LOS RECORTES QUE OCULTA EL PP

“No haremos recortes sociales”. Esta es la frase más repetida por los líderes nacionales del PP. Sin embargo, no hay ni una sola comunidad presidida por la derecha donde las tijeras no se hayan llevado por delante derechos sociales conquistados por la ciudadanía a lo largo de los últimos 30 años. Educación, sanidad, dependencia y tercera edad son los sectores más afectados por la voracidad de la derecha española, que aun así espera a la celebración de las elecciones del 20-N para ampliar aún más los recortes que el histriónico González Pons insiste que nunca harán. La realidad demuestra todo lo contrario.

Galicia: Adiós a la gratuidad de los libros. Fue la primera comunidad gobernada por el PP en aplicar los recortes. Nada más llegar a la Xunta, Alberto Núñez Feijóo suspendió la gratuidad de los libros de texto, continuó con la supresión de becas y la reducción de fondos para dependencia. A todo esto hay que sumar la retirada de ayudas a las asociaciones que aplican proyectos preventivos de acción antisida, siendo esta comunidad, como es, una de las más afectadas por el mundo de la droga.

Murcia: Menos sueldo a los empleados públicos. Le siguió la Comunidad de Murcia, donde el tijeretazo de Ramón Luis Valcárcel dejó corta a todas las pretensiones de sus homólogos. El presidente murciano, muy contestado por los recortes, aunque volvió a salir elegido por mayoría absoluta, redujo los derechos de los trabajadores públicos, con menos sueldo y más trabajo, lo que ha traído consigo la degradación de servicios básicos prestados por las instituciones públicas.

Madrid: 2.200 profesores menos. Recortes que Esperanza Aguirre no ha dudado en aplicar en Madrid, donde los directores de los centros de Educación Secundaria tuvieron que presentar una reducción de 2.200 profesores, con la consiguiente merma en la calidad docente, como lo prueba la alarma de los sindicatos, que aseguran que con la plantilla que propone el PP no se puede comenzar el curso. Capítulo aparte merecen las medidas “a la griega” que aplicará el Ayuntamiento de Madrid. Gallardón quiere ahorrar en servicios y en personal y no invertir ni un euro en la ciudad, que después del 22-N verá una nueva subida de impuestos.

Valencia: Cierre de centros musicales. Si Valencia destaca en la cultura popular por algo, además de por la paella, es por la extraordinaria formación musical de sus jóvenes. El recorte presupuestario que están sufriendo los conservatorios podría suponer el cierre de 62 centros y la pérdida de 1.200 puestos de trabajo, denuncian los socialistas valencianos, comunidad en la que su nuevo presidente ha anunciado también una reducción de personal administrativo.

Castilla-La Mancha: Una paga menos para las viudas. El Gobierno de Cospedal no se queda corto en la reducción de servicios sociales. Para empezar, 32.000 viudas de Castilla-La Mancha se han quedado sin cobrar la paga semestral de 400 euros fijada por el expresidente Barreda. No solo eso, propone suprimir también los viajes de turismo para mayores que hasta el momento ha permitido a más de un millón de jubilados de la región conocer la geografía española. Y no contenta con eso, decide paralizar las obras del hospital y del campus universitario de Guadalajara.

Menos educación, menos sanidad… Y es que la educación y la sanidad están en el punto de mira de los gobiernos del PP, como lo prueba la reducción del presupuesto docente en La Rioja (-7,9%), Extremadura (-7,2%) o Castilla y León (-5,5%). Recortes que en ningún caso afectan al sostenimiento de los colegios privados con dinero público, que como en el caso de Cantabria se amplían conciertos en detrimento de la enseñanza pública.

Y menos dependencia. Es el tercer pilar donde el PP recorta sin miramientos, como ha quedado probado en el Ayuntamiento de Las Palmas, gobernado desde el 22 de mayo por la derecha, que ha recurrido a la tijera para reducir en tres millones anuales el presupuesto de la ayuda a domicilio, dejando a cientos de personas sin esta vital asistencia para su salud. Un tanto de lo mismo ha hecho el presidente de la Diputación de Toledo, Arturo García-Tizón, quien ha decidido suprimir el contrato de 97 monitores que trabajaban en la realización de distintas actividades con la tercera edad de la provincia.

Lo mejor está siempre por venir, lo peor en este caso, y si los resultados del 20N no lo remedian, la derecha española ejecutará su programa oculto. Seguirá el modelo Cameron para reducir aún más la ya estrecha cintura del estado del bienestar.

Como reflexión final cabe preguntarse que habremos hecho tan mal en la izquierda para que con este panorama y la ciudadanía en pie de guerra seamos incapaces de generar confianza entre los electores. No he escuchado aún nadie asumir ni una pizca de responsabilidad tras los resultados del 22M.