FORO DE DEBATE EN PUERTOLLANO SOBRE EL NUEVO MODELO ENERGÉTICO

Central Térmica de E-ON y complejo petroquímico al fondo

Es una buena idea que Puertollano convoque para la primavera de 2013 un Foro de Debate Sobre el Nuevo Modelo Energético de nuestro país. Pretende así recuperar la pujanza reciente de quien fue conocida por todos como la Ciudad Internacional de la Energia. Claro que si la velocidad de destrucción de empleos no amaina en el sector, para la próxima primavera faltarían en ese foro E-ON, Solaria y Silicio Solar.

Pretende el Ayuntamiento de Puertollano sentar en una mesa a los gobiernos Central y Autonómico, a las empresas del sector energético, a las comunidades Científica y Universitaria y a los dos centros de investigación radicados en Puertollano. Faltan en esa convocatoria, salvo que el promotor del foro lo tenga presente y no lo haya hecho público en su presentación, otras administraciones locales, los agentes sociales y la población local.

Como entiendo que el resto de los ayuntamientos y los sindicatos reclamaran el protagonismo que se merecen en un foro de tales características, me limitaré a argumentar porque la población local debe participar en niveles de igualdad similares al resto de agentes convocados. El modelo energético es clave en la definición de cualquier modelo social y económico y es un derecho y una obligación de la población participar en la definición de ese modelo. Creo innecesario recordar que la población consume directamente el 40% de la energía producida e indirectamente consumimos buena parte de la utilizada por la industria. Por si hubieran olvidado la importancia de contar con la población local, bueno es recordar lo que establece la Ley en cuanto a nuestro derecho a participar y a estar informados en lo que concierne a nuestro medio ambiente; y si hay un sector cuya relación con el medio ambiente es estrecha, ese sector es el energético.

-          En el caso español la Constitución de 1978 establece que todos tenemos tanto el derecho a disfrutar del medio ambiente como el deber de conservarlo. Destaca la consideración derecho-deber, por tanto el interés manifiesto del legislador por la sostenibilidad medioambiental. Además, el deber de “todos” a la conservación supone una obligación compartida entre los poderes públicos y la sociedad en su conjunto.

-          La incorporación de España a Unión Europea ha supuesto asumir la normativa comunitaria, que en materia medioambiental es quien marca las directrices básicas. Concretamente, en materia de derecho a la información, a la participación y el acceso a la justicia en materia medioambiental, el origen es el Convenio de Aarhus, el cual la UE hace suyo mediante la Decisión 2005/370/CE. De esta Decisión derivan dos directivas europeas, la 2003/4/CE y la 2003/35/CE, por las que, respectivamente, se regula el acceso del público a la información ambiental y por la que se establecen medidas para la participación del público en determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente, modificando las relativas a la participación pública y el acceso a la justicia. España traspone las directivas aludidas, cumpliendo con Aarhus, mediante la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. En su preámbulo «destaca la distinción legal entre los conceptos de público en general, referido al conjunto de los ciudadanos y de sus asociaciones y agrupaciones, y el de persona interesada, reforzando con la atribución de esta condición (…) a aquellas personas jurídicas sin ánimo de lucro que se dedican a la protección y defensa del medio ambiente y que acrediten el cumplimiento de unos requisitos mínimos, dirigidos a perfilar una actuación rigurosa en este ámbito».

-          En el caso concreto del derecho de acceso a la información ambiental, la ley no sólo obliga a las Administraciones Públicas a informar a los ciudadanos sobre los derechos reconocidos en la misma, sino también a facilitarles la búsqueda de la información, imponiendo la obligación de elaborar listas de las autoridades públicas que poseen información ambiental, que han de ser públicamente accesibles.

Pero, independientemente de la Ley, está el derecho con mayúsculas, ese que aún no recogen las leyes pero que se hará realidad a corto plazo, el derecho a participar en cualquier decisión política o administrativa que nos concierna. Desgraciadamente no pudimos participar en la decisión tomada por el gobierno de Aznar de privatizar el sector energético español y bien que lo estamos pagando. De aquella decisión deriva el chantaje que las grades eléctricas han hecho a los sucesivos gobiernos con la estafa del “déficit de tarifa” y que en el presente ha supuesto llevar a la crisis al sector de las energías renovables y con ello a la comarca de Puertollano.

Decidir sobre el modelo energético es decidir sobre conservación medioambiental, pero es también decidir sobre tarifas eléctricas, creación de empleo, desarrollo económico, autonomía energética y, consecuencia de estos y otros factores, es decidir sobre la calidad de nuestra democracia.

Marcel Félix de San Andrés