¿HACIA UN NUEVO PACTO DE TOLEDO?

Pasiones ideológicas aparte, los datos que analizamos a continuación invitan a pensar que se hace imprescindible revisar a fondo, con intención de garantizar su continuidad, el actual Pacto de Toledo. 

Utilización del Fondo de Reserva en el 2012: La Seguridad Social registró un déficit de 668 millones de euros, (seis centésimas del PIB) al cierre de 2011, lo que representa el primer déficit en el sistema de pensiones desde que la Seguridad Social dejó de financiar completamente la sanidad pública, en 1999. Además, según publico.es, la Seguridad Social registró en agosto un descenso medio de 136.762 afiliados respecto a julio, con lo que se sitúa en un total de 16.895.977 ocupados al finalizar el mes citando datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

En términos interanuales, la Seguridad Social redujo en agosto su número de cotizantes en 604.541 personas (-3,45%), aproximadamente la mitad de la caída de agosto de 2009, con 1.136.246 trabajadores (-5,94%) por lo que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social habría agotado prácticamente los recursos del Fondo de Prevención al utilizar 4.400 millones para pagar las pensiones del verano, según se publica en elperiodico.com. Es preciso recordar que dicho Fondo de Prevención se ha nutrido hasta la actualidad de los excedentes de las Mutuas de Trabajo y Seguridad Profesional y se diferencia del Fondo de Reserva de la Seguridad Social (la llamada Hucha de las pensiones). Además, según publico.es, la Seguridad Social registró en agosto un descenso medio de 136.762 afiliados respecto a julio, con lo que se sitúa en un total de 16.895.977 ocupados al finalizar el mes citando datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

El Fondo de Reserva fue creado en el año 2000 y se ha ido nutriendo desde entonces con los excedentes que generaba el sistema (superávit de la Seguridad Social procedente de las cotizaciones y de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales) y cerró el pasado año con unas reservas acumuladas de 66.814 millones de euros (un 3,79% más que en 2010), de las que el 87,9% está invertido exclusivamente en bonos españoles y el 12,1 % restante en deuda francesa, alemana y holandesa.

¿Hacia el colapso de la Seguridad Social?: Sin embargo, la crisis de deuda pública que sufre España ha convertido la hucha de las pensiones en un fondo de inversión de alto riesgo, por lo que es urgente culminar antes del 2013 el proceso de separación de fuentes, dado que el sistema está en números rojos y carece ya de recursos suficientes para sufragar las prestaciones asistenciales (pensiones no contributivas) que perciben numerosos jubilados pese a no contar con el mínimo de años cotizados que exige la ley para tener derecho a una pensión .

Según el profesor del Departamento de Economía Financiera de la Universitat de València, Enrique Devesa, el sistema actual “presenta falta de sostenibilidad porque la Seguridad Social ofrece una rentabilidad promedio a todos los cotizantes de casi un 4,5%, lo que significa que las pensiones son elevadas respecto a las cotizaciones que se efectúan al sistema». Por su parte, José Ramón Urrutia declara en deia.com, “que con una tasa interna de rentabilidad media de adquisición de los activos públicos, que conforman el citado Fondo, del 3,94% al 31 de diciembre de 2011, viendo cómo está evolucionando la cotización de la deuda pública española, y teniendo en cuenta que casi el 90% del Fondo está invertido en deuda soberana emitida por el Gobierno del Estado, las pérdidas por valoración de las ventas podrían superar los 10.000 millones de euros”. Además, añade que “muchos menos cotizantes con salarios más bajos, hacen que los ingresos vayan cayendo y los gastos en pensiones subiendo más del 4% por los nuevos jubilados provocará que el déficit de la Seguridad Social en el 2012 ronde los 6.000 millones de euros”.

Reforma del sistema de pensiones: El Instituto Nacional de Estadística (INE) prevé que el país pierda un millón de habitantes en la próxima década, una tendencia que va a empeorar a medida que la generación del “baby-boom” comience a fallecer, dibujándose un escenario insostenible para el 2021 en que la “tasa de dependencia” según el INE, crecerá en un 57% , (lo que supone que habrá seis personas inactivas ya sea jubilados , parados o estudiantes por cada persona activa).

