martes, 30 de agosto de 2011

ARGUMENTOS PARA VOTAR CONTRA LA REFORMA EXPRÉS DE LA CONSITUCIÓN.



Antonio Gutiérrez resumía en tres las razones para oponerse a la reforma exprés de la Constitución para fijar un techo al déficit público. La primera es que hacer lo que piden Ángela Merkel y Nicolás Sarkozy sin eurobonos, sin política económica común, lejos de reforzar la gobernanza europea lo que hace es postergarla. La segunda es que esta reforma condena a España y otros países a una desigualdad permanente. Y, por último, porque es un suicidio político para la izquierda en España. En su opinión, Zapatero ha hecho el último trabajo sucio a Rajoy. En parecidos términos se expresaba otro diputado socialista, Manuel De La Rocha.
No voy a presentar aquí un corolario de opiniones discrepantes en él PSOE, casi sería interminable, baste decir que Zapatero está preocupado por cómo repercutirá en las próximas elecciones generales y el propio Rubalcaba asegura que está en desacuerdo con el procedimiento empleado. Si pretendo aportar algunos argumentos para la reflexión y para que, desde la información, sea más fácil posicionarse.
El argumento del gasto público es él arma principal de quienes defienden la reforma ¿pero gasta España por encima de sus posibilidades? ¡No! Todo lo contrario, los datos demuestran que el gasto público por habitante de España está varios puntos por debajo de la media europea y es el más bajo de la UE-15. No es cierto que exista un despilfarro y haya que frenarlo puesto que la mayoría del gasto es de carácter social, es decir, gasto en pensiones, sanidad, educación, dependencia, servicios sociales y ayudas familiares. El gasto público social, que cubre estas dimensiones del estado del bienestar español, es muy bajo, muy por debajo de lo que le corresponde por el nivel de riqueza del país y el más bajo de la UE-15.
Otra falacia empleada para justificar la reforma es que el déficit público es un indicador de que el Estado gasta por encima de sus posibilidades y no es así. En el déficit se miden dos dimensiones, una es el gasto, pero la otra son los ingresos y en función de lo que ingrese un Estado se determinará el tamaño de su déficit. En España, el problema no es que sus gastos sean demasiado altos, es que sus ingresos son demasiado bajos. Representan sólo el 32% del PIB, muy por debajo del promedio de los países de la UE-15, que es el 44%. En Suecia, el país que tiene el estado desarrollado más avanzado de la UE-15, el porcentaje es el 54% del PIB.
Y es que nuestra fiscalidad es poco progresiva y un tanto laxa. En España, la mayoría de la ciudadanía que trabaja y que está en nómina ya paga impuestos (IRPF), en cantidades que, proporcionalmente, son comparables a las de sus homólogos en el promedio de la UE-15. La gran diferencia de nuestro país con el promedio de la UE-15 es en las rentas superiores, en las grandes empresas y en la banca. Ahí sí que la diferencia entre lo que pagan estos colectivos en España y lo que pagan sus homólogos en el promedio de la UE-15 es muy sustancial. El 1% de la población de renta superior de España paga sólo el 20% de lo que pagan sus homólogos en Suecia.
Pero incluso más importante que las diferencias nominales son las diferencias reales, es decir, lo que en realidad tributan. Las deducciones y el fraude fiscal están muy extendidos en estos sectores. El sindicato de Inspectores de Hacienda ha publicado recientemente un informe que muestra claramente el grado de regresividad de la carga fiscal. Las grandes empresas pagan mucho menos que las medianas y pequeñas empresas, y las rentas superiores pagan unos porcentajes menores que la mayoría de la ciudadanía. Y las rentas derivadas del capital tributan en la práctica sólo el 10%, mucho menos que el promedio de lo que pagan las rentas del trabajo (entre un 28% y un 32%). Estos datos nos llevan a concluir que si existen suficientes recursos pero que el Estado no los recoge. No tiene la voluntad política de enfrentarse con estos grupos de presión y con estos colectivos. El problema de la deuda pública no es un problema económico o fiscal. Es un problema político.
Tampoco es cierto que estemos gastando hoy los recursos de mañana. Además es fácil demostrarlo: El PIB per cápita de España ya es el 94% del promedio de la UE-15, pero en cambio el gasto público social por habitante es sólo el 74% del promedio. Si fuera el 94%, el Estado tendría 66.000 millones de euros más. Otro dato, si España tuviera la misma política fiscal que Suecia, el Estado ingresaría 200.000 millones de euros más de los que ingresa. No habría déficit y el saldo sería positivo.
