Ramón Pedregal Casanova || Escritor.
Mientras se celebraba la apertura oficial del Parlamento, la policía impidió permanecer en las inmediaciones del Congreso de los Diputados a medio centenar de personas, miembros de la Plataforma Contra la Impunidad del Franquismo. Su presencia en la carrera de San Jerónimo respondía a su intención de entregar a la presidencia del Congreso de los Diputados un valioso documento en el que, entre otras cosas, se urge a la creación de una “Comisión Nacional de la Verdad” sobre los crímenes del franquismo.
Con frialdad y actitud tensa, la policía les obligó a desplazarse a 300 metrosde distancia, a la plaza de Neptuno. Allí permanecieron durante dos horas, portando, entre otras, una gran pancarta en la que, sobre un fondo rojo, se podían leer dos eslóganes: “Contra la impunidad” y “Solidaridad con las víctimas del franquismo”.
Una vez alejados de las proximidades del Congreso, permitió pasar la muralla policial, previa entrega de sus carnets de identidad, a tres de sus miembros, Juana León, José Ajenjo y Julián Rebollo, veteranos luchadores antifranquistas que, junto a otros muchos se concentran a las 19 horas de todos los jueves en la Puerta del Sol en apoyo de las demandas de Verdad, Justicia y Reparación. La policía los condujo hasta el Congreso de los Diputados pero no les dejó franquear la puerta. Se vieron obligados a entregar el documento a funcionarios encargados del registro que salieron del palacio para recogerlo, lo sellaron dentro, en su oficina, y después les entregaron una copia.
También salió a recibir a los comisionados de la Plataforma el diputado por Sevilla y secretario general del PCE, José Luis Centella. Fue el único parlamentario que, en nombre de la coalición a la que representa, tomó contacto con quienes el día anterior habían hecho entrega personalmente del documento a todos los representantes de los grupos parlamentarios.
El mismo día en que se constituían las nuevas Cortes, la policía impidió el primer cometido democrático directo, llevar las reclamaciones antifranquistas, porla MemoriaHistóricaDemocrática, al Parlamento. Así empezó y terminó la mañana del traspaso del mando de las porras.
Dirigido “a la ciudadanía española” y “a todos nuestros representantes electos”, el documento comienza explicando que la “Plataforma contra la impunidad del franquismo” es un espacio para el encuentro, plural y democrático, de personas, grupos y entidades de diferente índole y naturaleza, libremente agrupadas en torno a un objetivo común y socialmente compartido: “La lucha contra la impunidad de los crímenes cometidos por el franquismo a lo largo de su existencia: durante la guerra civil por su política oficial de genocidio ideológico y clasista, por el ejercicio de una dictadura fascista a lo largo casi de cuatro décadas y por la proyección de sus aparatos jurídico-policial-militar en el proceso de transición a la democracia”.
Más adelante, apunta que “la situación de desamparo y olvido institucional de las víctimas del franquismo requiere de urgentes medidas jurídicas, políticas y éticas que pongan remedio a la deuda contraída por el estado democrático con los miles de personas represaliadas, torturadas y asesinadas por la dictadura”. Y pone de relieve que el principal motivo de su denuncia es que “después de 36 años de la muerte del dictador Francisco Franco, y transcurridos 33 desde que se estableció en nuestro país un sistema democrático, ningún gobierno, así como ninguno de los parlamentos que le han sustentado han condenado la sublevación franquista ni han denunciado públicamente la dictadura que padeció el pueblo español durante cerca de 40 años” y que “muchos de los “crímenes cometidos por el franquismo, fueron realizados hace más de 74 años, sin que hasta el momento hayan sido denunciados por el estado español ni tan siquiera se han recuperado los cadáveres reclamados por sus familiares”.
El documento afirma que “es necesaria la inaplicación dela Leyde Amnistía de 1977 en lo que se refiere a los delitos de lesa humanidad cometidos por autoridades y funcionarios del franquismo, dado que este artículo fue impuesto por los vencedores para salvar a los verdugos y asesinos franquistas” y que “investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por los sublevados y la dictadura, es hacer justicia”.
A partir de esta aseveración, recuerda que “por ese intento de investigar los más de 120.000 crímenes es por lo que fue denunciado, apartado, procesado y se le quiere juzgar al juez Garzón el 24 de enero del próximo año” y afirma que “en el día de hoy, el hecho de querer juzgar y condenar al juez que quiso investigar los crímenes del franquismo, es el mayor exponente de que todavía en diferentes esferas del poder del estado subsiste y se mantiene el fascismo”.
