Félix
Población || Periodista y escritor.
El pasado 21
de octubre pudimos leer en los periódicos, sin que la noticia llamara
excesivamente la atención para levantar las correspondientes críticas en
editoriales y artículos de fondo —sin duda por tratarse de una tradición
afincada en la católica España, contra cuyo poder es inútil todo discurso,
Sancho—, el programa electoral propuesto por los señores obispos para los
comicios del próximo día 20 y que, como los mandamientos de la ley mosaica
grabados a fuego según la tradición bíblica, consta de diez puntos.
Todos ellos coinciden en lo esencial, como no podría ser de otro modo en
una elaboración gestada por los respetables monseñores, con los postulados que
defiende el Partido Popular en las materias en que la iglesia católica pretende
seguir imponiendo sus dogmas sobre el común de la ciudadanía, cual si el tiempo
vigente fuera el de su imperio bajo la gobernación franquista, según ilustran
las imágenes: reforma de la actual ley del aborto, derogación del matrimonio
homosexual, eliminación de la asignatura de Educación para la Ciudadanía,
etcétera.
Es de
observar el lenguaje utilizado por el portavoz de la obispalía, el muy rasurado
Martínez Camino (véase vídeo),
en aparente contraste con la apostura evangélica de sus predecesores. Destaca
su jerga por la hipocresía que suele caracterizar a los de su laya —en su
readaptación a la etapa democrática— cuando manifiestan no querer imponerse a
los criterios del Estado ni sugerir una determinada opción partidista, si bien
—pontifica acto seguido— «no es cierto que las disposiciones legales sean
siempre morales y justas por el mero hecho de que emanen de organismos
políticamente legítimos».
En ese
sentido, como de seguro recordará la obispalía en pleno, es altamente
ilustrativo el papel que la iglesia española jugó en el pasado franquista,
legitimado por esa institución bajo el nombre de cruzada, y cuya crudelísima y
dura represión contó con el apoyo de los respetables monseñores, reverdeciendo
el papel que tuvo la Inquisición hasta los primeros decenios del siglo XIX, con
el maestro de Ruzafa Cayetano Ripoll como última víctima.
Si ahora
nuestros obispos llaman la atención sobre «el peligro que suponen
determinadas opciones legislativas que no tutelan adecuadamente el derecho
fundamental a la vida de cada ser humano, desde su concepción hasta su muerte
natural», deberían reconsiderar sus eminencias la de vidas segadas,
quebrantadas y maltrechas que llevó aparejada la defensa y alabanza del régimen
al que su institución tributó colaboración y pleitesía.
Dicen los
prelados que consideran necesario «promover nuevas leyes que reconozcan y
tutelen mejor el derecho de todos a la vida», pero sus colegas, esos que
levantan el brazo en las imágenes tantas veces vistas, contribuyeron al
acabamiento violento de muchas vidas. Tampoco han hecho nada los respetables
monseñores que les han sucedido a favor de que miles de esas víctimas, que
siguen enterradas sin nombre en fosas y cunetas repartidas por todo el país,
recuperen la dignidad y memoria que se les debe.
Todas esas
víctimas defendieron en su día el régimen que proclamó la libertad de enseñanza
a la que hoy apela el asaz rasurado Martínez Camino y contra la que siempre
estuvo su iglesia, monopolizadora de la enseñanza durante siglos y mandataria
soberana de la misma durante la dictadura presidida por Franco, caudillo de
España por la gracia de Dios.
Publicado en Crónica Popular
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