Retraso de la edad de Jubilación: En un estudio dedicado a analizar las reformas que se han llevado a cabo en los últimos años, la OCDE recomendó “retrasar la edad de jubilación más allá de los 67 años e incentivar las pensiones privadas, incluso con carácter obligatorio, porque prevé que en el futuro se reducirán los beneficios de los sistemas públicos”. A pesar de ello, según el Instituto Nacional de Estadística, tomando como fuente Eurostat, el peso sobre el PIB del gasto total en pensiones se ha mantenido estable entre 1990 y 2007, pasando de un 9,1% a un 9%, con un pico del 10,3% en 1996 y según un informe emitido en enero 2011 por GESTHA, sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, en 2010 habría sido un 8,9%.

Incentivar el SPP (Sistema Privado de Inversiones): Se sabe que, desde las esferas del Gobierno se esforzarán en convencer a la ciudadanía que para garantizar el nivel de vida de los futuros pensionista se deberá complementar “el sistema de reparto”, fomentando los planes de pensiones individuales según las posibilidades de cada ciudadano, lo que permitiría que cada trabajador se asegurara la pensión deseada en el momento de su jubilación. Para los Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (GESTHA), contratar un plan privado de pensiones como complemento a la pensión pública “no es la medida más eficaz para solucionar el bajo poder adquisitivo de las pensiones en España, máxime si se tiene en cuenta que las pensiones de España son un 54,3% inferiores a las de la UE”.

Instauración del copago sanitario: La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha asegurado que conceder la tarjeta sanitaria con el simple empadronamiento habría traído costado más de mil millones de euros. A ello habría que añadir el finiquito a la prescripción por principio activo en todo el Sistema Nacional de Salud, reflejado en el primer aumentos tras 30 años del porcentaje que tendrán que pagar los beneficiarios de la Seguridad Social (que en el caso de los jubilados con pensiones contributivas significará pagar pagar un 10% de los medicamentos), lo que supone la desaparición de otro de los tabúes de la economía española. Según eleconomista.es, de cada 100 euros que gastan las administraciones públicas, 46,5 euros son transferencias al sector privado, “básicamente para pagar pensiones y prestaciones por desempleo”, citando el ‘Informe Económico de junio 2012′ elaborado por el centro de estudios de negocios Esade, y dado que según Europa Press, el PIB del segundo trimestre del 2012, cayó el 1,3% en tasa interanual, parece inevitable la instalación del copago sanitario en el horizonte del 2014.

Recortes en las prestaciones de desempleo: Según el pais.com, en los primeros siete meses del año, el gasto en prestaciones por desempleo ha crecido un 5,4%, hasta los 18.455 millones y se espera que en el 2013 entre en vigor el recorte aprobado en el decreto ley de julio por el que la prestación por desempleo pasará a ser del 50% de la base de cotización en lugar del 60% a partir del sexto mes de percepción.

Aflorar la economía sumergida: Según un informe elaborado por el instituto Tax Research, (que intenta cuantificar la economía sumergida y los ingresos que pierden los Estados por culpa del fraude fiscal), la economía sumergida en España representa el 22,5% del PIB nacional . Si este montante de dinero tributara, el Estado podría recaudar 72.709 millones de euros anuales, con lo que España sería capaz de absorber su deuda pública en 8 años, según los autores del informe “Closing The European Tax Gap” encargado por el Grupo de los Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europe para analizar la economía sumergida en cada uno de los países de la Unión Europea. Una fiscalidad progresiva y directa sería también garantía de sostenibilidad del modelo.

De todo ello se deduce la necesidad urgente de un nuevo Pacto de Toledo consensuado entre Gobierno, Oposición, Patronal y Sindicatos para consensuar los mínimos asistenciales, las fuentes de financiación y el calendario de aplicación de dicho pacto, con el objetivo inequívoco de evitar el colapso de la Seguridad Social en el horizonte del 2.020.

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