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FRENTE AL APARTHEID SANITARIO: INSUMISIÓN


El día uno de septiembre entrará en vigor en este país una nueva norma que ahondará aún más si cabe las diferencias entre aquellos que tiene papeles y los que carecen de ellos. El uno de septiembre alrededor de 150.000 personas, en su mayoría inmigrantes, se quedaran si ese preciado pedazo de plástico que les permite ir al médico como usted o yo cada vez que se ponen enfermos o necesitan unas medicinas.
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Con esta inhumana decisión el gobierno del PP condena al apartheid sanitario, a miles de familias de este país, miles de personas de todas las edades, procedencia y raza que de la noche a la mañana tendrán vetado un derecho básico reconocido no solo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas o en el Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud sino en el Código Deontológico por el que se rigen los miles de profesionales sanitarios que hasta este momento y de forma altamente profesional han cuidada de su salud y de sus vidas.
Los trabajadores de la Sanidad se han destacado siempre por su compromiso social con los enfermos, de la misma manera que han sido abanderados de la luchas contra los recortes, la reforma laboral y la perdida de derechos y libertades. Sus huelgas en demanda de mejoras laborales y de una racionalización de los servicios o contra la privatización de la Sanidad, han hecho tambalear en los últimos años a los sucesivos gobiernos contra los que han dirigido sus críticas.
Esta última medida, cruel, inhumana, declaradamente xenófoba y demostradamente inviable, se suma a otras muchas tomadas al calor de la crisis que padecemos. Todas ellas tienen un objetivo claro y preciso: privatizar la Sanidad, ceder a empresas privadas, evidentemente de amigos, aquellos servicios que sean rentables por los que deberemos de pagar y gestionar desde lo público solo aquellos otros que ninguna empresa entienda que pueda hacer negocio de ellos.
Una vez más ese personal sanitario, encabezado por médicos y enfermeras, pero acompañado por celadores, auxiliares y personal laboral se ponen a la cabeza de las protestas contra una norma que consideran injusta e insolidaria. Y ante una decisión de una gravedad incomparable que choca con ese juramento que todos hicieron en su día para defender ante todo y ante todos la salud de los enfermos; han comenzado por miles a declararse objetores de conciencia.
Advierten que seguirán atendiendo a los enfermos más allá de si tienen o no ese pedazo de plástico, que como una invisible barrera les va a impedir a partir del próximo día 1 de septiembre acudir a consultorios, hospitales e incluso a la farmacia.
Más de mil médicos se han declarado ya objetores de conciencia o insumisos, dispuestos a afrontar las posibles consecuencias judiciales por atender a los “sin papeles”. Saben que esta iniciativa podría ser considerada de “desobediencia civil o insumisión”, según ha confirmado el Consejo General de Enfermería. Cuentan con el apoyo de los colegios de médicos de todo el país y con el de millones de españoles que como ellos nos declaramos insumisos y sin papeles.
No estamos dispuestos a abjurar del juramento hipocrático
Este maltrecho país nada a la deriva en medio de una crisis salvaje que arrasa con puestos de trabajo, derechos y libertades, que hace aflorar la xenofobia, el racismo y el ansia por volver a tiempos pretéritos de vergonzoso recuerdo. Nos rebelamos ante las injustas medidas que sufrimos, protestamos en la calle contra ellas y luchamos como podemos para llegar a final de mes con los mil y un recortes en nuestros sueldos y pensiones o en las condiciones laborales, preguntándonos hasta cuando y hasta donde van estrangularnos Rajoy, el BCE o la troika.
Ya no aguantamos más, ésta última medida es la gota que colma el mar. El personal sanitario y con ellos la mayoría de la sociedad de este país, los sindicatos, partidos políticos de izquierdas, los movimientos sociales, todos a una, no están, no estamos dispuestos a abjurar de ese juramento hipocrático por el que están obligados a atender a cualquier enfermo más allá de su raza, sexo, religión o procedencia. La salud es lo primero en una sociedad que se considere democrática, humana y ética. Es primordial la atención de cualquier enfermo, la denegación de auxilio como consecuencia de estar o no en el Registro de la Seguridad Social es innegociable.
Ya se anuncia una batalla legal orquestada por el Ministerio de Sanidad contra los insumisos. Contra ella, contra el ministerio, contra esos políticos desalmados y sin conciencia, con el personal médico que se declare objetor y desde la calle, los movimientos sociales, las asociaciones de emigrantes, la sociedad estará en la lucha y en las protestas.
—•—
YO SÍ sanidad universal
La campaña “YO SÍ sanidad universal” llama a la desobediencia civil y la objeción de conciencia frente a la reciente reforma sanitaria, recogida en el Real Decreto-Ley 16/2012, que supone la exclusión de cientos de miles de personas del derecho a recibir atención sanitaria y el repago de medicamentos y de ciertas prestaciones sanitarias.
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