PEDRADAS CONTRA LOS DERECHOS DE LA MUJER

Mercedes Arancibia

Layla Ibrahim Issa Jumul, sudanesa de 23 años, está condenada a morir lapidada por adulterio, informa Amnistía Internacional (AI), que recuerda que se trata del segundo caso de idénticas características en ese país en los últimos meses. La anterior condenada, Intiisar Sharif Abdallah, de 20 años, quedó finalmente en libertad el 13 de mayo de 2012 como resultado de las muchas presiones internacionales, y de una campaña de recogida de firmas en Internet, auspiciada también por AI, que consiguió más de 800.000 adhesiones. 

En ambos casos se trata de mujeres que son madres muy jóvenes, procedentes de medios marginales, que ignoran sus derechos y no se dan cuenta de la gravedad de los cargos que se les imputan. También en ambos casos se les ha negado la posibilidad de disponer de representación jurídica, lo que supone una flagrante violación del derecho a un juicio justo.

Layla Ibrahim Issa Jumul fue condenada, el 10 de julio de 2012, a morir lapidada, en un juicio que AI califica de “injusto”, ya que no dispuso de abogado y la sentencia se basa únicamente en su confesión, probablemente conseguida a base de amenazas y/o torturas.

Según información de Africa Review, Layla se encuentra en la cárcel de Omdurman, cerca de la capital Jartum, en sórdidas condiciones y en espera de la ejecución de la sentencia, encadenada con grilletes. Con ella está su hijo, que tiene seis meses y necesita cuidados médicos.

Siempre según esta fuente, aunque la sentencia es por “adulterio” lo que en realidad se reprocha a Layla es estar tramitando su divorcio, después de dieciocho meses de matrimonio. La estricta aplicación de la sharía -afirma Siha, asociación sudanesa de defensa de los derechos de las mujeres- ha permitido al marido exigir el regreso de su esposa a la casa familiar, lo que se llevó a cabo “manu militari”; después de lo cual, la acusó de haber cometido adulterio antes del nacimiento del niño.

Independientemente de la salvajada que supone que Sudán sea uno de los países en los que aún está vigente la pena de muerte por lapidación, el artículo 135 del código penal sudanés establece que los acusados tienen que disponer de un abogado en cualquier caso que pueda concluir con una pena superior a diez años de cárcel, una amputación o una condena a muerte, como es el caso de Layla Ibrahim Issa Jumul.

Amnistía Internacional considera que Layla es una presa de opinión y exige al gobierno sudanés que “suspenda la ejecución por todos los medios disponibles, anule la condena de lapidación por “adulterio estando casada” y la ponga inmediatamente en libertad, sin condiciones”. También pide a las autoridades del país que modifique inmediatamente el código penal para abolir los castigos corporales que figuran en él.

La organización de defensa de los derechos humanos se opone igualmente a la criminalización de las relaciones sexuales consentidas entre adultos y considera que todas las personas que se encuentran encarceladas en el mundo, por este motivo, son presos de conciencia.

El derecho internacional, y la legislación sudanesa, prohíben la ejecución de madres lactantes. La resolución 2005/59 de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas exhorta a los Estados que mantienen la pena capital a no aplicarla a mujeres que tengan hijos menores a su cargo. El protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos, aprobado en 2003 y firmado por Sudán, también prohíbe la ejecución de madres lactantes.

La ejecución de Layla violaría la propia Constitución de Sudán, que prohíbe la pena de muerte para mujeres embarazadas o lactantes hasta los dos años. El artículo 36(3) dispone que “la pena de muerte no se puede ejecutar en la persona de una mujer encinta o lactante, salvo que la lactancia se prolongue durante más de dos años”.

La lapidación, cuyo objetivo es hacer sufrir a la víctima antes de la muerte, va en contra de la prohibición de la tortura que figura en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio contra la Tortura, que Sudán ha firmado.

En noviembre de 2008, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos aprobó una resolución pidiendo a los Estados firmantes de la Carta que adoptaran una moratoria de la pena capital. Algunos estados, entre los que no se encuentra Sudán, aplicaron la resolución y emprendieron la vía abolicionista.