No es absoluto progresista fijar en la Constitución el techo de déficit, aún sin determinar la cifra, y es falso que todos los países tengan escrito en su Constitución tal propuesta. Sólo Alemania lo tiene y está gobernada por una coalición conservadora-liberal, que ha aprobado en su Parlamento tal propuesta. Hoy la Unión Europea está gobernada por las derechas y quiere imponer estas medidas a todos los estados miembros de la UE a fin de reducir su dimensión social. En EEUU la propuesta de constitucionalizar un límite de gasto la está haciendo el Partido Republicano, controlado por el Tea Party, que es una formación de ultraderecha.
Aunque sea una ocurrencia de los últimos días de Zapatero, esta propuesta ha sido una constante en las iniciativas de la derecha española, que siempre ha intentado reducir el Estado y la protección social para debilitar al mundo del trabajo. Surge de la percepción equivocada de que el Estado ha crecido demasiado y es responsable de la crisis actual. Así lo ha dicho Rajoy en muchas ocasiones. Por ello, escríbase como se escriba, la propuesta final pactada entre Zapatero y Rajoy tiene como objetivo final recortar notablemente las competencias del Estado.
El PSOE es un partido de centroizquierda cuyas bases electorales están más a la izquierda que su dirección, sobre todo de su equipo económico, que tiene claramente una orientación neoliberal. El gran error del presidente Zapatero ha sido la elección de sus asesores económicos, la mayoría muy próximos a la banca o a la gran patronal. Muchos de ellos proceden de estos grupos y volverán a integrarse en ellos cuando dejen el poder, tal como ocurre en EEUU. Hay una puerta giratoria entre los poderes económicos y financieros y los asesores económicos del gobierno. Todos los miembros del equipo económico, ya sea en el Ministerio de Economía, ya sea en La Moncloa, han compartido la ideología neoliberal que domina la cultura económica en nuestro país. Recuerdese la frase del Ministro Solbes, que indicó “que la medida de la que estaba más orgulloso era no haber aumentado el gasto público en España”, dicho por un Ministro de un gobierno socialista, en un país que tenía, y continúa teniendo, el gasto público, incluyendo el gasto público social, más bajo de la Unión Europea es bastante clarificador. Las bases del PSOE estan obligadas a impulsar cambios en la actual dirección del partido y en sus políticas centristas.
El resultado de la reforma no favorece el crecimiento económico y el principal problema de España no es el déficit sino el estancamiento de su economía. La falta de crecimiento económico es el mayor problema que existe en España y en Europa. Creerse que la reducción del déficit y el límite del gasto público estimulará el crecimiento económico -que es lo que el pensamiento neoliberal asume- es permitir que el dogma tome prioridad sobre los datos empíricos y el conocimiento histórico. Nunca antes en el mundo se ha remontado una gran recesión o depresión sin un aumento significativo del gasto público. Y existe ahora una clara relación entre recortes de gasto público y caída de nuevo en la recesión. El caso de Grecia es el más claro, pero no el único.
Lo que realmente están haciendo las derechas es utilizar el argumento de “la presión de los mercados” para conseguir lo que siempre han deseado, es decir, el descenso de los salarios y de la protección social y la privatización del Estado del Bienestar. Ningún gobierno socialista y/o partido socialista debería apoyar esta estrategia y sin embargo el gobierno español ha sido el primero en seguir las instrucciones de Merkel y Sarkozy y pedir la inclusión de la limitación del gasto público en su Constitución. No hay ningún otro país que lo haya hecho. Como en otras ocasiones, el Estado español es el discípulo más aventajado de la ortodoxia neoliberal. Y, por otra parte, es el último país en considerar el aumento de los impuestos de los ricos y súper ricos como manera de reducir el déficit.
La ultima trampa utilizada por los promotores es sacar las cifras del texto constitucional y fijarlas mediante Ley orgánica en un máximo tolerable del 0’4% del PIB. Basta con revisar los datos de la UE en los últimos 20 años para comprobar que ninguno de los grandes países ha sido capaz de tener ese déficit, todos lo han superado ampliamente y ello no ha dificultado el crecimiento económico. El origen de esta crisis no está en el gasto público, está en la avaricia de los especuladores y sus hipotecas “subprimes”. Sin embargo son capaces de imponernos una idea de déficit que imposibilita cualquier política fiscal progresiva y consolida el triunfo del dogma neoliberal.

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