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| Central Térmica de E-ON y complejo petroquímico al fondo |
Es una buena idea que Puertollano convoque para la primavera
de 2013 un Foro de Debate Sobre el Nuevo Modelo Energético de nuestro país. Pretende
así recuperar la pujanza reciente de quien fue conocida por todos como la Ciudad
Internacional de la Energia. Claro que si la velocidad de destrucción de
empleos no amaina en el sector, para la próxima primavera faltarían en ese foro
E-ON, Solaria y Silicio Solar.
Pretende el Ayuntamiento de Puertollano sentar en una mesa a
los gobiernos Central y Autonómico, a las empresas del sector energético, a las
comunidades Científica y Universitaria y a los dos centros de investigación radicados
en Puertollano. Faltan en esa convocatoria, salvo que el promotor del foro lo
tenga presente y no lo haya hecho público en su presentación, otras
administraciones locales, los agentes sociales y la población local.
Como entiendo que el resto de los ayuntamientos y los
sindicatos reclamaran el protagonismo que se merecen en un foro de tales características,
me limitaré a argumentar porque la población local debe participar en niveles
de igualdad similares al resto de agentes convocados. El modelo energético es
clave en la definición de cualquier modelo social y económico y es un derecho y
una obligación de la población participar en la definición de ese modelo. Creo innecesario
recordar que la población consume directamente el 40% de la energía producida e
indirectamente consumimos buena parte de la utilizada por la industria. Por si
hubieran olvidado la importancia de contar con la población local, bueno es
recordar lo que establece la Ley en cuanto a nuestro derecho a participar y a
estar informados en lo que concierne a nuestro medio ambiente; y si hay un
sector cuya relación con el medio ambiente es estrecha, ese sector es el energético.
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En el caso español la Constitución de 1978 establece que todos tenemos
tanto el derecho a disfrutar del medio ambiente como el deber de conservarlo.
Destaca la consideración derecho-deber, por tanto el interés manifiesto del
legislador por la sostenibilidad medioambiental. Además, el deber de “todos” a
la conservación supone una obligación compartida entre los poderes públicos y
la sociedad en su conjunto.
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La incorporación de España a Unión Europea ha supuesto asumir la normativa
comunitaria, que en materia medioambiental es quien marca las directrices
básicas. Concretamente, en materia de derecho a la información, a la
participación y el acceso a la justicia en materia medioambiental, el origen es
el Convenio de Aarhus, el cual la UE hace suyo mediante la Decisión
2005/370/CE. De esta Decisión derivan dos directivas europeas, la 2003/4/CE y
la 2003/35/CE, por las que, respectivamente, se regula el acceso del público a
la información ambiental y por la que se establecen medidas para la
participación del público en determinados planes y programas relacionados con
el medio ambiente, modificando las relativas a la participación pública y el
acceso a la justicia. España traspone las directivas aludidas, cumpliendo con Aarhus,
mediante la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de
acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en
materia de medio ambiente. En su preámbulo «destaca la distinción legal entre
los conceptos de público en general, referido al conjunto de los ciudadanos y
de sus asociaciones y agrupaciones, y el de persona interesada, reforzando con
la atribución de esta condición (…) a aquellas personas jurídicas sin ánimo de
lucro que se dedican a la protección y defensa del medio ambiente y que
acrediten el cumplimiento de unos requisitos mínimos, dirigidos a perfilar una
actuación rigurosa en este ámbito».
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En el caso concreto del derecho de acceso a la información ambiental, la
ley no sólo obliga a las Administraciones Públicas a informar a los ciudadanos
sobre los derechos reconocidos en la misma, sino también a facilitarles la
búsqueda de la información, imponiendo la obligación de elaborar listas de las
autoridades públicas que poseen información ambiental, que han de ser
públicamente accesibles.
Pero, independientemente de la Ley, está el derecho con mayúsculas,
ese que aún no recogen las leyes pero que se hará realidad a corto plazo, el
derecho a participar en cualquier decisión política o administrativa que nos
concierna. Desgraciadamente no pudimos participar en la decisión tomada por el
gobierno de Aznar de privatizar el sector energético español y bien que lo
estamos pagando. De aquella decisión deriva el chantaje que las grades eléctricas
han hecho a los sucesivos gobiernos con la estafa del “déficit de tarifa” y que
en el presente ha supuesto llevar a la crisis al sector de las energías renovables
y con ello a la comarca de Puertollano.
Decidir sobre el modelo energético es decidir sobre conservación medioambiental,
pero es también decidir sobre tarifas eléctricas, creación de empleo,
desarrollo económico, autonomía energética y, consecuencia de estos y otros
factores, es decidir sobre la calidad de nuestra democracia.
Marcel Félix de San Andrés
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