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CARBÓN DE COLOMBIA: MANCHADO DE SANGRE Y DE ESCLAVITUD

Mapa de los pueblos indios en Colombia

Claudia Castellano, activista de la CALCP (Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez,) y Mauricio García, representante de la Asociación de mineros artesanales de Guamocó (AHERAMIGUA) , están visitando España para informar a distintas instituciones sobre la situación que se vive en Colombia en relación con la explotación del carbón. Han empezado su periplo por Asturias, donde se han reunido con los grupos parlamentarios, con el Presidente de la Comunidad y con distintos medios de comunicación. Claudia y Mauricio ya vienen de explicar la situación de violencia contra la gente y vulneración de las leyes internas de Colombia para los casos relacionados con Minería y Agrocarburantes, en países como Gran Bretaña, Suecia, Bélgica, Alemania, Suiza. 
Básicamente cuentan lo que hay: 114.000 personas desplazadas a la fuerza por masacres de paramilitares de cuya cosecha se benefician empresas extranjeras de carbón y oro y de plantación de palma aceitera. Varios centenares de miles de hectáreas de concesiones mineras a Corporaciones que destruyen el medio natural, agreden a los pueblos indígenas como el Bari, y echan de sus tierras a los campesinos. Y una intensa militarización para “proteger” a esas empresas extranjeras que supone un soldado por cada 1,2 habitantes, a lo que se añade atentados a defensores de derechos humanos y persecución a las asociaciones, fumigación extensiva con glifosato que provoca nuevos desplazamientos e indefensión total de los pobladores autóctonos.
Lo que se pretende hacer en la región del Catatumbo es muy similar a lo que ya están haciendo la empresa norteamericana Drummond, y la Corporación Cerrejón de capitales suizos (Xtrata y Glencore en proceso de fusión). La diferencia es que  estas Corporaciones tienen un inmenso poder y una ambición sin límites. La Corporación Cerrejón es la que envía miles de Tm al puerto del Musel con intención especulativa contra el carbón europeo diseñada desde Goldman Sachs. Uno de sus ejecutivos más agresivos es Carlos Franco, que antes de ser ejecutivo era asesor especial del expresidente Uribe, Franco fue el que estuvo llamando a todos los medios de comunicación asturianos  para intentar acallar la información sobre el carbón colombiano en el Musel. Recordemos que España importa anualmente la mitad del carbón consumido en la generación de electricidad y que gran parte procede de las minas colombianas.
Carlos Franco está actualmente en Alemania, encabezando la delegación de la Corporación Cerrejón, presionando a los gobiernos de la UE para que desoigan las informaciones de violación documentada de los derechos humanos en Colombia y que estos gobiernos se guíen sólo por criterios empresariales.
Los negocios colombianos de la Corporación Suiza Cerrejón tendrán resultados catastróficos para los pueblos indígenas Wayúu, Bari y Embera, para el campesinado de la zona, y para los mineros tradicionales artesanales, si es que impera como hasta ahora el silencio, esto es la venda en los ojos para no querer ver la sangre que acompaña al negocio del carbón extranjero que llega al puerto de Gijón.
Cuando las normas internacionales sobre derechos humanos son violadas hay instrumentos de la ONU y  también del estado español, o asturianos como la Ley Asturiana de Cooperación y la Estrategia Asturiana de DDHH, y el Plan Director vigente, que OBLIGAN a nuestras instituciones a actuar en consecuencia.
Plumaroja

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