próxima Legislatura debe asumir este reto involucrando necesariamente a las Comunidades Autónomas, que deben garantizar, junto a la administración central, la suficiencia financiera de los entes locales, dotándoles de un sistema de financiación acorde con las competencias realmente ejercidas, con un espacio fiscal propio y fondos de financiación incondicionada que garanticen a los entes locales capacidad de decisión y autonomía en la gestión de sus intereses, en función de sus necesidades, su capacidad de recaudación, y en ejercicio de su corresponsabilidad fiscal.
La modificación de la financiación local debe ir orientada a clarificar el marco competencial de los gobiernos locales, de manera que adecúe las funciones realmente desarrolladas por éstos al nuevo sistema de financiación, implicando a las CCAA, que deben corresponder presupuestariamente en la financiación de las políticas que realizan los ayuntamientos y cuyas competencias, en muchos casos, son ajenas a ellos; dando cumplimiento así al mandato constitucional del derecho de los gobiernos locales a la participación en los ingresos de las CCAA.

Una administración más accesible, ágil y eficaz en la atención al ciudadano
Hemos demostrado que se puede mejorar la eficiencia, hacer más con menos, prestar servicios públicos reduciendo gastos y aumentando la calidad. El Centro de Investigaciones Sociológicas corrobora en sus estudios un incremento en los últimos años del nivel de satisfacción de los ciudadanos que se relacionan con las administraciones. Aún así es conveniente impulsar la mejora de la imagen y la legitimación de la administración pública española. Sigue siendo necesario profundizar en las reformas emprendidas para alcanzar la administración pública de la excelencia, que asuma compromisos firmes con la ciudadanía, mejore las vías de comunicación recíproca y esté a la altura de las nuevas demandas y necesidades. Deben ofrecerse nuevas respuestas para concebir una administración austera y renovada sin renunciar a su capacidad de garantizar los derechos de los que hoy disfruta la ciudadanía. Es importante reconocer y prestigiar a los funcionarios públicos ya que su trabajo resulta esencial para el sostenimiento de los servicios públicos que hoy conforman nuestro Estado de Bienestar.
Es necesario asumir los retos y necesidades de adecuación de nuestra administración y nuestros empleados públicos a un modo de trabajo más ágil, menos formalizado y marcado por un lado por la necesidad de cooperar con otras administraciones, españolas, europeas y extracomunitarias y, por otro, por la orientación fundamental al apoyo a las iniciativas y demandas ciudadanas.
Los cambios organizativos –en especial, la continuación y profundización en las políticas de simplificación administrativa y la mejora regulatoria-, y tecnológicos permiten acometer una nueva forma de organización administrativa que será capaz de liberar recursos y destinarlos a los servicios públicos que demanda la ciudadanía.
Asimismo, se ha de generalizar una evaluación periódica de cada una de las organizaciones administrativas a través de la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas. Se debe implementar un sistema de gestión por objetivos. Los centros prestadores de servicios contarán con una Carta de Servicios cuyo grado de cumplimiento se evaluará anualmente. Asimismo, se debe articular un sistema que incentive aquellas unidades, secretarías o departamentos que alcancen sus objetivos y que, además, lo hagan con eficiencia, esto es, con menor gasto del presupuestado, y que penalice a las estructuras que no lo consigan o que no mejoren la forma de conseguirlos.
El objetivo es adaptar el empleo público al nuevo modelo de organización que proponemos, con las reasignaciones de efectivos que se requieran. Necesitamos un conjunto de empleados públicos en constante cualificación y adecuado a las necesidades. Por eso, revisaremos las condiciones de entrada a la función pública, protegiendo los principios de igualdad y mérito en el acceso y disminuyendo la necesidad de conocimientos memorísticos e incluyendo periodos de prácticas. Para evaluar preferentemente los valores de servicio público, el uso de las nuevas tecnologías y la capacidad de adaptación a los cambios. En particular para el acceso a los cuerpos superiores de la administración se hace necesario promover la igualdad de oportunidades mediante la implantación de un sistema que facilite la preparación de las pruebas selectivas por los aspirantes con independencia de su capacidad económica.
Debe articularse un sistema donde los empleados públicos cuenten con una carrera profesional en la que la progresión se encuentre determinada por la experiencia, la capacitación y los resultados, generalizando una evaluación periódica del desempeño. Todos los empleados públicos tendrán posibilidades de carrera, correspondiendo a la administración el establecimiento de los mecanismos incentivadores para hacer del desempeño del trabajo un reto de responsabilidad y compromiso con la organización.
Los empleados públicos necesitan reciclarse a lo largo de su vida profesional para adaptarse a las demandas sociales. Para procurarles la formación necesaria que facilite su reciclaje, su perfeccionamiento y, en consecuencia, la exigencia sobre sus resultados, reorientaremos las acciones y los fondos destinados a la formación y priorizaremos aquella directamente relacionada con la carrera y el puesto.
Con objeto de mejorar la organización, la productividad y el ahorro en instalaciones, servicios y energía, de forma progresiva a lo largo de la legislatura, debe generalizarse una organización y un horario de trabajo racionalizado y flexibilizado, que, incluyendo el recurso a medios electrónicos, permita una mayor eficiencia en la asignación de recursos humanos, así como el aumento de las posibilidades de conciliación entre la vida familiar y laboral. Además resulta necesario avanzar hacia la mejora de la descripción de los puestos de trabajo y homologar los marcos retributivos de los empleados públicos que ocupen los mismos perfiles en cualquier administración.
Es precisa una reforma que culmine el desarrollo de la administración electrónica, que implica a su vez la introducción de una nueva gobernanza pública. Además de aportar eficacia, las tecnologías de la información y la comunicación pueden ser un instrumento democratizador y actúan sin duda como de palancas para ayudar de forma significativa a combatir los retos más importantes a los que se enfrentan la sociedad europea y la española: la crisis económica, la mejora medioambiental y la situación generada por el envejecimiento de la población.
En su relación con las Administraciones Públicas, la ciudadanía demanda trámites más rápidos, más simples, seguros y que puedan realizarse a cualquier hora y desde cualquier lugar. El desarrollo de la administración electrónica en España ofrece las respuestas a esa demanda, impulsando procedimientos integrados entre administraciones o generando nuevos servicios de atención integral al ciudadano y de tramitación y respuesta a sus demandas, conforme exige el correcto cumplimiento del derecho a una buena administración.
Para avanzar en las reformas pendientes y en la realización efectiva del derecho a una buena administración se deberá contar, sobre todo, con la colaboración decidida de los empleados públicos y de sus organizaciones representativas. Los socialistas defendemos la revalorización de la función pública como verdadero servicio a la ciudadanía. Los empleados públicos han mostrado su responsabilidad y su solidaridad. También acreditan diariamente su eficiencia. En consecuencia, para acometer los cambios necesarios, es imprescindible la complicidad en la gobernabilidad de lo público.

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