ECOFISCALIDAD: EL AGUA

El agua tiene en Castilla La Mancha una importancia fundamental: debido a su clima y su excelente suelo, en buena parte del territorio se puede pasar de ocupar a tres personas a hacerlo con más de trescientas, como ha demostrado el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) con una finca en Marinaleda. Otro gallo nos cantaria si además de OPAS    tuvieramos sindicatos agrarios en Castilla La Mancha. El paso del secano al regadío abre grandes posibilidades.

Rio Fresneda antes de su junta con el Montoro

Si añadimos que sólo una mínima proporción de los pozos se han abierto legalmente, lo que se debe a la división de la administración pública en partes enfrentadas (autonómica y central), a la escasez de inspección y, en última instancia, a que, al carecer de valor el agua, no se justifica su control, nos encontramos con una situación de despilfarro en el sector público que contrasta con el alto precio que pagan los agricultores por el agua privada, la que revenden los propietarios de pozos a sus vecinos.Sin embargo, y pese a su importancia, el agua para riego apenas tiene valor: me cuenta un agricultor que al abrir un pozo legalmente, se le adjudicó el derecho a extraer siete mil metros cúbicos anuales para tres hectáreas. Sin pagar.

Ese disparate exige medidas que hagan pagar a los usuarios del agua para aprovecharla mejor. Tenemos la suficiente tecnología para ver dónde están los pozos ilegales vía satélite, tenemos los catastros rústicos para identificar a los propietarios. En suma, lo que tenemos que hacer es tomar conciencia de que es un bien escaso que hay que aprovechar mejor.

Respecto a los regadíos oficiales, pagan sólo una pequeña proporción del gasto invertido en pantanos y redes de distribución. Los cultivos en las cercanías de Las Tablas de Daimiel ponen en peligro uno de los espacios naturales más singulares de Europa. En el alto Guadiana se acaba de dictar sentencia de muerte para el Plan Especial (PEAG), diseñado por el gobierno anterior, para que los agricultores puedan funcionar con sus pozos ilegales tranquilamente. La presión de ASAJA es mas importante que el derecho de la ciudadanía a disfrutar de los recursos naturales.

Ello hace que la tasa a establecer sobre el agua agrícola y forestal, para impulsar la recuperación de las tierras yermas y favorecer así el aumento del recurso, sea a medio plazo el único sistema de aumentar los regadíos. La tasa por el uso del agua agrícola, más la que proporcionará la de producción de aire limpio y captura del contaminado, combinadas, deben permitir, además, identificar los suelos que no están siendo aprovechados en su capacidad potencial de satisfacer las necesidades sociales de agua y de aire limpios, así como de su utilización económica generadora de empleo.

Pongamos un ejemplo, el de La Mancha. Todos sabemos que su agricultura basada en el viñedo y otros cultivos sociales la han situado a la vanguardia mundial, generando una alta actividad económica y de empleo estacional. En medio de su estepario paisaje, el agua se convierte en el más precioso tesoro.

Ya sabemos que si hubiera vegetación arbórea, la tierra absorbería diez veces más agua de lluvia y se fortalecería su ciclo de lluvia. Está claro que si conseguimos con una tasa financiar el aumento de vegetación, multiplicaremos por diez el agua del que se dispondría, ya que llegará a los acuíferos de los que se abastecen los pozos. Y esa tierra con vegetación arbórea se beneficiará además de la producción de aire limpio y de la fijación del contaminado, tema del que hablamos en un articulo anterior. Es decir, quien foreste consigue beneficios y quien deje la tierra yerma tendrá que pagar. Estas tasas e impuestos ecológicos que se proponen tienden, además de a permitirnos sobrevivir como especie, a que los propietarios de las tierras tomen conciencia de su responsabilidad social y se ocupen de los suelos o deban pagar unos impuestos que les disuadan de no hacerlo.

La tasa ecológica por el agua agrícola ha de tener una entidad suficiente para remover los usos y costumbres de los propietarios del suelo. Mis tres hectáreas pueden producir anualmente para uso agrícola de cereal unos mil quinientos euros anuales de ventas. La media de las inversiones está en el 18%. Ese puede ser el umbral de esas tasas e impuestos conjuntamente. Mientras esté en secano, la finca debe pagar por no producir mucho aire, pongamos veinte euros por hectárea, sesenta euros. Si se pone en regadío para plantar árboles maderables, o recuperar la dehesa original, el beneficio se va a dilatar entre diez y treinta años, según la especie. Pasará de no producir casi aire a ser un importante productor y a fijar mucho CO2 en la madera. Cobrará por ello y habrá de pagar por el agua. Y en diez o treinta años, cortará los árboles maderables, los venderá, tendrá beneficios y plantará otros.

Volvamos a La Mancha. Los agricultores obtienen con los riegos altos rendimientos económicos en las parcelas que ocupan sus viñedos. Una tasa sobre el agua del 18% de sus ingresos puede parecer alta. Pero es semejante a la que se paga por cualquier otra actividad. Si con ella va a mantener y aumentar su disponibilidad de agua, a medio y largo plazo le va a interesar que se foresten los terrenos no cultivados. Y es bastante más económica que la que pagan industrias y particulares. La tasa por el uso del agua para fines agrícolas o forestales puede estar en un orden de magnitud de un céntimo de euro por metro cúbico. Veamos lo que pagan quienes la usan en la industria y en casa.

El negocio antisocial del agua doméstica

Mientras el agua agrícola o forestal tiene un precio inexistente o despreciable si se obtiene de instalaciones públicas, en los hogares la desidia municipal ha llevado a que grandes corporaciones se hayan quedado con el servicio municipal de distribución de agua. Y el modo en que lo explotan es antisocial y gravemente antiecológico.

Veamos el caso de Puertollano, en la provincia de Ciudad Real, donde vivo. La empresa mixta Aguas de Puertollano tiene como accionista mayoritario a la afrancesada Aquagest (controlada por el grupo Agbar-Suez) con el 51% del capital . El Ayuntamiento controla el 49% restante pero la dotacion de fondos que hizo la empresa previo a la adjudicacion del servicio le tiene atado de manos a la hora fijar los precios. Aquagest y otras corporaciones se metieron en el negocio del agua, naturalmente, no para prestar un servicio público eficiente sino para ganar dinero.

Antes de la entrada de esas empresas en el sector, el precio del agua tenía en consideración su coste de obtención desde pozos o pantanos y los gastos normales. Pero desde que llegaron esas corporaciones a las empresas municipales de agua, su precio se ha incrementado de forma exponencial, escalando además el precio del metro cúbico hasta niveles inasumibles para las inversiones que realmente realizan. El resultado es que ante facturas mensuales de decenas de euros, los vecinos han empezado a tener serias dificultades para atender los pagos.

En términos generales, el agua para usos residenciales debe cubrir exclusivamente sus costos, incluida la depuración. Pero no es de recibo cobrar lo que no se hace, en el caso de jardines depurar su agua de riego. Agua que debería tener el precio de la de uso agrícola y que debe llevar a las empresas a diferenciar las redes para una u otra utilización. La Junta de comunidades debe fijar unas tasas adicionales sobre el agua y debe controlar a las empresas municipales para que no hagan negocios especulativos de lo que son recursos públicos. Nunca debió privatizarse la gestión del agua.

Es decir, lo que falta en el sector agrícola y forestal sobra en el residencial, mientras en el sector industrial es un coste asumido y que tiene sentido por las necesidades de depuración de sus aguas residuales.

M. Félix de San Andrés