La insoportable gravedad del indulto al banquero

Rodrigo Vázquez de Prada y Grande || Director de Crónica Popular.

“Una nueva genuflexión ante la Banca”. Sin duda, estas palabras de Cayo Lara,  coordinador federal de IU y diputado por Madrid al Congreso, califican a la perfección una de las últimas medidas adoptadas “in articulo mortis” por el presidente del Gobierno, el socialista Rodríguez Zapatero: el indulto al “número dos” del todopoderoso Botín, el bilbaíno Alfredo Sáenz Abad, actualmente vicepresidente y consejero delegado del Santander.

Un indulto tan sorprendente que fue concedido en contra del informe desfavorable de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que, por unanimidad de sus miembros – el presidente, Juan Saavedra, y los magistrados Miguel Colmenero, José Manuel Maza, Francisco Monteverde y Juan Ramón Berdugo – acordó mostrar, previamente, su desacuerdo al Gobierno en funciones. En su toma de posición, esta sala del Supremo había sido suficientemente clara al respecto: “no se aprecia la concurrencia de razones de justicia o equidad para la concesión del indulto, por lo que informa desfavorablemente”.

Más de una semana después de su adopción,  la aplicación de esta increíble  medida de gracia por parte de un presidente a punto de despedirse del palacio de La Moncloa – y no precisamente “en olor de multitudes”-  no ha dejado de crear una de las mayores indignaciones de los últimos años. La noticia apenas rozó la superficie de algunos grandes medios. Muchos pasaron de puntillas sobre ella y otros, simplemente, la silenciaron. Sin embargo, la información recorre hoy en día otros circuitos que los tradicionales de papel. Realmente, a la estupefacción del primer momento le está sucediendo un clamor general de protesta que se difunde sin cesar por las redes sociales.

Y este clamor se une a la  protesta de dos de las tres asociaciones de jueces. A través de su portavoz, José Luis Ramírez, la “Asociación de Jueces para la Democracia” (JpD) planteó su crítica en dos planos distintos. De un lado, subrayó las “responsabilidades políticas” que el Gobierno ha contraído con su decisión, por lo que – a su juicio – deberá explicar las razones en las que se ha apoyado. Para la JpD. no parece “razonable” la concesión en el caso de Sáenz cuando en otros supuestos se otorga de manera “muy restrictiva”. De otro, expresó su desacuerdo con la vigencia de la Ley de Indulto, que data de 1870, si bien ha tenido diversas modificaciones, la última de ellas en 1988. Para Jueces para la Democracia esta norma legal ha quedado obsoleta y otorga al Ejecutivo “una facultad que puede interferir” en decisiones ajustadas a Derecho”. A su juicio, se trata de una norma “cuestionable” por la que, “sin motivación y sin conocer las razones, una persona condenada deja de serlo”. “La discrecionalidad puede convertirse en arbitrariedad”, ha añadido.

Y en términos similares se pronunció la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria”. En palabras de su portavoz, José Lusi Armengol, “se ha puesto el listón muy alto” y “en un sistema de división de poderes se ha producido una inmersión del Ejecutivo respecto a lo que ha dicho el judicial.”

Conviene por ello no olvidar los perfiles  de la “operación indulto a la banca”. Porque, en realidad, de eso es de lo que se trata. Su alcance, la conmutación al banquero Alfredo Sáenz de la pena de arresto mayor y la accesoria de suspensión del ejercicio profesional en que había situado el Tribunal Supremo, rebajándola,  la condena dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, por la multa máxima prevista en le legislación vigente. Dicho en plata. El indulto parcial hizo desaparecer la pena de 3 meses de arresto mayor y la prohibición de ejercer  de banquero y sustituyó ambas por una multa de 6.000 euros.

De esta forma, al dejar de estar inhabilitado profesionalmente, el “número dos” del Santander puede seguir plácidamente desarrollando su actividad al lado de Botín. Gracias a la magnanimidad de Rodríguez Zapatero, uno de los más poderosos banqueros españoles recuperó la “reconocida honorabilidad comercial y profesional” exigida por la normativa vigente: es decir, el Real Decreto 1245/1995, de 14 de julio, sobre Creación de Bancos y Régimen Jurídico de las Entidades de Crédito.

©Germán Gallego

El origen de este escandaloso asunto se remonta a 17 años atrás,  la época en que Alfredo Sáenz Abad era presidente del Banesto, al que accedió tras la intervención del Banco de España a la entidad financiera, regida entonces por  el abogado del Estado Mario Conde. En aquel año, Banesto interpuso una querella contra cuatro accionistas minoritarios de la firma “Harry Walker”: Pedro Olabarría, Luis y José Ignacio Romero y Modesto González Mestre. Los acusaba de estafa y alzamiento de bienes como responsables personales de créditos concedidos por Banesto a la compañía de licores por valor de 600 millones de pesetas, unos 3,6 millones de euros. No había base legal alguna. Pero de nada sirvió que intentaran demostrar que no existía tal  responsabilización.

