LAS REFORMAS DEMOCRÁTICAS EN EL PROGRAMA SOCIALISTA

La crisis, las razones de su origen, sus consecuencias, y las fórmulas bien distintas para salir de la misma en términos económicos y sociales, han hecho volver la vista a la política. Los ciudadanos piden eficacia ante los problemas, y saben que la eficacia está directamente ligada a los valores. Piden una democracia con resultados, una democracia participativa y ejemplar. Se implican más y desean que se abran más cauces de expresión de la voluntad colectiva mediante la participación y la deliberación. Nos reclaman una democracia representativa, más participativa y cercana.

CALIDAD DEMOCRÁTICA: TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y RESPONSABILIDAD

Vivimos tiempos de cambio. No podemos continuar construyendo la democracia y la ciudadanía del siglo XXI con los instrumentos, las políticas o las escuelas del siglo XX.

Nuestro deber, y nuestro propósito, es liderar el proceso de cambios profundos que impone la primera crisis en un mundo plenamente globalizado, aportando un cambio de paradigma del sector público, económico, social y cultural. Se trata de llenar de sentido actual nuestros valores de libertad, de igualdad, de dignidad humana… en unas sociedades crecientemente interdependientes, complejas e inevitablemente diversas.

Los ciudadanos reclaman un perfeccionamiento constante de las reglas del juego democrático, un Gobierno Abierto, transparente, que ponga sus decisiones al alcance de todos y sepa canalizar la participación y la colaboración de la ciudadanía en esas decisiones.

Transparencia

La transparencia de las instituciones es un elemento fundamental no sólo para el acceso de ciudadanos y ciudadanas a las mismas, sino para el propio buen funcionamiento institucional.

La transparencia es el mejor antídoto contra la inercia, la gestión ineficiente y las tentaciones de corrupción, tanto en su acepción de acceso del ciudadano a la información solicitada, como en la de obligación activa de la administración de hacer públicas sus actuaciones.

Nuestro compromiso es la aprobación de una ley de transparencia y acceso a la información pública que permita que la actuación de las administraciones esté siempre sometida al escrutinio no sólo de los representantes políticos, y en especial de la oposición, sino de toda la sociedad, desde los medios de comunicación a los ciudadanos interesados. Una ley que amplíe tanto el círculo de los legitimados para acceder a la información como el contenido de la actividad que debe hacerse pública.

Una ley que, obligando a la publicación de toda decisión o actuación en materia de personal y sus remuneraciones, contratación, subvención, urbanismo o gestión patrimonial, asegure la correcta gestión en estos ámbitos y evite cualquier tentación de actuaciones deshonestas o simplemente ineficientes. Una ley también que haga plenamente transparente las remuneraciones de los cargos representativos, directivos y de confianza, clarificando este aspecto y permitiendo, así, reforzar las incompatibilidades entre cargos representativos y con actividades privadas.

La exigencia ética en el comportamiento de los cargos públicos debe ser absoluta, y para ello estableceremos referencias normativas de obligado cumplimiento para las retribuciones públicas, penalizaremos la práctica del transfuguismo y mantendremos la "tolerancia cero" para la corrupción y los corruptos.

La mayor transparencia en el funcionamiento de las instituciones requiere también de una regulación adecuada para la actividad de los grupos de presión en los procesos legislativos y de gestión, garantizando la autonomía de los poderes públicos y la prevalencia del interés general.

El sector audiovisual precisa urgentemente de una actuación global que garantice a los ciudadanos el disfrute de una información veraz, de una opinión contrastada con voces representativas de todos los sectores ideológicos de la sociedad, y de una oferta de ocio que estimule a los creadores y enriquezca culturalmente a los oyentes y espectadores. Una misión deseable para los medios privados, pero exigible a los públicos. En esta línea, proponemos la inmediata puesta en marcha del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA), establecido ya por Ley.

Desde el respeto a su ámbito propio de decisión, propondremos que las Comunidades Autónomas dónde aún no se ha implantado ese principio, regulen la composición de los órganos de dirección de sus entes audiovisuales con arreglo al criterio establecido para RTVE.

Las Comunidades Autónomas deberán contar con una Autoridad Audiovisual independiente del Ejecutivo con funciones similares a las del CEMA.

Según contempla la ley Audiovisual, consideramos que sería muy positiva, y así promoveremos, la constitución de unos Consejos representativos de todos los sectores sociales activos en cada Comunidad, sin retribuciones para sus miembros, que periódicamente, transmitirán sus observaciones y propuestas sobre el funcionamiento de los medios públicos autonómicos.

Participación

Muchos de nuestros jóvenes responden a los desafíos de su tiempo reclamando cambios profundos en la política, en la economía y en la sociedad. Y no quieren ser meros espectadores. Quieren participar, ser protagonistas junto al resto de la sociedad española. Quieren hacerlo, además, mediante nuevos cauces, con nuevas formas de asociacionismo y contando con las grandes oportunidades que brindan los avances tecnológicos para la información, la comunicación y las relaciones sociales. La participación cívica como libre expresión del pluralismo y la diversidad en la sociedad española forma parte de los valores más arraigados del PSOE.

Promoveremos un debate sobre los derechos y las obligaciones de la gente joven a partir de los 16 años, intentando eliminar las contradicciones existentes en nuestra normativa.

Estudiaremos el voto por internet como sistema complementario al voto por correo y el voto en consulado, tomando el ejemplo de países como Suiza.

