martes, 13 de noviembre de 2012

POLICIAS EN LOS DESHAUCIOS


José Manuel Sánchez Fornet. Secretario general del SUP
Siempre ha habido desahucios pero ahora el nivel de tolerancia social es distinto, menos permisivo con esa práctica. Se tiende a ver eso de los desahucios ahora como si fuera una gravísima condena (que lo es) por la situación económica que atravesamos, y en cambio los desahucios llevados a cabo durante los años anteriores han pasado desapercibidos. Un desahucio es un drama siempre, con o sin crisis económica, y por eso lo primero que hay que pedir es una solución con efecto retroactivo, que permita a quienes han perdido su vivienda por circunstancias sobrevenidas recuperarla de las garras del banquero que se la quedó.
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Un grupo de policías conversa entre sí mientras ayudan a que se produzca un desahucio en Carabanchel. CC by-saFotogracción (misma autoría para la fotografía en portada)
Circunstancias sobrevenidas son aquellas con las que no se cuenta y que hacen imposible que cumplas los compromisos adquiridos, porque chorizos que viven del cuento y llevan muchos años alquilando y no pagando, y llevan 3, 5 o 8 desahucios también los hay y a esos no hay que protegerlos. Y dicho esto, dado que la crisis económica deja en posibilidad de desahucio a muchas más personas, bienvenido sea ahora este clima de crispación contra los mismos.
Un desahucio es una de las tareas más ingratas que desarrolla cualquier miembro de los cuerpos de seguridad, sea del Estado, autonómico o local. Debe tenerse en cuenta a esos efectos que un desahucio es siempre una resolución judicial y que incumplir una orden expresa, una resolución judicial, puede ser considerado desacato, entre otras figuras del Código Penal, que pueden acabar con el policía expulsado para siempre de su profesión y puede que hasta encarcelado.
Es habitual recibir llamadas de los ciudadanos (ahora con las redes sociales más) pidiendo que los policías no cumplan su obligación en un desahucio sin conocer las consecuencias de ello, y nosotros siempre hemos defendido que un policía no puede hacerse el “harakiri” porque con eso no consigue más que perjudicarse a sí mismo y su gesto sería olvidado al día siguiente, luego sería una actuación estéril. Los responsables de los desahucios son, en primer lugar, los políticos que hacen las leyes; en segundo lugar, los jueces, que las aplican y pueden interpretarlas; en tercer lugar, los bancos, que impulsan los desahucios; y en algunos casos también los propietarios que no estando en situación de necesidad simplemente han querido vivir por encima de lo que su economía le permitía, casos que también se dan. Culpar a un policía es como culpar al enterrador de la muerte del difunto.
La crisis y el crecimiento de los desahucios ha provocado un cambio en el clima social y ya el Gobierno, los partidos políticos, los medios de comunicación, los jueces, los sindicatos… están exigiendo una solución para ello, y es en este momento cuando, queriendo contribuir a que se haga justicia y se proteja a quienes más lo necesitan, el SUP puede decir que abonaremos el sueldo y garantizaremos una defensa jurídica a cualquier compañero que se oponga a realizar un desahucio. Es nuestra manera de tomar posición en defensa de quienes más lo necesitan. Es el momento porque ha habido varios casos de suicidios, esto ha provocado una alarma social, y es posible que algún compañero sienta que de acudir a un desahucio ello le puede acarrear problemas morales y de conciencia que perturben su estabilidad emocional, y por ahí comenzaríamos los argumentos de su defensa ante el expediente disciplinario y los posteriores recursos ante los tribunales de justicia. La situación creada permite un argumento de defensa que hace un año era imposible.
Hay quien incluso critica a los policías que no hayamos hecho nada antes y cuenta solo uno de los cinco muertos que se han producido -según mis informaciones- en los últimos meses; así que, si esta persona tan preocupada y que tanto nos exige a nosotros no se ha enterado de quienes se han quitado la vida agobiados por la situación, habría que ver la repercusión que tendría que un policía se negara y fuera expedientado y expulsado. Ni una línea en un medio de comunicación ni posibilidad de defensa porque nadie prestaría atención a eso, como no se ha prestado atención a los cientos de miles de familias desahuciadas los últimos años. Hay expertos en exigir a los demás que hagan cosas y arriesguen su profesión y hasta la cárcel desde la comodidad de su ordenador o teléfono, pero habría que ver si alguna vez han hecho algo por alguien y han puesto en juego algo tan valioso siempre y mucho más hoy como su trabajo.
Con la declaración realizada hemos querido señalar, de una parte, que estamos con quienes han perdido el trabajo y ahora los quieren echar de su casa, y exigimos al Gobierno que legisle para resolver esta situación o será responsable por omisión. Una posición coherente con la trayectoria de esta organización. Y de otra parte, que el compañero que anímicamente considere que intervenir le puede ocasionar problemas personales sepa que contará con nuestro apoyo.
Esto de defender los derechos de los policías desde planteamientos de respetar la ley y los derechos, libertades y seguridad de los ciudadanos obliga a veces a complejos procesos de análisis de la situación y circunstancias en que es posible hacerlo todo sin contradicciones. Creo que con esta postura actuamos en coherencia con todos esos principios. Porque siendo cierto que un policía cuando se coloca el uniforme debe ignorar cualquier consideración individual, idea personal o ideología, aquí estamos en lo que podría ser una causa de objeción de conciencia, pero como eso nos está prohibido a los policías (como tantos otros derechos) es nuestra obligación, creo yo, buscar las formulas que permitan compatibilizar el cumplimiento de la ley con la dignidad personal de quien la hace cumplir.
La ley te exige intervenir en todo tiempo y lugar si se está cometiendo un delito o si hay riesgo para la vida de una persona pero es al policía a quien corresponde decidir si arriesga más o menos su vida (por cierto, en lo que va de año tenemos cuatro muertos en acto de servicio, tres en A Coruña y uno en Conil, en misión de auxilio en el mar), y no se puede reprochar a nadie que intente un rescate, no lo consiga y que no persista hasta perder la vida. Salvando todas las distancias, un policía, por muy profesional y asumido que tenga que es una herramienta del Estado y la ley y que debe actuar como tal, es una persona que en la situación actual puede considerar que su trabajo no llega hasta expulsar a una familia de su casa porque eso es condenarla a una muerte lenta por depresión y miseria, que puede conducirle a él a una situación inestable mentalmente y por lo tanto objeta negándose a hacer ese trabajo sucio.
Quienes sigan actuando tendrán nuestro apoyo también porque es un problema que deben resolver otros y no nos es exigible que resolvamos problemas que nos son ajenos, pero sí hay que decir que alguna imagen de un funcionario vestido de robocop, alto, corpulento, joven, con una defensa cogida por las dos manos y golpeando a la altura del percho a ancianos y ancianas no es propio de una policía democrática y deberían impedirse. Quién actúa así no lo hace en cumplimiento del deber sino con un carencia de profesionalidad y ética personal propia de una dictadura sanguinaria y que no tiene cabida en una sociedad democrática de ciudadanos con derechos.
CRÓNICA POPULAR

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