La querella de Banesto fue admitida a trámite por el juez Luis Pascual Estevill, que decretó prisión preventiva contra los cuatro empresarios. Pascual Estevill pertenecía al Opus Dei y había accedido a la judicatura a través del llamado “cuarto turno”, es decir el establecido para “juristas de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional”. Era entonces titular del juzgado número 26 de Barcelona y muy pronto se convertiría en un controvertido administrador de la justicia. No obstante, un año después, el Gobierno de la Generalitat le propuso para desempeñar el puesto de vocal del Consejo General del Poder Judicial y su delegado para Cataluña.

Sin embargo, el apoyo político otorgado por el Gobierno de Jordi Pujol no logró sofocar el fuerte olor a podrido que destilaban muchas de sus actuaciones. Acusado de los delitos de prevaricación continuada y detención ilegal,  fue primero juzgado y condenado, en julio de 1996, por la Audiencia Provincial de Barcelona a seis años de suspensión en cualquier actividad judicial. Después, en 2005, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le condenó, junto a otros integrantes del llamado “clan de los mentirosos”, a nueve años de prisión sin fianza y al pago de 1.000.8000 euros como resarcimiento de daños a los extorsionados. El alto tribunal catalán le consideró culpable de los delitos de cohecho, extorsión y prevaricación y detenciones ilegales.

El procesamiento y condena de Alfredo Sáenz Abad llegó algunos años más tarde. En 2009, la Audiencia Provincial de Barcelona dictó sentencia por la que fue condenado a 6 meses de cárcel y multa de 9.000 euros por los delitos de acusación y denuncia falsa. La sentencia estaba redactada en unos términos de extrema severidad. En ella se declaraba probado que el presidente de Banesto, Alfredo Sáenz Abad, junto al responsable de dicha entidad bancaria en Cataluña, Miguel Angel Calama, y el abogado Rafael Jímenez de Parga, catedrático de Derecho Mercantil, “tenían conocimiento de que los hechos imputados a los empresarios  no eran ciertos, actuando así “con el único propósito de recuperar unos créditos, de la forma que fuere, sin empacho alguno en formularla contra personas físicas que nada debían”. El máximo tribunal de Cataluña consideró probado que el ejecutivo dio instrucciones para que en 1994 Banesto presentara, “a sabiendas de su falsedad, una querella criminal por estafa y alzamiento de bienes contra los empresarios mencionados como medida de presión para que pagaran 639 millones de pesetas que debían sus empresas”.

En marzo de este mismo año, dicha sentencia condenatoria adquirió firmeza al ser ratificada, aunque con reducción de la pena, por el Tribunal Supremo. El Supremo redujo la pena a tres meses de arresto mayor y a ese mismo período de tiempo la accesoria de suspensión de su profesión de banquero. En consecuencia, Alfredo Sáenz Abad fue inscrito en el registro de penados, con lo cual, al contar con antecedentes penales, perdió la cualidad de “honorabilidad” exigida por el Banco de España para ejercer la actividad de banquero. El resultado final, su baja en el listado de Altos Cargos de la Banca española.

No obstante, el asunto no se detuvo en ese momento procesal. El 2 de septiembre de 2011, la  misma instancia que había condenado primero al banquero, la Audiencia Provincial de Barcelona, suspendió la ejecución de la sentencia. Atendía así, de forma positiva, a la petición formulada por el ejecutivo de la entidad bancaria, que pedía se esperara a que el Tribunal Constitucional resolviera los recursos de amparo y que el Ministerio de Justicia se pronunciara sobre la petición de indulto solicitado por el banquero y los otros dos condenados. No obstante,  la Audiencia Provincial rechazó la solicitud de no inscribir la sentencia condenatoria en el Registro Central de Penados y Rebeldes para evitar que figuren antecedentes penales. Según el tribunal barcelonés, tal decisión corresponderá al Banco de España, quien debe determinar “la honorabilidad” del banquero.

Sin haberse pronunciado todavía el Constitucional,  faltaba la decisión del Gobierno. Todo parece indicar que desde La Moncloa se hizo en todo momento un seguimiento muy detenido del  proceso judicial. Por eso se recuerda ahora que, en la pasada primavera, casi coincidiendo con la referida sentencia del Tribunal Supremo, el presidente del Gobierno Rodríguez Zapatero había recibido a una importante representación de empresarios capitaneada por el presidente del Santander, Emilio Botín. Rodeados por lo más granado del empresariado, Botín y Rodríguez Zapatero se fundieron en un cálido abrazo.