Para aproximar de manera decidida las instituciones políticas a la ciudadanía, resulta necesario actualizar las normas que rigen la participación ciudadana en las Cortes Generales, desde el propio proceso electoral hasta el funcionamiento diario de las Cámaras. Por ello, creemos necesario adoptar una reforma de la legislación electoral que refuerce la vinculación entre cada representante y sus electores y las capacidades de control de estos últimos. En este sentido, el partido en su territorio garantizará la existencia de Oficinas Parlamentarias abiertas a la ciudadanía.

El compromiso es la regulación de un régimen de interacción entre votantes y sus representantes. Institucionalización de una verdadera “carta de servicios” de diputados y senadores, regulando de manera exhaustiva sus obligaciones de contacto directo y comunicación con sus representados.

Estos dos son, a nuestro juicio, los elementos centrales en la mejora de nuestro sistema y consideramos esencial alcanzar un amplio acuerdo parlamentario que permita avanzar en su mejora, en la línea de sistemas más abiertos, como el alemán. Propondremos también que este acuerdo incorpore estudios y propuestas relativas al refuerzo de la proporcionalidad en la representación popular, así como la posibilidad de que los electores tengan una mayor participación en la elección definitiva de los candidatos.

Con esta finalidad propondremos la posibilidad de aplicar listas electorales desbloqueadas con la posibilidad de voto preferencial a un número determinado de candidatos según el modelo vigente en algunos países europeos. En este sentido nos comprometemos a seguir avanzando para impulsar una reforma electoral que garantice una presencia verdaderamente equilibrada entre hombres y mujeres en las listas electorales.

El acuerdo deberá ampliarse también a la participación electoral de los españoles residentes en el exterior, analizando los cambios precisos para facilitar su participación y su adecuada representación en la dirección de que el voto rogado sólo sea necesario solicitarlo una vez quedando inscrito el solicitante en el censo de votantes del CERA para sucesivas elecciones. Así mismo propondremos la posibilidad de que los españoles residentes en el exterior puedan elegir en circunscripción única una representación parlamentaria en el Senado.

Pero la reforma electoral no es el único elemento para mejorar la participación en las instituciones. La participación ciudadana limitada exclusivamente al momento electoral está en la raíz de la insatisfacción de muchos ciudadanos sobre la política. Por ello, defendemos una reforma general de los instrumentos de participación no electoral, a partir de un amplio proceso de discusión ciudadana, desde los ayuntamientos, de modo que pueda desarrollarse plenamente el derecho a participar en los asuntos públicos a que se refiere el artículo 23 de la Constitución.

En este marco deberán incluirse reformas de facilitación y mejora de la Iniciativa Legislativa Popular, de conversión de la Comisión de Peticiones en una verdadera Comisión de Participación Ciudadana, de obligación de procesos participativos o de consulta en el procedimiento legislativo, de participación ciudadana en la elaboración de los presupuestos públicos, de generalización y fomento de las iniciativas ciudadanas de impulso y control, de seguimiento del cumplimiento de los programas electorales.

Responsabilidad y rendición de cuentas

Los gestores públicos deben actuar con autonomía y con la necesaria capacidad de decisión. Pero el envés de esos principios es la responsabilidad frente a la ciudadanía por la gestión realizada. La existencia de responsabilidades administrativas, políticas o incluso penales no debe hacer olvidar que la primera responsabilidad, base del resto de ellas, es la de rendir cuentas públicamente de la actuación realizada. De nuevo, la transparencia y el acceso a la información son la base sobre la que se construye el sistema democrático, ahora en su vertiente de exigencia de responsabilidad.

Sin embargo, la función de rendición de cuentas del Gobierno y de la administración no ha recibido todavía la atención necesaria en nuestro sistema. Debemos avanzar en ese camino, tanto mediante una mejora de las obligaciones de informe público periódico como mediante el refuerzo de los procedimientos e instrumentos de control técnico y de legalidad internos de cada administración y, cuando resulte necesario, también mediante el ejercicio de las facultades de control externo, por parte de otras administraciones, tribunales o instancias de fiscalización.

La autonomía no es sinónimo de inexistencia de controles, sino de decisión política libre en el marco de la legalidad y la buena gestión. Y estos dos parámetros de control actúan hoy con excesivo retraso sobre las actuaciones adoptadas por las administraciones. Es necesario agilizar los instrumentos de control interno y externo y sus efectos para conseguir que funcionen como un elemento de prevención más que de sanción. Debemos mejorar y reforzar la intervención económica interna de las propias administraciones y su estatuto de independencia así como la publicidad de sus actuaciones, los procedimientos de ejecución y liquidación presupuestaria, de las facultades de control de los parlamentos y asambleas, o las facultades de tutela y de garantía de la legalidad que incumben a otras administraciones.

Así, en ámbitos como la ejecución financiera o el urbanismo, en los que la buena gestión y la eliminación de cualquier práctica corrupta son elementos centrales para los intereses de la comunidad y para la propia legitimidad de las instituciones, estamos dispuestos a ejercer plenamente todas las posibilidades de control administrativo y judicial y a reforzar la posición pública de los cuerpos de asesoría y vigilancia técnica en relación con las actuaciones de los responsables políticos de cualquier nivel territorial.

En este sentido defendemos la creación de una Agencia de Evaluación Urbanística y de Suelo conjunta de Estado, Comunidades Autónomas y una representación municipal caracterizada por su capacidad e independencia, que asumirá la evaluación y el control de los instrumentos de ordenación urbanística local a partir de sus efectos sobre intereses supralocales y de forma singular sobre el respeto de la legalidad urbanística, ambiental y de ordenación del territorio.

Estamos decididos a incorporar a nuestro ordenamiento mecanismos para evitar la situación actual de anulación de actos que han desplegado ya efectos durante años, cuya eliminación resulta después prácticamente imposible, especialmente cuando éstos afecten al medio ambiente.