El PP exige al Gobierno lo que no
cumple donde gobierna. Durante la precampaña y la campaña del 22M se
recorrieron plazas y pabellones clamando por la supresión de las denominadas
embajadas autonómicas. Con esta medida, decían se podría evitar la congelación
de las pensiones. "No se pueden tener miles y miles de millones de euros
en algunas medio embajadas de comunidades autónomas a lo largo y ancho de todo
el mundo", soltó por su boquita Cospedal.
Lo que obvió Cospedal en su discurso
es que 64 de estas oficinas representan a comunidades autónomas en las que
gobierna su partido. Y que la formación en la que ejerce como secretaria
general no tiene previsto suprimirlas. Sólo la oficina de la que dispone la
Comunitat Valenciana desde 1989 en Bruselas cuesta a la Generalitat de Alberto
Fabra más de un millón de euros al año.
El propio Rajoy ya insinuó al
Ejecutivo socialista en septiembre del pasado año que la eliminación de las
embajadas debía ser una de las medidas para recortar el gasto público.
"Sobran ministerios, se solapan competencias, se multiplica la burocracia,
se dedica dinero público a hacer favores y a publicitar las labores del
Gobierno, las comunidades abren embajadas en el exterior o se encargan informes
innecesarios o falsos", decía Mariano Rajoy.
El asunto llegó incluso hasta el
Congreso de la mano de Eugenio Nasarre, diputado conservador por Jaén que pidió
por escrito al Ministerio de Política Territorial la relación de las oficinas
autonómicas en el extranjero, cuya existencia tildó de "despilfarro".
Según el documento que le remitió el departamento que dirige Manuel Chaves,
existían 188 oficinas, de las cuales 184 corresponden a las distintas
autonomías y cuatro a entidades provinciales o locales.
"Ha habido una creación
desbocada de este tipo de organismos y no podemos permitirnos ese lujo", argumentó
el propio Nasarre ante el Congreso de los Diputados. "En los países en los
que existan oficinas diplomáticas del Estado, las comunidades autónomas deben
defender sus intereses a través de esos cauces. Y se debe priorizar la marca
España", sugirió el diputado del PP. Él mismo dio traslado de la lista de
embajadas a Mariano Rajoy, que según explicó el parlamentario, "propuso la
necesidad de reformar los planteamientos autonómicos".
Era una promesa electoral. Aquella
iniciativa de Rajoy sigue sin ponerse negro sobre blanco. La posición actual
del PP es que la supresión de los organismos territoriales no se ha establecido
como una doctrina a seguir en las comunidades que gobiernan. Tampoco parecen
conocer si estos gobiernos se han planteado prescindir de las embajadas. Una de
tantas promesas que tienen la vigencia de una campaña electoral.
Los datos facilitados por el
Gobierno ponen de manifiesto la doble vara de medir del PP. Por ejemplo, la Generalitat
Valenciana de Fabra es la autonomía liderada por los conservadores que más
embajadas tiene desplegadas por el mundo, 23 y la segunda de todo el Estado.
Únicamente le supera Catalunya, que tiene 47.
De esas oficinas valencianas, 21 son
institutos de exportación cuya finalidad es facilitar las transacciones
comerciales. Se ubican en países europeos, principalmente, pero también en
África, EEUU o Latinoamérica. Llama la atención la existencia de una de estas
embajadas en Cuba, cuyo régimen es duramente criticado desde las filas del PP.
Fuentes de la Generalitat Valenciana afirman que ninguna de estas
representaciones va a desaparecer por el momento.
La mayor parte del presupuesto de
las embajadas de las comunidades autónomas se la llevan las oficinas ubicadas
en Bruselas. Todas las autonomías del PP tienen delegaciones en la ciudad
belga, para asegurarse unas buenas relaciones con los demás países de la UE, al
margen de las que mantiene el Gobierno central.
La promoción del turismo es otro de
los objetivos primordiales que persiguen este tipo de organismos oficiales. Es
el caso de muchas de las oficinas que Murcia, gobernada también por el PP,
mantiene y financia en el extranjero. Son un total de 12 que se reparten entre
Europa, América y Asia. Al igual que en el caso de la Comunitat Valenciana, no
hay noticias de que el Gobierno de Ramón Luis Valcárcel vaya a proceder a
suprimir esas delegaciones.
"Madrid abre hospitales, otros
abren embajadas", afirmó en tono crítico la presidenta madrileña,
Esperanza Aguirre, en julio de 2009. La dirigente olvidó que la comunidad de
Madrid es una de las que tiene más embajadas territoriales repartidas por el
mundo. Hay once, en total. En 2008, Aguirre anunció la creación de una red de
"oficinas comerciales" en el exterior. Se abrieron en México, Miami,
Shanghai y Sao Paulo, Nueva York y Tokio. Por el momento, el Gobierno de
Aguirre no se ha planteado suprimirlas.
Otro tanto ocurre en Galicia, cuyo
Gobierno está en manos del conservador Alberto Núñez Feijóo desde hace dos años.
La comunidad dispone de institutos para la promoción económica en países como
China, Japón o México. También tiene repartidas por el mundo varias oficinas
dedicadas a promocionar el turismo en Galicia y otras encargadas de gestionar
los trámites de los numerosos emigrantes gallegos desplazados por los cinco
continentes.
En menor medida, La Rioja y Castilla
y León también han diseñado una red de embajadas. La primera dispone de
delegaciones en Bélgica y México y la comunidad presidida por el Juan Vicente
Herrera tiene oficinas en Brasil, Chile o Hungría, entre otros lugares.
Tras los resultados electorales del
22M, el PP ha alcanzado el Gobierno en Asturias, comunidad que cuenta con 13
oficinas, Aragón que cuenta con 5 oficinas, Extremadura que cuenta con 4
oficinas, Baleares, Castilla La Mancha y Cantabria con dos oficinas cada una.
Además de las comunidades autónomas, las provincias andaluzas de Huelva y
Almería están representadas en Bruselas con oficinas propias
Transcurridos tres meses desde las
elecciones del 22M, ni una sola noticia de que el PP vaya a cerrar alguna de
las embajadas autonómicas contra las que clamó en la oposición.
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