En otro momento, considera que “el actual sistema democrático –aún con todos sus déficits- es deudor de cuantos se opusieron y enfrentaron a un régimen criminal, de cuantos lucharon por una sociedad más libre, justa e igualitaria. No olvidemos que el franquismo dispuso de una base social beneficiaria de sus políticas represivas: las numerosas empresas que se beneficiaron del trabajo esclavo al que fueron sometidas miles de presos políticos, los más de 30.000 niños robados y desaparecidos, la humillación permanente ejercida sobre las mujeres, la expoliación de los bienes de las familias de los derrotados, todo ello escrupulosamente bendecido y legitimado porla IglesiaCatólica”.
En su escrito, la Plataforma señala que “la destrucción dela Memoriaimposibilita la construcción de un proyecto democrático duradero”, y plantea a la sociedad civil, a los poderes públicos y al Parlamento español una batería de medidas de especial importancia, “todas las actuaciones que deben ser resueltas” , concretadas en los siguientes catorce puntos:
1º.- Cumplimiento de las normas del Derecho Internacional y de los Derechos Humanos, del Derecho Internacional Penal como base fundamental de los principios de Verdad, Justicia y Reparación para todas las víctimas del franquismo.
2º.- Declaración de nulidad de todos los procedimientos judiciales, procesamientos, sentencias, condenas y sanciones de los tribunales represivos del franquismo por ser notoriamente ilegales.
3º.- Inaplicación dela Leyde Amnistía de 1977 (46/77) en lo que se refiere a los delitos de lesa humanidad cometidos por autoridades y funcionarios del franquismo, sin que se reconozca legitimidad alguna a cualquier “ley de punto final”.
4º.- Implementación por parte del Estado de políticas públicas que desarrollen de forma progresista la insatisfactoria Ley dela Memoria (Ley 52/2007), porque, a los tres años de su promulgación, no ha conseguido dar satisfacción a las demandas de las víctimas del franquismo. Superación del concepto de memoria individual y familiar hasta el de memoria colectiva. Aplicación de las normas de derecho internacional para las víctimas dela GuerraCivilyla Dictadura(imprescriptibilidad, derecho a conocer, derecho a la justicia, derecho a la reparación). Creación de directrices urbanísticas y medio ambientales para la adecuada preservación, conservación, mantenimiento, señalización y divulgación de todos aquellos parajes, lugares y construcciones relacionadas con la guerra, la represión y la lucha antifranquista.
5º.- Cumplimiento de las normas procesales y penales que obligan a jueces, magistrados y demás funcionarios públicos relacionados conla Administraciónde Justicia a intervenir activamente en la persecución de los delitos cometidos por el régimen franquista.
6º.- Creación de una Fiscalía especializada en la persecución de los crímenes del franquismo y designación de forma inequívoca de los órganos judiciales competentes para la persecución de estos delitos, así como la inclusión en el Código Penal del delito de desaparición forzosa.
7º.- Asunción por parte del Estado de su responsabilidad en la localización, exhumación e identificación de las víctimas existentes en las fosas comunes del franquismo y su constatación como prueba de “crímenes contra la humanidad”.
8º.-La IIRepública, el golpe de estado, la represión y la dictadura franquista deben contar con la máxima difusión y divulgación y por tanto, ser objeto de tratamiento en los diferentes planes de estudio en el sistema educativo español.
9º.-Reconocimiento expreso de la guerrilla antifranquista como militares de la Republica, en cuanto continuadores de la lucha contra el franquismo y el fascismo en España y Europa.
10º.-Retirada de la simbología franquista que pesa sobre el patrimonio cultural y urbano (callejero, monumentos, placas conmemorativas, denominaciones de centros y servicios públicos…)
11º.-Ilegalización de los partidos y organizaciones políticas, sociales, culturales …de naturaleza e identidad fascista, por constituir una amenaza para el ejercicio del pluralismo y de las libertades democráticas de la ciudadanía.
12º.-Declaración de un Día Oficial dedicado a la memoria ,recuerdo y homenaje de las victimas del franquismo y dela Dictadura, así como de todos aquellos y aquellas que lucharon por las libertades, la democracia y la justicia social.
13º.-Entendemos y no renunciamos a la reparación material de las víctimas del franquismo, entendida como la devolución de los bienes incautados durante la represión franquista, y multas impuestas por adhesión a la rebelión.
14º.-La Plataformaexige la creación de una Comisión Nacional dela Verdad, sobre la violencia y represión ejercida hacia los ciudadanos por el franquismo.
El escrito concluye con unas palabras que expresan la necesidad de la recuperación de la Memoria Histórica, como tarea que vincula a la Plataforma con la mayoría social y progresista de nuestro país:” Queremos que el horror padecido por las generaciones que sufrieronla Dictadura, se inscriba en la memoria colectiva. Solo de esa manera daremos una nueva oportunidad a los que tantos y tan generosos sacrificios realizaron. La reconstrucción de la memoria forma parte del aprendizaje del presente”.
Miembros de la Plataforma Contra la Impunidad del Franquismo en las cercanías del Congreso de los Diputados.
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