“No haremos recortes
sociales”. Esta es la frase más repetida por los líderes nacionales del PP. Sin
embargo, no hay ni una sola comunidad presidida por la derecha donde las
tijeras no se hayan llevado por delante derechos sociales conquistados por la ciudadanía
a lo largo de los últimos 30 años. Educación, sanidad, dependencia y tercera
edad son los sectores más afectados por la voracidad de la derecha española,
que aun así espera a la celebración de las elecciones del 20-N para ampliar aún
más los recortes que el histriónico González Pons insiste que nunca harán. La
realidad demuestra todo lo contrario.
Galicia:
Adiós a la gratuidad de los libros. Fue la primera
comunidad gobernada por el PP en aplicar los recortes. Nada más llegar a la
Xunta, Alberto Núñez Feijóo suspendió la gratuidad de los libros de texto,
continuó con la supresión de becas y la reducción de fondos para dependencia. A
todo esto hay que sumar la retirada de ayudas a las asociaciones que aplican
proyectos preventivos de acción antisida, siendo esta comunidad, como es, una
de las más afectadas por el mundo de la droga.
Murcia:
Menos sueldo a los empleados públicos. Le siguió la
Comunidad de Murcia, donde el tijeretazo de Ramón Luis Valcárcel dejó corta a
todas las pretensiones de sus homólogos. El presidente murciano, muy contestado
por los recortes, aunque volvió a salir elegido por mayoría absoluta, redujo
los derechos de los trabajadores públicos, con menos sueldo y más trabajo, lo
que ha traído consigo la degradación de servicios básicos prestados por las
instituciones públicas.
Madrid:
2.200 profesores menos. Recortes que Esperanza
Aguirre no ha dudado en aplicar en Madrid, donde los directores de los centros
de Educación Secundaria tuvieron que presentar una reducción de 2.200
profesores, con la consiguiente merma en la calidad docente, como lo prueba la
alarma de los sindicatos, que aseguran que con la plantilla que propone el PP
no se puede comenzar el curso. Capítulo aparte merecen las medidas “a la
griega” que aplicará el Ayuntamiento de Madrid. Gallardón quiere ahorrar en
servicios y en personal y no invertir ni un euro en la ciudad, que después del
22-N verá una nueva subida de impuestos.
Valencia:
Cierre de centros musicales. Si Valencia destaca en la
cultura popular por algo, además de por la paella, es por la extraordinaria
formación musical de sus jóvenes. El recorte presupuestario que están sufriendo
los conservatorios podría suponer el cierre de 62 centros y la pérdida de 1.200
puestos de trabajo, denuncian los socialistas valencianos, comunidad en la que
su nuevo presidente ha anunciado también una reducción de personal
administrativo.
Castilla-La
Mancha: Una paga menos para las viudas. El Gobierno de
Cospedal no se queda corto en la reducción de servicios sociales. Para empezar,
32.000 viudas de Castilla-La Mancha se han quedado sin cobrar la paga semestral
de 400 euros fijada por el expresidente Barreda. No solo eso, propone suprimir
también los viajes de turismo para mayores que hasta el momento ha permitido a
más de un millón de jubilados de la región conocer la geografía española. Y no
contenta con eso, decide paralizar las obras del hospital y del campus
universitario de Guadalajara.
Menos
educación, menos sanidad… Y es que la educación y la
sanidad están en el punto de mira de los gobiernos del PP, como lo prueba la
reducción del presupuesto docente en La Rioja (-7,9%), Extremadura (-7,2%) o
Castilla y León (-5,5%). Recortes que en ningún caso afectan al sostenimiento
de los colegios privados con dinero público, que como en el caso de Cantabria
se amplían conciertos en detrimento de la enseñanza pública.
Y
menos dependencia. Es el tercer pilar donde el PP recorta
sin miramientos, como ha quedado probado en el Ayuntamiento de Las Palmas,
gobernado desde el 22 de mayo por la derecha, que ha recurrido a la tijera para
reducir en tres millones anuales el presupuesto de la ayuda a domicilio,
dejando a cientos de personas sin esta vital asistencia para su salud. Un tanto
de lo mismo ha hecho el presidente de la Diputación de Toledo, Arturo
García-Tizón, quien ha decidido suprimir el contrato de 97 monitores que
trabajaban en la realización de distintas actividades con la tercera edad de la
provincia.
Lo mejor está siempre por
venir, lo peor en este caso, y si los resultados del 20N no lo remedian, la
derecha española ejecutará su programa oculto. Seguirá el modelo Cameron para
reducir aún más la ya estrecha cintura del estado del bienestar.
Como reflexión final cabe
preguntarse que habremos hecho tan mal en la izquierda para que con este
panorama y la ciudadanía en pie de guerra seamos incapaces de generar confianza
entre los electores. No he escuchado aún nadie asumir ni una pizca de responsabilidad
tras los resultados del 22M.
los Españoles tenemos lo que nos merecemos, por que no tenemos, hu, para nada
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