Capio Salud podría ser la gran beneficiada de la privatización |
El caso Madrid Arena, destapa, en miniatura, el sabroso negocio de la gestión privada montada sobre bienes públicos. Ilustra sobre el ardor privatizador de nuestros neoliberales gobernantes. Un edificio de propiedad pública, alquilado a una empresa privada que no está al corriente de sus obligaciones tributarias, que organiza un evento para el que subcontrata la seguridad a otra empresa por un lado, el control de accesos a otra distinta, y, además, que necesita, a su vez, policías municipales para garantizar la seguridad del evento organizado. Al surgir la catástrofe entre tanto agente, nadie parece responsable de lo que allí sucedía.
Con la catástrofe se descubre el pastel del engaño: se venden más entradas de las declaradas engordando una bolsa de dinero negro, contratación de menos personas para el volumen del evento, contratos basura o sin contrato. Y del siniestro nadie se hace responsable. De este galimatías contractual brota la realización de un gran negocio privado sobre un activo público
¿Qué ilustra este modelo privatizador? Primero, que la Administración es escrupulosa en exigir condiciones a según qué ciudadano y en este caso el ciudadano privado parecía tener alfombra de lujo en los pasillos del Ayuntamiento de Madrid. Segundo, que carece de medios o de voluntad política para controlar las estipulaciones de sus propios contratos, cediendo un campo de irregularidades, no solo económicas sino de seguridad, al empresariado privado. Que la gestión privada cuando se produce colusión de intereses público-privados, no solo no es más barata sino que su posible menor coste se ve compensado con transferencia de renta a élites empresariales y políticas
De la miniatura a la gran escala los problemas son los mismos. A la ruta privatizadora de nuestros políticos neoliberales le queda un sector social estratégicos: la Sanidad. Pretenden abaratar los costes manteniendo la calidad. Los problemas de la salud son una demanda cautiva. Las sociedades creadas en los últimos años para este desembarco en la sanidad pública muestran un maridaje obsceno de figuras del entorno político de la derecha y fuertes capitales de sectores especulativos inmobiliarios. Los vaivenes económicos de la sociedad privada Ribera Salud participada por Bankia y la CAM (ahora Banco de Sabadell), no demuestran un menor coste de los hospitales privados. Lo que es transparente es la opacidad, secretismo, y complicidad de los gobiernos de Madrid y Valencia sobre la gestión sanitaria
Manifestación en defensa de la sanidad pública |
El modelo básico de la privatización sanitaria tiene esta secuencia: La asistencia sanitaria es un servicio público. La Administración concede una concesión a empresas privadas que construyan hospitales (normalmente constructoras, ahora en baja e incluso con imputaciones por delitos económicos). El servicio sanitario en estos hospitales lo prestan otras empresas privadas de gestión sanitaria. Una empresa merodea en todo el proceso privatizador español, Capio, paradigma de opacidad societaria. En toda esta cadena hay que obtener una rentabilidad. Si no la obtienen, el Sector Público, como siempre, tiene que acudir en su ayuda. (lo que ya ha sucedido en el primer caso de gestión sanitaria privada de España, Ribera Salud de la Comunidad Valenciana). Y la tentación de trasladar los casos de enfermedades más caras a los hospitales públicos es una realidad -similar a lo que sucede en la enseñanza con la selectiva selección de alumnos de los centros concertados respecto a los públicos
Es compleja la comparación de costes entre los hospitales públicos y privados. El paso a la privatización no está avalado por costes más baratos. Es pura ideología sustentada en que a los sectores empresariales más especulativos se les ha venido abajo desde hace años la burbuja financiera y la inmobiliaria y encuentran en la Sanidad un confortable refugio.
Es una fantasía que se ofrecerá una sanidad mejor y más barata con la privatización. A estos bucaneros del mercado hay que recordarles que los procesos privatizadores y liberalizadores, que iban a lanzar y abaratar el mercado de dos bienes públicos esenciales, la energía y la liberalización de suelo para la vivienda, en los últimos años, consiguieron que se pasara de una de electricidad de las más baratas de Europa a ser hoy la más cara. Y otro tanto con la vivienda.
En concreto, el oligopolio eléctrico de las cuatro grandes empresas encierra con la opacidad de sus costes y la colusión de sus intereses un ejemplo de poder sobre la tarifa eléctrica que ha situado a España en el nº 1 de lo que en la práctica económica se conoce como la captura del regulador (la Administración) por el regulado (los oligopolistas). Durante años los estados contables de bancos y Cajas de Ahorro mostraban beneficios, auditados además por empresas de auditoría e incluso avalados por el Banco de España, que se derrumbaron en cantidades ingentes ante la estupefacción general. ¿Qué de cierto hay en los costes de producir electricidad que sirven para configurar la tarifa eléctrica?, ¿quién los audita? ¿Son auditorías tan fiables como los del sector financiero? Y esto no es cosa menor porque se trata de un sector regulado de un bien estratégico. El poder del oligopolio eléctrico-energético no solo maneja los datos sino que, incluso, dispone de una pasarela de contrataciones de ida y vuelta de los dirigentes políticos que debían controlarlo
“La Administración Pública, el Estado, está para proteger a los vulnerables, no para asumir el peso de las apuestas fracasadas de los mercados” (Michael Ignatieff). Y no se debe consentir otra apuesta por el mercado de la Salud Pública después de la crisis a que nos han llevado las políticas desreguladoras neoliberales con el fracaso de los mercados financieros y bancarios, de la vivienda, inmobiliario y de la energía.
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