LAS VÍCTIMAS DE LA CRISIS: LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Asistimos a un progresivo desmantelamiento de la información, tal como la hemos entendido en las últimas décadas. Cierto que la estructura de los medios de comunicación en España ha estado fuertemente sometida a la lógica del poder y a las veleidades de algunos grupos económicos subyugados por una herramienta tan poderosa como la comunicación. Una estructura que ha despreciado y/o ignorado importantes voces de la política y de la sociedad civil.

Desde webs como Toma la Tele, los movimientos sociales luchan por transmitir las noticias que silencian los grandes medios de comunicación

Sin embargo, lo que está ocurriendo en este tiempo de crisis e incertidumbre económica es algo de mayor gravedad, porque socava los fundamentos de la democracia. Las apremiantes necesidades de liquidez de los medios de comunicación y la radical desinversión publicitaria están llevando a muchos de ellos a ensayar proyectos de viabilidad futura, en abierta complicidad con los poderes públicos -cuando no impulsados por ellos-, de consecuencias irreparables para el empleo (un 35% del sector en paro, un 68% con contratos precarios), para el pluralismo informativo (menos medios y más atrincherados) y para la democracia (se resiente la libertad de expresión). El uso partidario que hace el PP de los medios públicos contribuye a ensombrecer aun más la falta de pluralidad.

Por eso es oportuno advertir de los riesgos de esta situación y contribuir a tejer una amplia red de respuesta social, que ha de tener, entre otras organizaciones, a los sindicatos como principales protagonistas. Ellos viven en primera persona el impacto de la crisis en los medios de comunicación, negocian los ERE tratando de preservar derechos y el mayor número de empleos allí donde se producen, denuncian el acusado deterioro del pluralismo, y sufren como el resto de la ciudadanía la creciente sectarización del mensaje informativo, o lo que es lo mismo, la pérdida de calidad democrática. Los profesionales también deberían superar su corporativismo atávico y dar por superadas formas de asociación que han probado ser ineficientes.

El poder y la información

La espectacular presencia de la información digital (corporativa, periódicos digitales, blogs, redes sociales) ha diversificado, sin duda, la capacidad de elaborar y difundir información y opinión en la sociedad. Cabría pensar, por tanto, que se ha incrementado el espacio democrático para la comunicación, de manera singular para la comunicación entre las personas. Ahora bien, sabiendo que en la red opinan todos –también la extrema derecha- y unos cuantos atentan con inaceptable impunidad contra la intimidad y la dignidad de las personas, y que muchas ediciones digitales irrumpen como alternativa a la crisis terminal de la edición escrita, hemos de convenir que la imparable realidad de la información en red no atempera la gravedad de la crisis en la industria de la comunicación, ni puede sustituir el impacto de los mass media.

Las cadenas independientes, como Tele K o Canal 33 atraviesan grandes dificultades por la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual

La crisis en los medios de comunicación -cabeceras prensa escrita diaria y no diaria, radios, televisiones, agencias de información general, departamentos de comunicación- tiene alguna causa definida (la acusada desinversión publicitaria, sobre todo la institucional), pero también otras propias de un sector atomizado, fragmentado, integrado por medios nacidos de la improvisación, empresarios de burbuja o del mando a distancia del poder, es decir, dependientes de la publicidad institucional, que configuraron un sector con un soporte de financiación muy débil. Sin olvidar que en nuestro país, los medios públicos de comunicación fueron derivando a velocidad de vértigo en medios gubernamentales, con algunas excepciones.

Queremos detenernos específicamente en una breve reflexión sobre los medios públicos y su camino al cierre o al mercado, de la mano del PP. La crisis y la modificación de la Ley General de Comunicación Audiovisual han sido la coartada y el instrumento del Gobierno para arremeter contra agencias, radios y televisiones públicas. RTVE, Agencia EFE o las RTV autonómicas son ahora el blanco del ejecutivo conservador para su reestructuración, sometimiento o cierre. El negocio para la derecha es redondo: reducen plantillas, cambian la legislación para convertir la información en propaganda o, si pueden, los ofrecen a grupos empresariales del entorno conservador. Nunca pierden. Lo peor es que, salvo excepciones, el PSOE hizo poco por remediarlo.

En la actualidad, la crisis se está llevando por delante algunos medios de comunicación, a miles de personas que pasan a engrosar las listas del paro y al ya débil pluralismo informativo. Lo decía bien la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO cuando convocó la Jornada de lucha el pasado 5 de junio: “quieren acabar con todo y no quieren que lo contemos”. Y es que, a este paso, nos encontraremos con un apabullante aparato mediático dedicado a jalear la acción del Gobierno, y un contrapoder más limitado centrado en censurarla a través del ojo crítico y estrábico de la oposición mayoritaria. Hay que defender la información como una actividad de interés publico; hay que defender el pluralismo y el ejercicio honesto de la comunicación; hay que defender el empleo y la dignidad de las personas; hay que tejer una red civil para implicar a la ciudadanía en el impulso de una información, abierta, plural y participativa; hay que defender la democracia.

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