Lo que fue visto por algunos analistas como un apoyo a Rodríguez Zapatero  no fue para otros más que la negociación del indulto. Todo quedó preparado desde entonces para su concesión, aunque el Gobierno socialista se vió obligado a buscar el momento menos inoportuno para sus intereses. Decretarlo antes de las elecciones generales del 20N hubiera supuesto un “plus” añadido que agrandaría sin duda, aún más, el descalabro  del PSOE en las urnas. Una semana después de las elecciones, Rodríguez Zapatero saldó su deuda con el todopoderoso Emilio Botín. El precio que pagó por ello se conocerá algún día.

En el tramo final de su presidencia, Rodríguez Zapatero concedió el indulto a uno de los banqueros con más poder de España. Procedente del antiguo Banco Bilbao Vizcaya, en el que fue vicepresidente, consejero- delegado y copresidente (1981-1993), presidió después Banca Catalana (1993) y Banesto /1994-2002), tras el descabalgamiento de Mario Conde, y su compra por el Santander. Y, desde febrero de 2002, es vicepresidente segundo y consejero delegado del Santander. Pero, además, es el banquero mejor pagado de España y el quinto de todo el mundo.

Según un reciente informe del “Financial Times”  ese quinto puesto correspondería a Brady Cougan, del “Credit Suisse”, con un sueldo total de 8,2 millones de euros. Sin embargo, Alfredo Sáenz superó con mucho esa cifra. Con arreglo a la misma memoria del Santander, Alfredo Sáenz Abad percibió el pasado año la friolera cantidad de 9.179 millones de euros: 3,7 millones en remuneración fija; 3,3 millones en variable y 1,3 millones en acciones; un 10,33 % menos que los 10,2 millones de 2009. A buen seguro, una reducción “provocada” por la crisis, pero que, no obstante,  le permitirá pagar sin problema alguno la multa de 6.000 euros de su condena sometida a la reducción del indulto…

Al conocerse la decisión del presidente Rodríguez Zapatero, la Asociación Española de la Banca (AEB) consideró “un acierto” la medida y le dedicó un especial panegírico: “es la persona que más ha contribuido a la estabilidad y progreso del sistema financiero español en los últimos 25 años”. Situado en tan elevado nivel responsabilidades, en sus escasas comparecencias públicas no ha dejado de expresar algunas de las mejores lindezas del pensamiento neoliberal. Para muestra basta un botón: sus palabras en un almuerzo organizado Bilbao por el Club Financiero de la capital vizcaína, el 1 de junio de 2004. Es cierto que, a pesar de perfecto manejo de indicadores, informes, contrainformes y estudios de todo tipo,  en aquel momento no llegó a vislumbrar problema alguno en el catastrófico sector del ladrillo. Según la información difundida en su día por la agencia EFE, el banquero  afirmó entonces que  no ve “ningún indicio” que pueda evidenciar la existencia de una “burbuja inmobiliaria”, aunque aseguró que se está produciendo una “ralentización de las ventas”, que llevará aparejada una disminución de los créditos hipotecarios”.

Sin embargo, donde acertó plenamente fue en el guión que trazó en aquel foro. En Bilbao, planteó abiertamente la estrategia seguida a rajatabla en todos estos años por los poderes financieros internacionales y por los Gobiernos, como el de Rodríguez Zapatero, que han ajustado sus políticas a los intereses de aquéllos. No se anduvo con rodeos: “Hay que desmontar el Estado de bienestar  y no tenemos demasiado tiempo para hacerlo”.

Este es el hombre al que Rodríguez Zapatero indultó días atrás.No podía ser más sonado, patético y desolador el final de su presidencia. Tampoco podía haber despreciado de peor manera a sus propios votantes, a los que condujo de forma inexorable hacia la peor derrota electoral de todo el período democrático. Y más aún a los miles de españoles de a pie a los que la banca está dejando en la calle, aplicando “manu militari”, la injusta y obsoleta ley que les arrebata sus casas, al no poder terminar de pagar sus préstamos hipotecarios, y los convierte, no obstante, en deudores de las entidades financieras…Tal como denunció el diputado electo por Asturias en representación de IU, Gaspar Llamazares la decisión supone “la traca final de Zapatero” y es consecuencia del pacto ultraliberal entre PSOE y PP, que culmina la privatización de las cajas de ahorro y el “golpe a la Constitución”, tras reforma del verano”.

©Germán Gallego